Angélica
Enciso
La Jornada
Jueves 27 de junio de 2019
Jueves 27 de junio de 2019
Para establecer la
prohibición del cultivo de organismos genéticamente modificados (OGMs) en el
país y profundizar en medidas de bioseguridad, decenas de personas y
organizaciones pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador emita un
decreto, ya que es prioritario proteger los bienes comunes, las semillas y la
diversidad biocultural.
Esto indicaron en una
carta Miguel Concha Malo, el pintor Francisco Toledo, los chefs Enrique Olvera
y Mónica Patiño, campesinos y académicos, quienes reconocieron el planteamiento
del mandatario de que no se permitirá el uso de transgénicos.
Expusieron que con un decreto se pueden establecer las condiciones
de una política integral de bioseguridad en México, que incluya legislación y
acciones de gobierno que aseguren los derechos y la preservación de la integridad
de México como centro de origen del maíz y de otras especies fundamentales para
la alimentación mundial, humana y animal.
En la misiva dirigida al mandatario destacaron que la petición se
deriva de más de 20 años de lucha contra la introducción de los OGMs, sobre
todo en el maíz, alimento básico de los mexicanos. Con la demanda colectiva se
logró la suspensión judicial de los permisos para la liberación de maíces
transgénicos en todo el país, mediante una medida precautoria otorgada por un
juez federal en 2013.
Recordaron que también hay una lucha judicial contra la siembra de
soya transgénica por la grave afectación a las abejas y familias que
realizan la producción de miel en el sureste del país. Y hay rechazo a la
siembra de algodón genéticamente modificado, por ser México país de origen de
alguna de las especies más utilizadas en el mundo, en cuyas poblaciones
silvestres ya hay transgenes, por lo cual están en riesgo la conservación de su
diversidad y la de las razas nativas.
Precisaron que el decreto que se solicita se basa en la evidencia
acumulada en el mundo sobre esta tecnología y se funda en los principios de
precaución y participación ciudadana que facultan al Estado a ejercer medidas
legales de protección contra las amenazas de daño grave o irreversible por el
uso de tecnologías.
Refirieron que el dictamen deberá considerar la señalización en
las tiendas y almacenes Diconsa que el maíz a la venta es sólo para consumo y
no para siembra; la moratoria a las importaciones de maíz procedente de Estados
Unidos y otros países donde ese cultivo predomina; hacer monitoreo de
transgénicos de manera sistemática en todo el país; fomentar la investigación
en materia de bioseguridad; evaluación de impacto de los OGM en la salud, y
revisar el reglamento interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Pidieron a los legisladores una reforma integral de la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados –también conocida
como Ley Monsanto– para proteger las especies de las que México es
centro de origen y mantener un órgano en la materia que sea fortalecido con
esta legislación.
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antecedentes
Dos nombramientos de AMLO ponen en
duda la política
sobre uso de transgénicos
En su mensaje de toma de protesta, el
presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no se
permitirá el uso de transgénicos, pero dos de sus principales nombramientos
han generado que organizaciones como Greenpeace duden del cumplimiento de esta
política.
“Vemos con mucha desconfianza que el propio
coordinador de asesores, que es Alfonso Romo, y el secretario de Agricultura
(Víctor Villalobos), que viene de una trayectoria amplia de promoción
de transgénicos, tengan realmente la voluntad de cambiar y descartar ese
tipo de tecnologías”, explicó María Colín, asesora jurídica de Greenpeace.
“Hay algo que nos enlaza y nos estimula, en el
sentido que se van a prohibir los transgénicos, lo que viene ahora son resolver
preguntas sobre cómo, qué mecanismos, si se va a prohibir todo o
solamente el maíz”, dijo Colín.
Ambos funcionarios se han visto ligados con la
promoción de transgénicos. Romo fue dueño de Seminis, empresa pionera
en semillas transgénicas, que fue vendida por mil 400 millones de dólares a
Monsanto.
En tanto, Villalobos fue secretario ejecutivo
de la CIBIOGEM, órgano que establece las políticas para el uso seguro
de los organismos genéticamente modificados y fue uno de los
promotores en 2004 de la Ley Bioseguridad, conocida como Ley Monsanto.
“Son de estas grandes contradicciones que
tenemos al interior”, opinó Adelita San Vicente, directora de la Fundación
Semillas de Vida, asociación civil dedicada a la conservación de las razas de
maíz mexicano.
contrapesos
Esta administración también contará
con funcionarios que han hablado abiertamente en contra del uso de transgénicos:
María Elena Álvarez-Buylla, titular de Conacyt y Víctor Suárez, nombrado como
subsecretario de autosuficiencia alimentaria.
“Tenemos a la doctora Álvarez-Buylla, que ha
sido un elemento importante en la lucha que hemos dado contra los transgénicos,
porque nos ha dado los elementos científicos”, destacó San Vicente.
niegan uso de transgénicos
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader) negó el futuro uso de semillas transgénicas durante el actual
sexenio.
Entre sus planes, la dependencia a cargo de
Villalobos está la promoción de la conservación y uso de las diferentes razas
de maíz mexicano, explicó el organismo.
"En este sexenio se utilizarán
tecnologías convencionales que mejorarán la productividad y la sustentabilidad
del campo mexicano", aseguró la dependencia vía escrita.
"El tema de los transgénicos ha polarizado a sectores
sociales, debido a que, por un lado, se piensa que van a ser la solución a la
seguridad alimentaria de la humanidad y, por otro, se penalizan porque se
asocian con impacto negativo en la salud humana o en el medio ambiente”, dijo
Villalobos recientemente.
El caso de Odebrecht, la corporación brasileña
que sobornó a innumerables gobiernos latinoamericanos, incluyendo al de México,
es sólo uno más de los muchos que existen en el mundo por medio de los cuales
el capital infiltra, doblega y controla al Estado.
Vivimos la era ya no solamente de los espías
políticos sino de los agentes que las gigantescas corporaciones contratan para
servir a sus intereses, ubicándolos en puestos gubernamentales claves. Es lo
que se ha llamado el «stateless global governance» (gobernanza global sin
Estado) (J. Ziegler, Los Nuevos Amos del Mundo, 2013).
Dos ejemplos ilustrativos son el de las
compañías farmacéuticas y el de las agroalimentarias. Las primeras han
infiltrado ministerios de Salud, revistas científicas de medicina y por
supuesto a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las segundas colocan
agentes en puestos claves de los ministerios de Agricultura y en la red mundial
de centros de investigación agrícola y naturalmente en la FAO.
Es este el caso de las cinco hermanas que
dominan el monopolio agroalimentario del planeta: Monsanto, Bayer, Syngenta,
Pioneer y Dow Agroscience.
El pasado 14 de diciembre pasará a la historia
como uno de los días de mayor gloria para las corporaciones, pues lograron un
triunfo espectacular: consiguieron colocar a su principal agente
latinoamericano como futuro secretario de Agricultura de un «gobierno de
izquierda» en México.
Se trata del agrónomo Víctor Manuel
Villalobos, quien ha realizado desde hace 20 años una espectacular carrera en favor
de los intereses corporativos, el modelo de agricultura impulsado desde los
Estados Unidos, el traslado de enormes cantidades de fondos de la Sagarpa a los
organismos internacionales y el permanente sabotaje a toda iniciativa que
atente contra los agronegocios.
Su meteórica trayectoria como agente de las
corporaciones agroalimentarias y biotecnológicas y persistente opositor a las
demandas campesinas, indígenas y ambientalistas es internacionalmente conocida.
Iniciado como biotecnólogo en el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del IPN (1995-97), donde dio lugar a uno de
los dos principales centros de estudios sobre alimentos transgénicos, saltó
sorpresivamente a subsecretario de la Semarnap (1997-99) impuesto por el
entonces presidente E. Zedillo a la que fuera titular de esa dependencia. De
ahí logró con V. Fox ubicarse como subsecretario y luego coordinador de asuntos
internacionales de la Sagarpa (2002-2009).
Fue en este último puesto desde donde se
convirtió de manera explícita en un agente de los intereses corporativos a
escala nacional e internacional. En México fue promotor de la primera versión
de la Ley de Bioseguridad (conocida como ley Monsanto) que buscaba facilitar
que las empresas biotecnológicas obtuvieran los permisos de siembra de maíz
transgénico, impulsó la iniciativa de Ley de Recursos Fitogenéticos, encaminada
a facilitar la biopiratería de semillas, y defendió a ultranza la Ley de
Agrocombustibles.
Sin embargo sus mayores éxitos fueron a escala
internacional pues logró desactivar acuerdos internacionales en las reuniones
del Protocolo de Cartagena en Kuala Lumpur, Malasia (2004) y en Curitiba,
Brasil (2006). Por ejemplo boicoteó el hacer obligatorio el etiquetado de los
organismos genéticamente modificados o votando conjuntamente con los países
protransgénicos en nombre de México.
Su rol de esquirol lo llevó a ser nombrado
desde 2010 director general del Instituto de Investigaciones en Ciencias
Agrícolas (IICA) con sede en Costa Rica, que es el brazo agropecuario de la Organización
de Estados Americanos (OEA) y punta de lanza del «agribusiness» en
Latinoamérica. Desde ese puesto ha estado impulsando el Plan 2003-2015 de Las
Américas para el desarrollo de la industria biotecnológica en la región, además
de apoyar e instrumentar la Iniciativa Biotecnológica de Norteamérica (Nabi por
sus siglas en inglés). (ver).
¿Porqué razón Andrés Manuel López Obrador
designó a este cipayo de las trasnacionales?
¿Cómo puede un personaje tan siniestro
encabezar una secretaría que busca la recuperación de la agricultura campesina,
la defensa del maíz, el rescate de la tradición agrícola mesoamericana, la
multiplicación de los proyectos agroecológicos exitosos cada vez más numerosos,
y una política para el campo dirigida a lograr la soberanía alimentaria?
Las preguntas no tienen respuestas, sino más
preguntas. Todo indica que este nombramiento en realidad proviene de una
intervención mayor, de un «Caballo de Troya» superior: Alfonso Romo, el
controvertido y poderoso empresario del Grupo Monterrey y cabeza del Grupo
Pulsar designado también por AMLO como su jefe de estrategia y coordinador del
Proyecto Alternativo de Nación 2018.
Ello convierte a Morena en un partido que
posee una piel de oveja con un cerebro de lobo, en el que las decisiones centrales
son dictadas por un connotado miembro de la «mafia en el poder» que como es
lógico posee una visión neoliberal, tecnocrática y clasista de la realidad del
país (ver entrevista en Forbes)
A pocas horas del inexplicable nombramiento se
multiplica la indignación y el desaliento entre amplios sectores de militantes
y simpatizantes de Morena, desde organizaciones campesinas, cooperativas
indígenas y estudiosos del campo mexicano hasta movimientos de resistencia y
defensa del territorio y organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil.
En los próximos días veremos textos, manifiestos y demandas públicas para que
Morena rectifique está decisión descabellada, a riesgo de perder millones del
llamado «voto verde» (campesino, indígena y ambiental).
La situación es preocupante, porque la
incongruencia no se limita a la secretaría de Agricultura. Lo mismo ha sucedido
con la Semarat y con la SEP, cuyos nombramientos no resisten la mínima crítica.
Qué curioso que justo esto sucede con los tres sectores que hoy por hoy
conforman los mayores bastiones de resistencia al proyecto neoliberal que ha
llevado a la ruina a México: los campesinos y pueblos indígenas, los
ambientalistas y los maestros democráticos.
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