El Tren Maya llevará el desarrollo a los pueblos de la península de Yucatán”. Ésta es una de las expresiones contundentes que escuchamos sobre el llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya. En los documentos de Fonatur (2019), podemos leer que el tren, además de ser el principal proyecto de infraestructura, también se presenta como proyecto fundamental del desarrollo socioeconómico del actual gobierno federal. Es decir, se argumenta que Tren Maya es igual a desarrollo. Pero, ¿qué es el desarrollo?
¿Todos entendemos lo mismo por desarrollo? Cuando se dice : ¡nadie puede oponerse al desarrollo! ¿estamos hablando de lo mismo? y sobre todo, se conoce ¿cuáles son las concepciones de desarrollo de los más de 3.5 millones de personas que pertenecen a algu-nos de los pueblos indígenas que habitan los estados de la península de Yucatán donde se edificará el proyecto? La respuesta es un rotundo no.
De acuerdo con uno de los principales teóricos clásicos del crecimiento y desarrollo, el economista estadunidense Walt W. Rostow, el mundo alcanzaría el desarrollo económico a partir de seguir una serie de etapas que partiría de la sociedad tradicional y que finalizaría en la era del alto consumo en masa. Al respecto el especialista (1960), expresaba que el gran fin de la humanidad era llegar a la “era del gran consumo en masa… fase de la que los estadunidenses… cuyas satisfacciones no inequívocas empiezan a probar, con toda energía”. Así, desde esta concepción que sigue dominando en la literatura y en la discusión académica, lograríamos el desarrollo si todos consumiéramos y viviéramos como la sociedad estadunidense, pero antes tendrían que superarse las sociedades tradicionales, los mundos rurales, la producción agrícola tradicional y la propiedad social. ¿Esto es lo que queremos para el sur de México? Esto es desarrollo.
A ésta se suma otra concepción que también sigue dominando, la del ex presidente estadunidense Harry Truman, quien inventó el concepto de desarrollo, al nombrarnos a los países latinoamericanos como subdesarrollados, frente al mundo desarrollado estadunidense. Para Truman el único camino, casi equiparado con Dios y la paz (Truman, 1949), era seguir el desarrollo, entendido como la forma de vida de Estados Unidos, centrado en las cosas materiales, la cosificación. Desde esta perspectiva, las naciones e individuos que no lograran el desarrollo, además de que eran vistos como una amenaza, por la posibilidad de proponer otro tipo de sociedad (como Cuba) y modo de vida, eran concebidos como anormales. Entonces, ¿desde el subdesarrollo, producto del propio desarrollo (Gunder Frank, 1967), queremos el desarrollo del sur de nuestro país?
Frente a estas posturas, que insisto, no han sido superadas (por eso buscamos de manera incesante y como gran fin, el crecimiento económico), ha emergido una amplia literatura que propone no un desarrollo alternativo (como podría ser el desarrollo sostenible, entre otros), donde sigue prevaleciendo la cosificación, sino una alternativa al desarrollo (ojo: alternativa al desarrollo, no desarrollo alternativo). Muchas de estas alternativas han surgido desde los pueblos indígenas latinoamericanos, entre ellas el sumak kawsay, suma qamaña, traducida como vida buena o buen vivir. En México algunos pueblos indígenas también han ido evidenciando y sistematizando sus alternativas al desarrollo, que van más allá de tener como finalidad la sociedad de consumo, que se ha sostenido en un patrón productivo, basado en la extracción indiscriminada de recursos naturales y quema de restos fósiles. Esto ha generado buena parte de la crisis climática que hoy enfrentamos como humanidad.
Así, desde los pueblos emergen las alternativas de la comunalidad (Martínez Luna, 2004), de los buenos vivires (Loza Jurado, 2020), y desde el sur, del lekilaltik (Lenkersdorf, 2001; Najera, 2013 y 2015; Pohlenz, 2012), del lekil kuxlejal (Paoli, 2003; Ávila, 2011; Hernández, 2014; Sántiz Gómez, 2018), wach’ ayon (Hernández Luna, 2018), máalo’okinsik k kuxtal (Duarte, 2028), ma’alob kuxtal (Tayde, 2016; Rosado, 2019), entre otros, cuya finalidad no son las cosas sino el bienestar, es decir, se privilegia a los sujetos sobre los objetos.
Ante esto, surgen algunas dudas: por qué el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, no considera las alternativas al desarrollo en su principal proyecto de desarrollo, y la inmensa literatura de los estudios críticos al desarrollo, y por qué sólo contempla llevar la urbanización, la burzatilización de la tierra, los negocios inmobiliarios y los polos de desarrollo. Hasta el momento, en lo que conocemos de la propuesta del tren, no vemos la visión de los pueblos, de lo que para ellos es una palabra que en sus propias lenguas y cosmovisiones, por lo general no existe, el desarrollo. En este sentido, no olvidemos lo que expresan los pueblos: La verdadera transformación de la vida colectiva no coincide con la ideología de desarrollo económico, ya que es lineal, progresiva y destructiva (destruye la naturaleza) (Sántiz, 2018).
*Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado de la licitación del Tren Maya, reiteró este miércoles la fecha de inicio de construcción del mayor proyecto para el sur-sureste del país, prevista para el 30 de abril, y anunció la recepción de 14 propuestas de empresas para el primer tramo ferroviario.
Dijo que el proyecto es prioritario para el gobierno mexicano y, por ello, se avanza “en cumplimiento con las fechas de su calendario de contrataciones para iniciar obra el 30 de abril de este año”.
Señaló que en el contexto de la pandemia por COVID-19, Fonatur y el Tren Maya llevan a cabo medidas de cuidado y prevención como lo recomienda la Secretaría de Salud y con apego a los protocolos sanitarios.
Este miércoles, el Fonatur llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones para construir el tramo uno del Tren Maya, que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche.
Detalló que 14 consorcios presentaron sus propuestas económicas, entre ellas compañías chinas y firmas del empresario Carlos Slim.
Sumidas en el olvido y la marginación, las comunidades indígenas resentirán aún más los efectos del virus que invade al mundo entero. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha sido claro : En este momento, los patrones de distribución de la epidemia muestran que ésta está relativamente concentrada en zonas urbanas. Predomina todavía en los sectores que tienen cierta capacidad económica. En algún momento, esta barrera (económica) se va a perder y va a afectar con mayor intensidad a las personas que menos tienen. Es un hecho.
Pero nada parece indicar, hasta ahora, que a la alerta gubernamental le sigan medidas urgentes para enfrentar la pandemia. La población ayuujk (mixe) de San Pedro y San Pablo Ayutla, por ejemplo, tiene más de mil días sin agua, lo han denunciado en foros nacionales e internacionales, y nada. Un incendio reciente en los parajes Cerro Pelón y La Laguna agrava la situación, a la que se suman la seca y las altas temperaturas. Ayutla fue despojada de su agua por un grupo armado de Tamazulapam del Espíritu Santo, y se apoderaron de su manantial, ante el silencio y/o complicidad de los gobiernos locales. Hoy no hay tiempo que perder.
También en Oaxaca, la periodista Diana Manzo ha documentado la falta del vital líquido en las comunidades de San Mateo y San Dionisio del Mar, en esta última, reporta, 80 por ciento de los 5 mil habitantes tienen que comprar el agua a pipas o extraerla de pozos que han construido por cuenta propia, pues de la tubería no cae una gota desde hace 20 años. ¿Lavarse las manos 20 veces al día? Ni en sueños.
En cuanto a la consabida falta de servicios de salud –una generalidad en la inmensa mayoría de las comunidades indígenas–, el Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta exigió a las autoridades de Jalisco, Durango y Nayarit que proporcionen atención para garantizar el derecho a la salud de las comunidades, pues durante décadas han exigido el servicio, sin respuesta favorable. Y hoy no puede haber dilación.
Sin duda las comunidades están organizando su prevención, como siempre lo han hecho. ¿Pero, cuando el virus los alcance, cómo hacerlo sin agua ni médicos ni medicinas?
Por ‘financiarización de la naturaleza’ se entiende el proceso por el cual el capital especulativo toma el control de los bienes y componentes de la naturaleza y los comercializa por medio de certificados, créditos, acciones, bonos, etcétera, con el fin de obtener las mayores ganancias posibles gracias a la especulación financiera” (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, WRM, por sus siglas en inglés, 2020). La pregunta es si ¿esto se está proponiendo en el llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya? Es decir, ¿en el sureste se plantea la financiarización de la naturaleza en el territorio maya? Con el instrumentos financiero Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA) Tren Maya, la respuesta es que sí.
Veamos cómo.
Ante la crisis mundial por el Covid-19, que agudizará exponencialmente la crisis económica, que ya desde antes de la pandemia era inminente (en 2019, 90 por ciento de las economías ya estaban en desaceleración –FMI, 2019–), el Presidente de México ha sido enfático al expresar que el Tren Maya ayudará a reactivar la economía, debido a que generará miles de empleos. Me parece que de inicio estas intensiones “keynesianas" (generación de empleos con gasto público) son para aplaudirse.
Sin embargo, debido a que la propuesta del financiamiento del proyecto tendrá varios orígenes, el problema no está en los miles de empleos temporales que se pudieran crear con la construcción de las vías del tren que serán financiadas con recursos públicos, sino en las estaciones, los desarrollos urbanos y los polos de desarrollo que serán financiados con más de 90 por ciento de capital privado (Jiménez Pons, 2020), mediante el FIBRA Tren Maya.
Es decir, la edificación de las estaciones y las inversiones posteriores, porque esto sí será permanente, estará a cargo de los inversionistas especulativos del mercado inmobiliario. Este será el negocio permanente, y es allí donde el capital especulativo tomará el control de los bienes de la naturaleza y los comercializará. Aquí iniciará el proceso de la financiarización de la naturaleza.
Lo primero, y más delicado desde el punto de vista social, ambiental y cultural, que está incluido en este negocio es la tierra de los ejidatarios y pequeños propietarios que habitan la zona maya, porque es sobre éstas que se edificarán las estaciones, los desarrollos urbanos y los polos de desarrollo (ahora nombrados comunidades sustentables, a sugerencia, dice Jiménez Pons –2020–, de los ambientalistas).
Aproximadamente, serán afectados cuatro ejidos en Chiapas, 13 en Tabasco, 70 en Campeche, 50 en Yucatán, 33 en Quintana Roo. Sin embargo, no está demás señalar que de acuerdo con el pasado censo ejidal, 97 por ciento de los ejidos en Chiapas realizan actividad agrícola y 73 por ciento ganadera; en Tabasco 87 por ciento tiene actividad agrícola y 95 por ciento ganadera; en Campeche 96 por ciento tiene actividad agrícola y 93 por ciento ganadera; en Yucatán 92 por ciento cuenta con actividad agrícola y 80 por ciento ganadera; y en Quintana Roo, 96 por ciento de los ejidos tiene actividad agrícola y 85 por ciento ganadera (Inegi, 2007).
Aunado a esto, no olvidemos la importancia de la milpa (que proporciona seguridad alimentaria sostenible en estos estados), realizada por 88 por ciento de los productores agrícolas de Yucatán, 81 por ciento en Quintana Roo y 39 por ciento en Campeche (Alianza M-REDD+, 2016).
Esto evidencia la importancia de estos actores, pese al abandono deliberado hacia el campo mexicano. No obstante, la propuesta es que los ejidatarios y pequeños propietarios, a cambio de ceder sus tierras a un FIBRA, recibirán un certificado bursátil fiduciarios inmobiliarios, que les proporcionará una renta que derivará del mundo financiero.
Es decir, como señala uno de los principales expertos en los FIBRAS indica en entrevista que hay que entender que esto no es una garantía, no es un Cete, no es un bono de gobierno (que incluso esos tienen riesgo), esto es un negocio de los inversionistas especulativos del mercado inmobiliario (Castañares, 2020).
Aunado a esto, este especialista, indica que las minusvalías y pérdidas, que se pudieran derivar de una situación de crisis financiera (como lo estamos viviendo actualmente y como lo hemos vivido en otros momentos, ver el libro Nueva historia de las grandes crisis financieras, Marichal, 2010), los ejidatarios las vivirían de una manera más intensa, ya que ellos sólo recibirían la parte proporcional de la tierras aportadas (en comparación con las edificaciones que se construyan sobre las tierras ejidales).
Ante esto, el argumento de la generación de empleos mediante la inversión pública, podría ser muy buena, pero por qué entregar las tierras (diciéndole a los ejidatarios que serán socios) a los inversionistas especulativos quienes sólo buscan la rentabilidad que se transforma en ganancia. Por qué aceptar la financiarización, que significa la expansión sin precedentes de las actividades financieras (Lapavitsas, 2016), pero ahora, sobre la naturaleza del mundo maya. Los miles de empleos (y el Covid-19) serán temporales, pero se le habrá abierto la puerta al capital especulativo, quizá para siempre.
*Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Autora del libro Mineria mexicana en el capitalismo del siglo XXI
James Lovelock es el científico inglés quien junto con la bióloga Lynn Margulis, postularon y demostraron que el planeta Tierra es un organismo vivo, dotado de mecanismos de autocontrol que son tremendamente delicados y frágiles.
A toda su demostración, que es científicamente impecable, se le llamó la teoría de Gaia, en honor a la diosa griega de la tierra. Hace 14 años Lovelock publicó La venganza de Gaia (Penguin Books, 2006) en el cual sintetizó las reacciones del ecosistema global ante los impactos de las actividades humanas.
Desde cada una de las cosmovisiones de los 7 mil pueblos originarios o indígenas del mundo, existe una visión similar : el castigo de la madre tierra surge porque los humanos no han escuchado su voz y han rebasado los límites marcados por ella. Ya sea desde la ecología científica o desde la ecología sagrada, hoy existe un consenso cada vez más generalizado de que todo daño que se inflige a la naturaleza termina revirtiéndose y que la humanidad debe reconstituirse a partir de su reconciliación con el universo natural, es decir, con la vida misma.
La ecología política todavía va más allá.
Postula que no es la especie humana la culpable de las iras de la naturaleza, sino un sistema social, una civilización, en la que una minoría de menos del 1% de la población explota por igual tanto el trabajo de la naturaleza como el trabajo de los seres humanos.
Esa clase depredadora y parásita sólo será desterrada mediante un cambio civilizatorio radical. Una transformación que puede ser, que debería ser, gradual y pacífica no súbita y violenta. Hoy existe ya un conjunto de directrices que nos marcan los caminos de una profunda transformación civilizatoria (ver mi libro Los civilizionarios; y obras como las de Helena Norberg-Hodge, Local is Our Future, o de Edgardo Lander, Crisis civilizatoria).
Es en este contexto donde debe ubicarse la enorme crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Las últimas pandemias han surgido en relación con los sistemas industriales de producción de carne (cerdo, pollo, huevos) como las gripes porcina y aviar, y a la destrucción de los hábitats de especies silvestres de animales portadores de virus y en íntima relación con un sistema alimentario que ofrece productos de baja calidad o perjudiciales por el uso masivo de agroquímicos.
La expansión despiadada del coronavirus es el último llamado de la naturaleza.
Antes ha habido otros más. En los últimos 25 años la madre naturaleza ha enviado numerosas señales. En 1997-98 los incendios forestales que arrasaron más de 9 millones de hectáreas de selvas y bosques de la Amazonia, Indonesia, Centroamérica, México y Canadá, resultado de uno de los climas más cálidos y secos. Luego en 2003 la canícula europea con temperaturas extremas en Francia, España, Portugal, Alemania, Inglaterra, etcétera, que dejó entre 20 mil y 30 mil muertes, un fenómeno que fue ocultado por los medios masivos de comunicación. Por esos mismos años una secuencia de poderosos huracanes, alcanzó su máximo con Katrina que en 2005 causó los mayores daños a las costas de Estados Unidos, calculados en 108 mil millones de dólares. En la década siguiente tuvo lugar la peor sequía registrada (2011-13) en la historia climática de Estados Unidos (15 estados) y el norte de México, que dejó millones de reses muertas y severos impactos sobre la agricultura. Finalmente, el año pasado de nuevo se concatenaron gigantescos incendios forestales en la Amazonia, Siberia, California y, especialmente, en Australia.
Los daños infligidos a los sistemas vivos, en todas sus escalas y dimensiones, son hoy la mayor amenaza a la especie humana, los cuales están íntimamente ligados a la desigualdad social y a la marginación. Según Oxfam, unos 70 millones de seres humanos poseen una riqueza superior a la de 7 mil millones. El punto clave es entonces cómo cambiar el actual estado de cosas. Algunas transformaciones obligadas son: el paso de una economía de mercado a una economía social y solidaria, de grandes empresas y corporaciones a empresas familiares y cooperativas (fin de los monopolios), de gigantescos bancos a cajas colectivas de ahorro, de energía fósil a energías renovables, de sistemas agroalimentarios industriales a sistemas agroecológicos, de organizaciones centralistas y verticales a organizaciones descentralizadas y horizontales (redes), de una democracia representativa a una democracia participativa.
Pero sobre todo construir desde lo local (comunidades, municipios, microrregiones) un poder ciudadano o social capaz de enfrentar y controlar las acciones suicidas del Estado y del capital.
En suma, una (eco)política desde, con y para la vida.
*Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
Se reconoce oficialmente que las comunidades indígenas y rurales serán las más afectadas por el Covid-19, pero no se hace nada para evitarlo. Sin agua, sin servicios de salud, sin caminos y sin información suficiente en sus idiomas, los pueblos van tomando medidas comunitarias para la resistencia, tema que dominan, pues es el centro de su historia. No es la primera epidemia que enfrentan, ni seguramente la última, pero los sorprende en medio de una de las peores ofensivas en contra de sus territorios y recursos naturales, es decir, en contra de su existencia.
Con los megaproyectos de antes y de ahora, los nuevos y los reciclados, se aumenta la zozobra en los territorios ancestrales. Y aunque los llamados a quedarse en casa detienen gran parte de la vida, los megaproyectos no paran. Se anuncia que son actividades esenciales y que las obras del Tren Maya, el Corredor Transítsmico, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas no se detendrán, pero, eso sí, llaman a que se detenga la resistencia, pues se suspenden actividades públicas y concentraciones de más de 50 personas.
Las organizaciones indígenas advierten que la lucha por la defensa de sus territorios no se detiene, pero al mismo tiempo tienen que ponerse a salvo con sus propios recursos y organización. En los hospitales urbanos los médicos y enfermeras se quejan de la falta de suministros para su seguridad, pero en las zonas rurales no hay hospitales, ni médicos ni enfermeras, en momentos en los que, además, están recibiendo a miles de connacionales que han tenido que regresar de Estados Unidos por la pandemia y por la falta de trabajo. Algunos pueblos han cerrado sus puertas a todo extraño y puesto en cuarentena a quienes vuelven. Por lo pronto.
Paralelamente, el confinamiento indicado como medida sanitaria, sigue pasando desapercibido para los asesinos de defensores del medio ambiente. Esta semana se sumó a la lamentable e indignante lista Adán Vez Lira, ambientalista y defensor del territorio y del observatorio de aves del área natural La Mancha, Veracruz, asesinado en el municipio de Actopan.
Tiempos difíciles para las comunidades. Tiempo también de saberes y autonomía. Por lo menos ellas tienen lo que en la ciudad falta: tejido.
Julio Reyna Quiroz
La construcción del Tren Maya, cuyo inicio está previsto en las próximas dos semanas, debe continuar para generar empleo en la zona de la península de Yucatán, que ha sido muy golpeada por la pandemia de Covid-19, aseguró el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.
Señaló que será importante generar puestos de trabajo a partir de mayo o junio e inyectar inversión para paliar, en parte, la crisis de empleo que se vislumbra en la región debido a la pandemia.
Es un tema de tiempos, obviamente vamos a empezar (la construcción del Tren Maya) cuando empiece a declinar la pandemia, abundó el funcionario.
Indicó que durante las obras deberá acatarse un protocolo de salud para los trabajadores, aunque en la región sur-sureste del país las condiciones son muy distintas a los obreros de la construcción en las ciudades, que llegan a las obras en transporte público y masivo.
En el campo hay mucho espacio, los frentes son muy amplios y hay control a partir de varios campamentos, donde se controlarán las condiciones de salud de los trabajadores, indicó Jiménez Pons.
Millones de personas queremos un cambio radical (de raíz), como lo expresó Andrés Manuel López Obrador (2018) al ganar la Presidencia, que modifique la situación indignante de pobreza y marginación que vive una inmensa mayoría de mujeres y hombres en este país, sobre todo los pueblos campesinos e indígenas. Pero no sabemos si dentro del gobierno actual, tan diverso y de múltiples orígenes, todos quieren esta transformación.
Esto lo digo porque estamos a unos días de que inicie la fase de construcción del primer tramo del Tren Maya y las autoridades responsables nunca presentaron una manifestación de impacto ambiental (MIA), mucho menos una social, cultural y arqueológica.
Su argumento es que ya están las vías y que, por tanto, el impacto ambiental ya está hecho. Sin embargo, este es un proyecto nuevo que implica la edificación de nuevas vías y 30 estaciones. No obstante, el tren comenzará sin una MIA del proyecto en su conjunto, que sin lugar a dudas tendrá múltiples impactos.
¿Esto es parte de la transformación?
Sólo conocemos la versión pública del Análisis costo-beneficios ACB (2020), como si sólo se tratara de un negocio empresarial.
En donde por cierto, se señalaron riesgos (de liberación de derecho de vía, geológicos, arqueológicos, de interfase y de demanda, entre otros) que hasta la fecha no conocemos cómo se van a solventar. Algunos de ellos, con la gran recesión que se avecina, producto del Covid-19, se podrían intensificar.
Aunado a esto, especialistas que trabajan con el instrumento bursátil propuesto para financiar parte del Tren Maya, los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibra), insisten que en este momento no le ven viabilidad (H. Calzada, Rankia LATAM –2020– y Jorge Castañares, Xpertha Capital –2020–), no sólo por la crisis económica que viviremos (ya empiezan a colapsar los Fibra), sino porque hay una gran incertidumbre sobre la propiedad social.
Todavía existe la gran duda de si la Ley Agraria, permite que los ejidatarios aporten sus tierras a los Fibra, para ser socios. Desde la perspectiva del procurador agrario de la nación, Luis Hernández Palacios (2020), esto no es posible, porque la ley sólo prevé asociaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
Pero parece que esto no ha sido escuchado por la autoridad responsable del Tren Maya. Claro que, como me lo manifestó Castañares (2020), podrían cambiar la ley para que dicha asociación sea posible, una práctica que ya vivimos durante los diversos gobiernos neoliberales.
Se argumenta que no hay dinero, y que por eso tiene que arribar la inversión privada, que no está demás decir que el fondo del problema no es si hay inversión privada o no, sino el tipo de instrumento financiero, que sostengo implica la financiarización de la tierra ejidal.
La pregunta es si nada dice y significa la propiedad social. Recordemos que ésta fue producto de una revolución, que transformó la estructura agraria (1 por ciento de la población, poseía 97 por ciento del territorio –Stavenhagen, 1982–). Sé que dirán que el ejido está en crisis. Sí, porque deliberadamente los gobiernos neoliberales lo intentaron matar y desaparecer. No lo lograron, 50 por ciento de la propiedad de la nación sigue perteneciendo a ejidos y comunidades agrarias (RAN, 2019).
En este sentido, la gran preocupación, que también se manifestó en el proceso de consulta (ver actas de asambleas), es qué pasará y cuál será el destino de las tierras ejidales, aunado a los impactos ambientales, arqueológicos, culturales que inevitablemente se vivirán por la llegada e incremento de millones de turistas como se proyecta (según el documento de ACB –2020–, se habla hasta de 50 millones de turistas).
Qué hacer ante esto. Los pueblos del sur lo decidirán, pero es urgente apropiarse, no sólo del proyecto (porque se les prometió que sería su tren), sino más que nunca, de sus territorios a fin de quelos especuladores inmobiliarios no se apropien en un futuro de sus tierras, que insisto, los analistas financieros expresan que esto ocurrirá.
Además, para los empresarios será extraordinario el Fibra, ya que tiene un beneficio fiscal, la exención de impuesto sobre la renta (Ley del ISR). ¿Este será el cambio?
El sur tiene que transformarse. La pregunta es si es aceptable, con una visión colonial, que se les debe llevar el desarrollo.
De esto ya se sabe mucho. Es al sur, a donde el Estado mexicano dirigió más recursos para el supuesto combate a la pobreza (Chiapas es emblemático –ver Presupuesto de Egresos de la Federación, desde 1990–).
También en el sur, a lo largo de la historia, se desarrollaron grandes proyectos (madereros, chicleros, caucheros, henequeneros, turísticos), avalados o impulsados por el propio Estado y por las empresas, sobre todo vinculadas al mercado mundial.
Así que el sur no es que sea pobre porque ha estado abandonado, sino más bien es el resultado de un proceso continuo de explotación de sus recursos naturales y de la mano de obra (desde la Colonia), que esperamos no continúe.
*Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI
Organizaciones acusan que el Gobierno Federal aprovecha la pandemia para avanzar, sin oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores.
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La decisión del Gobierno Federal de continuar los trabajos para la construcción del Tren Maya en plena emergencia sanitaria por el Covid-19, pone en riesgo la salud de la población mayoritariamente indígena que se verá afectada por este proyecto de infraestructura, alertaron comunidades mayas y organizaciones de derechos humanos.
Organizaciones, comunidades y colectivos de la Península de Yucatán, urgieron al Gobierno Federal detener la construcción del Tren Maya porque, de continuar las obras en el contexto actual de la pandemia, advirtieron que se generará un estado de indefensión hacia aquellas comunidades que han manifestado su rechazo al proyecto.
“Pareciera ser que el Gobierno Federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un Juez Federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Calendaria”, señalan en un pronunciamiento público.
En el pronunciamiento público, firmado por más de 200 organizaciones y 60 académicos a título personal, expresan su preocupación ante la continuidad de la construcción del Tren Maya con el argumento de que será un detonador de desarrollo en la Península, cuando la realidad es que no existe un proyecto definido.
De manera insistente, recuerdan que se ha señalado la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha obra acarreará para la población, particularmente para las comunidades mayas.
“Hacemos un llamado al Presidente de la República para que suspenda la construcción del denominado Tren Maya y, con posterioridad a la emergencia sanitaria, inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información, y que cumpla con el Convenio 169 de la OIT”, demandan.
El pasado 6 de abril se publicó un Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que establece que la producción de acero, cemento y vidrio podrá continuar en aquellas empresas que tienen contratos vigentes para los proyectos de infraestructura del Gobierno Federal, entre ellos el Tren Maya.
Ángel Sulub Santos, integrante del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto, dijo que, en medio de la pandemia de coronavirus, se anunció en los medios de comunicación locales que en mayo iniciará la construcción de la carretera que va de Cancún a Tulum.
Cerca de 200 organizaciones, colectivos y comunidades, así como 60 académicos, defensores y artistas, urgieron al Ejecutivo Federal suspender la construcción del Tren Maya, ya que en el contexto de emergencia sanitaria, representa una “grave vulneración a los derechos de las comunidades afectadas”.
Agrupados en la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán, las organizaciones y personas pidieron que pasada la emergencia sanitaria se inicie un proceso de “diálogo real, serio, informado y equitativo” que garantice los derechos a la información y cumpla el Convenio 169 de la OIT, y las Declaraciones de la ONU y OEA.
Las red de organizaciones y comunidades del país señalaron que es preocupante que se continúe la construcción del Tren Maya pues se pone en riesgo la salud de las personas trabajadoras y de las comunidades donde se realiza la obra.
Agregaron que se genera un estado de indefensión para las comunidades que han rechazado el proyecto, pues ante la falta de funcionamiento de tribunales, no se garantiza el acceso a la justicia ni la posibilidad de impugnar cualquier acto u omisión del proyecto.
“Pareciera ser que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición”, señalaron.
22 abril, 2020
Organizaciones civiles piden freno de ese proyecto
Cerca de 100 organizaciones civiles exigieron ayer martes al gobierno mexicano frenar el proyecto del Tren Maya, una de las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador que sigue en construcción pese a la emergencia sanitaria.
Continuar la obra, de 120,000 millones de pesos (4,919 millones de dólares), resulta “preocupante porque su construcción y el desalojo de personas no es esencial durante la pandemia”, indicó la Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán.
En esta Red de Litigio están incluidos colectivos locales como Equipo Indignación, Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal”, “Ka' Kuxtal Much Meyaj” A.C., Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an, Articulación Yucatán y Guardianes del Sur, entre otros.
“Esta determinación pone en riesgo la salud y la vida de las y los trabajadores que tendrán que continuar con las obras del citado proyecto, así como de la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo”, manifestó el texto acompañado de un centenar de asociaciones firmantes.
El comunicado se emite el día en que el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto que asigna a la empresa Fonatur Tren Maya, de participación estatal mayoritaria, los derechos para construir y operar durante 30 años la vía, que medirá 1,460 kilómetros en el sureste mexicano.
La polémica en torno a la obra se ha agudizado desde la declaración de emergencia sanitaria en México, que este martes entró a la fase máxima de la epidemia al acumular 8,772 casos y 712 muertes por Covid-19.
Una semana después de suspender las actividades no esenciales, al decretar la emergencia el 30 de marzo, el gobierno ajustó los lineamientos para reactivar la producción de cemento, vidrio y acero “exclusivamente” para las obras de la federación, entre ellas la del Tren Maya.
“El gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un juez federal”, denunció el texto.
La ONU
Al solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas, las asociaciones solicitaron al presidente López Obrador suspender el tren incluso después de la emergencia sanitaria para iniciar un diálogo.
Entre las agrupaciones firmantes con presencia nacional e internacional están la Due Process of Law Foundation, Greenpeace, Artículo 19, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), según se informó.
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- Las limitaciones afectan directamente a personas de las comunidades aledañas a dicha obra
- De no contar con equipo de protección suficiente, los trabajadores de la obra podrían contraer Covid-19 y poner en riesgo a las personas de las comunidades cercanas al proyecto
Amnistía Internacional expresa su preocupación por la falta de acceso a la información relacionada con las medidas adoptadas por el Estado mexicano para prevenir contagios por Covid-19, en la zona donde se construye el Tren Maya. Situación que afecta de manera directa a las personas de las comunidades indígenas cercanas a dicha obra.
Esta falta de transparencia se debe a la “suspensión del cómputo de plazos para la práctica de actuaciones” ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, decretada por el gobierno mexicano en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19. La medida inició el 23 de marzo y se mantendrá hasta el 30 de abril de 2020.
“Los estados deben cuidar que las medidas para frenar la pandemia no limiten o supriman el acceso a información pública, que es necesaria para realizar actividades de defensa de derechos humanos.
ABRIL 21, 2020
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México otorgó a la empresa estatal Fonatur Tren Maya los derechos para la construcción, operación y explotación de la vía férrea Tren Maya, la cual incluirá los bienes inmuebles necesarios, trazo, límites y características que se determinarán en el proyecto ejecutivo.
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la SCT indicó que esta decisión le confiere a Fonatur los derechos de exclusividad para prestar el servicio público de transporte por un periodo de 30 años para carga y pasajeros en el Tren Maya.
Fonatur podrá contratar a terceros para la construcción, operación y servicio al público del Tren Maya, excepto para la liberación de los derechos de vía, que deberá realizarla directamente.
Para los pueblos indígenas la decisión del gobierno federal de acelerar el paso en la consolidación de sus proyectos prioritarios, se suma al desafío de la pandemia en curso, que entraña la necesidad de organizarse para la autodefensa frente a la misma.
Es el caso del llamado Tren Maya, del que mucho se ha debatido y desde las comunidades organizadas en defensa de sus territorios han denunciado que se trata de un proyecto impuesto, validado por una consulta simulada, contraria a los estándares internacionales.
Cuando se inició formalmente en el país la fase 1 de la pandemia, buena parte de las comunidades mayas se encontraban en el proceso de asambleas y éste se detuvo ante el imperativo de resguardarse como indispensable medida de protección.
Sin embargo, más de 100 organizaciones, comunidades mayas y colectivos en defensa del ambiente y de derechos humanos así como académic@s,aún en el contexto de la cuarentena, han emitido pronunciamientos cuya respuesta es el silencio oficial. Destacan la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, Colectivo Indignación, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Red de Litigio Estratégico en favor de comunidades indígenas y campesinas de la Península de Yucatán, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (que logró la suspensión mediante un juicio de amparo en curso), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC, Greenpeace México y Due Process of Law Foundation, entre otras. Solicitaron al presidente López Obrador suspenda la construcción del Tren Maya, y con posterioridad a la emergencia sanitaria inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo.
Ni los veo ni los oigo, es la respuesta. El gobierno federal ha tomado decisiones que le dan carácter de cosa juzgada a la oposición indígena. Incluyó sus proyectos emblema entre los que son esenciales a fin de que avanzaran los contratos en curso hacia su puesta en marcha ( DOF, 6/4/20), asimismo se definió ya la empresa ganadora para el tramo 1 del Tren Maya, que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche: el consorcio formado por Mota-Engil, China Communications Construction Company que iniciará la obra con medidas sanitarias. Fue sancionada hace años por el Banco Mundial pero se argumenta que ya venció el plazo de castigo.
Lo más relevante es la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre la asignación en favor de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya SA de CV, para construir, operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye los permisos para la formalización de este instrumento ( DOF, 21/4/20).
La SCT demanda al asignatario que se conduzca con apego a las leyes y tratados internacionales: al adquirir los terrenos necesarios con su presupuesto, los cuales formarán parte del dominio público de la Federación, advierte que le corresponde liberar el derecho de vía, protegerlo de invasiones, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región.
Respetar los bienes con valor histórico, cultural o artístico y en su caso realizar acciones remediales. Llama la atención que se otorga un año al asignatario para que presente el proyecto ejecutivo del Tren Maya, a fin de que la SCT lo apruebe y se fijan cuatro años para la construcción.
Los pueblos indígenas y sus territorios quedan invisibilizados, la referencia, indignante, a ellos es el apartado 3.14: Servicios a las comunidades.
El asignatario no podrá negarse a transportar agua a aquellas comunidades que por sus características geográficas o climatológicas lo requieran, en el entendido de que no es responsabilidad del asignatario el suministro del agua a dichas comunidades.
El asignatario, dentro de los servicios de pasajeros que preste, deberá facilitar el transporte a las comunidades aisladas considerando para ello al menos un carro.
Qué tal, no se vayan a molestar l@s turistas. Los polos de desarrollo aparecen en actividades comerciales inmobiliarias, y son aquellas que el asignatario podrá realizar en las obras de infraestructura que construya para tal fin, como hoteles, oficinas, centros comerciales, restaurantes u otros similares o análogos, y que deberá iniciar dentro de los primeros cinco años de vigencia de esta asignación.
Ahora los pueblos para la SCT se denominan comunidades aisladas; la llamada 4T en efecto los aisló de sus derechos o les aplicó cuarentena indefinida, hasta que éstos le impongan un ¡ya basta!
El consorcio encabezado por Operadora Cicsa de Grupo Carso del magnate mexicano Carlos Slim se hizo con la licitación del Tramo 2 del Tren Maya, que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche.
En la evaluación final, sumó 94.06 puntos y fue la de mayor puntaje dentro de la licitación, y tendrá un costo de 15,994 millones 602,016.24 pesos sin IVA, para un total de 18,553 millones 738,338.84 pesos.
Zacatecas, Zac., Más de 550 trabajadores de la minera Ocampo Mining Tayahua, propiedad de Carlos Slim Helú, realizaron un paro general de labores desde el jueves y tomaron pacíficamente la sede del sindicato charro Frente, que encabeza el priísta Carlos Pavón Campos, en protesta por el recorte de 70 por ciento en el reparto de utilidades en esa mina de cobre, ubicada en el municipio de Mazapil.
La inconformidad se inició el miércoles, luego de que tras una reunión con directivos de la compañía, el martes pasado, un minero fue despedido tras mostrar su descontento al enterarse del recorte en el reparto de utilidades.
Un trabajador que pidió el anonimato, dijo que antes recibían en promedio más de 100 mil pesos de utilidades; pero ahora se les informó que en mayo la compañía sólo les pagará alrededor de 30 mil.
Si las agresiones al personal de salud en el contexto de la pandemia deben ser condenables y debidamente sancionadas, qué tendría que proceder contra los policías que dispararon contra población indígena en cuya comunidad se han detectado casos positivos de Covid-19, como ocurrió esta semana en la zona norte de Chiapas.
Cercados, sin alimentos y con contagios de coronovirus, indígenas de la comunidad Hidalgo Joshil, del municipio de Tumbalá, realizaron un plantón en el punto conocido como Pulpitillo, para protestar contra el cerco sanitario que se implementó en el municipio de Yajalón por un brote de Covid-19, que les impide movilizar a personas que requieren, paradójicamente, atención médica, denunció el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) el pasado 27 de abril.
La respuesta de las autoridades a la movilización, señala el organismo de derechos humanos, fue enviar a la policía municipal y a civiles armados de Yajalón a dispararles con armas de alto calibre, sin ningún intento por dialogar, ni aviso alguno. El saldo de la embestida fue de cuatro heridos, uno de gravedad de nombre Romario Guzmán Montejo, que fue trasladado a la cabecera municipal de Tumbalá.
La versión de la policía de Yajalón es que los indígenas intentaron cruzar el filtro sanitario por el Covid-19 y por eso fueron detenidos. El video tomado por los pobladores de Tumbalá muestra lo contrario, pero aunque hubiera sido cierto, no hay ninguna justificación para dispararle a una población que sólo quiere acceso a la salud.
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