El comandante de la
Guardia Nacional señaló de manera general –en la conferencia de prensa mañanera que
encabezó el martes pasado el presidente, Andrés Manuel López Obrador– que hay
desplegados en todo el territorio mexicano 58 mil 602 elementos bajo el mando
de la nueva Fuerza.
Pero una revisión
detallada del documento arroja el verdadero rostro de la militarización del
país: 1) son 230 mil 964 efectivos federales desplegados haciendo labores de
“seguridad pública” en los 32 estados del país, y 2) están concentrados en
zonas donde se llevan o llevarán a cabo los megaproyectos impulsados por la
presente administración, se trata generalmente de territorios indígenas.
El desglose de los casi
231 mil efectivos, según el documento oficial, es como sigue. En efecto, hasta
el momento suman 58 mil 602 los elementos adscritos a la Guardia Nacional. Pero
a ellos se deben agregar 123 mil 465 elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y 13 mil 461 de la Secretaría de Marina (Semar) en despliegue
permanente para labores de seguridad pública; 14 mil 852 elementos de las Fuerzas
Federales de Gendarmería, y 20 mil 584 de las unidades y divisiones de la
Policía Federal (en proceso de transición “voluntaria” a la propia Guardia
Nacional).
Pero lo que más sorprende
es el número de efectivos desplegados en estados donde los índices de violencia
no son los más altos del país. Resulta que dejando fuera a la Ciudad de México
y al Estado de México (por ser las sedes de los poderes federales y contar con
el mayor número de población), los estados donde mayor presencia de Fuerzas federales
hay son: Veracruz, Chiapas, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.
¿Cómo justifica el
gobierno federal que Chiapas sea saturado con 11 mil 968 efectivos militares y
policiacos y, en contraste, a Durango (4 mil 53), Sonora (6 mil 516) y
Chihuahua (7 mil 279) se les asignen menos? ¿La extensión? No, porque estas
últimas entidades son significativamente más grandes que aquella. ¿El número de
habitantes? Tampoco, porque si bien hay más habitantes en Chiapas, la
diferencia no corresponde con el incremento. ¿La incidencia delictiva? Menos.
Chiapas es la entidad de la República en la que menos delitos se cometen y no
hay matanzas entre cárteles ni mucho menos.
Durango, Sonora y
Chihuahua están bajo intensas disputas entre ejércitos privados del Cártel de
Sinaloa (Gente Nueva, Los Salazares) y el de Juárez (La Línea) con incursiones
del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Matanzas con decenas de vidas segadas
previas cesiones de tortura luego transmitidas por redes sociales para generar
terror.
¿O será que ahí se encuentra
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)? ¿Que ahí es el epicentro
de la lucha indígena que se opone al despojo que implicarán los megaproyectos
de anteriores y actual gobierno? ¿Que las comunidades zapatistas son el más
numeroso y adelantado bastión del Congreso Nacional Indígena?
¿Y que ahí hay otras
organizaciones de distinto signo ideológico, como el Frente Nacional de Lucha
por el Socialismo (FNLS), pero igualmente en la lucha anticapitalista?
¿Y cómo se justifica que
en Oaxaca se desplieguen 10 mil 445 efectivos federales y en Veracruz 13 mil
702 mientras que a Sinaloa –sede del más poderoso cártel del mundo–, con
disputas entre los cárteles del Pacífico, Pacífico Sur, Jalisco y Chihuahua,
vayan apenas 8 mil 709? ¿O que a Tamaulipas y Nuevo León, sedes del legendario
Cártel del Golfo y de los desalmados Zetas se les asignen 8 mil 334 y 4 mil
535, respectivamente? ¿Y que a Baja California donde se encuentra la ciudad
(Tijuana) que dio nombre al cártel de los Arellano Félix y uno de los
principales puntos de ingreso de droga a Estados Unidos se destinen sólo 5 mil
550?
¿O acaso será que en
Oaxaca y Veracruz están los territorios de los pueblos indígenas por los que se
pretende atravesar el llamado Corredor Transístmico?
Con los datos del mismo
documento oficial se puede observar que a la Península de Yucatán, donde se
pretende construir el mentado Tren Maya, ya hay desplegados un total de 27 mil
52 efectivos. Se trata de entidades con bajos índices de incidencia delictiva
(Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo).
¿Y qué hay de los 10 mil
732 efectivos en Guerrero? Siguiendo las comparaciones, en Zacatecas han
desplegado a 3 mil 360; San Luis Potosí, 2 mil 116; Guanajuato, 6 mil 516, y
Coahuila, 5 mil 203. Se trata de estados con alta presencia de varios cárteles
del narcotráfico y con amplios territorios en disputa permanente.
Si estos números que dan
cuenta del despliegue son ya sorprendentes, tenemos que recordar que se trata
apenas de la primera etapa. Hoy son 150 coordinaciones territoriales de la
Guardia Nacional y ni siquiera están completas aún. Esperemos ver los números
cuando estén instauradas las 266 coordinaciones proyectadas con el número de
tropas completas.
La organización PADUC está integrada por 120 comunidades y
ejidos tseltales, choles y mestizos, en los municipios de Palenque, Salto de
Agua, Ocosingo, Chilón y Benemérito de Las Américas en Chiapas y en el
municipio de Emilio Zapata del estado de Tabasco.
En febrero de 2018 denunció incursión militar, espionaje,
hostigamiento, intimidación y criminalización1 por parte del Ejército
mexicano y distintas corporaciones policiacas, quienes argumentaron aplicar la
actualmente derogada “Ley de Seguridad”. Hechos que hasta el día de
hoy se mantienen en la impunidad, instó el “Frayba”.
Ante ello, el Centro de Derechos Humanos documentó la ejecución
extrajudicial de Carlos Humberto Mendoza de Los Santos, integrante de PADUC,
por elementos del 18 Regimiento de Caballería motorizada, en un puesto de
control militar provisional, a la salida de la Ranchería Celia González de Rovirosa,
en Macuspana, Tabasco, el 16 de mayo de 2018.
A la fecha, la Fiscalía General de la República no tiene avances
en la investigación y muestra complicidad con las fuerzas castrenses.
PADUC indicó que persiste en la defensa de sus derechos colectivos
como pueblos originarios, su lucha, resistencia y cuidado del territorio y
alertó que siguen con vigilancia militar, así como la judicialización en contra
de sus coordinadores quienes tienen carpetas de investigación iniciadas por la
ahora Fiscalía General de la República.
Por el contexto de militarización en la región, los pueblos
originarios integrantes de PADUC, temen ser víctimas de privaciones arbitrarias
de la libertad, torturas y/o desapariciones forzadas por integrantes del
Ejército mexicano.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), organizaciones no gubernamentales,
entre otros grupos de la sociedad civil y de derechos humanos, han manifestado
su rechazo a que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública.
Sin embargo, el Estado mexicano persiste en la Guardia Nacional,
que se delinea como una institución militarizada desde su mando hasta la
formación de sus miembros, lo cual constituye una flagrante violación a los
tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y perfila
al gobierno como un Estado autoritario.
El Frayba reiteró que la creación de la Guardia Nacional asegurará
el recrudecimiento de la violencia en los territorios de los pueblos
originarios, profundizando la crisis de los derechos humanos.
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