kit19 primeros auxilios para estos tiempos: tren maya expediente III (66-100)

La Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) exigió a la Fiscalía General de la República terminar con el “trato diferenciado” para atraer crímenes de líderes sociales y alertó que “en Chiapas grupos paramilitares y de choque promovidos por el gobierno federal operan para imponer el Tren Maya”

En conferencia de prensa, el vocero de la CNPA MN, Jesús Gutiérrez Valencia, sostuvo que el Tren Maya es “inviable”, por lo que el proyecto debe ser revertido pues este se topará con diversas luchas de resistencia legal y social.

Indico que el uso de “grupos paramilitares y de choque” para imponer ese proyecto, puede derivar en circunstancias como las sucedidas en Morelos, donde como resultado de la oposición de megaproyectos “murió el líder social Samir Flores”.

Consideró que el gobierno “busca romper el tejido social vía conflictos sociales sin importar que puedan morir líderes locales, daños ambientales o arqueológicos como sucederá en toda la ruta que contempla el Tren Maya”

Por otro lado insistido en que “a un año del ataque policiaco-paramilitar contra integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, Chiapas que sostenían un plantón pacífico frente a la presidencia municipal y en las entradas a la cabecera municipal que devino en la desaparición, tortura y asesinato de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, prevalece la impunidad para los autores materiales e intelectuales” de esos hechos”.

Por ello urgió al gobierno, y en especial la Fiscalía General de la República atraiga el caso, tal y como lo ha hecho con el de la familia Lebaron.

La CNPA-MN condenó la omisión de las autoridades estatales y federales, las que fueron advertidas del conflicto social en Amatán el 17 de enero de 2019.

Denunció que “persisten amenazas de muerte a miembros del MOCRI-CNPA-MN que a su vez forman parte del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán (MPJBCA), como es el caso de Adán López Calvo y su familia y aun así se niegan las autoridades a generar medidas de protección.

Lo mismo sucede con la falta de protección Humberto Huerta Verdín y comisariados ejidales de Acaponeta, Ruiz, Rosa Morada y Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Además pidió castigo a los autores materiales e intelectuales de la “desaparición, tortura y asesinato” de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.

Consideró que es necesaria una reunión con el gobernador Rutilio Escandón para atender y resolver la agenda política y social así como con la secretaria de Gobernacion, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas sin dejar de lado la atracción de la investigación por parte de la FGR.

Recordó que Noé Jiménez Pablo y 30 compañeros más, estaban incorporados al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación notificó en diciembre de 2018 al gobierno de Chiapas, y por lo tanto, ambos niveles de gobierno tenían el deber de generar condiciones de protección para preservar su integridad física y su vida, pero no lo hicieron.

Silvia Ribeiro *

Así eligió la organización Global Witness llamar su informe anual 2019 sobre la persecución y asesinato de defensores ambientales y de la tierra. Cada vez más gobiernos, corporaciones trasnacionales y crimen organizado colaboran, intencionalmente o de facto, para despojar territorios, invadir tierras indígenas y campesinas, desplazar pueblos y comunidades, criminalizar, penalizar y/o asesinar a los defensores de la tierra, en su mayoría de comunidades. En esa trágica lista México está, desde hace años, en los primeros lugares y nada ha cambiado. (https://tinyurl.com/rncf9bd).

Al contrario, aumentan las amenazas y asesinatos –además impunes– de defensores y activistas. En las actividades convocadas por el EZLN en diciembre de 2019 (Combo por la Vida), con participación de 6 mil personas de México y otros 50 países, se sucedieron denuncias sobre violencia, desapariciones forzadas, asesinatos de compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena y otros espacios de lucha ambientales en defensa de territorios, contra el patriarcado.

En su 26 aniversario, el primero de enero, el EZLN recordó al gobierno y al mundo que vienen de las peores situaciones de violencia y despojo y que están dispuestos a dar la vida por defender su libertad, dignidad, territorio, la Madre Tierra, como lo vienen haciendo por décadas. Una historia que no es sólo resistencia, sino también es construcción comunitaria permanente que se ha traducido en que sus condiciones de trabajo, salud, alimentación, educación, autonomía, seguridad, justicia y equidad son mucho mejores que en otras comunidades en México y muchas otras partes del mundo.

El mensaje retomó también a Jacinto Canek, quien fue asesinado en la defensa de la tierra y del pueblo maya. Una mención especialmente relevante ante la nueva ola de promoción de proyectos que afectarán gravemente esos territorios, especialmente el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos (https://tinyurl.com/qvob4ew).

No son proyectos nuevos ni del actual gobierno. Éste sólo le dio su formato actual. Son proyectos de larga data, estratégicos para los intereses de Estados Unidos y de las peores trasnacionales extractivas, energéticas y de agronegocios. Los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto los apoyaron, pero no lograron avanzar más por la resistencia continua de pueblos, comunidades y organizaciones.

Ahora, envueltos en paquete nuevo y con sello de desarrollo 4T, acompañados de simulaciones de consulta que han sido cuestionadas por muchas comunidades directamente afectadas y también por Naciones Unidas, el gobierno de López Obrador no oye razones –como tampoco los anteriores–, pero acusa y expone a comunidades que han resistido por años y décadas de ser conservadoras, ultras y radicales.

Además de múltiples fallas en las consultas sobre estos proyectos –y que en el caso del Tren Maya, por ejemplo, sólo participó 2.86 por ciento de la población de los municipios afectados–, el tema de fondo son las preguntas que planteó Samir Flores, opositor asesinado al Proyecto Integral Morelos, y que retomó el EZLN el pasado primero de enero: ¿Qué progreso? ¿Para quién? ¿A quién beneficia? Hay una presunción oficial de que los indígenas no quieren estar donde están y deben ser convertidos al progreso. Un progreso que ya ha significado en otras partes del territorio maya pasar a ser mano de obra disponible, barata y explotada de grandes empresas turísticas, o en el Istmo, víctimas de la violencia, tráficos y contaminación de puertos y carreteras.

Esto no se pone a discusión en ninguna consulta. Los impactos directos, ambientales, de salud y otros, que tampoco se han discutido, son sólo una parte de los efectos en las comunidades y sus culturas. Como resume Heber Uc, del Consejo Indígena de Bacalar, “el Tren Maya es el inicio de una conexión de diferentes proyectos que se llevan a cabo desde hace algunos años en la península, como las celdas fotovoltaicas, los parques eólicos, la agroindustria, las megagranjas porcícolas y el llamado turismo verde (…) La especulación de la tierra ya empezó y desde el anuncio del proyecto mucha gente está llegando a la zona para apropiarse de la tierra, y en las orillas de la carretera del tramo de Bacalar a Cancún se está dando una serie de despojos mediante violencia”. (Desinformémonos, Derecho de réplica. Hablan los pueblos. https://tinyurl.com/sha4ups)

En lugar de escuchar qué quieren realmente los pueblos indígenas, el gobierno busca la imposición de los megaproyectos sobre sus territorios por múltiples vías, blandas o duras, con información parcial o falseada, que junto con la propaganda oficial sobre los proyectos que se disemina en todo el país (ahí no parece haber austeridad) va construyendo al mismo tiempo una imagen de enemigos del Estado sobre los pueblos afectados y opositores, que abre cotos de caza y justifica dejar a los que son amenazados o asesinados a su suerte.

Por ello, el CNI, el EZLN, la Asamblea en Resistencia de Amilcingo (Morelos) y muchas organizaciones llaman ahora a las jornadas nacionales e internacionales Samir somos todas y todos, en defensa del territorio y la Madre Tierra, del 20 al 22 de febrero (https://tinyurl.com/qn74o8z). Crece también la oposición en el Istmo: https://elistmoesnuestro.org/.

La resistencia colectiva crece y seguirá.

* Investigadora del Grupo ETC

Concentrado como está el gobierno de la llamada 4T en fortalecer la narrativa de lo que considera sus logros, simplemente ignora los muy dramáticos acontecimientos que integrantes de pueblos indígenas en la sierra Tarahumara y en la Montaña de Guerrero sufrieron los pasados 16 y 17 de enero.

Estas dos regiones no son las únicas en el país donde se ha normalizado la impunidad, y poco importa a estas alturas para las víctimas señalar que se trata de violencia sistémica heredada.

El pasado 16 de enero, un grupo de hombres armados, al menos 150 sicarios a bordo de aproximadamente 50 camionetas, incendió cerca de 22 viviendas y siete vehículos en el poblado de Las Pomas, municipio de Madera, Chihuahua. Hay personas secuestradas. Pobladores señalaron que al menos cinco hombres, fueron atados y están desaparecidos. Autoridades de la fiscalía estatal presumen que se trata de la disputa de dos cárteles. No es la primera vez que se produce un enfrentamiento en esa comunidad ni es la única que en la sierra Tarahumara provoca desplazamientos e incluso crímenes.

Por otra parte, el 17 de enero se cometió un asesinato contra una decena de músicos indígenas pobladores de Alcozacán, en el municipio de Chilapa, Guerrero, ligados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que ha intentado impedir el accionar del grupo conocido como Los Ardillos. Fueron emboscados en el camino Mexcalzingo-Tlayelpa; venían en dos camionetas, en una de las cuales cinco de ellos fueron calcinados, mientras la otra fue aventada a un barranco con los otros cinco integrantes del grupo musical.

El absurdo es que, pese a estar plenamente identificadas las víctimas, familiares y comuneros tuvieron que recurrir a un bloqueo de la carretera estatal Chilapa-Hueycantenango, para exigir la entrega de los cuerpos de los 10 músicos asesinados y la detención de los responsables.

También en esta región es larga la cadena de violencia y de impunidad con que actúan grupos de la delincuencia organizada. Poco esperan sus habitantes de las investigaciones. En ese contexto, la policía comunitaria, que años atrás logró contener a la delincuencia, hoy está rebasada y fragmentada. Estos dos casos son sólo una muestra de afectación a la sociedad en general; en particular los pueblos indígenas se encuentran amenazados cuando sus integrantes se organizan para la defensa de sus territorios; los saldos de la criminalización también permanecen impunes.

Como denuncia el Congreso Nacional Indígena, nada dice el Estado a casi un año del crimen de Samir Flores Soberanes, del pueblo nahua de Amilcingo, Morelos; ni de Julián Cortés Flores, del pueblo mephaa de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero; Ignacio Pérez Girón, del pueblo tzotzil del municipio de Aldama, Chiapas; José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, del pueblo nahua organizado con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ); Juan Monroy y José Luis Rosales, del pueblo nahua de Ayotitlán, Jalisco; Feliciano Corona Cirino, del pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán, ni de Josué Bernardo Marcial Campo, también conocido como Tío Bad, del pueblo popoluca de Veracruz.

¿Quién se está haciendo cargo de abatir la impunidad? ¿Quién de prevenir la criminalización?

Para muestra, colocamos dos ejemplos de violencia cotidiana. En días recientes se han denunciado otras agresiones como la que sufrió el pasado 10 de enero la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, con un nuevo ataque contra el ex comisariado de bienes comunales Jesús Manuel Aguilar Hernández, quien ha sido delegado del Congreso Nacional Indígena y defensor de los terrenos comunales, a manos de una persona al servicio del cacique llamado Favio Ernesto Flores Sánchez, alias La Polla, del cual recibió a quemarropa ocho disparos de arma calibre 38 automática, sin que resultara herido al cubrirse tras un tronco grueso.

Por su parte el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) fue agredido por fuerzas policiales el pasado 14 de enero, cuando las comunidades de Sevina, Comachuén y Nahuatzen se manifestaban en instalaciones del ayuntamiento de Nahuatzen para exigir su derecho a la autonomía, el presupuesto directo y el reconocimiento de los consejos de gobierno comunal.

Los casos de la sierra Tarahumara y la Montaña de Guerrero involucran a expresiones aparentemente regionales del crimen organizado; en Azqueltán y CSIM se trata de luchas por la autonomía. Ni unos ni otros son considerados con prioridad y atención por la 4T. Se opta por ignorarlos aun si logran espacio en los medios de comunicación, demandarían colocar la mirada crítica en los alcances de la política en materia de seguridad y la relativa a pueblos indígenas, más allá de becas a sus integrantes y megaproyectos en curso.

La masacre de 10 indígenas del municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de Guerrero, y la incineración de sus cuerpos por los agresores el 18 de enero pasado, es parte de la pedagogía del terror que se ha profundizado en los últimos meses en territorios indígenas del estado de Guerrero.

Estas formas de violencia extrema están siendo utilizadas contra poblaciones indígenas que se han caracterizado por sus procesos organizativos contra la violencia y las economías ilegales del narcotráfico.

Quemar los cuerpos es una estrategia necropolítica que busca ir más allá de acabar con la vida de los asesinados, busca afectar a sus familias, a las comunidades, sembrar el miedo y usar los cuerpos para mandar un mensaje a quienes se oponen al control territorial de los cárteles de las drogas.

Los indígenas asesinados, aparte de pertenecer a un grupo musical, eran integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), sistema de seguridad y justicia que por más 25 años había logrado mantener al crimen organizado fuera de los territorios bajo su jurisdicción.

La llamada policía comunitaria de Guerrero fue por muchos años ejemplo de la capacidad de los pueblos indígenas para reconstituir sus sistemas de justicia y fortalecer el tejido comunitario, ante la incapacidad de las instituciones del Estado para cumplir con sus funciones de seguridad y justicia.

Los múltiples estudios antropológicos y sociológicos que se han hecho sobre este sistema de justicia –creado hace 25 años por comunidades me’phaa, nahuas, na savi, afrodescendientes y mestizas– lo habían mostrado como ejemplo de formas de justicia restaurativa, mucho más efectivas que la justicia punitiva del Estado. La CRAC había sido también un caso etnográfico para mostrar las posibilidades de la gubernamentalidad indígena para contener la violencia del crimen organizado.

Si bien en administraciones pasadas hubo varios intentos de debilitar el sistema criminalizando y encarcelando a varios de sus integrantes, y utilizando la cooptación para causar fracturas internas, nunca habían vivido el nivel de violencia y terror que se ha desatado contra ellos en los últimos meses.

El 10 de diciembre el comandante y consejero regional del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro Gutiérrez, fue asesinado en la puerta de su casa, sin que hasta la fecha se haya consignado a nadie por el homicidio.

Las autoridades de la CRAC denunciaron en esa ocasión que desde la creación de ese Comité de Enlace, cinco policías comunitarios habían sido asesinados, en el marco de lo que denominaron proceso de limpieza del crimen organizado contra las policías comunitarias.

Entre los coordinadores ejecutados, se encuentra Julián Cortés Flores, uno de los titulares de la CRAC en San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero, asesinado en abril pasado.

Estos homicidios y la impunidad en torno a ellos han sembrado un clima de terror en los territorios indígenas bajo jurisdicción de la CRAC, debilitando el sistema y abonando al desplazamiento forzado de la población.

Guerrero, ocupa hoy el primer lugar nacional con población desplazada: más de 5 mil casos, según cifras oficiales, que aumentan diariamente.

La violencia del narco provoca nuevas formas de desposesión de los pueblos indígenas de Guerrero, que al desplazarse dejan sus territorios libres para la entrada del gran capital.

Urge documentar y analizar el nexo entre las violencias extremas del narcotráfico en territorios indígenas y los procesos de desposesión y apropiación de sus recursos naturales.

Según informes gubernamentales, en Guerrero se encuentran 42 yacimientos mineros listos para ser explotados, algunos de los cuales coinciden con 200 mil hectáreas de los territorios en los que habitan miembros de las comunidades indígenas nahua, me’phaa y na savi.

Estos pueblos de la Montaña y la Costa Chica no han sido consultados para el otorgamiento de esas concesiones y en lugares como San Miguel el Progreso han dado una lucha contra la explotación minera en sus suelos.

La embestida de violencia contra la CRAC debe entenderse en el marco de procesos más amplios de desposesión y ocupación de territorios indígenas por redes de macrocriminalidad, cuyas complejidades aún no alcanzamos a entender, pero cuyos impactos están afectando de manera profunda el tejido social de sus comunidades.

* Investigadora de Ciesas

Las licitaciones para la primera fase de construcción del Tren Maya, que comprende de Palenque a Cancún y que se divide en cinco tramos, se darán a conocer a partir del 17 de abril, mientras que las obras de construcción iniciarán desde el 30 de abril con los dos primeros tramos.

Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, aseguró que en el calendario sobre esta primera fase a partir del 7 de febrero se lanzarán las licitaciones con las bases de construcción de los cinco tramos para que el 17 de marzo se reciban las propuestas económicas de empresas y finalmente en abril se conozca a las ganadoras.

De acuerdo con Fonatur, los tramos se dividen de la siguiente manera: el primero corre de Palenque a Escárcega, con 226 kilómetros; el segundo va de Escárcega a Calkiní, con 254 kilómetros; el tercero de Calkiní a Izamal, con 140 kilómetros; el cuarto va de Izamal a Tulum, con 196 kilómetros; y el quinto de Cancún a Tulum, con 135 kilómetros

El funcionario comentó que se han llevado a cabo reuniones con alrededor de 85 empresas interesadas en la construcción, con el propósito de conocer propuestas y lanzar finalmente en febrero las bases de licitación completas.

"A partir de aquí se iniciarán una serie de consultas a los posibles licitantes para ir solventando una serie de aspectos técnicos, económicos y administrativos. Se van entregando las propuestas y conforme avancen los talleres se van conformando las bases", dijo.

Jiménez Pons concluyó que la segunda fase, que incluye los tramos de Tulum a Chetumal y de Chetumal a Escárcega requiere todavía de la realización de estudios de impacto ambiental que ya se están realizando para posteriormente lanzar las convocatorias.

Un par de semanas atrás, Fonatur dio a conocer los estudios de análisis costo beneficio del proyecto. Aquí se determinó que generará beneficios por 352,600 millones de pesos (mdp); mientras que su costo de construcción alcanzará los 112,200 mdp, y los de operación y mantenimiento por 30 años llegarán a los 33,800 mdp, un total de 146,100 mdp

Este inicio de año ha estado marcado por una intensificación –en redes sociales y medios de comunicación– de la campaña de infundios contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se ha hecho extensiva al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CGI), y a quienes, en otros ámbitos de la vida pública, manifiestan su apoyo a las luchas anticapitalistas, antipatriarcales y antirracistas de los mayas zapatistas, en oposición a las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación.

Una buena parte de esta campaña revela el racismo de las élites políticas y de algunos intelectuales orgánicos cuarto transformistas, incluso de altos funcionarios, que insisten en negar todo protagonismo a los pueblos indígenas, y personificar al subcomandante Marcos – Galeano como el único autor y sujeto de las iniciativas políticas del EZLN.

Prueba de ello son los recientes artículos de opinión, videos, declaraciones, foros, caricaturas y mensajes en Facebook y Twitter, que demonizan a quien fuera el vocero de esta organización, ignorando o negando que, desde hace años, el papel de la vocería del EZLN recae en el subcomandante insurgente Moisés, de origen tzeltal.

Precisamente, correspondió al subcomandante Moisés, leer el comunicado del 26 aniversario de la guerra contra el olvido, el 31 de diciembre de 2019, en el que refrenda el compromiso de su organización de resistir y defender la Madre Tierra, aún a costa de la vida.

En esta histórica alocución, se hace un recuento sucinto de estos 26 años del EZLN, desde el momento en que optaron entre morir como animales o morir como seres humanos que luchan por la vida. A pesar de desprecios, engaños, traiciones y políticas contrainsurgentes de los mandones en turno para destruirlos, los mayas zapatistas han logrado mantener en alto la bandera de su rebeldía, sin rendirse, sin venderse y sin claudicar, respondiendo, sin duda, a quienes, desde el desconocimiento, la incondicionalidad o la soberbia, cuestionan: ¿dónde estaban los zapatistas cuando tal o cual suceso de la vida nacional ocurría?

A diferencia de la izquierda institucional mexicana y de los gobiernos con esta orientación ideológica, las y los zapatistas, durante estos 26 años han estado construyendo lo que califican como un proyecto de vida, como podrá mirar cualquier persona que tenga un corazón honesto, señala el sub Moisés, en el que en sus comunidades florecen escuelas y clínicas de salud y se trabaja la tierra en colectivo y en colectivo nos apoyamos.

Para los nuevos heraldos del progreso y la modernidad, es imposible entender una característica de los zapatistas y de los pueblos agrupados en el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, y que el sub Moisés describe diáfanamente: Somos pues comunidad. Comunidad de comunidades.

Las mujeres zapatistas tienen su propia voz, su propio camino. Y su destino no es el de la muerte violenta, la desaparición, la humillación.

La niñez y la juventud zapatista tienen salud, educación y diferentes opciones de aprendizaje y diversión. Mantenemos y defendemos nuestra lengua, nuestra cultura, nuestro modo.

Y seguimos firmes en el cumplimiento de nuestro deber como pueblos guardianes de la Madre Tierra. Todo esto ha sido gracias al esfuerzo, sacrificio y dedicación de los pueblos organizados. Y todo esto también ha sido gracias al apoyo de individuos, grupos, colectivos y organizaciones de todo el mundo.

Asimismo, para quienes defienden los proyectos del desarrollismo clientelar 4T, resulta difícil entender lo que significa el sistema capitalista acorde a las perspectivas y el pensamiento crítico zapatista, que el sub Moisés describe como: esa bestia que todo lo quiere comer y destruir, al que: “no le importa destruir la naturaleza, pueblos enteros, culturas milenarias, civilizaciones completas. Incluso el planeta entero se destruye por los ataques de la bestia. La hidra capitalista, la bestia destructora, busca otros nombres para esconderse y atacar y vencer a la humanidad, –afirma el sub Moisés–.

Y uno de esos nombres detrás de los que se esconde la muerte es ‘megaproyecto’.

‘Megaproyecto’ quiere decir destruir todo un territorio. Todo. El aire, el agua, la tierra, las personas (…) Y la bestia que se esconde detrás de los megaproyectos tiene su maña, su mentira, su trampa para convencer. Dice la bestia que es por el progreso.

Dice que, gracias a esos megaproyectos los pueblos van a tener paga y muchas ventajas de la modernidad. Y con esto del progreso y la modernidad queremos recordar aquí a un compañero del CNI que fue asesinado este año (2019).

El hermano y compañero Samir Flores Soberanes. Y lo recordamos porque él se preguntaba y preguntaba para quien es ese progreso del que tanto hablan”.

El EZLN nos interpela a detener la guerra contra la humanidad, cada quien en su geografía, su calendario y con sus modos.

La construcción de los primeros dos tramos (Palenque-Escárcega y Escárcega-Calkiní) iniciará el próximo 30 de abril, y antes de que se publiquen las bases de convocatoria ya han levantado la mano para participar en su desarrollo 85 empresas de México, Canadá, España, Brasil, Portugal y China, afirmó el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

ICA Infraestructura, Prodemex, La Peninsular, Omega, Caltia, Mota-Engil, Pinfra, Ferromex, BlackRock, Camargo Correa Infra, Carso Infraestructura y China Communications Construcción Company son algunas de las firmas interesadas en participar en la obra que tendrá un costo que ronda 139,000 millones de pesos.

Como parte de la fase 1 del proyecto (que incluye cinco tramos), se han publicado ya cuatro prebases de concursos que incluyen la elaboración de los proyectos ejecutivos, las primeras el 10 de enero.

Las relacionadas con los tramos tres y cuatro (Calkiní-Izamal e Izamal-Tulum) se difundieron el fin de semana, y luego de que se publiquen las versiones finales con los comentarios hechos por los interesados se estima comenzar las tareas constructivas el 18 y el 25 de mayo, respectivamente.

En caso del atractivo tramo cinco (Tulum-Cancún), que será el único que tenga doble vía por la gran demanda de pasajeros, carga y turismo prevista, se harán públicas las prebases el próximo viernes.

Conforme al plan de trabajo de Fonatur y con la certeza de la complejidad que enfrentarán los procesos de licitación, que prácticamente serán simultáneos para cumplir con el objetivo de inaugurar el tren en el segundo semestre del 2022, el funcionario explicó que se optó por desfasar los concursos algunos días. “El cúmulo de información será evidente.

Las propuestas que se presenten son volúmenes muy importantes: son cajas y cajas que se tienen que ir analizando y será un ejército de técnicos el que tendrá que estar revisando. Entonces, los inicios se van difiriendo. No podemos iniciar todo por la resolución de tanta información”.

Los desafíos técnicos

Entre las diversas estrategias que ha implementado el Fonatur para agilizar los tiempos de licitaciones se encuentran los talleres informativos previos a la etapa de juntas de aclaraciones, donde los interesados hacen saber sus preguntas sobre el proyecto.

En los primeros comentarios entre pasillos, representantes de empresas constructoras consideraron que habrá una gran cantidad de preguntas técnicas por lo que es evidente que los tiempos establecidos por el fondo difícilmente se cumplirán.

Tres temas llaman su atención: liberación de derecho de vía restantes, origen del financiamiento para las obras y el anticipo (prevén como mínimo se otorgue 30 por ciento).

Por lo pronto, las empresas deberán iniciar los estudios de la información técnica de los tramos tres y cuatro, que implican longitudes de 161.1 y 174.9 km, respectivamente.

En el caso del tramo cuatro, se incluye un ramal para conectar el tren a la estación de Chichén Itzá con una longitud de 7.2 km, que es el principal atractivo arqueológico del proyecto.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) lanzó las prebases de licitación para la construcción de los tramos 3 y 4 del Tren Maya, que en conjunto suman 356 kilómetros y se ubican en los estados de Yucatán y Quintana Roo.

De acuerdo con la licitación, el primero de los tramos va desde el final de la estación Calkiní, en Campeche, hasta Izamal, Yucatán, y tiene una extensión de 170 kilómetros.

En ambos casos, esta convocatoria es de carácter nacional, donde las empresas interesadas deberán presentar de forma presencial y en escrito sus propuestas.

La organización Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) informó ayer que comunidades indígenas pertenecientes al pueblo maya peninsular y chol, asentadas en Xpujil, municipio de Calakmul, Campeche, obtuvieron una suspensión provisional de la ejecución del proyecto de Tren Maya, que implicaría detener las licitaciones de tramos iniciadas en la primera semana de enero, hasta resolver la suspensión definitiva.

En su fallo, el juzgado primero de distrito en Campeche acordó conceder la suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, con el fin de que las autoridades responsables, con independencia del resultado de la consulta realizada en relación con el denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto, hasta resolverse la suspensión definitiva.

En rueda de prensa celebrada ayer en Mérida, Yucatán, representantes del Cripx explicaron que la demanda señala como autoridades responsables al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes.

La resolución

En el expediente 12/2020 VI B, el mismo juzgado primero de distrito informa a las autoridades aludidas que en cuanto a la consulta indígena y jornada de ejercicio participativo ciudadano, ordenada por el Ejecutivo federal, y la aprobación del proyecto de desarrollo denominado Tren Maya, se niega la suspensión provisional del acto reclamado, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su solicitud de amparo, presentada el 6 de enero de 2020, el Cripx había argumentado que reclama la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, así como la “ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que se garantice una consulta previa libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.

En el amparo denunciamos que el proceso de consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh).

Respuesta oficial

Sin embargo, el Fonatur, encargado de la construcción del Tren Maya, negó la existencia de una orden judicial federal para detener, temporalmente, los procesos de licitación y de construcción del proyecto ferroviario.

Luego del anuncio del Cripx, Fonatur explicó que existe una solicitud de amparo promovida por Ernesto Martínez Jiménez en el juzgado primero de distrito de Campeche bajo el número 12/2020, en la cual señala como acto reclamado a la consulta indígena de diciembre pasado. Martínez Jiménez es integrante del Cripx y del Frente Peninsular por la Vida y la Selva.

En el expediente se niega la suspensión provisional solicitada por Martínez Jiménez y Fonatur no ha sido notificado de suspensión alguna, expuso Fonatur.

El 10 de enero Fonatur emitió las prebases para licitar dos tramos de la ruta del tren que incluyen proyectos ejecutivos, suministro de materiales y construcción de plataformas y vías. La semana pasada convocó a un taller dirigido a empresas interesadas en la licitación y lanzó dos nuevas prebases para sendos tramos del proyecto. El taller convocó a casi 90 empresas constructoras.

Juchitán, Oax., Integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) presentaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja por violación de los derechos de los pueblos indígenas a la consulta y la información sobre el Corredor Transístmico que pretende construir el gobierno federal en el Istmo de Tehuantepec.

Explicaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Procuraduría Agraria violaron las garantías de las comunidades en la consulta que se realizó en marzo y agosto de 2019 por incumplir con los estándares mínimos estipulados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los integrantes de la Ucizoni precisaron que su presidente, Dagoberto Toribio, entregó la queja a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y al cuarto visitador, Joaquín Aguilar, de quienes esperan una respuesta independiente e imparcial.

Agregaron que, con asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, los municipios de San Juan Guichicovi, Matías Romero, Barrio de la Soledad, Salina Cruz y Santa María Petapa solicitaron a la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales (Semarnat) una consulta pública sobre el impacto ecológico de la modernización del ferrocarril, obra central del megaproyecto.

Manifestaron que la información de esta obra ha sido sesgada, y la delegación de la Semarnat incluso se negó a recibir la petición fundada en derecho. Demandaron la presencia del representante jurídico de la delegación, quien “a regañadientes instruyó al personal que recibiera los documentos. Ahora estamos en espera de respuesta.

Condicionan subsidios

La información presentada ante las asambleas comunitarias fue insuficiente y sesgada. La consulta no fue previa ni libre, pues se indujo la aceptación a cambio de programas sociales.

Añadieron que demandan una nueva consulta sobre el megaproyecto que, aseguran, impactará en los ámbitos ecológico y social a muchos pueblos del sur de Oaxaca.

Con el Corredor Transístmico, la Federación pretende unir por ferrocarril los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz. La pueblos originarios afirman que la modernización de puertos y del tren no beneficia a las comunidades, que necesitan escuelas, hospitales y agua potable.

En la víspera de la licitación de dos tramos de la ruta del Tren Maya, Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, y Miguel Torruco, secretario de Turismo, inauguraron hace una semana en Madrid el pabellón del Caribe Mexicano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Promovieron los destinos de Bacalar, Chetumal y Mahahual, lugares de reciente incorporación a la industria turística de Quintana Roo. Para la actual administración federal, el desarrollo del sureste mexicano está definitivamente ligado a la economía del turismo, en función de la cual se concibe el megaproyecto Tren Maya.

Sin embargo, frente a las decantadas bondades de la economía turística como panacea para una vida mejor, testimonios de quienes viven en la costa quintanarroense, incluso en las localidades aún marginales para el turismo de masas, coinciden en una preocupación común: el incremento de la violencia por la presencia de grupos criminales.

Observando la trayectoria de Cancún y la región turística denominada Riviera Maya, se proyecta una tendencia en la cual el crecimiento de la industria turística se acompaña del incremento de la incidencia delictiva, entre otras variables.

Aquí la industria turística ha impulsado el desarrollo complementario de la economía legal –marcada por sistemáticas violaciones a los derechos humanos, culturales, laborales, ambientales– y la economía ilegal estrictamente imbricada a la primera.

La economía criminal se articula en diferentes giros: el tráfico, principalmente de cocaína, hacia Estados Unidos; la venta directa en el próspero mercado local, que incluye también la red de prostitución en los clubs nocturnos; y la reinversión blanqueada en los desarrollos inmobiliarios de las ganancias obtenidas, favorecida por las administraciones de Villanueva (1993-1999) y Borge (2011-2016).

Entre los indicadores que muestran el incremento de la violencia ligada a la criminalidad organizada, los homicidios dolosos son tal vez el dato más contundente.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2019 el número de homicidios intencionales en Quintana Roo alcanzó una tasa de 39 por cada 100 mil habitantes, rebasando la media nacional de 28.3.

Los otros estados de la península, con un desarrollo turístico menor, presentaron tasas de incidencia delictiva mucho menores (Campeche con 7.2 y Yucatán 1.3 homicidios dolosos por 100 mil habitantes).

La ciudad de Playa del Carmen –o Playa del Crimen, como es conocida por los lugareños– denota una emergencia insoslayable: la tasa de homicidios dolosos por 100 mil habitantes llega a 83.1 en 2019, casi tres veces la media nacional.

Si la situación en los afamados paraísos del ocio del Caribe es alarmante, el contexto en los nuevos destinos que Joaquín y Torruco promovieron en la Fitur muestra una idéntica tendencia.

El enfrentamiento acontecido el 27 de enero entre el Ejército y el grupo armado que defendía una avioneta cargada con alrededor de 800 kilos de coca colombiana, es el más reciente de una larga serie de hechos violentos que posicionan el sur de Quintana Roo como zona estratégica para el trasiego del codiciado polvo blanco. El narco-triángulo, entre Bacalar y Othón P. Blanco y que se extiende hacia la frontera con Belice y Campeche, se ha vuelto en años recientes un destino para la recepción de velívolos procedentes de Centro y Sudamérica. En 2017 se encontró un jet abandonado; en 2018 fueron tres las narcoavionetas que se hallaron calcinadas en la región; mientras en 2019 se desplomaron un jet y dos avionetas con cargamentos de cocaína.

Bacalar dista pocos kilómetros de la costa donde las embarcaciones de los narcotraficantes sueltan el tiburón blanco, paquetes de cocaína que son recogidos y direccionados en la ruta terrestre hacia el norte del estado, o embarcados clandestinamente en cruceros internacionales que atracan en el puerto de Majahual.

Cuando tienen suerte, los pescadores de Xcalak, comunidad fronteriza, en su playear pescan algún paquete perdido entre el sargazo.

El estudio de las cifras del SNSP devela la elevada incidencia en homicidios dolosos (38 por 100 mil hab. en 2018) en Bacalar, escasamente poblado y prevalentemente rural.

Su atractivo es la laguna De los Siete Colores, muy codiciada por un incipiente desarrollo turístico desde su declaración de Pueblo Mágico y que aumentaría exponencialmente con la instalación de la estación del Tren Maya.

Actualmente Bacalar reúne en menor escala todos los problemas que acompañan el turismo como máquina de despojo: cercamiento de la ribera de la laguna y de los cenotes, privatización del acceso al agua; despojo violento de tierras ejidales y privadas; colusión de las autoridades municipales, especulación de tierra y para la construcción, ausencia de ordenamiento territorial y ecológico, contaminación ambiental, etcétera.

En conclusión, considerando el objetivo declarado del proyecto Tren Maya de impulsar la economía del turismo y la creación o ampliación de núcleos urbanos con vocación exclusivamente turística, en el contexto social y político que actualmente caracteriza a la península, es evidente la tendencia que multiplicará en los nuevos polos de desarrollo las problemáticas ya presentes, particularmente en relación con el incremento exponencial de la violencia criminal.

¿Quiénes serían, en tal contexto los beneficiarios del desarrollo económico? ¿Qué dimensiones de la economía y cuáles negocios prosperarían?

*Investigadora del DEAS-INAH

El proyecto del Tren Maya no será eximido de presentar la manifestación de impacto ambiental (MIA) a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que tendrá que hacerlo en cada una de sus fases.

Los mayores problemas, en términos ambientales, son en la ruta que va de Tulum a Calakmul y los polos de desarrollo previstos en la región, señaló Víctor Toledo, titular de la dependencia.

La MIA es el documento del proyecto que contiene el detalle del plan, en cuanto a posibles daños al medio ambiente y las medidas para mitigarlos, cuya aprobación de la Semarnat es necesaria para comenzar las obras.

Al ser entrevistado, el funcionario dijo que para la primera fase se presentará en unas semanas y será la del circuito que corre de Palenque a Valladolid, a más de 150 kilómetros de Mérida, para lo cual se utilizará la vía que existe, no habrá problema porque el tema es el derecho de vía y Fonatur negocia con las comunidades.

Agregó que el segundo tramo es Valladolid-Tulum y Cancún, que se presentará en un año. Reconoció que el más difícil es el último, de Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque, ya que se trata de la zona más conservada. El problema son los polos de desarrollo, aunque es una problemática distinta y esta fase viene después. Para eso está el ordenamiento ecológico, los territorios urbanos y el régimen agrario.

El proyecto del tren prevé la construcción de una línea férrea de mil 500 kilómetros en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el establecimiento de 18 polos de desarrollo. Los mayores riesgos son las amenazas que hay sobre las tierras ejidales, donde se construirán esos puntos con 12 de paso y 30 estaciones, lo que se hará sobre zonas ejidales. Ante eso, Fonatur ha dicho que incorporará como socios a los ejidatarios, aunque no han dicho que serían minoritarios, indican expertos.

En el reporte multidisciplinario Impactos sociales y territoriales del Tren Maya, realizado por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se menciona que el impacto ecológico y ambiental adquiere mayor relevancia una vez que hay múltiples y graves afectaciones ya existentes en la península y la zona norte de Chiapas, que en su conjunto muestran distintas facetas de la intervención territorial para el aprovechamiento industrial y capitalista de los bienes comunes.

Menciona, por ejemplo, el despojo de tierras de cultivo para la construcción de plantas fotovoltaicas y eólicas que produzcan energía verde destinada al enorme consumo de las zonas hoteleras de Cancún y la Riviera Maya, lo cual se acompaña del despojo para la implantación de megagranjas de cerdos a las orillas de cenotes y a las plantaciones agroindustriales de soya transgénica.

Violeta Núñez, una de las autoras del reporte, indica que en el documento de costo-beneficio del Tren Maya, el Fonatur reconoció problemas como la falta de liberación de vía, errores en diseño, la insolvencia de los licitantes, riesgos geológicos, errores en la ejecución y en el rubro arqueológico.

No mencionan lo que implica pasar de 17 millones de turistas a 50 millones, lo cual tendrá efectos sobre el agua potable y la generación de desechos.

Nació en una familia zapatista y creció en el Caracol de Jolja en la zona de Palenque, donde trabaja en una radio comunitaria difundiendo el pensamiento anticapitalista y antipatriarcal en la lengua chol.

Desde el pasado 26 de diciembre realiza transmisiones para las mujeres y hombres de su comunidad sobre el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en el semillero “Huellas del Caminar de la Comandanta Ramona” del Caracol de Morelia en Altamirano, organizado por sus compañeras zapatistas para las mujeres del mundo.

Con el rostro cubierto con un pasamontañas y un paliacate rojo amarrado a su cuello, Florinda cuenta que en los territorios zapatistas no hay mujeres asesinadas por motivos de género, pero que todavía existen diversas formas de machismo que buscan eliminar.

“En los Caracoles no hay mujeres maltratadas por sus esposos, ni asesinadas, porque entre todas nos apoyamos”, dice la niña en español.

“Está prohibido tomar en nuestra organización. En caso de que haya mujeres violentadas zapatistas, a los compas se les castiga, porque nosotras no podemos ser violadas, violentadas, ni nada”, cuenta a esta reportera.

Florinda es de una generación de zapatistas que fueron educados bajo principios de horizontalidad e igualdad entre hombres y mujeres. Su experiencia y la de sus compañeras es la excepción en este encuentro de más de 4 mil mujeres de 49 países, tan diversos como Chile, Alemania, India o Kurdistán.

La mayoría de los testimonios son relatos desgarradores de abusos, violaciones, desapariciones y violencia feminicida, como los de Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, asesinada en Ciudad Universitaria e Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, también víctima de feminicidio.

El objetivo de este campamento zapatista, en el que está prohibido el acceso a los hombres, es que las mujeres del mundo, activistas, familiares de víctimas, colectivos feministas, organizaciones y movimientos sociales, se escuchen, compartan testimonios y estrategias de organización para combatir al sistema patriarcal.

Las mujeres zapatistas pusieron la casa y vigilan el campamento para que no ingrese ningún hombre. Ellas escuchan atentas. Solo tomaron la palabra en la inauguración, cuando la Comandanta Amada dijo que nunca en la historia de la humanidad se había registrado una época tan mortal para las mujeres y que lo más peligroso en el mundo es ser mujer. Por eso convocaron a este encuentro.

Elizabeth, coordinadora zapatatista del segundo encuentro, coincide en que aunque las mujeres pertenecientes al EZLN no sufren la violencia feminicida. Organizan estos encuentros de manera solidaria, porque son mujeres y saben que las mujeres están siendo asesinadas en el mundo por el siempre hecho de ser mujeres.

“Después del primer encuentro nos preguntamos: ¿Será que siguen ahí lascompañeras con su lucecita? Para eso convocamos a este encuentro, para ver si ahí sigue o no, porque nos enteramos que sigue la matazón, sigue la violencia en contra de las mujeres. Por eso decimos, volvamos a encontrarnos y definir algo o sacar propuestas”, explica en la entrada del semillero donde un letrero anuncia: “Aquí no se aceptan hombres”.

“Ayer se dijo de que no nos distingamos, de qué no importa de qué uno sabe más, otra sabe más, lo importante es coordinarnos y organizarnos. Por parte de las mujeres zapatistas, como decimos, no estamos al 100, pero no es porque no están participando las mujeres, no, sí están participando y ya estamos acá, ya están en diferentes cargos. ¿Cómo lo logramos? A través de pláticas, de reuniones, de asambleas, hablando y explicando que como mujeres tenemos los mismos derechos de salir a participar, a organizar, a proponer cómo queremos cambiar este mundo, ese otro mundo posible”, añade.

Sobre si en el movimiento zapatista cabe el feminismo, Elizabeth, quien lleva una palestina morada debajo de los ojos para tapar la mitad de su rostro, dice que ella y sus compañeras han escuchado del movimiento feminista, pero que no puede responder todavía porque están aprendiendo de las otras formas de lucha y que estos encuentros también son para que ellas aprendan de las asistentes.

“Pero aquí estamos en este encuentro porque queremos escucharlas también. Pero dentro de la organización, desde el inicio de este movimiento armado, hubo mujeres que lucharon. De por si el sistema capitalista, patriarcal nos estuvo sometiendo como mujeres y hombres indígenas, por eso nos levantamos. Claro qué hay machismo, pero ¿quién lo trajo? Pues el capitalismo, el que nos quiso imponer. Por eso estamos tratando de que también los hombres entiendan que no haiga ese machismo, que hay que caminar entre las dos partes porque nos seguimos necesitando”, asegura.

“Estamos aquí, la mayoría estamos aquí. Algunas casadas, otras que no, pero aquí estamos y los hombres se quedaron en la casa cuidando a los niños”, dice Elizabeth.

Patricia, base de apoyo zapatista, explica que de cierta forma este encuentro es una réplica de las asambleas en las que las mujeres del movimiento se preguntan cómo están y si están sufriendo algún tipo de violencia para apoyarse entre ellas y denunciar al agresor.

Para esta joven de 21 años la clave es que en el zapatismo no hay impunidad y si alguien daña a una mujer recibirá un castigo como, por ejemplo, trabajo comunitario.

Mientras tanto las asistentes se abrazan, conviven, cantan y bailan, comparten clases de defensa personal, talleres de bordado y de yoga. Lloran juntas con cada testimonio de los abusos que han sufrido y se aplauden cuando mencionan que rompieron el silencio y que nunca más van a callar.

En las noches caminan libremente por el campamento, se bañan al aire libre y duermen en casas de campaña sin miedo. Las zapatistas siguen vigilando.

Silvia Ribeiro *

1 de febrero 2020

Justo antes de que los super-ricos del planeta se reunieran en el Foro Económico Mundial en Davos el mes pasado, la trasnacional Microsoft anunció sus planes de volverse una empresa negativa en emisiones de carbono para 2030.

Poco antes, BlackRock, la billonaria y mayor gestora de inversiones especulativas del globo, aseguró que cambiaría parte de sus inversiones para atender el cambio climático.

La emergencia climática fue uno de los temas centrales en las sesiones del Foro de Davos este año. Otras grandes empresas, muchas culpables del caos climático, como las de agronegocios, energía, automotoras, plataformas digitales, han hecho recientemente declaraciones similares.

¿Significa esto que las trasnacionales, principales causantes del cambio climático, finalmente asumirán la gravedad de la situación y cambiarán sus causas?

Claro que no.

Lo que están haciendo es asentar una nueva ola de oportunidades de negocio. Por ejemplo, nuevas formas de apropiarse de la tierra y los ecosistemas –con graves impactos sobre las comunidades y el ambiente– y el desarrollo de tecnologías de geoingeniería.

Engloban estas propuestas con expresiones engañosas, como soluciones basadas en la naturaleza, reducción neta de emisiones, carbono neutral, cero emisiones netas o el aún más absurdo emisiones negativas. Absurdo porque no existe ningún gas que una vez emitido sea menos que cero.

Todas son trampas de lenguaje, ya que no reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que alegan compensar esas emisiones para justificar el seguir contaminando.

No son reducciones, sino malabarismos contables para que la suma termine en cero o incluso en negativo, caso en el cual la humanidad quedará debiéndoles el favor a las empresas que causaron el desastre.

Microsoft, justamente, afirma que para 2030 tendrá emisiones de carbono negativas y para 2050 habrá removido toda la huella histórica de carbono de la empresa, incluso la de los usuarios de sus productos.

Para ello, por una parte, continuará con compensaciones de carbono (por ejemplo, invertir en monocultivos de árboles u otras actividades que compensen sus emisiones supuestamente absorbiendo carbono).

Además, anunció nuevas acciones, como el cambio en sus instalaciones a transportes eléctricos o basados en agrocombustibles. Medidas similares anunciaron también Amazon, Apple y Alphabet (dueña de Google), ya que las plataformas digitales consumen una enorme cantidad de energía.

Es poco conocido, pero todas están entre los principales consumidores de energía en Estados Unidos. Este cambio podría parecer positivo, pero debe ser analizado a la luz de a qué fuente de energía se refieren y cómo se obtiene.

Por ejemplo, la bioenergía y los biocombustibles, si se analiza su ciclo de vida completo, usan más petróleo y emiten más gases de lo que dicen sustituir.

Microsoft explica que no sólo compensará emisiones, sino también removerá carbono de la atmósfera, usando una mezcla de soluciones basadas en la naturaleza y soluciones tecnológicas.

Lo primero debe traducirse como la intención de apropiarse de territorios que considere fuentes significativas de absorción y retención de carbono, de bosques a humedales, turberas y mares. Además, promoción y cabildeo para que los suelos agrícolas sean aceptados como sumideros de carbono, algo que actualmente no sucede, porque la absorción en suelos no es permanente.

No sólo Microsoft, sino todas las empresas que ahora hablan de soluciones climáticas basadas en la naturaleza se proponen abrir nuevos frentes de disputa por el control de campos agrícolas y territorios, que esperan les sirvan para obtener nuevos créditos comerciables en los mercados de carbono, pese a que está demostrado que esos mercados no han funcionado para combatir el cambio climático.

En cuanto a soluciones tecnológicas, Microsoft anunció el aumento exponencial de apoyo a tecnologías de geoingeniería. Bill Gates, fundador de esta empresa, es actualmente el principal financiador privado de investigación en estas tecnologías de manipulación del clima.

Ahora Microsoft anunció la creación de un fondo por mil millones dólares para desarrollo de tecnologías de geoingeniería. Comenzarán con bioenergía, con captura y almacenamiento de carbono (Beccs, por sus siglas en inglés), y captura directa de aire, que son megainstalaciones que filtran aire y separan el dióxido de carbono con sustancias químicas.

No está claro dónde lo almacenarían para que no retorne a la atmósfera. Como todas las tecnologías de geoingeniería, requieren grandes cantidades de energía, son de alto costo y no está técnica ni ambientalmente probado que puedan funcionar a la escala necesaria para afectar el cambio climático.

El fondo estará abierto a financiar también otras técnicas de geoingeniería, incluso la modificación de radiación solar, con lo cual se convertirá en el mayor fondo de promoción de la geoingeniería hasta ahora.

Por sus altos riesgos e incertidumbres, el despliegue de geoingeniería está bajo moratoria en Naciones Unidas, algo que será necesario afirmar ante estos nuevos ataques corporativos

* Investigadora del Grupo ETC

El Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) solicitará al ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) no autorizar nuevas construcciones, que sólo complican el abasto de servicios públicos, anunció su titular, Rogelio Jiménez Pons.

El funcionario federal dijo que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, revisará en breve la densidad de construcciones en la zona turística donde se pretende edificar los complejos hoteleros Grand Island y Riviera Cancún.

El gobierno estatal ya se ha pronunciado sobre esta postura de Fonatur; en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo, el gobernador Carlos Joaquín González señaló que buscará un acercamiento con la dependencia federal.

Lo que es un hecho, señaló, es que proyectos como RIU Riviera Cancún y Grand Island, que se construyen actualmente en la zona hotelera de Cancún, pasaron por procesos de autorización federal e incluso litigios judiciales, por lo que están apegados a la ley.

Solicitar que no se construyan estos complejos atenta con la certidumbre jurídica, “que es esencial para la atracción de nuevas inversiones”.

Cancún, QR., Ambientalistas integrantes de la organización internacional Climate Save Movement, se manifestaron este sábado en contra de Cargill, industria catalogada como la peor del planeta por el organismo de investigación Mighty Earth.

Verónica Ibarra, integrante de la agrupación dijo que encabezó movilizaciones simultáneas en nueve ciudades del país, incluida Cancún.

Señaló que Cargill es una empresa privada que se dedica a la explotación de recursos naturales para la producción en la industria alimentaria, ya sea como productor agrícola y ganadero o como distribuidor de materia prima.

En entrevista efectuada en la avenida Xcaret, frente a las tiendas de autoservicio Sam’s y Walmart, Ibarra dijo que en México, donde atiende empresas y marcas como las antes citadas, Costco, Purina, Herdez, Parma, Sabori, Campestre, Bafar, entre otras, Cargill es responsable de fraudes laborales, esclavitud, pérdida de la soberanía alimentaria, asesinato de animales dentro y fuera de sus granjas, contaminación grave de ríos que han provocado cáncer y muerte a comunidades humanas, así como de demandas al gobierno que le han redituado por más de 500 millones de pesos.

Dijo que la protesta tiene la intención de visibilizar a Cargill, empresa que tiene presencia en 70 países; sin embargo, la mayor parte de sus ganancias, 36 por ciento del total, lo obtiene de América del Norte, incluido México, donde tiene 26 oficinas y centros de producción en 13 estados. Verónica Ibarra aseguró que la organización internacional Climate Save Movement, quetambién tiene oficinas en 70 naciones y tres ramas: Animal Save Movement, Climate Save Movement y Health Save Movement, decidió implementar una campaña informativa, disruptiva y de demandas de justicia animal, ambiental, alimentaria y de soberanía nacional.

gustavo esteva

13 de enero

He estado oyendo voces. Algunas son meros murmullos. Otras llegan a gritos. Y hay también escándalo, algarabía.

Las que vienen de arriba están llenas de confusión. Cuando no están cargadas de ignorancia o desinformación, expresan cinismo o mala fe.

El Presidente, por ejemplo, consideró que quienes se oponen a su Tren Maya lo hacen "porque no creían que se pudiera transformar por la vía pacífica el país. Se demostró que sí se pudo, y los que pensaban que no íbamos a lograr la transformación sin violencia están un poco desquiciados, los veo muy nerviosos y a veces actúan como conservadores" ( La Jornada, 6/1/20).

¿Cómo entender esta obvia alusión a los zapatistas? Como último recurso ante la ola de muerte y opresión que los asediaba, formaron un ejército y se levantaron en armas el 1º de enero de 1994.

Doce días después, atendiendo el llamado de la sociedad civil, pusieron las armas a dormir y no las han empleado desde entonces, por 26 años, ni siquiera para defenderse.

Las armas están ahí ; son una herramienta, igual que los machetes, dijo alguna vez el subcomandante Moisés. Pero los zapatistas eligieron la vía no violenta.

Quienes escogieron la vía de las armas fueron los gobernantes. No han dejado de seguirla. El gobierno actual promete abrazos, no balazos, pero continúa la militarización del país con la criticada Guardia Nacional.

¿Serán ellos los desquiciados, nerviosos, conservadores? Carece de sentido referirse así a los zapatistas, campeones de la no violencia.

¿Y cómo está eso de que “sí se pudo… lograr la transformación sin violencia”? ¿Cuál transformación?

¿La que se sigue prometiendo, mientras continúan los crímenes, prosigue el despojo de tierras, aguas y derechos, se persigue a migrantes y se mantiene la profunda desigualdad, mientras se apoya al capital que causa todo eso? ¿Cuál transformación se pudo?

Se habla interminablemente de las consultas que legitimarían el Tren Maya.

¿Con sólo 90 mil personas que acudieron a dar el sí? ¿Con asambleas amañadas y controladas? ¿Una consulta previa realizada tras otorgar contratos por más de 600 millones de pesos para la obra? ¿Consulta libre que se concierta sólo con autoridades y bajo control? ¿Consulta informada que se basa en propaganda de efectos positivos sin mencionar impactos negativos y cuando las autoridades mismas desconocen los alcances de lo que planean?

Arriba y abajo se clama por justicia. No la hay. Se mantiene una profunda injusticia, que se agudiza con las políticas públicas; se promete no dar más concesiones, por ejemplo, pero el problema son las que ya se dieron. El sistema de justicia sigue en la dispersión y el desorden, cuando no la corrupción. Ciertas voces reducen la justicia a recomponer la burocracia, castigar a algunos culpables y dar reparaciones a las víctimas. Una de ellas, en contraste, una madre que perdió a su hijo, puso el dedo en la llaga: justicia sería que no pudiera ya pasar lo que le pasó a su hijo, que viviéramos en una sociedad segura, en la cual una niña pudiera crecer sin miedo.

Esa condición sólo existe entre los zapatistas.

En el Encuentro de Mujeres del 27 de diciembre, al que asistieron más de 3 mil mujeres de 49 países, se hizo ver que en toda la zona zapatista no ha habido un solo feminicidio, mientras en el país hay en promedio siete diarios.

Esas voces se levantan cada vez más. Algunas definen claramente lo que afirman : El Istmo es nuestro, El Istmo que queremos.

Otras manifiestan solamente lo que no quieren :

No al Tren Maya

El Congreso Nacional Indígena explica las tres vías que seguirá :

la organización social de las comunidades, para defender lo propio;

la denuncia en medios y en instancias de derechos humanos nacionales e internacionales

y el despliegue de una estrategia legal basada en amparos.

En medio del ruido y la confusión que vienen de arriba, a menudo en tono de amenaza, resuenan las voces de abajo que van tomando su propio perfil. No compiten por mayorías o falsas unidades.

Luchan por lo que son… para seguirlo siendo.

Y somos muchas, muchos, los que estamos dispuestos a todo en ese empeño.