Ante los “proyectos de inversión anunciados por el Gobierno
que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas y en particular, la
intención de realizar consultas ciudadanas para recabar la opinión de la
población nacional en general sobre la ejecución o no de esos proyectos”,
expresó que “falta claridad sobre como las consultas previstas tendrán en
cuenta las obligaciones del Estado mexicano de implementar procesos específicos
de consulta previa con los pueblos indígenas potencialmente afectados con el
fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
Subrayó que “los procesos de consulta ciudadana diseñados
para la población nacional en general no garantizan las salvaguardas de los
derechos de los pueblos indígenas consagradas en los estándares internacionales
de derechos de los pueblos indígenas”
Derechos específicos “que derivan del carácter distinto de
los modelos e historias culturales de los pueblos indígenas, y porque los
procesos democráticos corrientes no suelen bastar para atender a las
preocupaciones particulares de los pueblos, que por lo general están marginados
en la esfera política”.
Victoria Tauli-Corpuz agregó que “mediante la publicación de
la nota técnica, quisiera contribuir al entendimiento y la debida
implementación, por parte de representantes del Estado y de los pueblos
indígenas, de los estándares internacionales de derechos humanos contenidos en
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, cuya adopción en 2007 fue decididamente impulsada por México, el
Convenio no. 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otros
instrumentos y jurisprudencia internacionales en relación con los derechos de
los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento informado previo que
vinculan al Estado de México”.
Las consultas populares como
las que implementó el gobierno federal para proyectos, como el PIM, son procesos democráticos que permiten que la
ciudadanía participe, pero no son adecuadas para garantizar los derechos
humanos de los pueblos indígenas.
Así lo aseguró Victoria
Tauli Corpuz, relatora especial de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
en una ficha técnica, publicada el 5 de marzo, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Tal como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala lo solicitó, la relatora aseveró que las
consultas ciudadanas diseñadas para la población nacional en general no
representan medidas que salvaguarden las garantías de los pueblos indígenas
indicadas en los estándares internacionales.
Y es que, si bien la
consulta que se realizó los 23 y 24 de febrero sobre
el arranque de la termoeléctrica La Huesca, que forma parte del Proyecto
Integral Morelos (PIM),consideró a los nueve
municipios de Tlaxcala y 15 de Puebla que se oponen a las obras, en el caso
de Morelos se aplicó en los 33, es decir todo el
estado.
Agregó que el derecho de
participación de los pueblos indígenas en
la adopción de decisiones estatales que pudieran afectarles va “más allá” de
los intereses compartidos por la población del Estado en
general.
Se debe tener en cuenta
que, indicó, son necesarios procedimientos especiales y
diferenciados de consultas cuando se afectan los derechos de los pueblos
indígenas “que derivan del carácter distinto de los modelos e historias
culturales de los pueblos indígenas, y porque los
procesos democráticos corrientes no suelen bastar para atender a las
preocupaciones particulares de los pueblos, que por lo general están marginados
en la esfera política.
Afirmó que los estándares internacionales exigen que las
consultas indígenas se realicen de manera previa, de buena fe y por medio de las instituciones
representativas de los pueblos indígenas.
En los procesos de consulta indígena, los mismos pueblos deben identificar
sus instituciones representativas, y deben respetarse sus mecanismos de toma de
decisiones en todo momento, lo cual no ocurrió para el PIM,
pues el proceso estuvo a cargo de la Federación.
Otro
elemento “imprescindible”, resaltó la ONU, es la realización de estudios de impactos
social, cultural, ambiental y de derechos humanos antes de la aprobación de la
medida o proyecto en cuestión, lo cual indicó el gobierno federal que
haría con el PIM, pero cuyos
resultados no ha dado a conocer al momento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario