El 1 de agosto de 2019, en Tabasco (al sureste de México), entraron en vigor una serie de reformas a la ley penal local, que criminalizan la protesta y atentan contra la libertad de expresión.
Tabasco es la entidad federativa en la que nació el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien se pronunció inmediatamente a favor de las reformas, que han sido identificadas por la opinión pública como la “Ley Garrote”.
La “Ley Garrote” de Tabasco ordena que se castigue con prisión y multa a quienes impidan el libre tránsito de personas, vehículos o maquinaria para la ejecución de trabajo u obras pública.
La #LeyGarrote en Tabasco, promovida por @PartidoMorenaMx, vulnera la libertad de expresión y de manifestación de ideas, piezas básicas para un país democrático.
¿Por qué llaman la atención estas reformas?
Tabasco es el lugar donde pretende construirse la refinería de Dos Bocas, que junto con el aeropuerto de Santa Lucía (a varios kilómetros de la capital mexicana) y el Tren Transístmico o Tren Maya (en el sur del país), forma parte de las magnas obras que López ha prometido que su administración entregará a los mexicanos. En el caso de Dos Bocas, la viabilidad del proyecto ha sido seriamente cuestionada por expertos; también su rentabilidad.
Mientras tanto, se ha reportado que las primeras partes de la obra han sido asignadas a empresarios y corporaciones que han sido sancionadas (incluso inhabilitadas) por incumplimientos previos.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó este lunes que al impulsar esta ley se busque hacer frente a las inconformidades que puedan surgir frente a estas obras.
Antes de llegar a la Presidencia, en sus años de opositor, López lideró múltiples bloqueos a vialidades. Se recuerda su bloqueo a la avenida Paseo de la Reforma en la capital mexicana, que impidió el libre tránsito de miles de personas y dejó pérdidas millonarias a los comerciantes establecidos de esa zona, una de las más concurridas del país.
Con motivo de la “Ley Garrote” también los legisladores que no forman parte del partido hegemónico han recordado que López tomó pozos petroleros en su natal Tabasco, como lo reportó Forbes:
Recordó que si esta ley se hubiera puesto en vigencia hace 23 años, cuando el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador tomó pozos petroleros y los bloqueó en protesta, lo habrían sancionado. Lo hizo cuatro veces, de 13 años de cárcel por cada ocasión, “hubieran sumado más de 50 años”, calculó.
José Ramón Cossío —Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— antes de la aprobación de las reformas, en un artículo de opinión, expresó:
La iniciativa del gobernador de Tabasco para regular la protesta social presenta dos grandes problemas. El primero y más obvio, el de su constitucionalidad. Se penalizan conductas que pueden ser expresión legítima de derechos (…)
El segundo y más grave problema de la propuesta es la reiteración de la consigna gubernamental frente al derecho. Subyace una racionalidad idénticamente equivocada: los derechos y sus instrumentos de protección pueden juzgarse en razón de su conformidad o distanciamiento de los propósitos del gobierno. Si los acompañan, son moralmente buenos; si los confrontan u obstaculizan, son indebidos. Permitir que el Presidente y su gente determinen la moralidad del derecho, es tanto como dejar que determinen nuestras condiciones de vida a partir de sus muy particulares designios.
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