No lo me lo van a creer, en un reciente paseo que realizó Juan Guaidó por Margarita que incluía una caminata entre los pueblos de El Cercado y El Maco, le dio por echar una meaíta y se arrimó con su estilo, hacia una mata de guamache. La mata de Guamache es un árbol muy querido en Margarita, porque su fruta, mató mucha hambre en los pueblos de la isla. La fruta del guamache era buscada por los niños como merienda.
Resulta que al momento que Juan Guaidó se arrimaba al tronco de la mata de guamache para echar su meaíta y vaciar su vejiga de unas cervezas que se había tomado donde Lucho, Millo con su guardia forestal que en ese momento hacía un patrullaje, lo observó desde lejos meando a la mata de Guamache y como autentico defensor de todas las matas de Margarita, Millo interpuso una demanda ante la junta parroquial de El Cercado y Chimiro, que es el jefe civil de ese pueblo, sin pensarlo una vez y sin necesidad de una investigación (otra más), ya liberó ipso facto, la boleta de detención a Guaidó por mearse una matica de guamache.
Chimiro, anexó a la boleta de detención,una expresa y contundente orden de prohibición de salida del país
Con esta decisión ipso facto de Chimiro, como jefe civil de El Cercado, el país se ahorrara un montón de bolívares por las tantas investigaciones que adelantaba el Fiscal, Tarek Willians Saab y que ya serán suspendida porque mearse una mata en Margarita es un crimen de lesa humanidad, según la ordenanza que conjuntamente elaboraron la Comuna de El Maco y la Comuna del Cercado.
Chimiro piensa pedirle a Diosdado que adelante ipso facto, una enmienda a la Constitución para ver si se lanza como Fiscal. Chimiro es de la idea, que el Fiscal debe ser elegido ipso facto por las comuneras y comuneros.
Al enterarse, Tarek Willians Saab respiro profundo y dijo hacia sus adentros: gracias Chimiro, dejaré de hacer el ridículo con esas vainas de las investigaciones. Tarek Willians Saab, volvió a respirar más profundo y como pudo, le hablo a su oído: Así es como se gobierna....
Venezuela padece una catástrofe de proporciones geológicas, no se conoce registro histórico de tantas calamidades desde los dolores de parto de la nacionalidad. Y el apocalipsis se acentúa por la desidia de sus hijos.
Varios son los mecanismos que se usan para no asumir la responsabilidad debida con el país. Uno, el más socorrido, es endilgar la culpa de todos estos males a maduro, y despacharlo con un recuerdo a su madre. De esta manera, pensamos que ya cumplimos, nos descargamos de responsabilidades, es un mal nacional, aquí nadie es responsable de nada, unos le echan la culpa a maduro, y maduro a trump. Los que asumen sus responsabilidades son pocos.
Nos olvidamos que maduro está allí por obra y gracia de nosotros, de todos, unos por omisión, otros por flojos, otros por apoyarlos. Los maduristas, los constituyentistas, los del psuv, todos callan, aplauden, justifican. En privado reconocen algunas fallas, en público inculpan a trump, a las medidas; se olvidan la masacre que hicieron con pdvsa, origen de todo este desastre: nos convirtieron en un país petrolero… sin petróleo.
Ninguno cumple sus obligaciones: el partido de fiscalizar, la constituyente de legislar y controlar. ¿Cómo es posible que estemos en las puertas de una guerra con Colombia, producto de la estulticia de los gobernantes, que ya está prácticamente declarada, y la constituyente que funge de parlamento ni siquiera llame al Ministro de la Defensa para interpelarlo y deja la iniciativa de la guerra en manos de voceros supernumerarios irresponsables? ¿Cómo es posible que el partido no reúna su congreso ante la emergencia y discuta el tema? ¿Cómo es posible que por esos lares no se oiga una crítica sincera, verdadera, que conlleve
una rectificación?
Pero no sólo eso, que ya es suficiente, además nos hacemos los tontos frente a tanto disparate del madurismo. Todos los días sale un alto vocero del madurismo y excreta una barbaridad, un disparate inmenso, una ley ya desgastada, una medida comprobadamente inútil; los presos continúan presos, las faes asesina diariamente, la pena de muerte esta instituida, y no pasa nada, nadie chista, millones huérfanos de dirección abandonan al país, ni los líderes obreros que a lo sumo piden aumento del salario mínimo, ni los intelectuales, ni los estudiantes, los campesinos.
No importa lo que pase, nada mueve, ni al gobierno, ni a la oposición chavista, ni a la oposición gringa que espera que del cielo le caiga el poder. Somos -nos convirtieron en- un país entumecido, inerte. No hay fuerza ni para una pinta de protesta en una pared. No hay vanguardia, no hay emoción. Nos disolvemos, y en nuestra abulia asistimos a la
destrucción de la Patria.
Es así, todos somos culpables, responsables, todos debemos entender que la salida de este túnel macabro nos compete, nadie puede quedarse al margen, todos son importantes, que cada uno haga de acuerdo a sus posibilidades: los dirigentes dirijan con coraje, convoquen, los gremios actúen. Las consignan brotan de las entrañas de la realidad, son muy nítidas: “es necesario la salida de maduro y su entorno”. “El país no debe caer en manos de la derecha fascista, gringa, bolsonárica”. Es necesario enrumbarnos hacia el futuro, no podemos regresar al pasado de la cuarta. Tenemos una obligación con las futuras generaciones, que no se registre en la historia que dejamos disolver el país y no lo defendimos de nosotros mismos ni de los imperios rapiñas, que preferimos callar, que ni siquiera tiramos una piedra, un grito, que nadie lo intentó…
Pese a la peor crisis
en la historia del país, la oposición venezolana no encuentra la forma de
apartar del poder a Nicolás Maduro. La confianza en que el derrumbe económico
haría crujir las bases de apoyo político-militar del chavismo se mostró
nuevamente excesiva tras el nuevo ciclo iniciado con la (auto)proclamación de
Juan Guaidó como «presidente encargado», un cargo que no aparece en la
Constitución. Al cabo de unas semanas de exitismo, el gobierno parece haber recuperado
parcialmente el control de la situación y la oposición se encuentra ante el
dilema de participar, debilitada, de una nueva mesa de diálogo.
Venezuela: ¿por qué volvió a fracasar la oposición?
En 2019 la oposición venezolana tuvo su mejor febrero en años. De
manera fulgurante, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ascendió
al Olimpo de la alicaída política venezolana con su (auto)proclamación como
presidente «encargado». En ese mes apareció en las portadas de los diarios más
importantes del mundo. Pero cinco meses después, tras los aclamados sucesos
relativos a la «ayuda humanitaria» y la intentona de alzamiento militar, el
panorama parece muy distante del optimismo opositor de esas jornadas. La
esperanza de un derrocamiento fácil y rápido del régimen de Nicolás Maduro
parece haberse anegado, otra vez, en un mar de deslices políticos, con un
activo, pero no menos errático, apoyo internacional. ¿Cómo pudo desvanecerse el
enésimo intento de correr al chavismo del poder?
Un 2019 auspicioso para una oposición alicaída
El 10 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de proclamación de
Maduro para un segundo periodo presidencial, de acuerdo con los resultados de
las elecciones adelantadas del 20 de mayo de 2018, que la oposición había
tachado de fraudulentas debido, principalmente, a que el gobierno impidió la
inscripción de los candidatos con cierta posibilidad de triunfo. Solo dejó
participar a postulantes que en las encuestas mostraban escaso potencial
electoral.
Quizás por ello participó apenas 46% del padrón electoral; fue la
abstención en elecciones presidenciales más alta de la historia reciente. Los
grupos de poder no quisieron negociar con el candidato a quien el gobierno dejó
inscribir, Henry Falcón, y abandonaron de plano la lucha electoral sin ninguna
propuesta alternativa en el horizonte. Debido a esto, la oposición tachó a
Maduro de «usurpador» y denunció que a partir del 10 de enero de 2019 Venezuela
quedó bajo una presidencia ilegítima que el mundo no debía reconocer.
En el corazón del plan de desconocimiento, la oposición se rearmó
en torno de la denuncia de usurpación y, al mismo tiempo, de vacío de poder en
el país. Con ello, empezó a difundir la necesidad de juramentar a Guaidó, en
ese entonces escasamente conocido, como presidente de la nación. Para ello se
amparaban en el artículo 233 de la Constitución, que establece los criterios a
seguir ante las «faltas absolutas» del presidente. En realidad, estas se
originan en muerte, renuncia, destitución decretada por el Tribunal Superior de
Justicia (tsj), incapacidad física o mental permanente. En estos casos, si la
ausencia se produce antes de que el presidente pueda tomar posesión de su
cargo, el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir el cargo. Si ocurre
después, debe hacerlo el vicepresidente, con la misión de llamar a elecciones
en los siguientes 30 días, como efectivamente sucedió cuando Hugo Chávez murió
el 5 de marzo de 2013.
Blandiendo el artículo 233 y una interpretación sui generis, la
oposición determinó que había una especie de usurpación y «falta absoluta», al
mismo tiempo, en la silla presidencial. Por ende, también argumentó, con suma
laxitud, que la toma de posesión fue ilegítima y, por ende, no existió. De allí
derivó la «legitimidad» de Guaidó. Aunque nadie entendió muy bien esta exégesis
de la Constitución, se suscitó una enorme algarabía en las filas opositoras.
Esa alegría se sustentaba en una serie de apoyos mediáticos del ala más
conservadora de la derecha estadounidense y en un fervoroso impulso del
presidente Donald Trump. Ello desembocó en un juramento realizado en una plaza
luego de una multitudinaria marcha realizada el 23 de enero, fecha emblemática
para la democracia venezolana por el fin de la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez. Aunque la figura de «presidente encargado» no exista en la
Constitución, Trump y una serie de gobiernos salieron de inmediato a
reconocerlo formalmente y con un renovado entusiasmo.
De ahí en adelante vino una retahíla de portadas de medios
internacionales que aplaudieron y arroparon al joven «presidente». El equipo de
Guaidó elaboró un traslúcido mantra de gran simpleza: 1. cese de la usurpación;
2. gobierno de transición y 3. elecciones libres. Una línea con nueve palabras
y una gran claridad. El gobierno estadounidense amenazó al chavismo si se
atrevía a «tocar» a Guaidó. La frase «todas las opciones están sobre la mesa»
se hizo viral, en relación con la posibilidad de una invasión militar
estadounidense al estilo del Día d, o, alternativamente, como operación quirúrgica
al estilo de la invasión a Panamá. La posibilidad de una invasión, que nunca
será incruenta, se hizo cada vez más popular entre muchos opositores sin una
reflexión sobre las consecuencias de una potencial acción bélica.
Guaidó insistía en que nadie le teme a una guerra civil y en que
la opción de la intervención no estaba descartada.
Un caballo de Troya sin ruedas
En la «comunidad internacional» corrían ríos de tinta tratando de
explicar algo tan sencillo como el misterio de la Trinidad. Los más connotados
analistas intentaron, como San Agustín a la orilla de la playa, explicar cómo
Guaidó era presidente de la República y de la Asamblea Nacional; en qué
consistía la usurpación y una «falta absoluta» que, de existir, obligaba a
llamar a elecciones presidenciales en febrero de 2019. En medio de estas
disquisiciones, la gente empezó a impacientarse, ya que la vertiginosa ruta de
salida de Maduro, alimentada irresponsablemente por ensueños de la Casa Blanca
y por guerreristas venezolanos en el exilio, parecía perderse en una retórica
tan combativa como estéril.
La ignorancia de Trump y la «comunidad internacional» sobre la
especificidad del caso venezolano es monumental. Parecen limitarse a leer los
informes interesados de los políticos opositores que les piden grandes
cantidades de dinero y les ofrecen pronósticos excesivamente optimistas. Los
análisis que traducen erróneamente el gigantesco desastre económico como
debilidad política llevaron a Trump a pensar en una fácil y rápida victoria
sobre el chavismo y a evadir el hecho de que el gobierno lleva 20 años
aprendiendo a resistir profesionalmente y que cuenta con macizos apoyos
políticos, económicos y militares de China, Rusia, Irán, Cuba y Turquía. La
ferocidad mediática de la «comunidad internacional» es inversamente
proporcional a su conocimiento de la situación concreta de Venezuela.
A mediados de febrero, el entusiasmo ya mermaba ligeramente. Los
objetivos parecían lejos de haberse cumplido y la oposición no encontraba una
ruta clara. En ese desbarajuste emergió la idea de convertir la necesaria ayuda
humanitaria en una especie de desembarco de Normandía contra la usurpación. De
ese modo se especuló con meter a militares disidentes dentro de los camiones de
la ayuda humanitaria, con esconder armas dentro de las cajas de comida o con
hacer pasar los camiones a la fuerza para que miles de personas se montasen en
ellos y redimieran a la población del yugo «comunista». En el plano
internacional, el operativo se vendió como una nueva caída del Muro de Berlín
impulsada por la presencia de presidentes como Sebastián Piñera, Iván Duque y
Mario Abdo, quienes se apersonaron en Cúcuta, del lado colombiano de la
frontera, pensando que iban a presenciar un desplome glorioso de la opresión.
Este espejismo pintaba muy mal cuando las organizaciones
especialistas en ayuda humanitaria, como la Cruz Roja, se divorciaron del
proyecto y denunciaron lo innegable: la ayuda humanitaria no puede ser empleada
como una cuña para tumbar a un gobierno; más bien, debía tener el
consentimiento del gobierno y su cooperación para poder ingresar. Pensar que la
entrada de cuatro o cinco camiones cargados con mercancías de diversa índole y
acompañados por jóvenes con bombas molotov y resorteras traería el «fin de la
usurpación» era asombrosamente ingenuo.
Los pasos de la entrada de la ayuda humanitaria quedaban a más de
20 horas de la capital, incluso yendo a buen ritmo.
Creer que esa gesta causaría una deserción masiva de militares que
se pondrían a la orden de «la Libertad» era aún menos esperable, por más
ofertas monetarias que hubiera y que luego ni siquiera fueron honradas.
Como era de esperar, la operación fue un fracaso estrepitoso. Los
camiones no entraron y las masas que debían poner el cuerpo por la entrada de
la ayuda tampoco aparecieron. En ese marco, la oposición trató de explotar el
incidente de la quema de uno de los camiones. Cientos de medios de comunicación
salieron a decir que la «policía de Maduro» había quemado los furgones. Guaidó,
el asesor de seguridad estadounidense John Bolton y el senador de Florida Marco
Rubio salieron a criticar este gesto de malignidad. Pero semanas más tarde, una
breve investigación de periodistas del New York Times desmintió esa
información. En el video que publicaron aparecía cómo, por accidente, un joven
había lanzado la mecha de una molotov sobre las cajas que portaba un camión y
había causado el incendio.
Impasse
Desde enero de 2019 se planteó que con sanciones económicas cada
vez más fuertes y con multitudinarias marchas iba a ser suficiente para
derrocar a un gobierno cívico-militar con gran trabajo de inteligencia y un
extendido control social. En otros escritos hemos hablado de la tríada popular
clientelar que otorga al gobierno una especie de «biopoder» por el cual la población
más depauperada depende cada vez más del gobierno para asegurar su reproducción
biológica. Al contrario de lo que se cree, las sanciones económicas no hacen
sino cimentar ese vínculo y le otorgan al gobierno una excusa para deshacerse
de su responsabilidad por la crisis más fuerte que ha vivido el país en su
historia. A pesar de que las primeras sanciones financieras empezaron en agosto
de 2017, al gobierno y a la «izquierda lumpenprogresista» les es fácil culpar a
las sanciones por los pésimos resultados económicos.
Las protestas de marzo estuvieron fuertemente influenciadas por el
colapso del sistema eléctrico nacional. En muchas zonas, la energía eléctrica
falló durante varios días seguidos. Aunque el agua, el servicio eléctrico, el
gas y la gasolina en las regiones alejadas de la capital habían venido fallando
regularmente desde hace años, el hecho de que Caracas se quedara sin luz y sin
agua por entre tres y cinco días fue algo inédito. Ello contribuyó a frenar un
poco más el leve ímpetu que aclamaba por una invasión e hizo pensar a la gente
que, efectivamente, se podía estar peor. Las protestas amainaron y el éxodo de
venezolanos cobró un fuerte impulso.
Abril comenzó con un renovado letargo político opositor. Las
huelgas generales o paros empresariales (como los realizados en 2001, 2002 y
2003) estaban muy lejos de poder organizarse. El gran empresariado está
decididamente quebrado y sobrevive a muy duras penas. Ni hablar del altísimo
grado de informalidad en la economía, más la alta cantidad de trabajadores
estatales que harían fracasar el paro con cierta rapidez. Eso lo sabían las
principales cámaras patronales, que inmediatamente dijeron que no iban a cerrar
y que era suicida aventurarse a un lockout en estas condiciones.
La sublevación militar del 30 de abril
El 1o de mayo se había publicitado como otro día de marchas. Por
un lado, el «presidente obrero», durante cuyo mandato el salario real disminuyó
92% y que tiene el arrojo de anunciar en tono celebratorio un incremento del
salario mensual de 6 a 12 dólares; y por el otro la marcha de Guaidó, quien
adoptó el «Plan País» como propuesta económica de un gobierno que no quiere
saber nada con un protagonismo obrero. En vista de las últimas marchas, era
predecible que no habría mucha gente de la oposición (que suele asumir un
discurso anticomunista) celebrando el Día Internacional del Trabajo. El equipo
de Guaidó no está a favor de fuertes subidas del salario mínimo. José Guerra,
economista líder del Plan País, propone un salario de 20 dólares al mes,
llevadero a 30 dólares a mediano plazo, por lo que les resulta difícil levantar
las reivindicaciones económicas más elementales que esgrime la amplia base
depauperada.
Por estas razones, y al parecer otras de orden más conspirativo,
el intento de sublevación en el marco de la «Operación Libertad» se adelantó al
30 de abril, en completo secreto. Es sabido que varios dirigentes de Voluntad
Popular (vp), el partido de Guaidó, no sabían del plan. La liberación de
Leopoldo López, el líder partidario, de su arresto domiciliario hacía presagiar
algo muy importante. Pero pocas horas después, cientos de seguidores se
desilusionaron al llegar a la base aérea militar La Carlota, porque vieron con
sus propios ojos que Guaidó y los pocos militares insurrectos no habían logrado
tomar la base y quedó en evidencia que los militares implicados en la intentona
eran muy escasos, con nulo poder de fuego, y que al final solo participaron
unas cientos de personas completamente descoordinadas y en total
desconocimiento de lo que ahí estaba sucediendo realmente. Es curioso que vp no
incluyera en su plan a otros partidos políticos. Y fue así cómo, al final de la
tarde, los promotores de la intentona corrieron a refugiarse a las embajadas de
Chile, Brasil y España. No hubo combate ni gesta. El fiasco de este plan hundió
aún más su proyecto de cambio político.
Un junio lleno de baches
Las últimas marchas han sido poco numerosas, por lo cual Guaidó se
ha concentrado en giras por pueblos pequeños y cabildos en espacios reducidos.
La última táctica se llama «casa por casa» y, aunque la han seguido algunos
pocos líderes de partidos como Primera Justicia (pj), la convocatoria es muy
pequeña y el apoyo popular activo parece ser escaso, a pesar de que la mayoría
de las encuestas reflejan que Guaidó tiene un muy significativo 40% de
intención de voto (Datanálisis) en una eventual contienda electoral.
Un asunto que también mermó (aún más) el apoyo al proyecto de
Guaidó fue el generoso pago de 70 millones de dólares por intereses correlativos
al bono pdvsa 2020, por parte de una Asamblea Nacional que había estado en
desacuerdo con el bono en 2016. El argumento de la Asamblea fue que de ese modo
era posible retener en manos del «gobierno» de Guaidó activos venezolanos en
Estados Unidos.
Pero es contradictorio que quienes pagaran el bono dijeran que ese
dinero para citgo es «poco», ya que si el país está en crisis y le urgen los 20
millones de dólares de la ayuda humanitaria, es paradójico que cancelen esos 70
millones de dólares. El asunto central es que Guaidó no ha hecho públicamente
nada por obtener una orden ejecutiva de Trump o una resolución de la
Organización de las Naciones Unidas (onu) que declare inembargables los activos
de Venezuela, lo que permitiría alejar el peligro de confiscación por impago.
Algo así se aplicó en la víspera de la genocida invasión a Iraq
con la orden ejecutiva 13303 y con la resolución 1483 del Consejo de Seguridad
de la onu. A esto se sumaron las denuncias sobre el manejo poco transparente de
la ayuda humanitaria. El affaire Cúcuta ha sido devastador para la oposición.
La ayuda humanitaria por la cual el pueblo debía arriesgar su vida en la
frontera ha sido gestionada de una forma muy similar a la utilizada por el
gobierno para manejar la economía, con opacidad y deshonestidad.
El propio Luis Almagro, secretario general de la Organización de
Estados Americanos (oea), ha llamado a abrir una urgente investigación en lo
que parece ser un desfalco descarado. En la investigación del medio
estadounidense antichavista Panam Post se puede evidenciar una grave
malversación de la ayuda humanitaria. El dinero destinado a pagarles a los
cerca de 300 militares que desertaron (con sus familias) por esas fechas y se
fueron a Cúcuta fue mayoritariamente hurtado. Ello se evidenció en la forma en
que los desalojaron de los hoteles y en las quejas de los militares por el
incumplimiento de las promesas de remuneración que les había hecho Guaidó. Se
cree que en abril ya había más de 1.200 funcionarios que habían desertado en favor
de Guaidó y estaban en Colombia.
La trama de corrupción ha salpicado directamente al «presidente
encargado», quien decidió sustituir a Gaby Arellano y a José Olivares,
diputados exiliados desde hace meses en Colombia y de peso en Venezuela, por
los desconocidos Rossana Barrera (cuñada de Sergio Vergara, mano derecha de
Guaidó) y Kevin Rojas, ambos militantes de vp. Barrera fue acusada de peculado
al pasar como propias las facturas de hoteles que estaban siendo pagadas por el
gobierno de Colombia y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (acnur). Luego, habría duplicado la cifra real de desertores y
organizado una cena para reunir fondos a través de un correo falso de la
«embajada» venezolana (de Guaidó) en Colombia. Se habla de cerca de 100.000
dólares malversados que podrían ser la punta del iceberg de una trama de
corrupción develada por el servicio de inteligencia colombiano. Peor aún es que
cerca de 60% de la ayuda en alimentos se ha dañado. Es insólito que, en una
frontera tan porosa, no se hiciera el más mínimo esfuerzo por distribuir esa
comida.
Más difícil de digerir es que la oposición apoye la implementación
de las sanciones económicas de eeuu. Gracias a ellas, cerca de 6.000 millones
de dólares están siendo retenidos en el extranjero, divisas que podrían usarse
para traer medicinas y alimentos. Esto equivale a más o menos 300 veces el
total de la «ayuda humanitaria».
Es cierto que la administración de parte de ese dinero por el
régimen de Maduro podría desviarse en la compra de armas, pago de deudas o
corrupción. Pero podrían aplicarse alternativas de gestión multiparticipativa
de esos recursos, en las que se involucren organizaciones internacionales como
Caritas o la Cruz Roja junto con la onu, la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (fao) y venezolanos consensuados por
ambos bandos en disputa, para tratar de paliar los efectos de la crisis
económica generada por la gestión económica del chavismo y agravada por las
draconianas sanciones económicas.
Una nota aparte es el fenómeno de «rebote económico» que con
seguridad se dará en el segundo trimestre. Siendo, probablemente, el primer
trimestre de 2019 el peor de la historia económica del país, en especial por las
prolongadas fallas en el servicio eléctrico y la enorme inestabilidad política,
el segundo trimestre podría ser el primero en mostrar números positivos en
cinco años, debido a un rebote por la mejoría en los servicios de energía, pero
también por una apertura económica gradual, lenta y muy tardía.
Por ejemplo, la libre convertibilidad de la moneda ha permitido el
ajuste de precios al eliminar de facto los controles estatales (lo que provocó
una disminución de la escasez de productos) y esto se ha sumado a la aprobación
de la libre circulación del dólar como moneda de pago. Más aún, el Banco
Central de Venezuela dejó a mesas de dinero interbancarias la responsabilidad
de la fijación del tipo de cambio, que a la sazón debería resultar de la oferta
y la demanda de divisas en ese mercado. Todo ello podría desinflar la tesis de
la oposición de que un continuo empeoramiento de la situación económica haría
inevitable el estallido social que llevan años esperando.
Oslo: un diálogo vergonzante
Las conversaciones en Oslo se vienen desarrollando hace más de un
año con miembros del chavismo moderado y con algunos integrantes de la
oposición más dialoguista. La novedad es la reciente inclusión del
indispensable antichavismo más beligerante. El asunto es que Guaidó y quien lo
influye más notoriamente en el terreno mediático, María Corina Machado, llevan
años denostando el diálogo, diciendo que esa jamás será la vía para salir de la
«dictadura». Para ellos, la única negociación posible es estimar cuál sería la
celda de Guantánamo donde vivirían Maduro y sus consortes. Ese empecinamiento
deja a la oposición sin salida, ya que una posible invasión ha sido
constantemente descartada por el halcón Elliott Abrams, asesor de Trump sobre
Venezuela, quien no solo ha dicho que no habrá bombardeos, sino que la ruta es
democrática. Incluso ha afirmado que el chavismo debe regresar a la Asamblea
Nacional y que entre todos deben construir una transición pacífica.
En los hechos concretos, la oposición no tiene nada con que forzar
al chavismo a la rendición y tampoco cuenta con un impulso popular sólido y
organizado para ejercer presión política interna. Las sanciones serían lo único
que puede afectar al gobierno, pero eso difícilmente alcance para hacerlo
cambiar en su aspiración de permanecer eternamente en el poder y concentrarlo
de manera absolutista.
El asunto clave es que las sanciones las impone eeuu y la
negociación más directa sería entre funcionarios de Trump y de Maduro, donde la
oposición podría terminar teniendo un peso muy relativo. Y a esto se suma que
detrás de Maduro están China, Rusia, Turquía y Cuba. Este último país ha sido
acusado de articular la postura chavista en Oslo y de tratar de forzar una
transición en la cual el actual ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López,
encabece un gobierno de transición que garantice la continuidad política del
chavismo y la ayuda energética a Cuba. Luego de la transición vendrían
elecciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Todo esto no deja de ser
una especulación, pero lo cierto es que los negociadores noruegos tienen una
relación cercana con los cubanos, ya que fueron parte del acuerdo logrado en La
Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y el Estado
colombiano.
Recientemente se desarrolló una nueva aventura golpista de índole
militar. En la tarde del 26 de junio el gobierno declaró, en tono de sorna, que
frustró otro intento de alzamiento militar. Apresó a más de 30 militares que
enfrentarán cargos de «traición a la patria», acusación generosamente endilgada
por jueces chavistas. Según lo que comentan los voceros oficiales, miembros de
los partidos vp y pj están involucrados en el caso. Como ha venido pasando,
cada sublevación es controlada con una increíble rapidez, lo que desmoraliza
más a una fracción de la oposición que a todas luces apuesta por el galgo
equivocado e invariablemente pierde con facilidad.
Días después del motín, Maduro contó que el principal conspirador
era el general Manuel Cristopher Figuera, ex-director del Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional (sebin), quien, según él, fue captado por la Central
de Inteligencia Americana (cia) y luego dejó a sus tropas solas en la
sublevación. Figueras fue quien liberó a Leopoldo López la noche previa al
intento de golpe. Producto de esa «gesta», eeuu le revocó la sanción que sobre
él se había impuesto y dijo que era «un ejemplo a seguir». Según Maduro, el
gestor militar del fallido golpe estuvo trabajando como infiltrado para la cia,
lo que podría ser un invento o podría mostrar fisuras dentro del poder militar
y de inteligencia que sostiene al gobierno y que ejerce el poder a través de
los militares encargados de gestionar ministerios y empresas claves (como
Petróleos de Venezuela, pdvsa). La no realización del tradicional desfile
militar del 24 de junio, día de la Batalla de Carabobo en 1821 y fecha clave de
la independencia, disparó todas las alarmas entre los especialistas en el tema
castrense. La realización, en su lugar, de una muy modesta y adusta «parada» ha
puesto a pensar a más de uno en tramas palaciegas que parecen estar algo
lejanas a la realidad de un gobierno cada vez más militarizado.
La oposición más moderada apuesta al diálogo. El asunto es que no
cuenta con apoyo financiero y, por ende, no construye fuerza popular. Por ello,
es mediáticamente aplastada por el aparato comunicacional de los que sueñan con
una invasión.
Una apuesta belicista que vende la caída de Maduro como inminente
resulta muy útil para pedir dinero en el extranjero, es una mentirilla que
gustosamente compra el anticomunismo internacional que vende la farsa de una
Venezuela hundida por ser un socialismo realizado.
La continuidad de la crisis les sirve mucho para explotar
propaganda antisocialista y aprovechar el auge de la emigración inexorable de
millones de personas que desesperadamente huyen de las penurias de la vida
cotidiana y la falta de perspectivas.
Mientras una fracción ultraderechista continúe abogando por vías
virulentas y amenazando con barrer a oponentes con violentas razzias, los
resultados serán cada vez más negativos para el resto de la oposición
democrática y pacífica, ya que cada escalada golpista trae tras de sí una
derrota y un incremento de la represión. El aumento de la pobreza provocado por
las sanciones es un estímulo poderoso para la emigración y esto le conviene
muchísimo al régimen, ya que facilita su control social. Con menos habitantes,
tiende a haber menor presión sobre los muy subsidiados servicios públicos,
menos protestas, más remesas y los recursos de la renta gastados de forma
clientelar son más rendidores. Un negocio redondo.
La izquierda crítica sigue siendo un convidado de piedra.
Mientras, la izquierda «lumpenprogresista» sigue haciendo buen dinero y sacando
jugosos réditos políticos de la solidaridad con Maduro. Atacan con toda
justicia y razón las amenazas de invasión militar y las sanciones económicas,
pero callan las causas reales de la feroz crisis económica en la que el
gobierno y sus aliados de la burguesía importadora-bancaria son los exclusivos
responsables.
Minimizan el sufrimiento de millones y el estancamiento económico
en aras de un abstracto antiimperialismo que hace la vista gorda ante las
acciones de exacción y destrucción de recursos naturales que realizan las
empresas multinacionales de los países aliados al régimen. El ecocidio que se
realiza actualmente en el llamado Arco Minero del Orinoco es solo una de las
muestras de esta situación.
Este artículo es copia fiel del publicado
en la revista Nueva Sociedad 282, Julio - Agosto 2019, ISSN: 0251-3552
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