Angélica Enciso L.
La Jornada
12 de febrero de 2020
Los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transítsmico no llegarán a destruir las regiones, ya que están asediadas desde hace tiempo, sostuvo Víctor Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Defendió las consultas públicas que se han realizado para ambos proyectos y precisó que aún no se define si se hará un ejercicio específico sobre la manifestación de impacto ambiental del tren que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz.
Durante el foro Naturaleza, derechos indígenas y soberanía nacional en el Istmo de Tehuantepec, ante decenas de académicos y representantes de la región, sostuvo que los dos proyectos van adelante y se deben presentar visiones alternativas por parte de la sociedad que se encuentra asentada por donde pasarán el Corredor Transístmico (que abarca los estados de Oaxaca y Veracruz) y el Tren Maya (península de Yucatán).
Tenemos claros los puntos de apoyo y de la resistencia en las dos regiones. Esto va a abrir el debate y orientar los proyectos a situaciones innovadoras, agregó. Pidió que se presenten posiciones maduras de parte de la oposición y no caer en el negacionismo simple.
Acerca de las consultas públicas sobre los proyectos, reconoció que no se han hecho conforme al Convenio 169 de la OIT, pero han sido procesos legítimos. En ese momento se escucharon voces de inconformidad entre los asistentes. El funcionario detalló que en Yucatán, en relación con el Tren Maya, se realizaron esos procesos en 15 regiones, participaron más de mil 500 personas, 85 por ciento de los presidentes municipales y 85 por ciento de los comisarios ejidales. Tras ello, la respuesta general fue un sí condicionado, aseguró.
Agregó que eso fue sólo el principio, ya que ahora se dará paso a la formación de comités municipales y se harán ordenamientos ecológicos participativos, además de procesos de diálogo permanente. Dijo que hay comunidades, como Cuetzalan, en Puebla, donde los habitantes deciden lo que se hace. Añadió que con otras dependencias federales se busca generar lineamientos que se deberán cumplir.
Se necesita visualizar proyectos que no repitan el modelo Cancún y (los ciudadanos) no sean presos de las corporaciones turísticas. Se trata, agregó, de un modelo diferente y alternativo. Señaló que en las obras se debe tomar en cuenta el respeto a la memoria biocultural, turismo alternativo, economía solidaria, impulso a energías renovables y agroecología sustentable.
Cancún, QR. El director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Alejandro Varela Arellano, informó que el lunes pasado interpusieron una queja que impugna la suspensión provisional concedida por un Tribunal de Campeche que mandata no avanzar en la ejecución de obra del Tren Maya.
Varela Arellano aseguró que independientemente de ese recurso, las licitaciones continuarán, ya queestos procedimientos son parte de la etapa preparatoria del proyecto y no de la fase ejecutoria que, dijo, sí está suspendida temporalmente por el recurso de amparo.
Recordó que el recurso de amparo interpuesto tiene tres actos reclamados : la consulta a las comunidades indígenas, la aprobación del proyecto en asambleas de los pueblos originarios y la cancelación del Tren Maya.
Los dos primeros fueron desechados por el tribunal de Campeche, al tratarse de actos ya consumados, mientras que sí procedió la suspensión provisional en el tercer alegato, relacionado con la cancelación del proyecto federal.
El pasado 28 de enero, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dio a conocer que comunidades indígenas integrantes del CRIPX lograron la suspensión provisional del Tren Maya, luego de presentar un amparo por violaciones a sus derechos durante la consulta indígena ordenada por el gobierno federal.
El Cemda sostuvo que la autoridad judicial en Campeche ordenó a las autoridades abstenerse de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, abstenerse de realizar actos tendientes a la ejecución de la obra, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.
Elio Henríquez
La Jornada Maya
San Cristóbal De Las Casas, Chiapas
14 de febrero 2020
La Jornada Maya
San Cristóbal De Las Casas, Chiapas
14 de febrero 2020
La construcción del Tren Maya homogeneizará la región donde será construido, pero que las obras se realicen será decisión de las comunidades, afirmó el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública federal, Luciano Concheiro Bórquez.
La idea de un Tren Maya turístico, y por tanto al servicio de un cierto tipo de turismo internacional y de la inserción en el mercado mundial de los servicios de este orden, con la potencia que puede tener y ya México tiene en este momento, su gran capacidad destructiva, e intentar simple y llanamente reordenarlo alrededor de un tren significa homogeneizar directamente esa región, no reconocer su diversidad, consideró.
En entrevista al final de su ponencia, comentó: Sé que parezco demasiado optimista, pero vi las asambleas (de indígenas para el Tren Maya), y ellos no van a dejar construir otra cosa que no sea la suya.
La idea de un Tren Maya turístico, y por tanto al servicio de un cierto tipo de turismo internacional y de la inserción en el mercado mundial de los servicios de este orden, con la potencia que puede tener y ya México tiene en este momento, su gran capacidad destructiva, e intentar simple y llanamente reordenarlo alrededor de un tren significa homogeneizar directamente esa región, no reconocer su diversidad, consideró.
En entrevista al final de su ponencia, comentó: Sé que parezco demasiado optimista, pero vi las asambleas (de indígenas para el Tren Maya), y ellos no van a dejar construir otra cosa que no sea la suya.
Sugirió que el tren podría propiciar que se funde una gran escuela de gastronomía en la península de Yucatán.
Destacó que 95 por ciento de lo que consume la península se produce fuera, pero el tren favorecería, por ejemplo, la producción de miel, que incluso no tendría por qué exportarse si se logra comercializarla en los hoteles de la región.
Destacó que 95 por ciento de lo que consume la península se produce fuera, pero el tren favorecería, por ejemplo, la producción de miel, que incluso no tendría por qué exportarse si se logra comercializarla en los hoteles de la región.
Aseguró que las comunidades se han apropiado del proyecto y recordó que en una asamblea un ejidatario dijo: Ahora vamos a reconstruir nuestra cultura maya peninsular y a unificarnos en esa cultura.
Magdalena Gómez
tiempo de mujeres
El próximo día 20 se cumplirá un año del artero y no investigado asesinato de Samir Flores. Este crimen marcará al actual gobierno pese a que parece no dar cuenta de ello. Numerosos pueblos están realizando acciones en todo el país y algunas en otros países, como parte de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, Samir Somos Todas y Todos, que culminará en Amilcingo, Morelos.
Este movimiento es un telón de fondo, ahora que está en curso la estrategia gubernamental del llamado Tren Maya sí o sí, o va porque va, o su traducción más reciente y absurda como es la declaración del titular de Semarnat, Víctor Toledo, en el foro Naturaleza, derechos indígenas y soberanía nacional en el Istmo de Tehuantepec, en el sentido de que la consulta indígena fue totalmente legítima, a pesar de reconocer que no fue técnicamente adecuada, como marcan los estándares internacionales. Agregó: La respuesta general fue un sí condicionado.
Ya se ha escrito mucho respecto al principio de validez. Habermas, en especial, destaca que éste es la suma de los principios de legalidad y legitimidad. No uno u otro, ambos y en este caso ambos están ausentes, de donde resulta inválida la consulta oficial.
Cuando hablo de estrategia me refiero a la que evidentemente está en curso para defender la seudoconsulta a través de voces que interpelan a quienes hemos denunciado la invalidez de la misma. Mientras, el proyecto avanza y la gran mayoría de las comunidades que resultarán afectadas desconocen su impacto ambiental y cultural, y en lo inmediato, en el incremento del mercado de tierras para los polos de desarrollo que se proyectan a partir de las estaciones del llamado Tren Maya.
No es sólo con indispensables debates mediáticos como se resolverá este diferendo, ni a través de ellos las comunidades que no fueron consultadas tendrán condiciones para aceptar o rechazar el referido megaproyecto.
El daño ya está hecho; la simulación de consulta ha sido consumada.
Habrá que ver la postura resolutiva del juzgado primero de distrito con sede en Campeche (12/2020) el próximo 3 de marzo, respecto del amparo promovido por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), que cuenta con suspensión provisional. Al que seguramente le seguirán otros, impugnando justamente la validez de un proyecto que no se decidió con y desde los pueblos indígenas.
Por lo pronto, de parte oficial la respuesta ha sido la descalificación y amenazas a los promotores del amparo, a través de quienes están alineados con el proyecto.
Tarea que se asemeja mucho a la llamada ingeniería de conflictos, que consiste en el método clásico para mantener el control de un grupo, aumentar la visibilidad de sus diferencias internas, resaltar sus contradicciones, a fin de amplificar sus divisiones latentes y paralizar su organización.
El desafío no es menor y las consecuencias de esa promoción serán responsabilidad estatal.
Sin embargo, lo determinante será la resistencia de las comunidades indígenas que han sido desplazadas en la llamada consulta y suplantadas por autoridades ejidales y municipales en las cinco entidades por las que cruzará el llamado Tren Maya, que como se ha insistido es más que un tren y aun cuando fue enunciado como plan de reordenamiento territorial ya se ha optado por no mencionar esta dimensión. El referido funcionario llamó a los opositores a no caer en el negacionismo simple y no ser inmaduros.
Un día después, en un comunicado (016/20), se anunció la continuidad del esquema de tomar decisiones sin consulta: “La Semarnat está organizando la formación de comités en los 84 municipios involucrados en los proyectos, en los que se van a generar ordenamientos ecológicos participativos para desencadenar procesos de diálogo permanente con el propósito de no repetir ‘el modelo Cancún’, que es presa de enormes corporaciones turísticas”.
¿Van a formar comités sin que las comunidades indígenas den su voz? ¿Seguirán con la interlocución ejidal y municipal? ¿Cómo harán para explicar que esos comités son un mecanismo supuestamente paliativo de un daño de origen sobre una decisión viciada en torno a un proyecto que no ha sido analizado en la integralidad de sus impactos y que ante todo nunca fue consultado previamente?
De Semarnat se esperaba firmeza frente a la ausencia de estudios de impacto ambiental, ante lo cual no es suficiente con señalar que no se tumbará ningún árbol, pues el daño ya se hizo cuando se construyeron las antiguas vías del ferrocarril. Es evidente que todo el gobierno federal se ha sumado con Fonatur a la defensa del llamado Tren Maya.
Mientras tanto, organizaciones, como la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch ‘Xíinbal, pese a las amenazas contra Pedro Uc Be, continúan su labor con las comunidades opositoras a éste y a otros megaproyectos devastadores de su territorio.
Samir Vive es una siembra, esperen la cosecha.
Silvia Ribeiro *
15 febrero 2020
la jornada
Se está gestando un ataque en varios frentes por parte de las mayores trasnacionales de los agronegocios –junto con las de informática y otras– para apropiarse de la decisión global sobre políticas agrícolas y alimentarias. El intento es reconfigurar el sistema de gobierno internacional –actualmente basado en agencias públicas y de Naciones Unidas, como la FAO– y de investigación agrícola para crear instituciones globales manejadas por y dependientes de las transnacionales, pero desde donde se pretende instaurar políticas públicas para todos los países. O sea, políticas que nos afectan a todos y todas, que definen la calidad, cantidad y condiciones de acceso a los alimentos, en desmedro de las redes campesinas, que son las que producen la mayoría del alimento que consume 70 por ciento de la población mundial, y de la posibilidad de definir nuestra propia alimentación.
Se trata de tres iniciativas internacionales que vinculan los temas de gobierno, nuevas tecnologías e investigación agrícola: una Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios, a realizarse en 2021, una propuesta para establecer un concejo digital internacional de agricultura y alimentación y una propuesta de unificación de los centros de investigación agrícola pública internacionales (sistema Cgiar) bajo una sola mesa directiva global, en función de intereses corporativos. Son iniciativas digitadas por trasnacionales y filantrocapitalistas, como la Fundación Bill y Melinda Gates. El nuevo informe The next agribussiness takeover, del Grupo ETC, analiza estas propuestas y su contexto ( https://tinyurl.com/wbf25tg).
Paradójicamente, se presentan como iniciativas públicas, por el involucramiento de actores de Naciones Unidas o gobiernos, pero lo que subyace son estrategias para sabotear el multilateralismo, evitar la supervisión pública y, sobre todo, evitar que organizaciones campesinas, indígenas, de derecho a la alimentación y otras puedan opinar y actuar sobre estos procesos.
Por ejemplo, la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios fue anunciada en 2019 por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, desde su sede en Nueva York, afirmando paralelamente que se realizará en colaboración con el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), donde se reúnen las trasnacionales y los más ricos del mundo. La FAO y otras agencias multilaterales de la ONU no fueron consultadas, sino posteriormente.
Se podría creer que una cumbre convocada por el secretario general es una cumbre de Naciones Unidas. Pero esto no es así, como tampoco lo son las cumbres del Clima o de los Océanos, realizadas antes en Nueva York. Son anunciadas desde un cargo público y usando las instalaciones de Naciones Unidas, pero con actores privados. Quién participa y cómo, depende de las posibilidades económicas que se tenga para llegar allí, o que alguno de los financiadores, filantrocapitalistas o empresas, solvente el gasto. La dinámica, decisiones y declaraciones son decididas por esos organizadores.
En las agencias de la ONU, como la FAO en el caso de agricultura y alimentación, todos los países miembros deben participar, cada uno con un voto, y para ello se debe garantizar desde la ONU la participación de los países pobres. Dentro de esos organismos hay mecanismos para que los grupos afectados participen en las negociaciones. En el caso del Comité Mundial por la Seguridad Alimentaria, que reúne a todas las agencias de Naciones Unidas relacionadas con el tema, se formó un Mecanismo de la Sociedad Civil, que se autoorganiza para discutir los temas en negociación y garantizar se expresen las posiciones, especialmente de las organizaciones campesinas e indígenas.
Sería ingenuo creer que esto alcanza para que haya participación igualitaria de los países y las empresas siempre han intervenido, cabildeado y presionado dentro de Naciones Unidas de todas formas. No obstante, la propuesta ahora viene directamente desde los centros de poder de las trasnacionales, en este caso a través de la Iniciativa de Sistemas Alimentarios del Foro de Davos, y es parte de una estrategia global para garantizar que sean las propias empresas las que definan las políticas públicas.
La intención es asegurar las mejores condiciones en todo el mundo para desplegar la agricultura 4.0, es decir, agricultura industrial dependiente de alta tecnología, desde cultivos transgénicos y semillas corporativas hasta sistemas digitalizados en producción y comercio, todo controlado por las trasnacionales de agronegocios y las plataformas digitales con las que están aliadas (Ver La insostenible agricultura 4.0, https://tinyurl.com/qt2emkt).
Como una forma de afianzar esto, Guterres nombró enviada especial para la Cumbre de Sistemas Alimentarios a Agnes Kalibata, presidenta de AGRA (Alianza para la Revolución Verde en África), iniciativa para devastar ese continente con agricultura industrial y transgénica, promovida por la Fundación Gates.
El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, que reúne a miles de organizaciones campesinas y de la sociedad civil que han interpelado a las cumbres de la Alimentación desde 1996, lanzó una carta pública de protesta –aún abierta a firmas– exigiendo al secretario general de la ONU que separe a Kalibata del cargo y cuestionando la forma de organización de esta nueva cumbre (https://tinyurl.com/vr22583).
* Investigadora del Grupo ETC
Lorenzo Chim
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
20 de febrero, 2020
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
20 de febrero, 2020
Al rechazo de grupos ecologistas y el amparo provisional concedido a organizaciones indígenas para detener las obras del Tren Maya, se sumó el conflicto de límites territoriales existente con Quintana Roo, que busca quedarse con una treintena de comunidades campechanas y una franja de Yucatán.
Presidentes municipales de la entidad acordaron cerrar filas para defender el territorio ante la intención del gobierno de Quintana Roo de adueñarse de una franja que pertenece a los municipios de Hopelchén y Calakmul. Los alcaldes advirtieron que si la Federación concede la razón a las autoridades quintanarroenses "se cerrarán las carreteras y no se permitirá la construcción del Tren Maya ni de obras federales prioritarias".
Asimismo, avalaron las estrategias de defensa que el gobierno estatal impulsa con base en razones históricas y jurídicas para no ceder ni un solo centímetro. "Calakmul y Hopelchén son también parte de Campeche, por lo que tomaremos las medidas que sean necesarias para que no se violente su soberanía", advirtieron.
Agregó que la controversia actualmente está en periodo de evidencias, por lo que el 27 de febrero se presentarán pruebas y alegatos. Por lo pronto, Campeche ya mandó dos de tipo pericial a su favor, una de carácter histórico y otro cartográfico, y ya se realizaron tres reuniones con la Consejería Jurídica de Yucatán para homologar los criterios de ambos estados.
Asimismo, avalaron las estrategias de defensa que el gobierno estatal impulsa con base en razones históricas y jurídicas para no ceder ni un solo centímetro. "Calakmul y Hopelchén son también parte de Campeche, por lo que tomaremos las medidas que sean necesarias para que no se violente su soberanía", advirtieron.
Agregó que la controversia actualmente está en periodo de evidencias, por lo que el 27 de febrero se presentarán pruebas y alegatos. Por lo pronto, Campeche ya mandó dos de tipo pericial a su favor, una de carácter histórico y otro cartográfico, y ya se realizaron tres reuniones con la Consejería Jurídica de Yucatán para homologar los criterios de ambos estados.
víctor m. toledo*
la jornada
25 febrero 2020
Negarse por negarse sin examinar lo que se niega es políticamente tan absurdo como inservible. Más aún cuando no se propone nada, ni alternativo, ni novedoso, una sola proposición original.
Negar por negar los avances de la 4T se ha convertido en obsesión (en deporte) de los grupos radicales de derecha, pero también de un grupo de articulistas de La Jornada y otros medios, estos últimos amigos o conocidos de quien esto escribe, cancelando la posibilidad de analizar, dialogar y debatir, cuando las fuerzas conservadoras que cohabitan en el gobierno llevan a cabo una intensa y sórdida guerra de posiciones, y cuando la derecha, sin recato, convoca al Ejército a dar un golpe de Estado (ver Change.org donde ¡los golpistas llevaban 250 mil firmas!).
En la mira de los negacionistas de izquierda están los trenes (el Maya y el Transístmico) y sus consultas. Los trenes pueden visualizarse de dos maneras. Como iniciativas inamovibles, que irremediable e inexorablemente traerán destrucción ambiental, impactos sociales y culturales negativos, proletarización y desequilibrios regionales; o como proyectos a ser examinados, debatidos y modificados.
Como señalé para el Tren Maya ( La Jornada, 4/12/18), ello depende del juego de fuerzas políticas, tanto de dentro como de fuera del gobierno actual. La primera visualización parte de una simplificación o caricatura de la realidad, cuya tesis mayor es que entre el actual gobierno y los anteriores gobiernos neoliberales no existe diferencia. Son lo mismo. Las expresiones sinfónicas del negacionismo de izquierda provienen de un epicentro: el neozapatismo.
Existen dos declaraciones zapatistas sobre la 4T, la del 25 aniversario del EZLN y la promulgada en la Asamblea Zapatista de diciembre 18 y 19, 2019.
A la primera le dediqué un artículo (15/1/19). Señalé: “Lo anterior quedó puntualmente expresado en el discurso del subcomandante Moisés. El discurso fue una mezcla de lamentos y rabia. La batería de insultos que dirigió al nuevo gobierno, especialmente al Presidente del país, llama la atención. Calificando a AMLO de mañoso, tramposo, loco, descerebrado, mentiroso y capataz de finquero, el dirigente zapatista develó su estatura cívica. Y hasta la Madre Naturaleza le mentó la madre al Presidente”. Con la segunda se confirmó una total ceguera: “El mal gobierno federal simula consultar a los pueblos, suplanta nuestra voluntad colectiva ignorando y ofendiendo nuestras formas de organización y toma de decisiones, como es el vulgar engaño a lo que llamó ‘consulta’, cuyo objetivo no es otro que imponer por la fuerza el mal llamado Tren Maya, que entrega los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico... Mientras nosotros, sufrimos con más violencia que nunca la guerra del capital, el mal gobierno junto con sus grupos armados militares, policiales, paramilitares, guardias blancas y grupos de choque, extienden en nombre del dinero la destrucción sobre todo el territorio nacional”.
Estructurados en su fase inicial bajo los principales dogmas de la ideología neoliberal (como creer que las inversiones de capital trasnacional traerán automáticamente beneficio social), los trenes han recibido una catarata de críticas desde la academia, el periodismo, las organizaciones sociales de las regiones y, de manera velada, en el gabinete.
Ello aunado a otros factores, han hecho que ambos proyectos, 15 meses después, no hayan avanzado y que hayan sufrido transformaciones. Ni el Tren Maya ni el Transístmico serán por sí mismos emprendimientos social y ambientalmente positivos si no forman parte de proyectos emancipadores de escala regional en la península de Yucatán y en el Istmo.
El futuro de los trenes es parte de un proceso que parece imperceptible y silencioso, pero en realidad concentra una tremenda y sórdida batalla de ideas y de posiciones, dentro y fuera del aparato estatal.
Se trata, como he señalado, de un choque entre la modernidad y la tradición, la que hoy se expresa en una resistencia biocultural y donde los pueblos indígenas, sus naturalezas, cosmovisiones y memorias van estableciendo alianzas con la 4T.
Para sorpresa de los negacionistas, hoy esa alianza avanza: dos grandes reuniones con las organizaciones de apicultores mayas, 80 investigadores organizados por Conacyt para analizar el tren, un encuentro con las tres principales organizaciones de turismo alternativo, diálogos con las comunidades de conservación voluntaria, los chicleros y ejidos forestales, 20 mil familias sembradoras de vida de 367 comunidades, y sobre todo 15 consultas con 5 mil 266 participantes, incluyendo 80 por ciento de los presidentes municipales y 85 por ciento de las autoridades ejidales.
Primer resultado: los ordenamientos ecológicos participativos que serán realizados en cada uno de los 78 municipios donde pasará el tren.
¿Y en el Istmo? Encuentros con diversas organizaciones conservacionistas, ambientalistas y de productores, con las asociaciones ganaderas, y una próxima consulta en los municipios indígenas.
Continuará
*Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
al-dabi olvera
1 marzo 2020
la jornada
De Chiapas y la conquista inconclusa (2001), entrevista realizada a Bolívar Echeverría, uno de los intelectuales del marxismo crítico más potentes de América Latina, podemos extraer hasta esta nueva década la importancia para el mundo de la lucha de los pueblos indígenas frente al dilema capitalista en el que se debaten los Estados, incluso los progresistas.
Para Echeverría, autor de libros indispensables sobre el barroco y organizador de algunos de los seminarios marxistas más importantes de fin de siglo, las repúblicas liberales y los estados burgueses siguieron el telos, la misión, de concluir el proceso de Conquista de la Corona española. Así, con la insurrección de los 500 años, los pueblos indígenas develaron este carácter y plantearon la posibilidad de una vida distinta, interpelando a todo el mundo.
A casi 10 años de la muerte de Bolívar Echeverría, con el contexto de un exacerbado capitalismo global, el escenario político en el continente ha tomado múltiples formas: por un lado la izquierda social, los pueblos originarios en su autonomía, también las mujeres organizadas y las protestas plebeyas de 2019.
Por otro, los estados supervivientes desde el populismo progresista que, en algún momento, pudieron haber cumplido la transformación radical necesaria, y que cayeron en la trampa del dependentismo, del colonialismo interno, y finalmente fueron derrocados por el fascismo de hoy.
Retomando a Echeverría: la resistencia y rebelión de los pueblos indígenas abrió posibilidades críticas para insuflar un nuevo aliento a la propuesta de una modernidad alternativa: una transformación radical desde abajo. Una imagen de esa modernidad podría verse en la gran fotografía de las protestas de los sectores precarizados de Chile: la bandera mapuche ondea, superviviente y en dignidad, hasta arriba de las banderas chilenas, pero junto a ellas, invirtiendo a la república.
Frente al momento de leve estancamiento de los movimientos plebeyos de 2019 en Latinoamérica y el Caribe, es quizá desde esos pueblos, y especialmente sus organizaciones anticoloniales, que la práctica y el pensamiento crítico que la modernidad prometida se realiza en su punto más radical y sabio: congresos, consultas, parlamentos, campañas, polos de pueblos y organizaciones sugieren e interpelan con otra democracia.
Acusados todavía de cerrazón, los pueblos que decidieron no integrarse como sujetos de dádivas y decidieron la vía de la autonomía son los que construyeron alternativas y propuestas más tangibles como forma-de-vida que viene, como diría Echeverría, de una mane-ra diferente de tratar a la naturaleza, de relacionarse con lo otro, lo no-humano.
Esfuerzos pedagógicos propios, universidades de coloniales, algunos ya hasta desarrollan sistemas de defensa y salud que existen en lugares donde hace 20 años los niños morían de enfermedades curables.
Y habría que resaltar: durante el lustro pasado los pueblos indígenas anticapitalistas, por ejemplo en México, han recuperado el carácter emancipador de dos promesas modernas: las artes y las ciencias. A la infinidad de radios comunitarias, de saberes locales, se suman eventos de cine, danza y ciencia propia.
Hoy, por ejemplo, en el gran sur mexicano, se libra una batalla muy distinta por dos caminos encontrados: el del centro y desde arriba frente al de abajo y regional, el paternalismo frente a la libre determinación, la transformación geográfica frente a la de sustento propio. Los descarrilados planes de cruzar el sur con una política que continúa con el ordenamiento territorial neoliberal de la década pasada (granjas voltáicas y de cerdos, transgénicos, turismo depredador) no cambiarán las condiciones materiales de los pueblos indígenas, sólo alimentarán al fascismo por venir.
En ese punto se encuentra el verdadero negacionismo, aquel que, siguiendo de nuevo a Bolívar Echeverría, tiene el papel de continuar con el apartheid colonial: negar la existencia radical de otra manera y tiempos que no corresponden con el proyecto, que aunque no se nombre neoliberal, sigue siendo capitalista. La falta de autocrítica y la agresividad de todos los regímenes contra el movimiento de las mujeres y la vida de los pueblos originarios sólo alimentan la llama de la hoguera que prenderán los neofascistas.
Sin embargo, los pueblos indígenas no pueden solos, y así lo reconocen. Lo imprescindible es ahora otro tipo de alianza, llámese por otro tipo de modernidad, o por otro mundo posible, que tenga el sustrato de democracia de abajo y forma-de-vida no capitalista, de los pueblos originarios, la fuerza de la lucha antipatriarcal de las mujeres y de la potencia antineoliberal y antirracista del gran movimiento plebeyo de 2019: quizás así podremos devenir, ya no en un Estado transformado, sino en una sociedad revolucionada.
magdalena gómez
mujeres por la democracia
1 marzo 2020
El pasado domingo, 29 comandantas y coordinadoras de Mujeres Zapatistas del EZLN anunciaron su decisión de sumarse al paro del próximo 9 de marzo, “convocado por las hermanas Brujas del Mar movilización de ausencia, o sea que se vea y se sienta qué pasa sin mujeres, que sea un paro de mujeres… las compañeras que tienen cargo, sea de autoridad autónoma, sea de mando organizativo o de mando militar o de comisiones de educación, salud, tercias y de todos los trabajos que hacemos como mujeres zapatistas que somos, pues nomás no nos presentemos a nuestros trabajos”.
En un texto demoledor plantean la crítica a la forma en que la clase política abordó los días recientes la iniciativa contra la violencia hacia las mujeres. Señalaron que ni siquiera pueden quitarse su modo patriarcal porque hasta dicen que les dan permiso a las mujeres para que protesten porque las matan.
Y destacaron que “valoran según si le sirve o no a los malos gobiernos, o si les sirve o no a quienes lo critican... Pero tampoco les importa si la iniciativa es buena o mala para la lucha por la vida que hacen las mujeres. Y si no les importa la vida, pues entonces ni son de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Ni humanos son, pues… Y si alguien piensa que la lucha por la vida de las mujeres es golpista o de derecha o gobiernista o izquierdista o antigubernamental o es de un color, pensamiento o religión, pues entonces es que defiende la muerte”.
Con esa contundencia mostraron una postura amplia respecto a los modos y tiempos de acercarse a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, advirtiendo que ninguna mujer, de cualquier edad, clase social, militancia política, color, raza o creencia religiosa, está a salvo.
Sin duda el espacio de las mujeres zapatistas es un referente importante para las miles de mujeres mexicanas y de diversos países que han acudido a los dos encuentros que han realizado y en los cuales el factor de la necesidad de fortalecer la organización ha estado presente. Por ello resulta muy congruente la decisión de sumarse a la iniciativa del 9 de marzo junto con los muy numerosos colectivos y organizaciones de diversas tendencias que colocan la prioridad en la lucha por la vida.
Y lo hacen conscientes de que es un paso necesario a pesar de que, advierten, están viviendo un incremento de la violencia en Chiapas por parte de los paramilitares que ahora son del partido Morena, y antes fueron de PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista.
En efecto, el EZLN, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) denunciaron que 11 integrantes de las comunidades de San Antonio Bulujib y Guaquitepec, municipio de Chilón, Chiapas, pertenecientes al CNI, fueron violentados, reprimidos y secuestrados el pasado 23 de febrero por las autoridades ejidales de San Antonio Bulujib acusados de haber colocado un letrero alusivo a las Jornadas Samir Somos Todas y Todos a la entrada del pueblo de San Antonio Bulujib.
Dichas autoridades, señalaron, están vinculadas a los grupos paramilitares de los llamados chinchulines y Orcao, así como por integrantes del partido Morena en la región. Les fijaron una multa que debieron pagar con 13 cajas de refrescos para lograr su liberación.
Chilón es un municipio con acciones recientes de violencia; en septiembre de 2019, en la misma comunidad, fueron retenidos 22 indígenas, para obligarlos a que se retiren del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) y en diciembre de ese año 40 familias fueron desplazadas en la comunidad de San Antonio Patbaxil del mismo municipio.
Estos hechos, junto a la agresión a familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, nos dan idea de que el gobierno de Chiapas por acción u omisión está siendo cómplice.
También nos colocan el espejo de que la llamada Cuarta Transformación en Chiapas no alcanza concreción en términos de derechos humanos.
Bien harían las y los integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en colocar la mirada en el clima de represión que se vive en la entidad y analizar si los avances organizativos del zapatismo y su expansión y coordinación con el CNI en todo el país están generando un incremento de la criminalización.
La socorrida hipótesis de la mano negra para afectar al gobierno federal y a su titular, no se sostiene ante las evidencias abrumadoras del accionar impune de grupos paramilitares.
El avance del movimiento social y en especial las luchas de las mujeres contra la violencia y por la vida es imparable, a pesar de las adhesiones oportunistas de ocasión y de las acusaciones recurrentes de que están orientadas a socavar al gobierno de la llamada 4T y en concreto al Presidente de la República.
Bien harían en trascenderlas y asumir que la agenda de las mujeres contra la violencia debería serlo también la del Estado. Es su responsabilidad.
luis hernández navarro
1 marzo 2020
la jornada
La pobreza y precariedad en que viven comunidades y habitantes de la Península de Yucatán no son producto de su supuesto aislamiento del mercado mundial. Desde hace más de un siglo no existe tal cosa. A través de la industria henequenera, las explotaciones forestales, las granjas porcícolas, los proyectos extractivos, el gran turismo, el territorio peninsular y sus pobladores están estrechamente integrados a éste.
Tampoco son resultado de una hipotética ausencia del Estado.
Sólo quien no se ha parado en esos 180 mil kilómetros cuadrados puede decir tal cosa. La presencia estatal se extiende hasta el último rincón de la península, entre otras muchas formas más, por medio de la regulación de la vida ejidal, el crédito agrícola, el sistema público escolar y sanitario, la acción de las agencias de desarrollo, las políticas de atención a la pobreza (llámense como se llamen) y la red de agua potable, eléctrica y carretera.
Lo que explica la miseria de una parte de la población de la región no es ni la falta de desarrollo ni de presencia estatal, sino las modalidades que éstas han asumido.
La pobreza es obra de un tipo de acumulación de capital, en que Estado y mercado se han imbricado para fabricar empresarios al calor de obras públicas y del despojo y la devastación de los recursos naturales, al tiempo que el voto de las grandes fortunas impone gobernantes y los programas sociales controlan a la población.
La causa central de la penuria y estrechez económica proviene de una matriz de crecimiento guiada por el capitalismo salvaje que despoja a los pueblos originarios de tierras y territorios, promueve desarrollos inmobiliarios y turísticos que depredan el medio ambiente, explota mano de obra nativa y migrante, favorece la instalación de fábricas de puercos, permite la producción de soya transgénica y de cultivos de invernadero abundantes agrotóxicos, que cierra los ojos ante el desmonte de la selva.
Pieza central de este prototipo es el tráfico de drogas y la industria criminal, impensables al margen del mercado mundial. No son un accidente ni una anomalía. Son parte sustancial de la maquinaria que impulsa el movimiento económico de la región.
Desde las ciudades santuarios donde habitan las familias de los señores del narco hasta los grandes emprendimientos donde lavan parte de sus ganancias, pasando por las rutas de tránsito de sustancias ilícitas, el sureste es una clave del rompecabezas del negocio de las drogas en México.
Se trata de un modelo que se reproduce con el apoyo de un patrón de consumo cultural que exalta el glorioso pasado maya, pero desprecia (o folkloriza) a los mayas peninsulares del presente. Que expulsa a sus integrantes de sus comunidades para convertirlos en jornaleros, recamaristas, botones, meseros y sexoservidoras. Que no respeta su derecho a la libre determinación. Que frena su reconstitución como pueblos, reconociendo autoridades ejidales, pero no les permite manejar sus asuntos como ellos quieren a través de la autonomía.
Como recordó Grain, este proceso fue abordado por la sección México del Tribunal Permanente de los Pueblos, en la sesión que celebró en Maní, Yucatán, en 2013.
Múltiples testimonios documentaron un proceso amplio de acaparamiento de tierras y bienes comunes, de destrucción socioambiental y territorial y de aniquilamiento de los tejidos sociales como parte de un plan orquestado para el desplazamiento y vaciamiento de los territorios de los pueblos mayas.
Lejos de poner fin a este modelo de desarrollo, el Tren Maya lo profundiza. No es un asunto de correlación de fuerzas, sino de la naturaleza del proyecto.
El tren no es sólo un tendido ferroviario, sino una iniciativa de reordenamiento territorial con 30 estaciones y 18 polos de desarrollo, sobre tierras ejidales, financiadas, como lo mostró en estas páginas la investigadora Violeta R. Núñez
(https://www.jornada.com.mx/2020/02/23/opinion/012a2pol), no por recursos públicos, sino por instrumentos financieros híbridos, a través de un Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces, llamado Fibra Tren Maya. Fibra es la puerta de entrada para la desamortización de los bienes ejidales en la región y el despojo en gran escala de la propiedad social.
Tal como confesó Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, en las nuevas ciudades habrá zonas para gente modesta que podría ir a trabajar a pie, pero también pedir limosna si hace falta, pero a pie.
El proyecto no sólo no cuenta con estudios de impacto ambiental suficientes, sino que no ha sido consultado con los pueblos indígenas, como establece el Convenio 169 de la OIT.
Tal como lo concluyó la ONU-DH, la consulta organizada a finales de año por las autoridades no cumplió con los estándares internacionales sobre derechos humanos en la materia. Esta opinión estuvo precedida de cuestionamientos críticos de la Relatora de Pueblos Indígenas y del Comité para la Discriminación de la Tortura.
Más aún: múltiples testimonios dan cuenta de que las autoridades condicionaron la entrega de apoyos y la solución de viejas demandas a la aprobación del tren.
Basta ver el proyecto Tren Maya en el espejo del escándalo Enerall-Alfonso Romo o en el desarrollo de Cancún y la Riviera Maya para anticipar su estación final.
No hay peor negacionismo que el pretender que la lógica implacable del capital puede regularse en favor del campo popular sólo porque hoy están al frente de algunas instituciones del gobierno quienes hasta hace poco tiempo lo criticaban.
@lhan55
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Foto: Cuartoscuro
Redacción / AG
marzo 2, 2020 5:00 am
Alfonso Romo Garza, actual jefe de la oficina de la Presidencia de México, fundó la empresa Enerall en 2007, un megaproyecto que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán. Esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43%. Durante su expansión ha afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental. Además fue investigada por destruir sin autorización un cenote, que son cuerpos de agua sagrados para la cultura maya: la investigación del caso se saldó con una multa y sin que se remitiera el expediente para una averiguación penal. Romo, quien fue uno de los empresarios más conocidos de México, dejó Enerall, antes de integrar el equipo de Andrés Manuel López Obrador, a finales de 2018, pero la propiedad de la compañía sigue estando en manos de su familia
Por Janet Cacelín, Alejandro Melgoza y Sergio Rincón
Tizimín, Yucatán.- Un daño ambiental en la Península de Yucatán llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a investigar en abril del 2018 un megaproyecto de biotecnología fundado por Alfonso Romo Garza, actual jefe de gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los inspectores encontraron un cenote de 5 mil 500 metros cuadrados que fue tapado con tierra, rocas y despalme y convertido en solo fango. Pese a esos hallazgos, la Profepa no remitió el caso al Ministerio Público para que investigara si los hechos habían configurado un delito ambiental.
La responsable de los hechos se llama Enerall, una empresa asentada sobre la reserva de agua dulce más importante del país. Fue fundada en 2007 y una década después, mediante un esquema de acumulación de territorio con el que reunió casi 15 mil 000 hectáreas, se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola de la Península de Yucatán y la tercera en todo el país.
Para la expansión de sus operaciones, la empresa intervino áreas de la selva maya y comprometió el hábitat y la fauna asentada en esas zonas. En las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que le fueron aprobadas, Enerall contempla la ejecución de 11 medidas para mitigar daños medioambientales. Actualmente se desconoce cómo las implementaron y los resultados. Profepa no ha practicado auditorías para verificar el cumplimiento de esas disposiciones y Conagua tampoco ha realizado evaluaciones para analizar la calidad del agua en los predios de la empresa. El cenote, de hecho, fue tapado a pesar de que en las MIA Enerall había aceptado preservar esos cuerpos de agua y de que carecía de permisos para intervenir el que fue destruido, según la averiguación de Profepa, que cerró el expediente con la aplicación de una multa y con una clausura temporal del rancho donde se encontraba el reservorio dañado.
Así lo revela una investigación que se desarrolló en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS, Aristegui Noticias, Proceso, Ruido en la Red, Univision, Vice en Español y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ). El trabajo implicó la formulación de más de 1,500 solicitudes de información a través de la Ley de Transparencia, la obtención de más de 1,000 documentos de la empresa y sus operaciones, así como el análisis de más de 147 mil datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Los datos obtenidos muestran cómo la rápida expansión convirtió a Romo Garza, a través de Enerall, en un cacique del agua en territorio maya. La compañía necesita grandes cantidades del líquido para cumplir la visión de su fundador de convertir en fértiles suelos improductivos por ser pedregosos. El objetivo es acelerar el ciclo de la naturaleza dos siglos, como ha explicado el propio Romo, ingeniero agrónomo de 69 años.
“Si ustedes van de Cancún en carro a Mérida, no hay nada. Bueno, pero toda esta zona está asentada en agua. ¿Qué hicimos? Lo van a ver. Usando tecnología de punta, mexicana, de microorganismos, estamos convirtiendo suelos de improductivos en productivos.
Lo que la naturaleza hace en 200 años, lo estamos haciendo en un año”, dijo a un grupo de emprendedores en marzo de 2017 durante un foro de la revista Forbes.
Este no ha sido el único proyecto de tecnologías genética aplicadas en el que ha estado involucrado el jefe de gabinete. Romo fue el inversor principal de Synthetic Genomics, una firma dedicada a la biología sintética liderada por Craig Venter, el científico que completó el mapa del genoma humano. Además, años atrás, fundó Séminis, una compañía que fue adquirida por Monsanto, una de las principales fabricantes de semillas transgénicas del mundo.
La tecnología empleada para lograr los objetivos en Yucatán se basa, entre sus componentes fundamentales, en el uso de un sistema que extrae agua del subsuelo para regar las tierras 270 días al año a través de 60 pozos y 30 pivotes, cada uno de los cuales se mantiene activo durante 7 horas diarias, de acuerdo con una descripción remitida por la empresa a la Profepa y los expedientes de Conagua.
La información interna de Enerall contenida en el expediente de Profepa también señala que puede producir 12,000 toneladas de graneles en un área de tan solo 1,800 hectáreas en el ciclo otoño-invierno. En una nota de prensa publicada en noviembre de 2017 por Cargill, multinacional estadounidense con la que Enerall tiene una alianza comercial, se señalaba que la producción de la empresa fundada por Romo sería la principal fuente para alimentar una planta de almacenamiento de granos inaugurada entonces con 50,000 toneladas de capacidad y proyectada para llegar a los 130,000 en el futuro. El detalle de a cuánto ascendía la productividad de Enerall, sin embargo, no se aclaraba en el comunicado.
El agua del acuífero de la Península de Yucatán, del cual Enerall ha logrado servirse como ningún otro particular, es clave para la zona. Aunque el acuífero cuenta todavía con recursos masivos, en la última década ha visto desplomarse en casi 50 por ciento su disponibilidad media anual. El hecho ha coincidido, entre otros factores, con el salto en el otorgamiento de permisos para explotar el acuífero en los últimos 10 años, como evidencian los propios datos de Conagua.
El retroceso en la disponibilidad de agua ha provocado malestar entre productores mayas, quienes a partir de 2016, según la Conagua, padecen registros históricos de sequía extrema : coinciden en que sus pozos están secos o descienden de nivel por culpa de quienes riegan sin parar.
Los cenotes, semejantes a grandes pozos, se alimentan de agua a través de las subterráneas que se extienden por la región. Representan la única fuente de abastecimiento y eran considerados sagrados por los ancestros mayas.
Tizimín es la localidad que reúne la mayor cantidad de cenotes en el país, con 369 de 3,001, y fue allí donde Enerall fue acusada de dañar uno en el Rancho Asideros.
Cuando se dio la batalla legal con la Profepa por azolvar el cenote, en abril de 2018, Romo Garza lideraba el Grupo Plenus del cual Enerall es subsidiaria y, en esas mismas fechas, era coordinador de la campaña presidencial de López Obrador, para entonces ya el favorito en las encuestas. También estuvo al frente del equipo que redactó las bases económicas del Proyecto de Nación del actual gobierno, y que contempla obras en el sureste mexicano, como la construcción del Tren Maya, que tendrá una estación a sólo 50 kilómetros de Enerall, y de la cual ya se lanzaron las bases de la primera licitación.
Romo abandonó Grupo Plenus en noviembre de 2018, según su declaración patrimonial, para convertirse en el Jefe de la Oficina de la Presidencia. El Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Economía refiere que uno de los socios activos de la empresa es Gustavo Romo Garza, hermano del jefe del Gabinete. Sin embargo, al ser un sistema declarativo y no constitutivo, la empresa pudo tener más movimientos, aunque aún no son reflejados.
Alfonso Romo Garza tiene una larga trayectoria como hombre de negocios, pero también supo relacionarse con el poder. Mantuvo relación estrecha con los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox. Sin embargo, con López Obrador se lanzó como funcionario público. Su historial en Yucatán no representó motivo alguno para que el actual presidente mexicano lo alejara de su entorno.
López Obrador en su plan de gobierno propuso crear conciencia sobre el uso racional de las aguas y en discursos insistió en que será inflexible en castigar los delitos ambientales: “El que daña el medio ambiente es castigado”.
El poder de Romo Garza como mano derecha de López Obrador se afirmó el año pasado, luego de ganar su primer round político contra el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien renunció al gabinete el 9 de julio de 2019.
Urzúa lo acusó de tener un potencial conflicto de interés por intentar infiltrar las secretarías económicas con funcionarios afines a sus intereses de negocios, lo que Romo negó. Aquella mañana, mientras los mexicanos se enteraban de la noticia, Romo estaba reunido con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, hablando de nuevas inversiones en ese estado.
El pasado 29 de enero del 2020 también fue nombrado coordinador del gabinete de Fomento, Inversiones y el Crecimiento Económico en el contexto del Acuerdo Comercial
T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.
Al cierre de edición, ni el jefe de Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, ni la representante legal de Enerall, Katia Aguiar, respondieron a los cuestionarios y las solicitudes de entrevista que se les proporcionaron con anticipación. La secretaria particular del jefe de gabinete, Regina Sada, recibió las preguntas sobre el caso y las solicitudes telefónicamente.
A su vez, se tuvo contacto directo con la abogada Aguiar, quien respondió a título personal vía correo electrónico que infería de las preguntas presentadas “información no actualizada e imprecisa”. En un principio señaló que el plazo inicial ofrecido para contestar no era suficiente para cumplir los procesos internos para dar una respuesta. Al finalizar la prórroga concedida, apenas afirmó que comenzaría a realizar la gestión sin ofrecer precisión sobre fechas.
Preguntas formuladas por escrito igualmente fueron remitidas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero no fueron contestadas pese a que se canalizaron personalmente a través de su jefe de prensa, Jesús Ramírez. Del mismo modo, ni el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, ni el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos,
respondieron las consultas presentadas.
respondieron las consultas presentadas.
Agua y expansión
Romo no eligió el paraíso maya por casualidad sino por las características del área que representaron para él un diamante en bruto. Caminar en Tizimín es como hacerlo sobre un gigantesco queso gruyere. El suelo posee miles de conductos que permiten que la lluvia penetre rápidamente en el subsuelo y que los acuíferos subterráneos se recarguen. Ese rasgo es común en la región y ello hace que bajo los suelos de la Península de Yucatán se resguarden dos terceras partes del agua renovable del país, de acuerdo con el Atlas de Agua en México publicado en 2018 por Conagua.
El volumen que Enerall puede explotar en un año podría ser envasado en 8,400 millones de botellas de dos litros, y también sería suficiente para llenar casi 17 veces el Estadio Azteca, el segundo más grande de América Latina. Son 16.81 millones de metros cúbicos cada 12 meses y 168 mil millones asegurados por una década, según datos analizados del periodo 2012 al 2019 que fueron obtenidos del sistema de REPDA de la Conagua y contrastados con las versiones públicas de los expedientes de los títulos de Conagua obtenidos vía la Ley de Transparencia.
Tal cantidad coloca a Enerall no solo como la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola en Yucatán sino como la tercera en una lista de las 10 mayores beneficiarias de ese tipo de suministro en el país. A esa conclusión se llegó tras identificar la decena de empresas que, según el REDPA, cuentan con los permisos para utilizar la mayor cantidad de agua subterránea para fines agrícolas y de realizar una búsqueda para hallar predios adicionales vinculados a sus razones sociales.
A pesar de la importancia de Enerall como concesionaria, Conagua nunca ha realizado evaluación alguna sobre la calidad del agua en los pozos de la empresa.
El organismo ha realizado 755 análisis en Tizimín sin precisar el periodo, pero ninguna a Enerall, empresa que ha sido visitada solo en tres ocasiones pero por razones exclusivamente administrativas.
Enerall es beneficiaria de 23 títulos para la explotación de aguas que le fueron otorgados entre 2012 y 2018. Al menos 14 de ellos se encuentran a su nombre y los otros 9 le fueron cedidos por terceros a través de la compra de terrenos. Toda esta agua se obtuvo de forma gratuita a través de la Ley de Aguas Nacionales que no emite cobros cuando se destina a la agricultura.
Si la acumulación de concesiones de agua le permitió dar a Enerall un salto gigantesco, la compra de tierras no fue diferente. A lo largo de una década, a través de las filiales Enerall S. A. P. I., Enerall Terra 1 y Enerall Terra 2, adquirió 47 predios para instalar allí su megaproyecto. Compró alrededor de 15,000 hectáreas por más de 255 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares) en movimientos registrados entre 2011 y 2018, según lo asientan escrituras obtenidas del Registro Público de la Propiedad de Yucatán.
Al menos 41 de estos predios se encuentran hipotecados como garantía de préstamos solicitados para la compra de más tierras, maquinaria y mejoramiento de suelos. Seis de estos fueron hipotecados con Agronegocios Laad, una organización que otorga préstamos a empresas agroindustriales que venden sus productos en mercados internacionales.
Según los últimos documentos del Registro Público de la Propiedad asentados en 2017, Alfonso Romo aparece como garante hipotecario de este financiamiento en una operación de 37 millones de pesos (2 millones de dólares), situación que no publicó en su declaración patrimonial y de intereses ante la Secretaría de la Función Pública. Consultado al respecto, Laad señaló que, por ser una entidad financiera regulada por la Ley de Protección de Datos Personales, debían guardar la confidencialidad sobre Enerall.
Otros 26 predios fueron hipotecados por 444 millones de pesos (casi 24 millones de dólares) con Cargill, que entre sus múltiples negocios compra cosechas en América Latina para después venderlas en el extranjero. En el comunicado de prensa en laque anunció la inauguración de la planta granelera en 2017, la multinacionalestadounidense afirmó que Enerall rehabilita con tecnología propia tierras que hansido usadas para la ganadería y agricultura extensiva. En el texto además citan un discurso de Romo en el que afirma que la planta tendrá un efecto transformador para los productores locales.
Consultada sobre las propiedades hipotecadas, Cargill no aportó información: “Nuestras políticas no nos permiten profundizar en especificaciones que requieren aprobación previa de nuestras contrapartes en los contratos”. Sin embargo, la multinacional envió las respuestas a un cuestionario que le fue remitido en el que aclaró otros aspectos de su vinculación con la empresa fundada por Romo. En el texto se afirma que Cargill no tiene relación accionaria ni de inversiones con Enerall, aunque sí le dio financiamiento para construir planta de almacenamiento de granos, la cual es operada por la multinacional estadounidense. Además mantiene en elpresente un acuerdo de comercialización de los graneles producidos por Enerall.
Sobre el caso del cenote destruido, Cargill precisó lo siguiente: “Confiamos en las autoridades mexicanas que atienden la materia. Lo que sí queremos reiterar es que en Cargill trabajamos con estricto apego a las leyes de los países donde tenemos presencia (…) En Cargill trabajamos por proteger al planeta y sabemos que lasempresas jugamos un papel importante en el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que apuntan a abordar el cambio climático mediante la gestión sosteniblede los bosques, el combate a la desertificación y degradación de la tierra, y adetener la pérdida de biodiversidad”. En esa línea señalaron que están tomando medidas para “manejar nuestros recursos hídricos de manera eficiente, conservando el agua, mejorando la calidad y asegurando el acceso a agua limpia en las comunidades donde operamos”. Una de las medidas clave que señalan es la de minimizar el uso de agua en la agricultura, particularmente en áreas donde hay escasez del líquido.
Daños ambientales
Denominados dzonoot en maya, cuyo significado es “hoyo con agua”, los cenotes son centrales para la flora, la fauna y los pobladores de la Península de Yucatán.
Por eso, el cenote tapado es para los indígenas de Tizimín, la punta del iceberg de las afectaciones ambientales provocadas por la expansión de la empresa.
Ningún particular había rellenado un cenote en Yucatán desde el año 2000, según las pesquisas de la Profepa, hasta que el 11 de abril del 2018 se abrió el expedienteadministrativo PFPA/37.3/2C.27.5/00018-18 contra Enerall por esa razón, según los documentos del caso obtenidos vía la Ley de Transparencia. “Mediante el uso demaquinaria pesada, se le ha dispuesto piedras, tierra y restos de vegetación con elfin de rellenarlo”, indica el acta con la que se inició el proceso.
Los restos de vegetación procedieron del arrasamiento de la “cortina arbolada” que rodeaba el cenote, según se concluyó en la inspección. Luego de eso se indica que fueron depositadas piedras. Una fotografía publicada por el Diario de Yucatán, no integrada en el expediente, muestra un camión de carga presuntamente Enerall lanzando los restos.
Tras el hecho, el 19 de abril de 2018, la Profepa informó en un comunicado que clausuraron de manera “total temporal” el Rancho Asideros. Acotaron que infringió la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y el artículo 420 Bis del Código Penal Federal.
Los abogados de Enerall alegaron que la inspección era ilegal, que el área afectada no era un cenote y que la clausura afectaría la economía tizimeña. El 23 de abril laProfepa levantó la clausura al rancho con una extensión de más de 3,549.6 hectáreas. Sólo se impuso la clausura al cenote.
Para comprobar los daños la Profepa solicitó en mayo de 2018 las opiniones técnicas de la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiental de Yucatán (Seduma) ahora Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Departamento de Ecología Tropical de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y de la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
Contrario a los dichos de los abogados de Enerall, la CICY y la UADY concluyeron que se trataba de un cenote de paredes verticales de 12 metros de profundidad. De igual modo, se encontró que hasta 2014 tenía características de estos cuerpos de agua, según las tomas satelitales.
El Departamento de Manejo de Sistemas Kársticos de la otrora Seduma no sólo dictaminó que hubo daños al cenote, sino deforestación de especies de árbole como el chaká, el jabín, el yaxché, el koopó y el tsalam, así como contaminación del agua por fertilizantes y pesticidas. “El cenote recibe escorrentías originadas por el riego, lo cual origina que también se depositen sustancias químicas utilizadas en los cultivos”.
A eso se suma la “evidencia de exterminio” de tortuga caja amarilla (terrapene mexicana), endémicas de Yucatán, sujeta a protección especial por la vulnerabilidad de sus poblaciones, así como de tortuga mojina (rhinoclemmys areolata), en categoría de amenazada, según la Norma Oficial Mexicana de la Semarnat.
“Perecieron a causa de dicho depósito”, menciona la opinión técnica.
El 27 de agosto de 2018 la Profepa resolvió que Enerall Terra 2 SAPI había infringido el artículo 28 de la LGEEPA “por realizar la afectación, relleno y modificación a cuerpo de agua nacional mediante disposición directa de piedra, tierra y residuos de árboles, sin acreditar contar con la autorización en materia de impacto ambiental”.
En el plano estatal, la Seduma documentó que, durante la visita de inspección confirmaron que hubo “afectaciones al cenote que infringen el Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán en Materia de Cenotes, Cuevas y Grutas”.
Se identificaron infracciones graves a los artículos 5, 8, 12 y 37, que ameritan sanciones como multa y una clausura temporal o definitiva de la obra o actividad, no obstante, el área jurídica de la ahora SDS aclaró que “el personal
que estuvo en la administración anterior que lo atendió, sólo hizo la visita técnica, se entregó la recomendación y Profepa asumió todo el control porque es correspondencia de orden federal”.
que estuvo en la administración anterior que lo atendió, sólo hizo la visita técnica, se entregó la recomendación y Profepa asumió todo el control porque es correspondencia de orden federal”.
Profepa dijo que no usó la opinión técnica “porque fue posterior al levantamiento del acta de visita”.
La Profepa multó a Enerall por 741 mil pesos (30 mil 275 dólares) sin remitir el caso a la extinta Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) pese a que, según el abogado Raziel Villegas, los elementos de la Profepa y de la opinión técnica de Seduma documentan violaciones a las leyes
generales de Vida Silvestre, de Aguas Nacionales y de Desarrollo Forestal Sustentable. Villegas fue funcionario de Profepa y Semarnat y hoy dirige la firma GEOLEGIS, especializada en derecho ambiental y con influencia en la península de Yucatán.
generales de Vida Silvestre, de Aguas Nacionales y de Desarrollo Forestal Sustentable. Villegas fue funcionario de Profepa y Semarnat y hoy dirige la firma GEOLEGIS, especializada en derecho ambiental y con influencia en la península de Yucatán.
La confirmación de que la institución no recurrió a la vía penal, para que se investigara si hubo delitos en el caso más allá de las faltas administrativas, la dio la Subprocuraduría Jurídica y la Delegación de Profepa en Yucatán ante una solicitud de información resuelta en diciembre de 2019: “No se encontró antecedente alguno en relación a la presentación de denuncia penal”.
Pese a que no guarda relación alguna entre lo que dicta un comunicado oficial y el actuar de Profepa, la institución respondió al cuestionario que no actuaron penalmente porque en la nota de prensa que publicaron en abril del 2018 se citó un artículo que “no alude en la conducta delictiva que regula a los cenotes (…) por lo que de presentarse la denuncia no prosperaría”.
Para Villegas, ese argumento no exime a la institución de su obligación basada en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual apunta que “Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo
inmediatamente al Ministerio Público”, refiere el artículo. “Que denuncien los hechos. La autoridad no es que quiera o pueda escoger, debe denunciar”, explica el abogado.
inmediatamente al Ministerio Público”, refiere el artículo. “Que denuncien los hechos. La autoridad no es que quiera o pueda escoger, debe denunciar”, explica el abogado.
Ya librada del round penal, Enerall solicitó conmutar la multa, a través de su adhesión al Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), para mejorar los procesos de producción, desempeño ambiental y competitividad. Para ello debió presentar un proyecto de inversión que previera cuidados al medio ambiente equivalente al monto de la multa.
Enerall solicitó el 4 de octubre del 2018 las indicaciones para inscribirse al PNAA como parte de la conmutación. La empresa luego presentó el 15 de noviembre de ese año el proyecto “Incorporación de los conjuntos prediales Asideros 2 y Asideros Globales de la empresa Enerall Terra 2 S.A.P.I. DE C.V”.
La Procuraduría ambiental lo consideró “viable” en un oficio: “Esta subdelegación de inspección de los Recursos Naturales en el Estado de Yucatán, tiene una opinión favorable para la implementación de esta incorporación, siempre y cuando se cumpla con lo propuesto en el oficio”.
Profepa, sin embargo, afirmó luego ante una solicitud de información presentada en noviembre de 2019 que “dicho proyecto no ha sido ni fue incorporado”. En un cuestionario que se le remitió hace 12 días sobre el tema, respondió además que “la empresa no solicitó ingresar al PNAA”, sin comprobar sus dichos con algún documento al cierre de edición.
Las auditorías que debían realizarse en el PNAA son la medición y registro de los volúmenes de agua de los pozos de extracción; así como análisis de residuos peligrosos en los suelos; inversión para minimizar riesgos ambientales por uso de diésel; y el desarrollo del programa de monitoreo y tecnificaciones sustentables. A excepción de la auditoría del agua con duración de dos años, el resto se debía cumplir entre 6 meses y un año. Sin embargo, la propuesta no detallaba las fechas de inicio de cada una de esas actividades.
Villegas afirma que el plan presentado por Enerall tenía defectos: “Estuvo mal elaborado el proyecto, pues no contiene un programa calendarizado y es ambiguo”.
Critica incluso que se le haya dado siquiera una opinión técnica favorable a la propuesta: “Era jurídicamente improcedente conceder la opinión técnica viable de esa conmutación cuando, uno, no se ofreció ningún beneficio ambiental, y dos, el artículo 173 de la LGEEPA lo condiciona además al no haber estado en los supuestos del artículo 170 de la LGEEPA, o sea, que no hubiese sido sujeto a la clausura, y sí lo estuvo”.
De acuerdo con Villegas, la Profepa estaba obligada a imponer, como medida correctiva, la restauración del cenote a su estado original. La recuperación natural, según el expediente, tardará en promedio de 5 a 20 años para que se reconecte el espejo de agua con el manto freático, siempre que exista “un constante monitoreo y control ambiental”. Además, para solicitar una reparación o compensación del daño, la autoridad tuvo también la vía de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Sobre la multa, Profepa hizo una precisión al responder una solicitud de información en diciembre de 2019: “No se cuenta con ningún documento que indique que la empresa Enerall haya realizado el pago ante la autoridad recaudadora”. La institución fue consultada de nuevo sobre el tema con el cuestionario de hace 12 días. Respondió entonces que se hizo “efectivo el pago” sin cotejar sus dichos con documento alguno al cierre de edición, como se les solicitó.
Para el 30 de enero de 2019, cuando Romo ya era Jefe de la Oficina de la Presidencia de México, se abrió otro expediente: “Enerall está realizando trabajos ilegales. Tapó una aguada grande (cenote) que tenía bastante agua, muchos árboles y era el lugar donde llegaban muchos jabalíes y venados de la zona que nos obligaron a matar porque por allá pasarían los pivotes de riego”, se señalaba en la denuncia PFPA/37.7/2C.28.2/0023-19, obtenida vía Transparencia.
En las fotografías, aparece selva deforestada por tractores, venados cazados y un presunto cenote rellenado. “El Rancho Asideros lo tenemos clausurado por tapar un cenote, pero igual hay más que se taparon”, asienta la denuncia que acusa Enerall como el presunto responsable.
Pese a la denuncia detallada, la Profepa cerró el caso por no hallar evidencias: “No se detectó afectación alguna a cuerpo de agua nacional, en tal virtud se ordenó el cierre del presente asunto”, dice la resolución.
El expediente contrasta con los testimonios de trabajadores y extrabajadores de Enerall. “El que se quedó, se quedó”, mencionó uno de los operadores entrevistados durante la investigación de campo, quien aseguró haber participadotapando el cenote, refiriéndose a los animales que aplastaban, y quien agrega que, durante los desmontes, llegaban a juntar hasta 90 tractoristas.
Algunos de estos daños, ya los advertían las MIA si no se cumplían las medidas preventivas, pues “la preparación del sitio y operación del proyecto” provocaría fragmentación y reducción de hábitat, así como daños a fauna silvestre, generación de ruido, emisiones a la atmósfera, afectación en la calidad del agua, impermeabilización de suelo y pérdida de cobertura vegetal”. Para evitar lo anterior, se establecieron 11 medidas preventivas y criterios en materia de conservación, protección y aprovechamiento.
Sin embargo, no obra registro de evidencias de Enerall ante Profepa sobre las medidas, según una respuesta de la institución de noviembre de 2019, en la que indica: “No se cuenta con las constancias relativas a las evidencias en documentos, fotografías y/o videos que las empresas Enerall S.A.P.I de C.V., Enerall Terra 1S.A.P.I de C.V, Enerall Terra 2 S.A.P.I de C.V. y Asideros 3 S. de R.L. de C.V.hayan entregado y/o enviado en para comprobar que han cumplido en tiempo yforma con las medidas de protección previstas en criterios y recomendaciones establecidas para políticas de conservación, protección y aprovechamiento de susMIA”.
¿Emprendimiento social?
Romo hablaba de Enerall como una compañía que con “tecnología de punta podía ayudar a mejorar el nivel de vida de los pobladores. “Hablando de innovación, les quiero mostrar lo que la tecnología puede hacer para cambiarle la vida a miles de campesinos”, declaró en 2017 durante la conferencia organizada por Forbes.
Pero esa visión, detallada en su código de ética de Enerall detallado en su portal digital, no se parece en nada a la realidad, de acuerdo con pobladores consultados en 20 comunidades indígenas. La mayoría afirmó que complementa sus ingresos con jornadas de trabajo extendidas u otros empleos. Además, se alimentan graciasa las pequeñas parcelas donde producen maíz y frijol, así como miel en los apicultivos.
Durante los recorridos se constataron problemas que sobreviven como males endémicos en Yucatán: fallas de infraestructura, ausencia de drenajes, falta de agua potable, desabastecimiento en los comercios, carencia de clínicas de salud y escuelas. Lo anterior es visible debido a que en Tizimín el 60% de la población vive en pobreza, según la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), realizada en 2015.
De acuerdo con los extrabajadores, pese a largas jornadas que alcanzaban hasta 12 horas, sus pagos eran equivalentes a 1,100 pesos a la quincena (57 dólares) entre 2009 y 2014, de acuerdo con talones de pago. Para obtener más dinero,realizaban horas extras y trabajaban de noche para ganar un bono que, en total, les daba un sueldo de 3,500 pesos (180 dólares) a la quincena.
Lo mismo pasa con otros empleados o exempleados de Enerall entrevistados, quienes afirman que a pesar de haber trabajado una década para la empresa y contar con otros puestos, su salario aumentó muy poco. Aseguran que tampoco contaban con seguro social, ni prima vacacional u otras prestaciones.
Hasta 2018, Enerall tenía cerca de 500 empleados, según oficios del expediente de Profepa, que provienen principalmente de Sucopo y Cabichen, dos comunidades aledañas a la empresa.
Pero los pobladores consultados refieren que en los últimos meses han realizado despidos masivos debido a la implementación de máquinas que han sustituido sus labores.
Actualmente se desconoce el número de empleados y aportaciones patronales de la empresa, según una solicitud realizada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución que reservó la información, y en una apelación realizada, el fallo se mantuvo a su favor.
Estas condiciones se suman a los tratos denunciados por los empleados: durante las jornadas los jefes no autorizaban descansos en la sombra, beber agua, ni recibir atención médica.
Un maquinista de cosechas de Enerall recuerda que nunca pudo acercarse a Romo, pues cuando visitaba la empresa llegaba en helicóptero y su equipo de seguridad lo rodeaba. Ahora lo ve por televisión con regularidad a quien durante una década fue su “patrón” y que ahora es jefe de la oficina de Presidencia. Lo escucha en ocasiones cuando habla de los planes para las inversiones y el desarrollo del país.
Apenas en enero de este año, Romo Garza fue nombrado el coordinador del Gabinete de Crecimiento Económico, un puesto que no existía, pero ahora tendrá coordinación con secretarías de Estado para generar empleos, llevar paz y combatir la pobreza de los mexicanos.
Como empresario supo esculpir una figura de emprendedor social, de visionario tecnológico, pero ahora surge una imagen de un cacique de aguas que ha salido con apenas unos roces de las investigaciones por daños ambientales.
Hace 15 años Alfonso Romo Garza era, si no el Carlos Slim de los empresarios, por lo menos alguien tan destacado como Alberto Bailleres, dueño de la tienda departamental Palacio de Hierro así como de otras grandes compañías.
Romo competía con Slim en algunos sectores, como la producción y comercialización de cigarros a través de Cigarrera La Moderna (que fue vendida a la multinacional inglesa The British American Tobacco); pertenecía al Consejo de Televisa, empresa en la que era muy respetado; se le consideraba en el mundo un líder en la generación de biotecnología, y con justicia era considerado jefe del que fue el poderosísimo secretario de hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe.
Aquel Alfonso Romo prestigiaba a cualquiera con el que se relacionaba.
Pero de aquel Poncho Romo ya no queda nada, es decir, si acaso conservará una gran fortuna personal (“empresarios ricos, empresas pobres”, dijo López Portillo), pero de las grandes compañías que Romo encabezaba y sobre todo de su fama de gran emprendedor, de eso ya no queda nada.
Romo quebró a sus principales compañías y para salir de deudas tuvo que deshacerse de casi todo su gran grupo.
Le fue mal en los negocios, entre otras razones por que dedicaba más tiempo a sus caballos que a vigilar sus inversiones.
Alrededor de 2004, Poncho inició el remate de sus principales activos : Seguros Comercial América a ING y algunas plantas de Empaques Ponderosa a la Organización Editorial Mexicana (OEM) para financiar la expansión de Seminis, empresa que logró controlar el 22% del mercado internacional de semillas. Sin embargo, fue el embate de grupos ambientalistas y activistas como Greenpace los que impulsaron campañas en contra del consumo de alimentos mejorados genéticamente, lo que modificó las expectativas y planes de negocios de Romo. Finalmente, terminó por vender los activos de Seminis a su competidor estadounidense, la voraz y salvaje empresa Monsanto, para cubrir parte de la deuda que mantenía Savia por más de 1,300 millones de dólares.
El fracaso empresarial llevó a Romo a perder relevancia social e influencia comunitaria. Así que, buscando recuperar poder de convocatoria Romo desde el inicio del gobierno de Vicente Fox se metió a jugar en la política. En busca de la autorización para operar un banco y dispuesto a encabezar el movimiento “Opción Ciudadana” rumbo a las elecciones de 2006, el empresario regiomontano Alfonso Romo enfrenta las consecuencias de la agresiva estrategia de ventas de sus empresas para pagar deudas y el descrédito entre banqueros e inversionistas internacionales.
Fue Romo, ultraconservador confeso, uno de los entusiastas apoyadores de Vicente Fox, pero en cuanto llegó al poder el esposo de la señora Martha Sahagún viendo que Romo ya no era importante entre sus colegas del sector empresarial, lo empezó a marginar.
Desesperado, Romo negoció con el partido Convergencia y su fundador Dante Delgado dos puntos:
1) Apoyarlo, hace más de seis años, para que fuera candidato del PAN-Convergencia contra el priista Fidel Herrera en Veracruz.
2) Cuando eso no fue posible de concretar Romo negoció con Dante hacer candidato presidencial de Convergencia para el 2006 al entonces gobernador de Sonora Eduardo Bours.
Como no prosperaron sus primeras incursiones en la operación política, Romo buscó también hacerse importante para la comunidad activista luchando para que no se construyera un templo mormón en Monterrey. Se salió con la suya durante un breve periodo, lo que alegró a los católicos regiomontanos. Pero al final, el poder económico de los mormones de Estados Unidos se impuso, y estos no solo se han asentado en la capital de Nuevo León, sino que en los últimos años han impedido que Romo salga de sus apuros empresariales.
Don Poncho Romo también tuvo una incursión en el periodismo patrocinando al ex director de Reforma, Ramón Alberto Garza, con quien se asoció para crear la revista electrónica “Reporte-Índigo”, que ha dado sin lugar a dudas grandes reportajes pero que comercialmente no ha sido un éxito ni ha tenido tampoco un crecimiento importante en el número de lectores.
De hecho, la de Reporte Índigo no fue la primera participación mediática de Romo, ya que antes había ayudado a Pedro Ferriz, Carmen Aristegui y Javier Solorzano a independizarse de MVS Radio para formar Grupo Imagen. Poncho actuó como el financiero de esta operación. Cuando Grupo Imagen maduró y encontró a alguien dispuesto a comprarlo por muy buen dinero (los empresarios Olegario Vázquez Raña y Vázquez Aldir) Poncho y Pedro Ferriz se las arreglaron para echar de la empresa sin darles un solo centavo a Carmen Aristegui y Javier Solórzano, lo que significó que Carmen y Javier perdieran varios millones de dólares a los que tenían derecho. Lo que quizá pudiera tipificarse como un atraco.
Ahora mismo, necesitado de reconocimiento Poncho Romo ha decidido participar en la contienda electoral de 2012… ¡Apoyando a Andrés Manuel López Obrador!
Esta tan desprestigiado Alfonso Romo entre los empresarios (es a la derecha lo que Bejarano es a la izquierda) que cuando lo vieron acercarse a Andrés Manuel se pusieron felices los hombres y mujeres de negocios que apoyan a Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel, Ernesto Cordero y Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto.
Es que, a los aspirantes presidenciales del PRI y el PAN los promueven y financian empresarios que no han dejado de controlar grandes compañías como Lorenzo Servitje, Roberto Gonzalez Barrera, Lorenzo Zambrano, Alberto Bailleres, Fernando Senderos y Emilio Azcarraga.
Andrés Manuel ha hecho lo correcto al solo juntarse con empresarios medianos, pero importantes como Fernando Turner y Tomás López Rocha, así como muchos otros.
Lo que no le hacía falta era sentar a su lado a un hombre de negocios que desechó la mafia empresarial cuando llevó a la quiebra a sus empresas, alguien además que participó en el diseño de compra-venta que dejó a una gran mujer como Carmen Aristegui sin sus acciones de Grupo Imagen y, por lo tanto sin lo que económicamente le correspondía.
Creo que el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo de Morena A. C. por la premura de los tiempos electorales no han hecho un diagnóstico oportuno acerca de este empresario quien en la campaña presidencial rumbo a 2006 nunca se pronunció a favor de Andrés Manuel López Obrador.
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AGENCIAS CIUDAD DE MÉXICO,
l0 de diciembre 2018
En las entrañas de Tulum se encuentra el sistema de cuevas más grande del planeta, Sac Actún, un tesoro paleontológico donde se han descubierto fósiles de fauna de hace 10 mil años antes de nuestra era, así como restos humanos anteriores a la civilización maya.
En esta misma región, pero a nivel de suelo, el presidente Andrés Manuel López Obrador planea construir la vía del Tren Maya y una de sus estaciones, lo que representaría un riesgo para estos sitios de alto valor biológico y patrimonio cultural.
Desde hace tres décadas, especialistas se han dado a la tarea de documentar los múltiples sistemas de cuevas que existen en la región. A la fecha se han registrado 358, que representan cerca de mil 400 kilómetros de laberintos acuáticos y conforman la mayor reserva de agua dulce en México, aunque se estima que aún hay muchas cavidades no exploradas.
Para la construcción del Tren Maya será esencial conocer la ubicación exacta de estos cuerpos para evitar daños o provocar colapsos.
Arturo Bayona, responsable de estudios ambientales del Proyecto Gran Acuífero Maya, dice que si la vía se coloca en lugares donde la capa cárstica es delgada podría haber resquebrajamiento. "Los estudios de suelo son fundamentales porque se debe garantizar que la costra de roca sea lo suficientemente fuerte para, primero, aguantar el peso del tren y, luego, la vibración que provoque al pasar".
La vibración del tren es uno de los factores que más preocupa a los expertos. "Algunos sistemas de cuevas son muy inestables, no sabemos si debajo de la vía hay una roca de dos toneladas o una que se podría desplazar fácilmente. También hay que considerar que se generará vibración durante años y que podría acelerar el proceso natural de colapsos", afirma Emiliano Monroy Ríos, hidrogeólogo de la Northwestern University Technological Institute.
"Primera recomendación: si se va a construir algo hay que estar seguros de que el suelo es adecuado y tener en cuenta que no se debe perforar profundo. dice Guillermo de Anda, arqueólogo subacuático y líder del Proyecto Gran Acuífero Maya (GAM).
"Cuando se construyeron esas vías no teníamos ni idea de las estructuras subsuperficiales de la península, de su estructura geológica. ¿Cómo sabemos si ese trayecto no atraviesa por una cavidad de 200 metros de ancho o por varios cenotes?".
Elaborar los estudios pertinentes en los mil 520 kilómetros que contempla el Tren Maya tardaría, "al menos, un año y con una resolución mínima que sólo permita saber si hay cavidades a unos cuántos metros", apunta Monroy. El hidrogeólogo recuerda que para confirmar la presencia de un cenote debajo de la pirámide de Chichén Itzá, "científicos tardaron tres años en interpretar, con una mayor resolución, un área de 70x70 metros".
Son ecosistemas muy frágiles y cualquier cambio químico puede alterarlos y eso ya está pasando por la contaminación de agua residual que recibe el acuífero de las ciudades", aclara Bayona.
Para el biólogo Arturo Bayona, uno de los grandes problemas que producirá el Tren Maya será la construcción de las estaciones, una está proyecta en Tulum, debido a "las aguas residuales que van a generar miles de usuarios, a dónde van a ir".
Emiliano Monroy explica que los sistemas de cuevas tienen la función de mantener un equilibrio hidrológico en la región. En Sac Actún y Ox Bel trasladan el agua que se filtra de la selva hacia el océano, la distribuye al mar caribe.
"Esta descarga de agua dulce hacia la costa es fundamental para la existencia de los manglares, pues mantienen un equilibrio ecológico muy importante en la costa, además de ser reguladores naturales de nutrientes también sirven como protección contra huracanes. El manglar sobrevive y gracias a eso también sobrevive el arrecife de coral, todo está acoplado a un gran sistema que debemos cuidar: selva, manglar, laguna arrecifal, arrecife coralino", señala Monroy.
La reciente revelación en los EE. UU. de un reporte sobre más de trescientos sacerdotes acusados de abusos sexuales reabrió en algunos sectores de periodismo de investigación mexicano el caso del fallecido sacerdote Marcial Maciel, de los Legionarios de Cristo, acusado en 1997 de abusos sexuales de seminaristas.
El dato tiene que ver con la aparición de Alfonso Romo como jefe de la oficina de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
En 1997 el periódico La Jornada entrevistó a seminaristas abusados sexualmente por el padre Maciel, pero el asunto se tornó escándalo cuando fue tomado por el entonces recientemente nacido Canal 40 de Javier Moreno Valle: un equipo de periodistas encabezado por Ciro Gómez Leyva entrevistó a los seminaristas y al aire denunciaron los abusos del padre Maciel.
Dos importantes empresarios de Monterrey movieron todas sus influencias para evitar la transmisión del programa y decretaron un fuerte boicot publicitario contra Canal 40: Lorenzo Servitje del Grupo Bimbo y Alfonso Romo entonces dueño de tabacaleras y en la bolsa de valores, sin lograr que el programa de televisión fuera censurado.
Canal 40 recibió llamadas de dos importantísimos funcionarios del gobierno de Zedillo: el secretario de Comunicaciones y el secretario particular de la presidencia. Asimismo, presionaron otros empresarios de Monterrey y hasta el rector de la Universidad Iberoamericana. El programa finalmente salió a la luz, el padre Maciel quedó exhibido como un abusador sexual, el papa Juan Pablo II tuvo que ocultarlo de cualquier inquisición de la iglesia, murió en 2008 sin ningún castigo terrenal y Canal 40 fue boicoteado sin publicidad por orden de Servitje y Romo.
De acuerdo con datos de La Jornada, Monterrey era la principal plaza del padre Maciel y sus Legionarios de Cristo, al grado de que se hablaba de recolecciones de más de 100 millones de pesos anuales de limosnas de ricos comprando indulgencias.
De los principales nombres de empresarios en aquel entonces sobresalió el de Alfonso Romo por su papel en la oligarquía empresarial y su vinculación con los medios por su patrocinio a importantes periodistas y algunos periódicos. Romo no fue miembro del Grupo de los Diez empresarios más fuertes de Monterrey, pero estuvo fuertemente vinculado a ellos.
Romo paulatinamente se fue metiendo a la política, se vinculó al presidente Carlos Salinas de Gortari como “hijo adoptivo” de Monterrey por su lugar familiar en Agualeguas y recibió beneficios en la privatización salinista de empresas publicas.
Ahora Romo es la vinculación de López Obrador con los grandes empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, al grado de ser el responsable del entendimiento entre esos empresarios y el presidente electo. Las fotografías de López Obrador conviviendo con sonrisas, abrazos y elogios mutuos con los ricos del CMN es producto de las relaciones de Romo y sus compromisos para favorecerlos en el próximo gobierno.
Pero Romo también es el contacto de López Obrador con la iglesia católica conservadora, porque el Opus Dei y los Legionarios de Cristo siguen siendo un grupo de poder dentro del Vaticano, su plaza continúa en Monterrey y por los lazos de Romo con el padre Maciel que lo llevaron a la censura al 40.
Luego de que el pasado fin de semana se diera a conocer que la compañía Agromond sería la encargada de ejecutar la reforestación de un millón de hectáreas, el propietario de la empresa de tecnología agroalimentaria, Alfonso Romo, negó dicha información.
Las críticas y acusaciones de un posible conflicto de interés hechas en diversos medios de comunicación y las redes sociales estallaron el domingo, cuando AMLO tuiteó una foto en la que posa con empleados de Agromond durante su estadía en Tapachula, Chiapas.
La fotografía fue acompañada con el mensaje: “continuamos con el trabajo de campo para iniciar, desde el 1 de diciembre, el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales”, la cual fue una de sus promesas de campaña.
Este lunes Alfonso Romo, quien fue elegido para dirigir la oficina de la Presidencia cuando López Obrador tome posesión, aclaró que su empresa no obtendrá el contrato público del programa agroforestal y que la visita de AMLO a las instalaciones de Agromond “fue con fines educativos”.
Alfonso Romo ganó millones de dólares con la compra y posterior venta de una empresa, en una acción poco ética, aseveró Mary Anastasia O’Grady, columnista de The Wall Street Journal.
O’Grady señaló que en 2003, Romo vendió la empresa Seminis, con cotización en el índice Nasdaq y dedicada a la producción de semillas, a la firma californiana Fox Paine. El 75% de Seminis era propiedad del conglomerado mexicano Savia, cuyo presidente era Romo.
Desde 2002 iniciaron las operaciones para la venta de Seminis; tras una negociación, Fox Paine ofreció a los accionistas públicos 3.78 dólares por acción y 3.40 por acción a Savia. El valor de la transacción, según un comunicado de prensa de la compañía del 2 de junio de 2003, fue de más de 650 millones de dólares (mdd).
O’Grady destacó que los accionistas fueron impedidos para buscar más opciones de compra. En declaraciones a la periodista, Bernardo Jiménez, vocero de Romo, aseguró que la oferta de Fox Paine era la mejor y que habían sondeado a otros posibles compradores pero no hubo interés, en parte por la controversia que había alrededor de los organismos genéticamente modificados (OGM), con los cuales trabajaba Seminis.
Con la transacción, agregó la periodista, no se les permitió a los accionistas conservar su propiedad, salvo a Romo y sus socios cercanos, quienes para marzo de 2004 juntaban hasta el 52% de las acciones de Seminis.
Entonces, Romo fue nombrado CEO y se le otorgó un salario anual de 1 millón de dólares; además, Jiménez, quien había sido director financiero de Savia, fue designado en el mismo cargo en Seminis.
La columnista del WSJ indicó que en enero de 2005, Romo, sus socios y Fox Paine firmaron un “acuerdo y plan de fusión” con Monsanto, empresa que terminó pagando por Seminis 1.5 mil mdd en efectivo, asumió deuda y se comprometió a dar un bono de rendimiento de hasta 125 mdd pagaderos a una compañía llamada Marinet, propiedad de socios de Romo, según reconoció el vocero de Romo.
“La primera reunión con Monsanto, según Jiménez, fue en octubre de 2004; se firmó una carta de intención en diciembre de 2004. Eso implica que Romo, sus socios y Fox Paine comenzaron a negociar la venta de Monsanto más o menos un año después de comprar Seminis. Con una ganancia de 950 millones, más que duplicaron su dinero”, señaló O’Grady.
Jiménez dijo a la periodista que el monto de la operación se explica por reestructura que se hizo en Seminis y porque la controversia sobre los OGM cedió, con lo cual se revalorizaron las compañías dedicadas a esta área.
“Sin embargo, es una historia que naturalmente plantea la pregunta de si el CEO Romo mantuvo su responsabilidad fiduciaria como presidente para llevar a cabo un acuerdo justo y transparente. Esa es la definición misma de ética”, escribió O’Grady.
En el marco de la actual contienda presidencial de México, Romo fue designado el 15 de febrero por López Obrador como responsable de estrategia y enlace con empresarios, gobiernos y sociedad civil de su campaña y también es el encargado de conformar el proyecto de gobierno a seguir en caso de triunfar el 1 de julio.
"Me cuesta entender el tipo de relación que tiene con el presidente. Ideológicamente, Romo es un hombre de extrema derecha", declaró Urzúa. Romo "oscila" entre las ideologías del grupo conservador católico Opus Dei y de la congregación de los Legionarios de Cristo, cuyo fallecido líder, el sacerdote Marcial Maciel, fue vinculado a numerosos casos de abuso sexual.
"¿Cómo un hombre así, que llegó a admirar a Augusto Pinochet y a Marcial Maciel, acabó no solo siendo amigo de López Obrador, sino incluso siendo el jefe de la Oficina de la Presidencia?", cuestiona el exsecretario.
Redacción Quintana Roo
6 octubre, 2019
PLAYA DEL CARMEN.- El Proyecto Multidisciplinario “Gran Acuífero Maya” advirtió al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) los riesgos que representa el proyecto del Tren Maya pues, de acuerdo con Guillermo De Anda, “los cenotes tienen aún preguntas no resueltas”.
Contrario a lo que otros organismos han comentado sobre la seguridad que tendrá el Tren Maya para no afectar el entorno ambiental, los integrantes de Gran Acuífero, piden a quienes tienen a su cargo la línea ferroviaria tomen en cuenta la opinión de expertos.
El grupo de Gran Acuífero Maya, durante una reunión que sostuvieron con Javier Velázquez Moctezuma, coordinador Científico del Tren Maya, expusieron la riqueza que hay en el subsuelo, por toda la historia que guarda, no sólo por los descubrimientos de la fauna de la era del hielo o de los primeros habitantes del continente, sino también por la historia del planeta mismo.
Gran Acuífero Maya, se ha dado a la tarea de explorar todo el sistema de ríos subterráneos, cuevas, cenotes y cavernas que hay en la Península de Yucatán, particularmente en Quintana Roo, donde se tienen aproximadamente 1 mil 650 kilómetros de cuevas inundadas, con cenotes no explorados todavía y que podrían ser entre 15 y 20 mil.
La investigación de los cenotes continuará para las siguientes décadas, por eso se espera que en cualquier desarrollo urbano como el Tren Maya, se tome en cuenta a los expertos y al conocimiento científico.
ALFONSO ROMO GARZA, el actual jefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es uno de los empresarios que representan los intereses de la burguesía y es más cercano al gobierno. Él mismo expresó su papel en las estructuras de Estado al declararse “infiltrado de los empresarios”.
Uno de los objetivos del gobierno de AMLO, inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece: “Separar el poder político del poder económico”, en referencia a la complicidad con la que actuaron los gobiernos anteriores y los grupos empresariales para enriquecerse a costa del pueblo; sin embargo, el papel de Alfonso Romo indica todo lo contrario.
Basta con seguir su trayectoria, conocer su fortuna y su ideología para saber a qué clase social representa y cómo sus intereses fortalecen el sistema capitalista.
Alfonso Romo Garza proviene de una de las familias más acaudaladas desde finales del siglo XIX. Su bisabuelo, Gustavo A. Madero, fue empresario y dueño de fábricas en diversas ramas de la industria.
Participó, junto a su hermano Francisco I. Madero, en la revolución de 1910, pero, sostenemos que, fueron fieles representantes de la naciente burguesía y traicionaron la Revolución al pactar su llegada a la presidencia y sofocar las rebeliones que aún se mantenían.
Con esta historia familiar, Alfonso Romo se formó en el Tecnológico de Monterrey como ingeniero agrónomo. Hoy destaca por su posición como uno de los hombres que posee grandes fortunas al amparo del poder económico y político. Se unió en matrimonio con la hija de Alejandro Garza Lagüera, nupcias que le permitieron asociarse con la poderosa familia Garza Sada,
Romo diversifica su capital en varias ramas económicas. Una de sus principales firmas es Grupo Plenus, corporativo que agrupa sus actividades en los sectores de biología sintética, agrobiotecnología, educación y servicios financieros, con empresas como Synthetic Genomics, pionera en desarrollar los primeros organismos vivos artificiales; Enerall, dedicada a convertir suelos calcáreos (improductivos) en áreas de cultivo intensivo; Agromond, primer y más grande productor mundial de papaya maradol; Vector, la casa de bolsa más grande de México; Seguros Comercial América, una de las compañías de seguros más grande de Latinoamérica, entre otras. Recientemente incursionó en el sector salud al invertir 18 millones de dólares por 49% del capital de Médica Sur.
Durante el sexenio presidencial de su amigo Vicente Fox (2000-2006), Romo fue uno de los impulsores del Plan Puebla-Panamá (PPP); Dicho proyecto, financiado por organismos internacionales, se planteó la construcción de una red de infraestructura y reorganización económico-social para el sur-sureste de México y más de siete países de Centro América, con el objetivo de detonar el “desarrollo y crecimiento económico”. Lo anterior ¿suena familiar? Exacto, El PPP es uno de los antecedentes del actual proyecto de AMLO.
No es casualidad que AMLO lo haya invitado a ser el ideólogo de su proyecto de nación y que hoy forme parte de su gobierno, tampoco lo es la continuidad de los proyectos de desarrollo de sur-sureste del país que se plantearon desde hace más de dos décadas por el capital trasnacional.
Hacemos notar que el gobierno no es independiente y representa las aspiraciones que la clase burguesa sostiene de sexenio en sexenio adaptadas a las condiciones actuales, y que Alfonso Romo impulsará los proyectos neoliberales a toda costa.
Por eso es importante preguntarnos a qué objetivos responden dichos proyectos y quiénes serán los principales beneficiarios.
Tal y como hoy lo revela una investigación de 12 meses —desarrollada en alianza por CONNECTAS, Aristegui Noticias Proceso, Ruido en la Red, Vice México y el apoyo del ICFJ— Romo fundó en 2007 la empresa Enerall, que se asentó sobre la mayor reserva de agua dulce del país, la cual explotó mientras acaparaba miles de hectáreas de territorio y se convertía en el mayor acuateniente agrícola de la Península de Yucatán y el tercero a nivel nacional.
Al arrase de vida silvestre y forestal, el megaproyecto suma la destrucción de al menos un cenote en Tizimín, que solo mereció una ridícula multa de 700 mil pesos impuesta (y después conmutada) por la PROFEPA en 2018, cuando Romo coordinaba la campaña presidencial de López Obrador.
Enerall convirtió suelos improductivos en fértiles para la producción de maíz, sorgo, higuerilla, ajonjolí, frijol y soya, lo cual logró con maquinaria pesada, biotecnología y cientos de trabajadores, en su mayoría indígenas mayas, a quienes sometía a jornadas de trabajo de hasta 16 horas. Y por supuesto, con agua, millones de litros cúbicos de agua.
Días antes de convertirse en Jefe de Oficina de la Presidencia, Romo se separó de su megaproyecto, dejando a cargo a su hermano, pero llevó a Palacio Nacional un historial de conflictos de interés y contradicciones a los principios de la transformación que el actual gobierno asegura representar. Desde la elaboración del Proyecto de Nación que López Obrador le encargó coordinar en 2017, el empresario del norte cimentó las bases para proteger sus intereses en el sur y encumbrar ahí un nuevo lobby empresarial. A lo largo de sus 461 páginas, el Proyecto de Nación contiene diagnósticos y acciones alineados a los intereses de Enerall, como el fomento a la biotecnología, las plantaciones de alta productividad y rápido crecimiento en el sureste, el aprovechamiento de los recursos hídricos en la zona, además de, por supuesto, la construcción del Tren Maya: la estación Valladolid quedará a menos de una hora de Enerall.
Mientras el Proyecto de Nación se escribía, Romo forjaba una alianza entre Enerall y Cargill (el imperio agroindustrial estadounidense acusado de malas prácticas como desplazamiento de indígenas y deforestación en la Amazonia) que culminó con el anuncio de una inversión de ambas compañías por 140 millones de pesos, anunciada 6 días antes de la presentación del Proyecto de Nación 2018-2024, del 20 de noviembre de 2017. El poder económico de Enerall creció en sintonía con el poder político de quien hoy despacha a centímetros del presidente.
Hoy que Romo ha perdido influencia y poder en el Grupo Monterrey, desde Palacio Nacional favorece al nuevo lobby del sur con proyectos y planes que el gobierno obradorista tiene para el desarrollo en la región. Explotación de recursos y comunidades disfrazada de aprovechamiento y oportunidades. Neoliberalismo disfrazado de transformación. Alfonso Romo es la mano derecha —en toda la extensión de la palabra— de quien prometió un cambio que está a prueba.
La responsabilidad de Romo por los daños y excesos de su megaproyecto debe ser investigada por funcionarios subordinados a su oficina. La SFP, por sus conflictos de interés al diseñar proyectos del gobierno que benefician su negocio; la SEMARNAT, por el daño ambiental, la destrucción de uno o más cenotes y las concesiones de agua; el INAH, porque también hay indicios de daños arqueológicos; la STPS por los abusos laborales; y todas las dependencias que integran la CIOBIOGEM (encargada de las políticas relativas a las biotecnologías). Es impensable que Romo pueda seguir siendo el Jefe de la Oficina de López Obrador, mientras es investigado. Si el presidente lo protege, “primero los pobres”, “separar al poder económico del político” y “castigar a quien dañe el medio ambiente” serán solo frases del prefacio en la historia de un gobierno que cambió la trama muy temprano.
En campaña se convirtió en uno de los hombres fuertes, en un cercano, era el puente entre los empresarios y el Presidente. Se sentaba a mesas con todo el mundo, coordinaba esfuerzos, decía tener comunicación directa.
En todas las comidas salía el mismo tema… el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. En la mayoría de las reuniones juraba que seguiría, que el candidato López Obrador conocía el impacto económico de echar abajo una obra de ese tamaño y que en realidad se haría una megalimpia, pero que se mantenía el proyecto.
Nada de qué preocuparse, la economía iría viento en popa, la misma relación sólida, pero sin corrupción, y brindaba con toda la clase empresarial. Sentarte con Alfonso Romo en la campaña era como hablarle al Presidente, “lo mío no es la política, yo estoy con Andrés Manuel un par de años y si no jalamos para el mismo lado me regreso a Monterrey”. Un hombre sin ambiciones políticas cerca de la figura presidencial, justo lo que necesitaba AMLO.
En época de transición, ya como presidente electo, López Obrador volvió al tema del NAIM, dijo que haría una consulta, dijo que los resultados los acataría, dijo que lo cancelaría… y lo canceló. Romo quedó reducido a un publirrelacionista, nada más, con los empresarios perdió credibilidad y el Presidente lo designó como jefe de la Oficina de la Presidencia, que en este gobierno aún no sabemos lo que hace ni lo que significa.
En este sexenio lo más relevante había sido su pelea interna con el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, de la cual salió victorioso; poco se había hablado de él, salía en fotografías en Palacio Nacional, recibía a varios en su oficina, y nada más, hasta ayer que saltó a la agenda nacional por un reportaje de investigación que lo nombra como “un cacique del agua en el paraíso maya”.
La historia se detonó en marzo de 2018 cuando el periodista Sergio Rincón estaba por hacerle una entrevista con relación a la campaña del candidato de Morena. Por azares del destino el equipo de camarógrafos llegó tarde a la cita y el periodista comenzó a charlar con Romo, de la nada Alfonso sonrió, le acababan de llegar unas imágenes a su celular, eran buenas noticias para él y el único con el que las podía compartir era con el periodista que estaba a punto de entrevistarlo, le mostró videos de cómo se preparaban y transformaban los suelos de la península de Yucatán, le dijo que se trataba de una empresa suya, una empresa llamada Enerall. Rincón hizo la entrevista y empezó a escarbar en aquellas imágenes que Romo le había presentado de manera casual.
Ayer la organización de periodismo Connectas y The International Center for Journalists (ICFJ) en voz de tres periodistas, Janet Cacelín, Alejandro Melgoza y, por supuesto, Sergio Rincón, publicaron que esta empresa, propiedad de Romo, ha ganado en los últimos 10 años las concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola de la península de Yucatán; que durante su expansión, la empresa ha afectado la vegetación y la fauna, y ha destruido incluso un cenote que simplemente fue tapado con lodo.
El extenso reportaje documenta los abusos, las concesiones e incluso cómo Romo se separó de la dirección de la empresa días antes de que AMLO llegara al poder; sin embargo, hasta este momento su familia es quien aún se encarga de dirigirla.
Otra oportunidad única para que este gobierno vaya hasta el fondo de lo documentado, que realice una investigación seria de lo señalado y de cómo se ha explotado la tierra y el abuso laboral a cientos de trabajadores de la región desde hace al menos una década.
¿Qué le dirá ahora al Presidente el nombre de Alfonso Romo? Al cierre de esta edición no ha habido una sola reacción del gobierno federal, ni de Jesús Ramírez, ni de Romo, ni del Presidente. Lo dice cada mañana el Presidente, “no somos iguales”, otra oportunidad para demostrarlo.
(El reportaje completo lo pueden consultar en la siguiente dirección
https://www.proceso.com.mx/619955/un-cacique-del-agua-en-el-paraiso-maya-2)
https://www.proceso.com.mx/619955/un-cacique-del-agua-en-el-paraiso-maya-2)
Silvia Ribeiro *
Para Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia del actual gobierno, las y los pobladores de Yucatán son muertos de hambre, que no saben ni manejar sus propias tierras y a los que la empresa Enerall, que él fundó y ahora maneja su familia, les lleva el progreso (https://tinyurl.com/sl5tel8).
El desarrollo del que Romo se dice orgulloso es alterar radicalmente la naturaleza de los suelos y sistemas de agua únicos de la península de Yucatán para plantar soya transgénica y otros semillas patentadas por Monsanto-Bayer y similares. Todo, regado con agrotóxicos de las mismas compañías, contaminando el agua potable de la península.
El agua que quede, porque la investigación de Cacelín, Melgoza y Rincón publicada el 2 de marzo por Proceso y otros medios llama a Romo cacique del agua, ya que a través de esa empresa obtuvo gratuitamente la mayor concesión de extracción de agua de la península.
En el proceso, Enerall taponó un cenote de 5 mil 500 metros cuadrados, deforestó y eliminó fauna local, pagó sueldos miserables a los trabajadores, en el acuífero más importante de México, cuya disponibilidad ha disminuido 43 por ciento (https://tinyurl.com/r7dvgr5).
Tizimín, donde opera Enerall, es una de las áreas en que el gobierno, en 2012, aprobó a Monsanto una enorme extensión para siembra de soya transgénica. Luego de un largo y trabajoso proceso judicial contra este permiso por comunidades y organizaciones de la península, como el Colectivo Apícola de los Chenes, la Senasica anuló, a finales de 2017, el permiso de siembra de Monsanto para esta área y todas las demás en siete estados incluidas en el mismo. No está claro para las comunidades de la península si pese a haber sido cancelado ese permiso, de todas maneras hubo siembra ilegal de transgénicos en ese periodo y posteriores. En 2017, Enerall se asoció con la multinacional Cargill para abrir una gran planta en Tizimín de adquisición y distribución de granos.
Según Romo, Enerall convierte suelos áridos en fértiles. Esto lo hace a partir de romper la estructura natural de los suelos con máquinas pesadas (además de deforestar y tapar cenotes donde le cuadre) para agregar un sustrato que contiene microbios –que cabe preguntarse si son transgénicos, dado el historial de Romo–, con lo cual genera un suelo artificialmente apto para plantar monocultivos de soya, maíz y otros.
Éstos son regados con glifosato, cancerígeno según la OMS, y otros agrotóxicos de Monsanto-Bayer y otras trasnacionales. Ni Romo ni la empresa informan por cuánto tiempo se podrían plantar esos suelos, que debido a esta receta sufren un proceso de erosión acelerado.
El sistema de suelos de la península de Yucatán, así como sus sistemas de ríos subterráneos y cenotes, son únicos en el mundo. Por su alta porosidad, los contaminantes se filtran más rápidamente y diseminan en el agua. Son sistemas complejos y delicados que los pueblos indígenas han sabido conocer, apreciar y convivir durante siglos.
Romo tiene un nutrido historial en apropiarse y vender recursos únicos de México. Antes de Enerall era dueño de la semillera Seminis (que llegó a ser la empresa más grande del mundo en semillas de hortalizas). En 2005 la vendió a Monsanto y se quedó trabajando con esa compañía por tres años.
Así, Monsanto accedió a miles de semillas de variedades únicas de maíz, chiles y otros cultivos nativos de México.
Poco después su amigo Juan Enríquez Cabot (así lo nombra Romo), otro empresario biotecnológico, lo contactó con Craig Venter, biotecnólogo estadunidense que trabajó para el sector público en el secuenciamento del genoma humano, pero se retiró para hacer su negocio privado, mientras intentaba patentar miles de genes que había estudiado en el proyecto público. En 2004, Venter emprendió un viaje global de biopiratería de microbios marinos alegando que eran para fines de investigación.
De México se llevó miles de muestras de microorganismos de la península de Yucatán sin solicitar autorización del gobierno –lo cual tuvo que hacer en los demás países–, ya que aquí la investigadora de la UNAM Valeria Souza lo cubrió con su permiso de colecta científica.
En paralelo, a tal colecta científica Venter buscaba fundar una empresa comercial para aprovechar las muestras obtenidas. Gracias a Enríquez Cabot, Romo aportó en 2005 el capital principal para fundar Synthetic Genomics, de la que ambos pasaron a formar parte.
Tanto Enerall como el proyecto del Tren Maya, pieza clave del proyecto de nación que coordinó Romo para AMLO, parten de la misma lógica. No hay reconocimiento ni respeto por las comunidades, sus formas de gobierno, culturas y relación con la naturaleza, sino que ven todo el sureste como una zona de negocios a explotar.
Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, se refirió a las comunidades indígenas en el mismo tenor que Romo: el Tren Maya será negocio para algunos y los pobladores de la península podrán llegar a pie a pedir limosna (https://tinyurl.com/sfgs7s4).
No son emprendimientos para las comunidades.
Tal como explica Heber Uc, del Consejo Indígena de Bacalar, el Tren Maya es para conectar y dinamizar diferentes empredimientos –como Enerall y Cargill– que desde hace años atropellan a los pueblos mayas en la Península de Yucatán (https://hablanlospueblos.org/)
* Investigadora del Grupo ETC
violeta r. núñez rodríguez*
7 marzo 2020
la jornada
¿Cómo se financiará el denominado Proyecto de Desarrollo Tren Maya? Esa es la pregunta que nos hacemos a un mes de que inicie su construcción. No es una pregunta ociosa, ya que no es lo mismo que se financie, casi en su totalidad, con inversión privada, que con recursos públicos.
En el fondo estamos frente a la discusión entre mercado versus Estado (Hayek contra Keynes), o lo que es lo mismo, entre un Estado neoliberal contra un Estado socialmente responsable.
En este sentido, de cómo se financie este proyecto que pretende el reordenamiento territorial de la península de Yucatán (construcción de un tren de más de mil 500 kilómetros, edificación de 30 estaciones, urbanización y creación de 18 polos de desarrollo, entre otros), dependerá el futuro del sur de la República Mexicana.
En el documento ¿Qué es el Tren Maya? (Fonatur, 2019), se indicó que la forma de financiamiento de los siete tramos en que está dividida la ruta del tren se realizaría mediante contratos de inversión mixta.
De manera textual decía: una parte de la inversión (10 por ciento) quedará a cargo del gobierno federal y el resto a cargo de las empresas privadas que resulten adjudicatarias de los contratos de inversión mixta en las licitaciones correspondientes.
Esto significa que la propuesta por escrito, presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable del proyecto, estableció que 90 por ciento del financiamiento para la construcción de los tramos sería privado. Además, el Fonatur (2019) estipuló que los contratos se harían en términos de la Ley de Asociaciones Público Privada (Ley APP), una ley aprobada en el gobierno de Felipe Calderón, y ante la cual la oposición de ese momento (hoy gobierno) se manifestó férreamente en contra, señalando que representaba el intento de llevar a cabo una gigantesca y cada vez mayor privatización de los servicios públicos y de la infraestructura de la nación (Senado de la República, 2011), y de que el Estado se reconvertía en un instrumento de promoción de intereses privados. No obstante esto, el llamado Tren de la Cuarta Transformación se amparó en este instrumento jurídico.
¿Pero cómo funcionarían estos contratos? En entrevista con el Fonatur (2019), nos manifestaron: tú ganaste el tramo, me entregas un tren con estas características (con términos de referencia). A la entrega, te doy 10 por ciento; 90 por ciento te lo difiero a un plazo de 30 años. Te lo pago como una renta. Se vuelve un negocio financiero. Te hago un pago anual fijo de capital, intereses y mantenimiento. Es decir, tú financiaste la obra y yo te voy a pagar.
Esto significa que si esta propuesta prosperara, el gobierno federal y todos los mexicanos nos endeudaríamos.
Pero la historia no termina aquí. En el documento, por escrito, también se propuso licitar el material rodante (locomotoras y vagones); el control y operación; entre otros. Así, tampoco es el Estado el que financiará y se hará cargo de estos otros elementos.
Aunado a esto, se indicó que la forma de financiar las estaciones, que se edificarán sobre tierras ejidales, sería mediante el Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibra Tren Maya), un instrumento financiero hibrido (parte de su rentabilidad no está garantizada) que cotiza como cualquier acción en el mercado de capitales, donde priva el riesgo, la incertidumbre y la especulación.
Es decir, estamos hablando de diferentes tipos de financiamiento, no sólo el correspondiente a los tramos.
También se llegó a manejar, en declaraciones, que el porcentaje que el gobierno financiaría aumentaría a 70 por ciento ( El Financiero, 2019) y en la mañanera del 16 de diciembre de 2019, el presidente López Obrador señaló que el proyecto sería financiado en su totalidad con presupuesto público. Pero a finales del año pasado, el responsable del Fonatur volvió a indicar que el proyecto es “una inversión público privada… en un inicio va a tener 90 por ciento de inversión privada. Es un proyecto que tiene un componente privado muy importante, en la parte que es vía, y veremos que en todas las estaciones también es fundamentalmente todo privado” ( PiedePágina, 2019). ¿Entonces?
No obstante las declaraciones, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se aprobaron 2 mil 500 millones de pesos para el Tren Maya (SHCP, 2020). Esto significa que si el gobierno federal quisiera financiar en su totalidad el proyecto con recursos públicos (a cuatro años como lo ha planeado), tardaría casi 56 años en su construcción, dado que la inversión requerida es de 139 mil 100 millones de pesos (Fonatur, 2020). Y aun agregando los 8 mil millones de pesos, provenientes del impuesto al turismo –que el Presidente de la República dijo que se destinaría para el Tren Maya– se tardarían varias décadas. Entonces, ¿quién va a financiar el proyecto que le cambiará la vida de los campesinos y pueblos originarios? No olvidemos que los intereses del mercado y del Estado, no son los mismos. Por su racionalidad, el primero busca a toda costa la ganancia; el segundo, en teoría, pretende el bienestar social. Pero esto está por verse.
* Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI
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yásnaya elena a. gil
10 mar 2020
el país
Quisiera comenzar por hacer una concesión: detrás de la implementación del Tren Maya, uno de los proyectos más anunciados por el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las mejores intenciones sientan las bases de su ejecución.
Después de siglos de abandono en el que el pueblo maya ha sido despojado y empujado a un proceso de pauperización indolente, el nuevo Gobierno pretende, por fin, implementar un proyecto integral que tiene como principal objetivo crear “bienestar social para la población que habita la zona maya” e “integrar territorios de gran riqueza natural y cultural al desarrollo turístico, ambiental y social en la región” como se describe en la página oficial del proyecto.
¿Por qué alguien habría de oponerse?
La inclusión y el desarrollo de los pueblos mayas de la península son necesarios si el nuevo Gobierno pretende que la justicia social alcance a los sectores más desfavorecidos en la historia de este país. No sería justo dejarlos fuera del proyecto de la Cuarta Transformación. Hago esta concesión para partir de una superficie común que me permita exponer puntos que me parecen problemáticos en la discusión que se ha dado en torno del Tren Maya. Muchas otras personas, abiertamente en contra de la ejecución de este proyecto, han presentado datos, informes y argumentos para debatir sobre todas sus implicaciones y se ha utilizado incluso instrumentos legales como el amparo para frenar su implementación. No haré aquí tal cosa.
Respetando la misma concesión inicial, obviaré discutir el hecho de que Alfonso Romo, actual jefe de la oficina de la Presidencia de México, fundó una empresa que ha obtenido concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea en la Península de Yucatán.
¿Cuáles son las implicaciones y posibles relaciones de esto con el Tren Maya? No se pondrá en tela de juicio nada de esto porque, insisto, para los efectos de estas líneas, se concede, al menos por un momento, que este proyecto se ha creado con las mejores intenciones: el bienestar social, la inclusión de un sector vulnerable largamente excluido del desarrollo del país. Con tan buenas intenciones, parece incluso una necedad pedir que se consulte a los pueblos indígenas involucrados siguiendo los lineamientos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga a realizar consultas cuando los territorios de los pueblos indígenas pueden ser afectados por un proyecto. Una vez concedido lo anterior, quisiera sostener que las mejores intenciones detrás de la ejecución del Tren Maya son, de hecho, la base del problema.
· Yásnaya Aguilar: "Las lenguas indígenas no se mueren, las mata el Estado mexicano"
· Un optimista de la paz
Uno de los argumentos más socorridos en el debate se centra en enunciar la ausencia del Estado como el motivo que ha provocado la actual situación de los pueblos indígenas. El olvido estatal que siempre los ha mantenido excluidos del desarrollo del resto del país ha causado la pobreza y el atraso de la población indígena en general y de la población maya en particular. Sin embargo, quiero argumentar, que no ha sido la ausencia de Estado el motivo de la pauperización de los pueblos indígenas sino, precisamente, lo contrario.
No ha sido la exclusión de estos pueblos del ideal del desarrollo planteado por el Gobierno los que los ha empobrecido sino los procesos violentos de la inclusión. La Constitución misma de México se basa en la inclusión de pueblos y naciones en un proyecto criollo que nunca fue consultado.
El hecho de que los muy diversos pueblos indígenas hayan quedado encapsulados dentro del Estado mexicano no fue resultado de un pacto confederado entre estas diversas naciones y culturas sino de la imposición del proyecto de una minoría privilegiada. Por esta razón, por el hecho de que los pueblos indígenas pre-existen a la creación de México como país es que, lo que sea que el Estado pretenda realizar en sus territorios, debe ser consultado.
La llamada segunda transformación de la vida pública de México, como la nombra el actual presidente, fue uno de los principales causantes de la pobreza que los pueblos indígenas han sufrido. A mediados del siglo XIX, se calcula que más de la mitad de la población mexicana era indígena y en ese contexto, una gran parte de los pueblos tenían las tierras en propiedad comunal. Como un efecto de las Leyes de Reforma y en especial de la Ley Lerdo, la propiedad comunal fue duramente golpeada y múltiples comunidades indígenas sufrieron pérdidas catastróficas de bienes y tierras. En muchos casos incluso tuvieron que volver a comprar sus propias tierras cuando así pudieron, pero en general se trató de uno de los mayores impulsos de la pauperización de los pueblos indígenas.
Como respuesta a esta problemática generada por el Estado debido a la concentración de las tierras en pocas manos, llegó la tercera transformación que con el tiempo implementó uno de los proyectos más agresivos en contra de las lenguas, la cultura y la existencia misma de los pueblos indígenas al impulsar su integración lingüística y cultural. Gran parte del proyecto posrevolucionario estuvo encaminado a incluir e integrar lo que quedaba de los pueblos indígenas en un ideal deseable: el mestizo mexicano, una única raza cósmica, la raza de bronce. Esta integración y esta inclusión en términos del poder estatal son los responsables de la situación actual de los pueblos indígenas de México.
Ahora, bajo la promesa de la inclusión, el Tren Maya se presenta como el alivio a una situación que justamente los afanes de incluir han provocado. No ha sido la ausencia de Estado el problema sino su demasiada presencia. Los discursos de la inclusión se contraponen a la autonomía y la libre determinación a la que los pueblos indígenas tienen derecho y que incluso ha llegado a ser reconocido en la Constitución Mexicana en su artículo segundo.
El Tren Maya no es un proyecto que los pueblos mayas hayan propuesto a la federación como un ejercicio de su autonomía sino la implementación de aquello que desde el Gobierno federal se considera que es el mejor medio para terminar con una situación creada por el estado mismo.
El Tren Maya, desde su nacimiento, no es maya, es el Estado dictando de nuevo, otra vez, una vez más, cuáles son las soluciones a los problemas de los pueblos indígenas.
Por lógica, el proyecto que el estado propone no es la única solución posible a los problemas que enfrenta la población indígena. La población maya no se encuentra en la situación actual por la falta de un tren, sino por la violencia estructural que se ha ejercido sobre ella.
¿Es posible pensar en otras alternativas? ¿No sería mejor desmantelar el sistema de opresión que produce la pobreza en los pueblos indígenas? ¿No sería mejor, en todo caso, devolver las tierras despojadas históricamente, frenar a los empresarios que acaparan agua y territorio?
Muchos pueblos y personas que pertenecen al pueblo maya han planteado otros modos de construir y hacer posible la vida digna y deberían de ser considerados dentro de un ejercicio de libre determinación que no se puede ejercer en consultas que duran muy poco tiempo como las que ha implementado el gobierno.
En una entrevista con Heriberto Paredes para Pie de Página, Romel González, el asesor jurídico del Consejo Regional Indígena y Popular (CRIPX), organización desde la que se interpuso un amparo contra la ejecución del Tren Maya, da cuenta de la visión colonialista de pretender que este proyecto es la única opción para los problemas de la península: “Estamos viendo desde el principio una visión colonialista, ‘yo vengo de la ciudad, vengo con todo el conocimiento y te vengo a acabar la pobreza con un tren’.
Es un colonialismo moderno, como decía Comte y los positivistas, ‘yo te vengo a traer el orden, yo te vengo a traer el progreso, te vengo a traer la civilización’.
Los discursos de la inclusión evidencian de entrada una relación de poder implicada: quienes hablan de incluir evidencian que tienen el poder de hacerlo. La direccionalidad de la inclusión es elocuente: ¿quién pretende incluir a quién? Los discursos de la inclusión se contraponen a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos indígenas consagrada, paradójicamente, en la misma Constitución Mexicana a comienzos del siglo XXI.
Cada vez que el Estado ha volteado sus ojos a los pueblos indígenas en el nombre del desarrollo, la catástrofe ha llegado muy frecuentemente.
En nombre de la modernidad y del desarrollo del país, en 1954, el Estado mexicano desplazó a aproximadamente 20.000 mazatecos para la construcción de la Presa Miguel Alemán en Oaxaca y entre 1974 y 1988 desplazó a 26.000 chinantecos por la construcción de la Presa Cerro de Oro. Ambos proyectos pauperizaron a la población y generaron una serie de terribles afrentas a pesar de los discursos de progreso, bienestar y desarrollo en el que estuvieron envueltos.
En otros casos, la intervención del Estado mediante el asistencialismo ha tenido también como efecto la creación y el fortalecimiento de redes clientelares que dificultan ejercer la autonomía y la libre determinación. El Estado crea los problemas por su intervención y su pretensión integracionista, que ha sido un ejercicio etnocida de borramiento amestizador, y pretende solucionar esos problemas con más proyectos que se plantean desde la inclusión.
Todo esto deja en entredicho también la idea de progreso y desarrollo que en el fondo tampoco se ha puesto a discusión cuando se habla del Tren Maya.
Las diferentes maneras de entender “calidad de vida”, “vida digna”, “buen vivir” con frecuencia se oponen a las nociones de progreso y desarrollo que el discurso estatal maneja.
En un ejercicio honesto, sería necesario discutir qué se entiende por desarrollo y cuáles son los índices de bienestar a considerar desde distintos y contrastantes puntos de vista, de culturas y concepciones.
Y eso no ha sucedido.
A lo más, se han hecho consultas para cumplir con un requisito necesario sin observar los estándares del Convenio 169 como debería ser. Estas consultas no especifican la metodología y la justificación para determinar las unidades de consulta (no todos los pueblos indígenas se organizan de manera comunitaria ni todas las asambleas ejidales son representativas de una población indígena, por citar un ejemplo) y tampoco han dotado a las unidades de consulta de la información a favor y en contra que es condición necesaria para una consulta adecuada.
En las mejores tradiciones asamblearias, se acostumbra escuchar a quienes están a favor de una propuesta e inmediatamente después a quienes están totalmente en contra, ambas posturas tienen la misma atención, el mismo tiempo de exposición y los mismos recursos.
En la consulta sobre el Tren Maya esta condición necesaria no se ha cumplido así que los resultados de la consulta son, de origen, engañosos. Sería necesario escuchar a los más férreos detractores, así como a las personas entusiastas del proyecto oficial, habría que escuchar a quienes han caído bajo las redes clientelares que con el tiempo ha creado el estado como a los que plantean otras maneras de atender la pobreza en la península.
Una vez escuchada y discutida la información en ambos sentidos, la toma de decisiones se puede convertir en un ejercicio honesto que parta de la buena fe. Argumentar que no se han manifestado comunidades mayas en contra del proyecto de tren, si fuera verdad, se convierte en una falacia, la falta de posturas en contra se podría deber a muchos factores, entre ellos a que no se ha garantizado la información suficiente con argumentos a favor y en contra. Sin información previa suficiente y sin tener claras las determinaciones de las unidades a consultar, los resultados de la consulta simplemente no son confiables.
Aun concediendo que el Estado desee ejecutar el proyecto del Tren Maya por razones aparentemente nobles como incluir a los pueblos indígenas en el desarrollo del país para sacarlos de la pobreza, estas razones evidencian el mismo mecanismo mediante el cual, en todas las llamadas transformaciones de México, se ha pauperizado a los pueblos indígenas y se han expuesto sus tierras y sus vidas a los intereses del capitalismo a través de proyectos estatales verticales.
Los pueblos indígenas no necesitan mayor presencia del Estado, muchos de ellos luchan precisamente para gestionar su mayor ausencia porque eso significaría fortalecer la autonomía y la libre determinación. En la península hay proyectos e iniciativas propias que plantean otras maneras de enfrentar los problemas que tienen de origen la opresión histórica del estado. Antes de proceder, habría que escuchar.
La inclusión para los pueblos indígenas ha significado muerte y pauperización. Sophia de Mello, una genial poeta portuguesa enuncia en un poema un buen deseo para alguien que ama: “Que ningún Dios recuerde tu nombre” recita el verso que puede leerse a la luz de lo que sucede cada vez que los dioses de la tradición clásica se acuerdan de quienes habitan el plano terrenal : Ío convertida en ternera por los celos de Hera, Dafne convertida en árbol como única salida ante la pasión enfermiza de Apolo, la terrible y cruenta guerra de Troya desatada por Hera, Atenea y Afrodita en su disputa por la manzana de la discordia. Con tal evidencia, entiendo el verso de Sophia de Mello como la expresión del mejor de los deseos: más vale “que ningún Dios recuerde tu nombre”.
Ante la evidencia de los efectos del estado cada vez que recuerda el nombre de los pueblos indígenas en la implementación de sus grandes proyectos, solo resta también desear lo mejor: que ningún Estado recuerde tu nombre. Más vale.
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