REBECCA BILL CHAVEZ

15 de agosto de 2018

WASHINGTON — En vista de la recesión democrática global que atestiguamos, no podemos darnos el lujo de ignorar la creciente militarización de las sociedades latinoamericanas, que además coincide con algunas tendencias intolerantes en otras partes del mundo. Tras el desacertado comentario del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posible asignación de fuerzas militares para resguardar la frontera sur del país, esta semana el gobierno tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con los principios centrales de Estados Unidos: puede denunciar lo que ya es un reto para la democracia liberal en gran parte de América Latina, la militarización de las fuerzas policiacas

Mientras está en su primer viaje a América del Sur como secretario de Defensa, James Mattis tiene la oportunidad de reafirmar el apoyo de Estados Unidos al mejor método para combatir el crimen y la violencia: la reforma judicial y de la policía. Es el momento idóneo para resaltar los peligros de la militarización.

Tres de los cuatro países incluidos en el itinerario del secretario —Brasil, Argentina y Colombia— ya han recurrido, en distintas medidas, a sus fuerzas armadas para garantizar la seguridad nacional. Por desgracia, como se ha comprobado en México, depender del Ejército pone en riesgo la protección de los derechos humanos y, de hecho, puede agravar la inseguridad de los ciudadanos.

Mattis comenzó su viaje en el Cono Sur el 12 de agosto y después viajará a Colombia. En vista de la participación histórica del Ejército en represiones en Brasil y Argentina durante las dictaduras de la Guerra Fría, desplegar a las fuerzas armadas como apoyo y, en algunos casos, como remplazo de la policía, es una decisión particularmente alarmante.

Las operaciones militares en las favelas de Brasil ya se han hecho frecuentes y actualmente el Ejército brasileño está a cargo de la fuerza policiaca de Río de Janeiro. El candidato que encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales de Brasil, que se celebrarán en octubre, es el capitán retirado Jair Bolsonaro. Lo más probable es que, de ganar, asigne más soldados al combate del crimen. Después de todo, el militar retirado ha sugerido que las fuerzas de seguridad deberían contar con mayor impunidad para dispararles a los criminales y ha expresado nostalgia por los veintiún años de dictadura militar en Brasil, a los cuales se refiere como “una época de gloria”.

Por su parte, Argentina ha dado los primeros pasos para comenzar a depender del Ejército en cuestiones de seguridad interna. El mes pasado, el presidente Mauricio Macri anunció que enviaría tropas a la región de la frontera norte para trabajar en colaboración con la policía en el combate al narcotráfico. En cuanto a la situación de Colombia tras el acuerdo de paz, el presidente Iván Duque seguirá recurriendo a las fuerzas armadas en la lucha continua contra los grupos criminales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que se han negado a deponer las armas.

El motivo para recurrir al Ejército es que la policía, que muchas veces no cuenta con suficiente presupuesto y está plagada de corrupción, no ha logrado mejorar la situación de extrema inseguridad ciudadana.

La necesidad de seguridad es urgente e innegable, pero el caso de México demuestra que el Ejército no es la solución.

Aunque América Latina representa solo el ocho por ciento de la población mundial, registra el 33 por ciento de los homicidios a nivel global. La proporción de homicidios en América Latina es de 21,5 por cada 100.000 ciudadanos, más del triple del promedio global de ocho. El número de homicidios en Brasil alcanzó un récord el año pasado, cuando se ubicó en 31 por cada 100.000 habitantes, y la proporción para Colombia es de 27 por cada 100.000 habitantes.

A pesar de que en Argentina este porcentaje es mucho menor, pues se registran menos de siete homicidios por cada 100.000 habitantes, el 27 por ciento de los argentinos reportaron haber sido víctimas de algún delito el año pasado. No sorprende que Brasil y Colombia también presenten tasas altas de delincuencia, del 24 y el 25 por ciento, respectivamente.

La necesidad de seguridad es urgente e innegable, pero el caso de México demuestra que el Ejército no es la solución. Desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón asignó a las fuerzas armadas a encabezar el combate contra las organizaciones criminales, tanto la violencia como la delincuencia han aumentado de manera drástica. El año pasado, la cantidad de homicidios llegó a 25 por cada 100.000 habitantes, el porcentaje más alto desde que el gobierno mexicano comenzó a llevar registro. El 48 por ciento de los mexicanos se sienten inseguros en su propio vecindario y el 19 por ciento cree que debe mudarse por temor al crimen.

El caso de México también demuestra que desplegar al Ejército en las calles conduce a abusos de los derechos humanos. La doctrina militar no se orienta hacia las responsabilidades policiacas, y desde 2006 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha reportado casi 10.000 quejas por abusos a los derechos humanos cometidos por el Ejército, incluidos casos de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales.

En mis conversaciones con funcionarios militares mexicanos de los rangos más altos, el tema común es que desean abandonar las funciones policiacas para poder dedicarse a las actividades tradicionales de defensa. Reconocen que, mientras más tiempo sigan realizando operaciones en las calles, su reputación puede dañarse más.

La historia de México revela otro peligro importante: en cuanto un país elige el rumbo de la militarización, es difícil cambiar de curso. Tanto México como Colombia son ejemplos de que recurrir al Ejército debilita el incentivo para fortalecer a la policía. Cuando Calderón desplegó al Ejército hace doce años, era una medida a corto plazo. Sin embargo, el año pasado se aprobó la Ley de Seguridad Interior en México, que oficializa el papel del Ejército en las funciones de seguridad pública del país, y normaliza y prolonga más la militarización.

En sus reuniones bilaterales y declaraciones públicas, el secretario Mattis debe poner énfasis en que Estados Unidos respalda la idea de replantear el sistema policiaco y fortalecer el sistema de justicia penal para acabar con la impunidad que afecta gran parte de América Latina.

En tanto las naciones no cuenten con la capacidad institucional para lograr que los delincuentes rindan cuentas de sus actos, será imposible garantizar la seguridad ciudadana.

Por su parte, los gobiernos solo dejarán de encomendarle al Ejército la misión de mantener la seguridad interna si la policía tiene las capacidades y los incentivos necesarios para cumplir con su responsabilidad legal de garantizar la seguridad pública.

Rebecca Bill Chavez fue subsecretaria adjunta de Defensa de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental entre 2013 y 2017. Actualmente, es investigadora estratégica sénior para América Latina en la Escuela de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad Tufts.

Sandra Weiss

10.04.2019

The government and the military got caught up in a struggle for power – in a country that’s generally considered one of the Latin America’s shining examples of democracy. Yes, in Uruguay, Guido Manini, head of the country’s armed forces, recently criticised ‘the bias of the judiciary’ in investigating the breaches of human rights under the military dictatorship.

In a recent report, he was quoted as accusing the courts of having neglected due process and passed sentences on forces personnel without sufficient proof. Manini had already publicly claimed that ‘nobody cares what happened 40 years ago’ and also repeatedly disrupted searches for the remains of victims ‘disappeared’ by the dictatorship by giving false information to their relatives. But the latest accusation turned out to be the straw which broke the camel’s back.

President Tabaré Vasquez responded immediately to the report, ordering Manini into his office and dismissing him on the spot. This was the first time anything of the sort had happened in Uruguay – and proved to be something of a double-edged sword, positioning Manini as an opposition candidate for this autumn’s presidential elections. The country’s media soon jumped on board, writing the dismissed general up as ‘Uruguay’s Bolsonaro’ in reference to neighbouring Brazil’s right-wing extremist head of state with a military background.

A Latin American trend

The heightened tension between the government and the military originated from, on the one hand, Manini’s flagrant efforts to influence the nation’s politics. On the other hand, he has become a conduit for suspicion in Uruguay’s military with regards to the planned reform of the country’s armed forces by the left-wing governing party Frente Amplio (FA). The FA wants to update training, increase the number of women in service, and reduce the amount of top brass. On top of that, the reform includes provisions for service personnel to refuse orders which run contrary to the country’s constitution or represent a violation of human rights.

Manini now finds himself the darling of the Movimiento Social Artiguisto, a new, staunchly conservative political grouping from the country’s evangelical and catholic fundamentalist scene. His wife is a local politician for the Partido Nacional (alias Blancos), and Manini himself doesn’t seem to be running short of fans in the country’s traditional right-of-centre party. Indeed, the party’s own presidential candidate, Luis Lacalle, tweeted that Manini had been a ‘loyal serviceman and a commendable commanding officer’.

According to the Washington Office on Latin America, only 3.2 per cent of all human rights breaches involving military personnel are brought to trials ending in convictions.

While this may, at first, look like little more than a brief flare-up in a small country, it’s actually quite symptomatic for developments across Latin America. After losing resources, influence, and prestige following the collapse of the juntas of the 70s and 80s, the continent’s armed forces are back on the march. From Mexico and Guatemala in the north down to Brazil, they are profiling themselves not only as allies in maintaining law and order – e.g. in fighting drug cartels. But they’re also getting back into politics, most frequently with the support of neoconservative, often populist parties and fundamentalist evangelical groupings.

The military expands power in Brazil and Mexico

In Brazil, for instance, Jair Bolsonaro and his Vice-President are both from the military and allied with evangelical parties. Seven of his 22 cabinet ministers also have military backgrounds. They control key ministries such as mining and energy, defence, transport, infrastructure, and research – and the armed forces are stretching out their hands towards genuine executive power.

In the first three months of the Bolsonaro administration, the military has not only made sure to exempt itself from the planned pensions reform (i.e. they will retain their lower pension age without losing anything from their last pay package). But they also reined in the president in foreign policy, vetoing military engagement in Venezuela and the planned relocation of the country’s embassy in Israel to Jerusalem.

In Mexico, a country in which the military submitted itself to civilian command after the end of the revolution one hundred years ago, President Andres Manual López Obrador has signed over more power to the armed forces than ever before. While considered a left-wing politician due to his populist social welfare agenda, López Obrador is actually a member of an evangelical church and holds quite conservative views. The National Guard he has created to improve domestic security is heavily militarised, and his attempt to place it under military command – and, as such, outside of civilian control – was only narrowly stopped by Congress.

This National Guard is, however, only the latest manifestation of a tendency towards more power for Mexico’s military which begun under conservative President Felipe Calderón in 2006. Since his administration, the military has been de facto operating in internal security (if not de jure). With a range of special powers, it can block investigations into human rights abuses committed by armed forces: massacres involving military personnel now end up being dealt with at military tribunals or, not infrequently, in low sentences for rank-and-file soldiers at court.

According to the Washington Office on Latin America, only 3.2 per cent of all human rights breaches involving military personnel are brought to trials ending in convictions. This is, in essence, a guarantee that crimes will not be prosecuted. Yet the Mexican military stands accused of torture, summary execution, ‘disappearances’, and rape. Under López-Obrador, they are expanding their influence on the economy, too, having been charged with building a new airport for the capital for reasons which have yet to be fully explained. They are also now the security contractors for the state oil concern, Pemex.

Undoing the progress of decades

In Guatemala, the situation is even more dramatic: the armed forces and ex-military personnel have joined to form the Frente de Convergencia Nacional (FCN) and now guarantee President Jimmy Morales’ survival. The evangelical former comedian and his family clan stand accused of corruption and illegal election financing, with the country’s judiciary being backed by the UN’s International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG).

When state prosecutors applied for his presidential immunity to be lifted, Morales had soldiers march outside the CICIG and, surrounded by generals, announced the end of the CICIG mandate. He topped it off by declaring head investigator Iván Velásquez a persona non grata.

In the country’s congress, the FCN then forged an alliance with conservative parties to stop the president’s immunity being lifted. This way, Morales managed to pull off something which his predecessor Otto Pérez didn’t: blocking a judiciary acting far too independently. Ex-general Pérez is currently serving a prison sentence for having set up a mafia-style network within the Guatemalan customs body to embezzle import taxes and share out the proceeds among those in the know. This kind of organised crime is a legacy of the civil war and is still draining the small state’s resources to this day.

These developments are only possible because of the continent-wide crisis in democracy and voters’ loss of faith in the political establishment. According to the latest surveys carried out by Latinobarometro, only 48 per cent of the region’s populations now believe in democracy – the lowest number since it returned. In lists of trustworthy institutions, political parties and parliaments regularly pull up the rear, while the military and the church top the polls.

Calls for a ‘strong man at the helm’, which are almost unavoidable in this context, are an open invitation to a conservative elite wedded to post-colonial structures and looking to strengthen its privileges. For the military, it’s about maintaining its business advantages, about tightening control of groupings in civil society, and about rewriting the history of its role in dictatorships. The continent’s armed forces also want to limit human rights and avoid ‘pesky’ international control mechanisms.

For values-based conservative evangelicals and catholics, this is an opportunity to roll back the women’s and gay rights agendas – something against which, astonishingly enough, there’s relatively little resistance. A bit of skilful political marketing seems sufficient to get even the flimsiest of campaigns over the line: by claiming it contained ‘gender ideology’, Columbia’s hard-right former president Álvaro Uribe was, in alliance with evangelical church groups and catholic fundamentalists, able to sabotage the peace deal with FARC. He helped the No campaign to win the national referendum.

The most frightening aspect of this neoconservative-militaristic backlash, supported by President Donald Trump’s administration in the US, is its clear goal: to abolish as much progress as possible in terms of gender equality, transparency, constitutionality, and participative civil society in the shortest possible timeframe. This is progress which has been measured in decades. The maybe even more terrifying part: the inability of the progressive parties and movements in the region, weakened by corruption scandals and internal rivalries, to get over the shock of what’s happening and come up with an effective strategy against this bulldozing from the right.

El gobierno de Jair Bolsonaro tiene una clara impronta militar. Tanto él como su vicepresidente pasaron por las Fuerzas Armadas. ¿Qué representan los militares en el gobierno? ¿Cuál es la percepción de la sociedad sobre los hombres del orden? ¿Son la imagen de la antipolítica y la anticorrupción? Algo está claro: su participación activa en la política pone en juego los valores democráticos.

Ignacio Pirotta

Abril 2019

NUSO nueva socidad

El gobierno de Jair Bolsonaro tiene una clara impronta militar. Además de ser él mismo capitán retirado (en 1988), su vicepresidente Hamilton Mourão es general retirado recién en marzo de 2018. Un tercio del gabinete es de origen militar. Y, para colmo, más de 100 cargos de segundo y tercer nivel jerárquico pertenecen a alguna de las fuerzas militares.

Esta masiva participación en el gobierno por parte de los militares ha llamado la atención de la opinión pública dentro y fuera de Brasil. Aún sin enunciarlo, es evidente que la recurrencia del tema en la opinión pública se debe a la propia naturaleza de las Fuerzas Armadas y la relación de estas con la democracia. En particular la cuestión de la subordinación de las Fuezas Armadas al poder civil, requisito del respeto de la soberanía popular y la democacia. Además de esta participación masiva en el gobierno de Bolsonaro, los militares vienen incrementando su participación en la política brasileña desde el impeachment contra Dilma Rousseff. Estas tendencias van en sentido contrario a la transición democrática brasileña, aún en curso después de 33 años.

Siete de los veinte ministros son de origen militar (cinco del Ejército y dos de la Aeronáutica). Entre ellos, se destacan los estratégicos ministros de Gobierno, Seguridad Institucional, Secretaría General de la Presidencia, Infraestructura, Defensa, Minas y Energía y Ciencia y Tecnología. También el titular de la Controladuría General de la Unión, de rango ministerial, pertenece a las fuerzas. Los militares tienen, además, presencia en otros ministerios, por ejemplo en Justicia y Seguridad, cuyo ministro es Sérgio Moro, pero donde la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra a cargo de un militar.

Existe una extendida presencia militar en Educación, Medio Ambiente, en el Ministerio de la Mujer,Familia y Derechos Humanos (presiden la Fundación Nacional del Indio, que tiene a su cargo la delimitación de tierras indígenas), entre otros cargos estratégicos. Con menor presencia en el Ministerio de Economía, cuyo titular es el liberal Paulo Guedes, los militares limitan su presencia estratégica al ente que administra la zona franca de Manaos y a la participación de ese ministerio en empresas estatales como Petrobras y Serpro (de tecnologías de la información).

A pesar del desafío que los militares en el gobierno representan para la democracia, la primera cuestión que debe tenerse en cuenta es que en su inmensa mayoría los militares que ocupan cargos en el gobierno se encuentran retirados. Es decir que no se trata de miembros de las Fuerzas Armadas, sino de funcionarios con paso por la institución.

Esta diferencia al mismo tiempo que es crucial no invalida los temores que produce la participación militar, sobre todo habida cuenta de la historia de la región. Cabe preguntarse hasta qué punto dicha diferencia entre militares de la activa y retirados es significativa y hasta dónde llegan los vínculos actuales entre militares en el gobierno y Fuerzas Armadas.

Esa cuestión, así como la referente a la creciente participación de las Fuerzas Armadas en la política brasileña desde 2016 son la parte más compleja del análisis sobre la relación de los militares (en general) con el gobierno de Jair Bolsonaro y la democracia brasileña.

Insluso si se tomaran por válidos los presupuestos de que los militares poseen la honestidad y la vocación de servicio que no tendrían los políticos, y si se les otorgara que tienen las mejores intensiones y una mejor formación que los políticos profesionales (incluyendo al propio Bolsonaro), resultaría evidente que el masivo desembarco de estos en la política ha sido imprudente y representa un riesgo para la democracia.

Esa participación masiva de los militares afectará tarde o temprano el proceso de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y fomentará la politización de los cuarteles. Resta saber hasta dónde llegará el proceso y cuáles serán las consecuencias para la democracia brasileña.

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lunes 14 enero, 2019

Ignacio Lautaro Pirotta

desde Brasil

El 3 de enero Bolsonaro concedió una entrevista al canal SBT, en la que expresó que existía la intención de instalar una base norteamericana en el país. Al día siguiente su canciller, Ernesto Araújo, lo reconfirmó y el día 6 de enero el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, expresó su satisfacción al respecto.

Pero el 8 de enero el general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro de Seguridad Institucional y uno de los hombres de peso en el gobierno, le transmitió a la prensa que aquello se trató de “un mal entendido”, y que nunca hubo intenciones de instalar una base norteamericana.

Esa secuencia de marcha y contra marcha tal vez fue la más resonante, por involucrar a la mayor potencia mundial, pero en promedio hubo una rectificación por día y se trata de uno de los aspectos más comentados del nuevo gobierno. ¿Cómo pueden explicarse tantas contradicciones en tan poco tiempo? En primer lugar por falta de coordinación, la inexistencia de un equipo de comunicación, el amateurismo del gobierno y otros factores en esa dirección. Pero también por la forma en la que está compuesto el gobierno.

En el gobierno de Jair Bolsonaro se pueden diferenciar tres grupos principales: los militares, los conservadores y los liberales. Cada uno con sus visiones y prioridades marcan el rumbo del gobierno, y también sus contradicciones internas.

A partir de estos grupos y su pensamiento pueden entenderse algunas propuestas como Escuela sin Partido, que tiene por objetivo eliminar el contenido marxista supuestamente predominante en las escuelas, también el rumbo económico de corte liberal pero con ciertos límites nacionalistas provenientes del grupo militar.

Pero además, la dinámica de esos tres grupos permite entender las permanentes idas y vueltas. Paulo Guedes, el Ministro de Economía formado en la Universidad de Chicago, definió al gobierno como “liberal en lo económico y conservador en las costumbres”.

A esa definición solo falta agregarle el componente militar para completar lo que son los tres principales grupos de gobierno: militares, conservadores y liberales.

Quiénes son los gurúes que inspiran a los líderes de América

MILITARES

El gabinete de Bolsonaro tiene más militares que aquel que inauguró la dictadura militar en 1964. A ellos se suma el vicepresidente, el general Mourão. En el gabinete se destacan Augusto Heleno, también general, que fuera Comandante de la misión de paz de la ONU en Haití entre 2004 y 2005, quien es ministro de Seguridad Institucional, a cargo entre otras cosas de la Inteligencia.

El general Fernando Azevedo, primer militar retirado en ser ministro de Defensa (el Ministerio se creó en 1999 y hasta ahora todos los ministros habían sido civiles), Tarcísio Freitas, Ministro de Infraestructura (área en la que esperan muchas privatizaciones), y el ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Alberto dos Santos Cruz, interlocutor con los Estados, Municipios y con el Congreso Nacional.

Todos los mencionados, al igual que el general Heleno, han pasado por la misión de paz en Haití, así como por otros cargos en organismos multilaterales y por ello poseen una valoración de estos que no coincide con el desprecio que le tiene el grupo de los “antiglobalistas” encabezados por el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, según veremos más adelante.

Los militares son el grupo más nacionalista dentro del gobierno, con una visión geopolítica y con centro en la soberanía nacional. Por ello puede entenderse que sean favorables a una colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero no a un alineamiento total como el que promueven desde la cancillería.

CONSERVADORES

El grueso de los políticos de carrera que ocupan puestos relevantes en el gobierno de Bolsonaro son conservadores e integrantes de las bancadas evangélica, ruralista y/o de la bala (defensores de políticas de seguridad más duras). Entre estos políticos existe cierta intransigencia respecto a la agenda conservadora, sea la que le interesa a los ruralistas, a los evangélicos o los de “la bala”, y en cambio flexibilidad para la agenda de reformas económicas.

El más relevante de ellos es Onyx Lorenzoni, jefe de la Casa Civil (Jefe de Gabinete), y responsable de la relación con el Congreso, quien según los medios locales ya tiene una interna con el ministro de Economía Paulo Guedes.

Pero además, el grupo de los conservadores al interior del gobierno también está compuesto por otro subgrupo, y que es el que más plantea desafíos debido a sus posturas excéntricas y extremas. Son los denominados “antiglobalistas”, discípulos de Olavo de Carvalho, un intelectual septuagenario residente en Virginia, Estados Unidos, y que ha formado a Bolsonaro y sus hijos en las ideas antiglobalistas. Explicadas sucintamente, Olavo de Carvalho (quien le indicó a Bolsonaro a Ernesto Araújo y Ricardo Vélez Rodríguez para ocupar los cargos de canciller y ministro de Educación respectivamente) ve en el “globalismo” y la posmodernidad líquida una conspiración marxista.

Olavo de Carvalho parte de la idea de que con la caída del Muro de Berlín el marxismo desistió de transformar la sociedad vía la abolición de la propiedad privada, entonces, inspirado en Gramsci se abocó a construir una contra-hegemonía a partir de la cultura. Este movimiento revolucionario mundial tiene, según Carvalho, como uno de sus objetivos primordiales la destrucción de la familia, sustento esta de la propiedad privada.

Destruida la familia, estarían dadas las condiciones para la destrucción de la propiedad privada, argumenta Carvalho. La revolución marxista globalizante (siguiendo siempre los términos y las ideas de Carvalho y cía.) se expresa mediante el movimiento LGBT y el feminismo, promovidos para destruir a la institución familia. Lo “políticamente correcto” es la expresión de la dominación que actualmente ejerce el marxismo cultural, que se impone como un “pensamiento único”.

Según el canciller de Bolsonaro, Ernesto Araújo, Donald Trump llegó justo a tiempo para evitar la caída definitiva de Estados Unidos y de la Sociedad Occidental en el abismo del globalismo. Así lo afirma en su artículo “Trump y Occidente”, publicado en 2017. Según Araújo, Trump percibe la primacía del espíritu sobre el poder material, y Occidente se encuentra en crisis no por una pérdida de poder militar o económico, sino minado desde dentro en su espíritu y su cultura. En el artículo citado, Araújo expresa la idea de la centralidad que Dios y las naciones tienen en la revitalización de Occidente, mientras que el marxismo cultural promueve la dilución del género y del sentimiento nacional.

Esta visión antiglobalista ha influido fuertemente en Bolsonaro y sus hijos, quienes componen su círculo político de mayor confianza. Propone un alineamiento total con los Estados Unidos de Trump y con Israel, un enfrentamiento con China, y es marcadamente nacionalista en detrimento del libre mercado y volcada a lo ideológico más que a los intereses nacionales (comerciales por ejemplo). Además percibe a las Naciones Unidas como un organismo cooptado por el marxismo cultural y tendiente a debilitar los estados-nación.

LIBERALES

Según la revista Veja, el responsable de articular a fines de 2017 con el liberalismo económico ha sido Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente. Luego de estudiar economía en San Pablo promovió la alianza con Paulo Guedes. Hasta entonces Jair Bolsonaro era caracterizado como un nacionalista de corte militar, lejano al liberalismo económico. La alianza con Guedes, un reconocido economista liberal, fue un factor clave para que Bolsonaro se transforme en un presidenciable serio.

La contradicción más grande del liberalismo económico es con la visión antiglobalista. Pero además, Guedes choca con el nacionalismo de los militares y del propio Bolsonaro, como en el caso de la fusión Embraer-Boeing, y también con los articuladores políticos como el Jefe de la Casa Civil, por ejemplo respecto al diseño de la reforma previsional.

Si Guedes propone una reforma más radical, Lorenzoni prefiere suavizarla en función de las negociaciones con otros partidos en el Congreso. Al igual que el resto de los políticos de carrera, Lorenzoni es intransigente con la agenda conservadora, pero flexible con la de reformas liberales, y ese es el trasfondo de la interna entre él y Guedes, expuesta en el caso del Impuesto a las Operaciones Financieras: mientras Guedes proponía subir el impuesto, Lorenzoni se oponía por que la medida sería impopular.

La discusión pareció confundir al presidente Bolsonaro, quien por la mañana del viernes 4 anunció que el impuesto subiría. Pero por la tarde, tanto Lorenzoni como desde el Ministerio de Economía, aclararon que en realidad no era así. Las visiones y prioridades de estos grupos, divergentes en algunos puntos, han dado lugar a las contradicciones y rectificaciones.

En el caso de la base norteamericana fue la influencia de los militares, tomados por sorpresa ante las declaraciones del presidente y del canciller, la que echó por tierra la iniciativa. El pro-norteamericanismo del canciller y los hijos de Bolsonaro de la mano de Olavo de Carvalho, entró en contradicción con la visión soberanista y geopolítica de los militares.

El alineamiento con Estados Unidos e Israel, traducido en el traslado de la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén (también apoyado por el sector evangélico en el gobierno) atenta contra los intereses comerciales de Brasil con los países árabes, poniendo en peligro ese mercado como ya han manifestado entre otros la Cámara de Comercio Árabe-Brasileña. La decisión del traslado fue anunciada, pero aún no hay ninguna medida concreta.

Peor serían las consecuencias de un enfrentamiento con China, a quien el actual canciller antes de ser nombrado ministro la definió como una amenaza. China es el principal destino de las exportaciones brasileñas y realiza fuertes inversiones en el país, centradas en energía e infraestructura (áreas en las que se espera privatizaciones y en las que Bolsonaro se mostró renuente a la participación china).

La fusión de Embraer con Boeing, vista con buenos ojos por el liberalismo económico, quedó en suspenso hasta la semana pasada, cuando el gobierno de Bolsonaro decidió darle curso luego de que se informara que la misma “no afecta ni la soberanía ni los intereses de Brasil”, preocupación esta del grupo de los militares.

En verdad, peor que las divergencias es la torpeza para administrarlas, agravada por la superposición de roles. Esa torpeza incluye la falta de planificación respecto qué intereses van a prevalecer, por ejemplo, en las reformas económicas. La negociación permanente al interior del gobierno en los términos hasta acá expuestos no es un escenario que genere previsibilidad. Ese es el verdadero problema y el cual se espera que el Presidente resuelva en breve.

(Fuente www.perfil.com).

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17 outubro 2017

O General Durval Nery, é ex-professor Escola Superior de Guerra (ESG), conselheiro do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos do Exército brasileiro (CEBRES) e comandou por vários anos um Forças Especiais na Amazônia. Sendo um profundo conhecedor do território amazônico, o General relata a grave situação que envolve a soberania brasileira na Amazônia.

Países desenvolvidos utilizam a “desculpa da preservação do meio ambiente” para promover uma guerra econômica pelo controle da Amazônia.

O general Durval Nery afirmou que a Amazônia possuí 5 milhões de km², em uma área que encontramos todos os recursos minerais, naturais e energéticos para que uma nação se desenvolva e leve a felicidade para seu povo. Ao contrário do que vemos hoje no país, onde ainda convivemos com uma enorme taxa de desemprego, desigualdade social e miséria.

Dos 5 milhões de km² de território, 4 milhões de km² são de selva protegida, correspondendo quase a metade do território nacional que soma um total de 8,5 milhões de km², esse dado contradiz a propaganda internacional que acusa o povo brasileiro de irresponsavelmente estar queimando a Amazônia e por tanto não merecermos continuar exercendo o controle dessa região.

Nesse sentido, em 2013, o Centro de Análise de Informação sobre o Dióxido de Carbono (CDIAC, sigla em inglês) indicou que o Brasil é o 15º país que mais emite gás carbônico em todo o mundo. A agência é parte do Ministério de Energia dos Estados Unidos. Outra iniciativa é o financiamento direto dos governos dos EUA, Grã Bretanha, França, Alemanha, Austrália, Canadá e Japão no financiamento de ONGs que “pretensamente defendem o meio ambiente”. Segundo relatório do Exercito Brasileiro, na Amazônia há cerca de 100 mil ONGs estrangeiras fomentando órgãos internacionais sobre as “queimadas” na Amazônia. Parte destas ONG está envolvida no contrabando de recursos minerais na Amazônia, além de tráfico de drogas e de armas.

“A floresta amazônica e as demais florestas tropicais do planeta deveriam ser consideradas “bens públicos mundiais” e submetidas a uma gestão coletiva pela comunidade internacional”, Pascal Lamy (Comissário de Comércio da União Européia, 2005)

“Obviamente, existem problemas de soberania, mas o desmatamento é um assunto enorme… e qualquer plano, mesmo que seja radical, é digno de ser avaliado”, David Miliband (Ministro do Meio Ambiente do Reino Unido, 2006)

Na verdade o Brasil é o único país do mundo que conseguiu chegar no século XXI com 4 milhões de km² de área de floresta preservada. Nenhum país do mundo conseguiu isso. A Europa, Estados Unidos e Canadá acabaram com suas florestas. Agora essas nações querem se apresentar como guardiães do meio ambiente? Na realidade são as grandes cidades desses países as maiores poluidoras do planeta, disse o General.

O general explica que a Amazônia Legal incluiu diversas áreas que não fazem parte da floresta Amazônica. Por exemplo, a lei inclui 50% do estado do Maranhão (bioma de cocais e serrado). Isto ocorreu porque prefeitos de regiões próximas exerceram pressão política para obter os benefícios da Amazônia Legal para seus municípios.

Diferentemente da pecuária norte-americana e europeia, que alimenta o seu gado com a ração produzida pela Monsanto, o gado brasileiro é alimentado por pasto. Os países do mundo evitam comprar alimentos da Monsanto, por isso, optaram pela carne brasileira. Esta empresa esteve envolvida no caso da vaca louca. A Monsanto também inventou o agente Laranja (Napalm) que contaminou populações civis inocentes em atos de terrorismo de Estado (o exército dos EUA pulverizou 20 milhões de litros de produtos químicos contra a população).

Na guerra do Vietnã, o agente Laranja foi utilizado para queimar as florestas, matando milhares de pessoas e posteriormente contaminando com câncer outros milhares de vietnamitas. Até hoje crianças vietnamitas nascem deformada por esse crime contra a humanidade, afirmou o General.

O Brasil está sofrendo uma invasão numa guerra programada

Na Amazônia existem metais e pedras preciosas, ouro, manganês, diamantes, nióbio, Urânio e petróleo. Segundo o General, nos anos 80, a New Steel mineradora americana garimpou 40 milhões de toneladas de manganês no Amapá. Faturou bilhões de dólares até o ano de 1992. Para o Brasil restou os buracos das escavações e prejuízos trabalhistas, ambientais, econômicos e sociais. O General afirma que 98% do nióbio do mundo está na Amazônia, os outros 2% na Sibéria russa. O nióbio é usado como condutor em celulares, computadores e até em turbinas de aviões. A extração ilegal e o contrabando causam prejuízos bilionários ao Brasil.

Em 1998, pela primeira vez, uma autoridade de alto escalão dos Estados Unidos defendeu em público a intervenção militar norte-americana na Amazônia.

A autoridade em questão o general Patrick Hughes, ex-diretor da agência de inteligência das Forças Armadas norte-americanas (Defense Intelligence Agency – DIA), que discorreu sobre as ameaças potenciais para seu país nos próximos vinte anos: narcotráfico, escassez de matéria prima, terrorismo nuclear e agressões ao meio ambiente com conseqüências para os Estados Unidos. Se o Brasil resolver fazer uso da Amazônia de forma prejudicial ao meio ambiente dos Estados Unidos, estes devem estar prontos para interromper o processo imediatamente.

“Caso o Brasil resolva fazer uso da Amazônia, pondo em risco o meio ambiente nos Estados Unidos, temos que estar prontos para interromper este processo imediatamente”, General Patrick Hugles (Diretor da Agência de Inteligência de Defesa dos EUA, 1998)

No ano de 2002, foi realizada a V Conferência de Ministros de Defesa das Américas, lá os EUA elaboraram oficialmente o conceito de SOBERANIA RELATIVA, ou seja, todo país que não tiver condições de estar presente em alguma parte de seu território ou dar segurança à sua população e ao meio ambiente, este país deverá sofrer uma intervenção.

A partir daí, os EUA começaram a encarar esse conceito como uma realidade, invadindo países e promovendo derrubada de governos no Iraque, Afeganistão, Líbia, Somália entre muitos outros.

Guerra de Quarta Geração:

“Aniquilar, controlar ou assimilar o inimigo”

A Guerra de Quarta Geração é um conceito militar, essa estratégia era visualizada como uma hipótese de conflito emergente do pós-Guerra Fria, tanto que alguns analistas relacionam seu ponto de partida histórico com os atentados terroristas de 11 de setembro [de 2001] nos Estados Unidos. Tratasse de uma estratégia na Guerra sem Fuzis, a Guerra de Quarta Geração (também chamada Guerra Assimétrica), atinge a economia nacional, desestabilizando o Estado Nacional, enfraquecendo a capacidade de resistência do Brasil para a usurpação das riquezas nacionais.

Nesse sentido, o Golpe no Brasil desestabilizou toda a economia nacional e colocou o Brasil em uma constante crise política e instabilidade institucional.

Diversas iniciativas que atacam a soberania nacional estão sendo adotadas, venda de terras para Empresas Estrangeiras, privatizações de Empresas Estatais estratégicas (tal como de energia), a presença militar norte americana dentro do território nacional, entre outras.

Ao final, o General afirma que é fundamental o povo brasileiro unir todos segmentos verdadeiramente patrióticos, democráticos, progressistas, cívicos, educacionais, parlamentares e militares na sua composição piramidal para realizar uma ampla campanha com a bandeira central: A AMAZÔNIA É NOSSA! Remontando a campanha o Petróleo é nosso na década de 1950, onde não só foi garantido o monopólio do petróleo nas mãos do Estado brasileiro, mas como a criação de uma sólida industria nacional de petróleo e gás no nosso país.

Voz Operária RJ

15 novembro 2017

Glauber chegou ontem da Amazônia, onde esteve como observador do exercício militar do exército brasileiro, mas onde estiveram presentes também representantes de Forças Armadas de outros países, entre as quais dos Estados Unidos.

Logo que soube da ação, Glauber solicitou ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército autorização para que ele, como brasileiro, também pudesse participar como observador.

Vencidos os trâmites , viajou até Tabatinga, na fronteira do Amazonas com a Colômbia e o Peru, bem próximo à Venezuela.

Recebido pelo Comando, Glauber ouviu que o exercício tinha um cunho de ajuda humanitária, para o caso de necessidade.

Acompanhando os trabalhos, entre entradas na selva, demonstrações e reuniões, Glauber teve a oportunidade de reafirmar questionamentos como o motivo das Forças Armadas dos EUA participarem da direção do exercício e da preocupação da base militar provisória se tornar permanente, o que foi descartado pelo Comando.

Glauber, junto com a deputada Jô Moraes, se reuniu com o General venezuelano Barroso. Dialogaram sobre as preocupações de uma intervenção externa em uma das regiões mais cobiçadas do mundo por suas riquezas naturais.

Ao final, Glauber deixou clara a importância do exército para a defesa da soberania nacional e para a ajuda humanitária, registrou o respeito com que foi recebido, mas também ressaltou a importância de que se outros exercícios forem feitos que tenham a sua coordenação realizada no marco da União das Nações Sul Americanas (Unasul), bloco composto pelos países da América do Sul.

A participação na coordenação de ações militares, em território brasileiro, por oficiais norte-americanos não pode ser naturalizada.

A história demonstra que esse preço é muito alto e prejudicial aos interesses brasileiros e latino-americanos.

O vice-presidente Hamilton Mourão disse, durante visita a Boston, nos Estados Unidos, que a China “não é uma ameaça ao Brasil, mas um parceiro estratégico”.

A declaração foi dada ao jornal Folha de S.Paulo. “A China importa 32%, 33% do que exportamos. É um parceiro comercial forte, e tem uma capacidade de investimento grande que temos que utilizar melhor”, seguiu Mourão.

Ele comentou ainda a pressão dos Estados Unidos para que seus aliados barrem a entrada da gigante de telecomunicações chinesa Huawei – que Trump vê como uma espiã a serviço do governo. “Não temos essa visão por enquanto.”

Questionado sobre a aproximação de Bolsonaro com representantes do que ele chama de “velha política”, como uma forma de acalmar os ânimos e tentar a aprovação da reforma da Previdência, Mourão foi quase sarcástico.

“A gente tem que fazer política, né? Como se faz política? Conversando, mostrando seus programas.”

O vice-presidente está nos Estados Unidos para a Brazil Conference, evento da Universidade Harvard e do Massachusetts Institute of Technology.

O vice-presidente, general Hamilton Mourão, atribuiu a Jair Bolsonaro a ideia de compartilhar oficialmente um vídeo em exaltação ao golpe de 1964. “Decisão do presidente. Foi divulgado pelo Planalto, é decisão do presidente”, afirmou ao jornal O Globo.

No domingo 31, o canal oficial do Palácio do Planalto no WhatsApp compartilhou um vídeo apócrifo, em que um senhor já idoso defende o golpe militar. “O Exército salvou o Brasil”, diz ele. A razão da ruptura democrática, conforme narra o ator, era necessidade de combater uma revolução comunista que estava prestes a acontecer.

Ele diz ainda que havia um clima de “medo e ameaça” causado por supostos crimes cometidos por comunistas, como sequestros e assassinatos, além de “greves nas fábricas”. E que o movimento que levou os militares a tomarem o poder teria partido da mídia e do “povo de verdade — pais, mães, Igreja”.

Ainda não há informações sobre a autoria do vídeo. À imprensa, o Planalto afirmou que não vai comentar o caso.