Asesinan a defensor
rarámuri en Chihuahua
en dos años mataron
a 5 de sus familiares
Durante la noche de este
miércoles, Julián Carrillo, defensor rarámuri de tierra y territorio del
municipio Coloradas de la Virgen, Chihuahua, fue asesinado por un grupo de
hombres armados.
En entrevista para Animal
Político, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía
Internacional, detalla que “Julián era un defensor indígena rarámuri y líder de
la comunidad Coloradas de La Vigen, que desde 2007 luchaba contra la
explotación de recursos naturales en los territorios ancestrales de la zona”.
Agrega que hasta el momento
saben muy poco sobre cómo ocurrió el asesinato. “La información que nos han
brindado sobre el crimen es que fue perseguido y asesinado por agresores no
identificados la noche de este miércoles”.
Julián vivía en la Sierra
Tarahumara, una zona con escasa seguridad y sin servicios básicos, que en los
últimos años ha sido ocupada por grupos del crimen organizado que aprovechan la
tierra para la siembra de amapola y cannabis.
En varias ocasiones Julián se
reunió con personal de Amnistía Internacional y platicó que de un tiempo a la
fecha algunos terratenientes se habían apropiado, de manera fraudulenta, de las
tierras pertencientes a los rarámuris para entregarlas al crimen organizado.
Tras esto, los afectados
interpusieron “reclamos agrarios” ante las autoridades para recuperar sus
títulos de propiedades pero a cambio solo recibieron amenazas de los
terratenientes, o algunos fueron asesinados como en el caso de Julián.
Amnistía Internacional
calcula que en los últimos dos años han sucedido, por lo menos 9 asesinatos,
incluidos el de Julián y sus familiares, relacionados con los reclamos por los
despojos de tierra. Pero no todas las familias han denunciado por temor a
represalias.
Vivía amenazado y 5 de sus familiares también fueron asesinados
.
El 5 de febrero de 2016 su
hijo, Víctor Carrillo, fue asesinado; el 1 de julio de 2016 ocurrió lo mismo
con su sobrino, Guadalupe Carrillo Polanco; el 1 de julio de 2017 mataron a
Alberto Quiñones Carrillo, otro de sus sobrinos, y el 1 de julio de 2018 fue
asesinado su yerno, Francisco Chaparro Carrillo.
“Condenamos el asesinato de
Julián y exigimos a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva e
imparcial para esclarecer los hechos e identificar y castigar a los autores
materiales e intelectuales. De no ser así, las autoridades mexicanas estarían
alentando otros ataques a personas defensoras”, declaró Tania Reneaum Panszi,
directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en México.
Juan Luis Sariego (+) analizó el fracaso del indigenismo oficial
en la sierra Tarahumara, cuya vertiente central está vigente, esto es la
definición de programas sin la participación de los pueblos indígenas y en el
caso rarámuri el enfoque oficial prevaleciente resulta más acorde,
ideológicamente, con la Ley para el Mejoramiento de la Raza Tarahumara de 1906.
Dicha ley se propuso excitar a la filantropía para reunir ropa y objetos
del agrado de los indios y así despertar sentimientos de cariño hacia la raza
blanca, entre otras disposiciones similares.
Hoy tenemos que el gobierno del estado, a través de la Comisión
Estatal de los Pueblos Indígenas y la Comisión Estatal de Seguridad, inició la
colecta de útiles escolares para estudiantes indígenas en Ciudad Juárez como
parte, señalan, de las actividades del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto. El llamado a la filantropía
ciudadana de mochilas es el eje de una campaña oficial que va en su tercer año
de kórima (que implica pedir y recibir).
Justamente la marcha por trabajo de cerca de 250 rarámuris de los
municipios de Bocoyna, Guachochi, Urique (cuya foto y nota colocó La
Jornada en primera plana, como ningún diario nacional lo ha hecho
(17/7/19), se deslinda de la tradicional despensa y cobijas con las que desde
el gobierno históricamente han pretendido paliar la dramática situación que
viven los rarámuris, agravada por la economía del narcotráfico y su secuela de
violencia y desplazamientos forzosos.
Isidro Rodríguez encabezó la marcha junto al gobernador rarámuri,
Miguel Reyes Névarez, y señalaron: nosotros pedimos trabajo, ya no
queremos kórima, es decir cosas regaladas ni donaciones… queremos un programa
para indígenas, no de despensas, ni dinero, que dé empleos. La exigencia en la
marcha se basa en la falta de trabajo en las comunidades de la sierra y que se
les incorpore en los programas como Sembrando Vida, ya que no se reciben
programas del municipio, del estado ni de la Federación.
Necesitan condiciones mínimas para cuidar la tierra y los bosques
en un contexto de graves carencias , amenazas y acosos. El delegado federal
Juan Carlos Loera fue al encuentro, se reunió con ellos, y tras ofrecer la
inclusión en otros programas, se acordó suspenderla y concretar los compromisos
en unos días, con una comisión de rarámuris. Al respecto, uno de los promotores
de la movilización, señaló: repartieron miles y miles de billetes de
palabra, pero no sabemos si de aquí a allá se cumpla.
Estamos ante la punta del iceberg que debería obligar a un
replanteamiento de la política hacia los pueblos indígenas. Los programas que
se han ofrecido, se definieron desde el centro, más específico aún, los decidió
el Presidente y hay que insistir, se dirigen a algunos, no a todos los que
aparecen en unos censos, no a sus comunidades. Ello tiene implicaciones de
fondo.
Por ejemplo, AMLO visitó el pasado 15 de junio Ciudad Cuauhtémoc y
sus funcionarios le organizaron la recepción con jóvenes rarámuris vestidas
todas igual, cual edecanes, y su discurso fue similar al que pronuncia en todo
el país; ese día enfatizó el cuestionamiento hacia la xenofobia contra los
migrantes, cuya preocupación le pareció pertinente expresar.
Por ahí pasó alguien que dijo tenemos hambre como un
intento de colocar su situación, sin que en ese momento pusiera atención al
señalamiento. En otro extremo está la necesidad de colocar la mirada en las
opciones de los rarámuris. Ya es importante que ese núcleo movilizado rechazara
el círculo vicioso del horizonte del kórima, que se negaran a dar entrada a
políticos profesionales para que lucren con sus demandas, que estén muy claros
de que es el gobierno federal el que tiene la obligación de apoyar a sus
pueblos, más allá de becas individuales.
Existe el riesgo de que se incluya en programas sólo a los
participantes en la marcha y con ello se simule que se está atendiendo a todo
el pueblo rarámuri.
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