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La
socióloga y politóloga Sabine Manigat, de la Universidad Quisqueya, repasa con
Pablo Stefanoni la coyuntura de la nación caribeña.
¿Qué fue
lo que desencadenó la actual rebelión social en Haití?
Podemos
hablar de una coincidencia en el tiempo entre el empeoramiento acelerado de la
situación socioeconómica de las mayorías –incluido un sector importante de
clases medias empobrecidas– y el evidente fracaso de la fórmula de gobierno que
resultó de los comicios de 2016 que llevaron al poder a Jovenel Moïse, un
súbdito de Michel Martelly.
Un indicio
premonitorio de lo primero fueron los disturbios de
principios de julio de 2018 en contra del alza del precio de
los hidrocarburos pero también del alto costo de la vida. Mientras la inflación
registraba nuevos récords entre abril y junio, la moneda nacional se devaluaba
aceleradamente.
Una pista
de lo segundo la dio la política cada vez más cerrada del gobierno dirigido por
Moïse, incapaz tras dos años en el poder de viabilizar siquiera algunas de sus
promesas electorales, en particular las referidas a servicios básicos
(electricidad) y nivel de vida (aumento del empleo y de la producción
agrícola).
Todo esto
ocurre dentro de un ambiente de corrupción cada vez más descarado que involucra
además al Parlamento. Jean Henri Ceant, el primer ministro nombrado después de
los disturbios de julio, salido de la tendencia Lavalas (del ex presidente Jean
Bertrand Aristide) no pudo operar el necesario acercamiento entre la oposición
(a la que pertenece) y el partido gobernante (el Partido Haitiano Tèt Kale).
El
empecinamiento de la presidencia, que se niega a una real apertura, combinado
con la impotencia de un primer ministro, que no ha podido abordar ninguno de
los problemas más candentes, provocaron la ampliación del descontento con la
histórica manifestación del 17 de octubre y la también masiva del 18 de
noviembre, ambas seguidas de días de incertidumbre y, sobre todo, del
ensordecedor silencio de las autoridades.
La actual
rebelión social abarca amplias capas del cuerpo social y concierne a diversos
actores, incluido el sector privado. Por ello se puede calificar de
cuestionamiento de todo un sistema, la resultante del agotamiento del mismo y
de la sordera de sus dirigentes.
Haití pasó
por la decepción con el gobierno de Jean Bertrand Aristide, un terremoto que
destruyó gran parte de la capital, la llegada al poder de un músico
extravagante (Michel Martelly), una misión militar multinacional (la Minustah),
¿Por dónde podría pensarse una recomposición estatal?
Indudablemente,
estos eventos han impactado y construido cierta imagen de Haití, su
«singularidad”, su «mala suerte», un «caso desesperado». Pero más allá de esas
etiquetas –que dicen algo pero distorsionan y «folklorizan» la historia y los
problemas de Haití– habría que retener, y enfocar la reflexión alrededor de la
débil gobernabilidad del país, particularmente tras la descomposición del orden
dictatorial duvalierista.
La desaparición en 1986 del control político y social de la
dictadura dejó al desnudo la amplitud de la exclusión que constituye la base de
un sistema injusto, patrimonial y clientelista. Este sistema está agotado, y
las experiencias de Aristide o de Martelly han sido expresiones de los fallidas
intentos de cambio y de la resistencia que oponen las clases dominantes.
Si
queremos «tomar este país en serio» –como gustaba decir el político y académico
Leslie Manigat– y analizar Haití con las herramientas y los conceptos
científicos y políticos de uso corriente, habrá que considerar el histórico
fracaso de las oligarquías sucesivas en implementar un proyecto capaz de
incorporar el interés general a sus intereses de grupo.
La
irrupción de los excluidos, es decir, de la inmensa mayoría de los 11 millones
de haitianos, sobre el escenario político y sus exigencias de ser tomados en
cuenta, han sido ignorados durante más de treinta años. Hoy, el lema ya no es «changer
l’Etat» [cambiar el Estado], sino radicalmente «changer le systeme»
[cambiar el sistema].
La
analista no tiene motivos para ser optimista ya que lo que se rastrea son
siglos de total ignorancia y de sistemático desprecio del interés general más
básico por parte de las elites del país, y la falta de preparación para encarar
un cambio, ahora que se ha tornado una apremiante necesidad .
Empero, la
creciente madurez demostrada por una opinión pública hoy más educada e
informada, más consciente de sus derechos y más madura en sus demandas, nos da
una mayor esperanza.
¿Qué papel
tuvo la corrupción en el uso de los recursos de Petrocaribe en el
desencadenamiento de la crisis? ¿Cuáles fueron los beneficios de la asociación
con Venezuela?
El tema de
la corrupción desempeñó sin duda un papel de detonador en el estallido de la
crisis. Al respecto, se soslaya a menudo un precedente importante. El sector
«democrático radical», referenciado en la voz del abogado y militante André
Michel, ya había iniciado hace más de un año una demanda pública contra el
Estado acerca del uso de los fondos Petrocaribe.
La
iniciativa, de índole legal, tenía un alcance más bien simbólico pero atestigua
las preocupaciones por la amplitud que ha cobrado el fenómeno de la corrupción.
De hecho, a partir de los años 2010, entre despilfarro de los fondos recibidos
por Haití tras el terremoto y del maná del programa Petrocaribe, transitaron por el país
centenas de millones de dólares. Se han evaluado en alrededor de 3.000 millones los
fondos procedentes del programa Petrocaribe. Pero es sin duda la movilización
de jóvenes a partir de las redes sociales lo que condensó las frustraciones y
las demandas de diferentes sectores, algunos hasta entonces pasivos o
expectantes. La manifestación del 17 de octubre pasado fue convocada para pedir
rendición de cuentas sobre los fondos Petrocaribe y reunió cientos de miles de
personas de diferentes grupos sociales. Fue una demostración ciudadana
esencialmente pacífica, como lo fue la del 18 de noviembre.
La
absoluta ausencia de respuesta del gobierno contribuyó por mucho en la
ampliación de las demandas y la radicalización de sus expresiones.
Sobre la relación
con Venezuela, ha sido una de ayuda fraterna por parte de un país que por
razones históricas ha manifestado una solidaridad especial con Haití. El
régimen chavista no solo se negó a participar militarmente en la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) sino que contribuyó
en varios proyectos de desarrollo social y propuso el programa Petrocaribe.
Acerca del uso de esos fondos falta información.
El informe
de la Corte Superior de Cuentas lista obras nunca realizadas o incompletas,
como los diez complejos deportivos no funcionales, el mercado de pescados en la
capital cuya construcción se interrumpió, un viaducto apenas esbozado… Esas
estafas y malas prácticas involucran a personalidades e instituciones
pertenecientes al más alto nivel del aparato estatal, incluido el Presidente.
¿Qué tipo
de organizaciones pusieron en marcha las protestas?
Se debe
considerar una constelación de organizaciones y de sectores. El elemento
desencadenante, el alza de los precios de los hidrocarburos, trajo naturalmente
a colación el tema de los fondos Petrocaribe. De allí la formación en las redes
sociales del movimiento «petrochallengers» (una red de jóvenes internautas) que
convocó a la marcha de octubre pasado.
La
oposición radical, acusada de aprovecharse del movimiento para obtener réditos
políticos política, tiene sin embargo cierta capacidad propia de convocatoria.
Las organizaciones de derechos humanos y cívicas desempeñaron igualmente un
papel. Se trata realmente de un movimiento policlasista poco organizado,
enraizado esencialmente en el descontento popular.
La débil
tradición organizativa en Haití aunada a la falta de credibilidad de los
partidos políticos confiere a esas protestas una (falsa) imagen de
«espontaneidad de las bases». En realidad hay actores detrás de la cortina, lo
que no se sabe es el peso de cada uno.
Por su
carácter espectacular y el uso que de sus imágenes en la prensa, hay que
mencionar las barricadas y los bloqueos de calles y carreteras asociadas. Son
por cierto una expresión popular, barrial, de las protestas. Pero suelen ser
también organizados por una fuerza disponible de desempleados, pagada muchas
veces por políticos o empresarios.
Cumplen
una función de desacreditación de las manifestaciones, las cuales son anunciadas
y luego relatadas bajo el sólo ángulo de la violencia. Pero no son ni las
expresiones más importantes ni las más numerosas.
¿Cómo es
la situación actual?
Hay una
multitud de consultas, reagrupamientos y propuestas, formuladas tanto desde la
ciudadanía como de las organizaciones políticas. Y esos grupos han empezado a
dialogar. Sin embargo aún predominan las divisiones, en todos los niveles:
-Divisiones
dentro del sistema político: en el seno del Poder Ejecutivo (los desacuerdos
entre el presidente y el primer ministro son públicos) y dentro del aparato
estatal (el Ejecutivo ignora al Parlamento que, a su vez amonesta el Ejecutivo
y amenaza el Presidente con un juicio por alta traición); el aparato de
justicia está dividido entre un sector politizado (allegados del gobierno) y
otro impotente.
La policía
a su vez recibe órdenes de proteger los bienes y reprimir a los revoltosos que
no siempre acata (ahí está la sospechosa pasividad de la policía durante los
disturbios de julio de 2018).
-Divisiones
entre las oposiciones y entre los grupos sociales (incluida la oligarquía
dominante). La llamada «oposición radical» ya no tiene el monopolio de las
convocatorias, pero los llamados a manifestar, tanto en noviembre como en
febrero, fueron paralelos más que que concertados.
Hoy se
suman las voces que reclaman la salida de Moïse: la oposición «moderada»
socialdemócrata y de centro derecha, elementos del sector privado se están
expresando en este sentido mientras que las alternativas a esa opción (diálogo,
con o sin condiciones) están lejos de producir consenso.
El propio
empresariado, a través del Foro del sector privado, habla de como una sola voz
para pedir la preservación de sus intereses de «proveedores de empleos» pero
está dividido sobre la mejor fórmula para salvar el sistema: ¿Conceder medidas
de alivio socioeconómico para mantener el equipo gobernante?, ¿sacrificar a
Moïse para salvaguardar el sistema? ¿Proponer un nuevo modelo modernizador
sacrificando la economía patrimonialista?. Lo nuevo es el carácter público de
esos posicionamientos políticos de la burguesía.
De todo
ello resulta la ausencia de una fórmula de salida de la crisis. Más aún, las
negociaciones y consultas que día a día se desarrollan en los círculos de poder
ocurren en un contexto de total opacidad.
Esta
incapacidad de las fuerzas nacionales para elaborar una solución endógena pone
a Haití ante el riesgo de tener que aceptar (una vez más) un parcheo impuesto
por sus «amigos» de la «comunidad internacional».
Sabine Manigat
Socióloga, es profesora
de ciencias sociales en la Universidad de Quisqueya.
Un informe publicado
este lunes por el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma
que la "crisis política, económica y social que enfrenta Haití no tiene precedentes"
"La crisis ha
empeorado la pobreza y la inseguridad y ha privado al Gobierno de los medios
para realizar inversiones productivas y actividades de
apoyo", afirmó Laframboise en el comunicado.
"La designación de un Gobierno
comprometido con la reforma de la economía y la reanudación del apoyo de la
comunidad internacional permitiría relajar las restricciones presupuestarias
y aumentar el gasto público, en particular la inversión",
apunta el FMI
María del Pilar Castillo
24
de octubre de 2019
LA
NACIÓN , ARG .
En estos momentos, América Latina se encuentra convulsionada. La
ininterrumpida crisis venezolana, las violentas manifestaciones en Chile, las controversiales elecciones en Bolivia y el implacable avance del narcotráfico
en México no dan respiro a una región que ya es
complicada de por sí. Sin embargo, en medio de estos bulliciosos brotes, los
medios desatienden otras crisis, que son más silenciosas pero igual de
destructivas.
Así, Haití, el país más pobre de América, vive un año de
intermitentes protestas en las que los ciudadanos exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse.
Las revueltas,
que ya tuvieron otros violentos capítulos el año pasado, tienen su origen en
la acentuada crisis política y económica que atraviesa el país y
en un escándalo de corrupción que salpica al gobierno,
asociado a la malversación de petróleo venezolano.
¿Por qué se originaron las protestas?
Las
protestas comenzaron después de una investigación que acusaba a funcionarios de
alto nivel del gobierno haitiano, incluido el presidente Moïse, de utilizar indebidamente hasta $USD 3800 millones en préstamos del
Petrocaribe de Venezuela, el programa de asistencia creado en
2005 por el gobierno de Hugo Chávez para ofrecer petróleo a precio subsidiado
para los países del Caribe.
Los
manifestantes acusaron a Moïse, un empresario de la industria del plátano sin experiencia
política, de haber colaborado con el mecanismo de corrupción que desvió el
dinero, que tuvo lugar durante la presidencia de su predecesor y aliado, Michel Martelly (2011-2016).
Los
problemas económicos, incluido el prominente aumento del costo de la vida,
también alimentaron las protestas en la nación.
El Índice de Desarrollo Humano, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país
y que en definitiva muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica
que los haitianos están entre los que peor calidad de vida tienen del
mundo.
Antecedentes de 2018: Aumento del combustible
En julio de
2018, los haitianos salieron a las calles para protestar
contra el aumento en los precios de la gasolina y el kerosene, una
medida acordada entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La
situación provocó la renuncia del entonces primer ministro Jack
Guy Lafontant. En agosto, el presidente Jovenel Moïse designó al
excandidato presidencial Jean-Henry Céant como
reemplazo.
Febrero de 2019
El 7 de febrero de este año se abrió un nuevo
capítulo en la crisis haitiana cuando los manifestantes salieron a las calles y
apuntaron contra los vehículos de lujo de los ciudadanos ricos, tras conocerse
parte de la documentación del informe sobre corrupción.
Lo que
comenzó como una protesta de fin de semana se convirtió en una prolongada
revuelta que causó la muerte de 26 personas y al
menos 77 heridos, con álgidos momentos en que los manifestantes
incendiaron un mercado popular, saquearon varias tiendas y ayudaron con
una fuga de cárcel que liberó a todos los prisioneros de
las instalaciones.
A pesar de
la creciente tensión, el presidente haitiano se dirigió al país el 14 de
febrero y dijo que no renunciaría. "Yo, Jovenel Moïse, jefe
de Estado, no entregaré el país a las bandas armadas y los
narcotraficantes", afirmó.
Para calmar
la furia, el presidente pidió a la oposición que participe en el diálogo
pacífico al afirmar que "los problemas del país no son únicamente
políticos, sino también sociales y económicos". Sin embargo, la oposición,
liderada por Jean-Charles Moïse -quien no
tiene una conexión familiar con el presidente-, ha exigido su renuncia y ha
liderado las protestas a lo largo del año.
"Si
Jovenel Moïse no quiere abandonar el poder, nombraremos un presidente
interino", amenazó el líder opositor entonces.
Por su
parte, el primer ministro de Haití, Jean Henry Céant, ofreció reducir los
precios de los alimentos y de los gastos de la administración pública para
aplacar los disturbios y la violencia.
Fugaz primer ministro
Sin
embargo, los esfuerzos de Céant fueron insuficientes y fue destituido de su cargo el 18 de marzo por la
Cámara de Diputados Haitiana, tras aprobar una moción de censura en su contra
por la falta de respuesta al agravamiento de la crisis económica y a las
protestas.
En su
lugar, Jean-Michel Lapin asumió de forma interina el
cargo de primer ministro de Haití.
Pero Lapin
tiró la toalla después de tres meses de infructuosas negociaciones para tratar
de que el Parlamento aprobara su programa de Gobierno.
Pocas horas
después del anuncio de la salida de Lapin, Moïse se apresuró a designar a su
sucesor: Fritz William Michel, un alto funcionario del
Ministerio de Economía y Finanzas.
Nuevas protestas en junio
Miles
personas se manifestaron el día 9 de junio de 2019 contra la corrupción en
Puerto Príncipe y en varias ciudades del país luego de que la Corte Superior de Cuentas de Haití enviara al Parlamento su
informe final sobre la investigación que realizó sobre
supuestos actos de corrupción entorno al manejo de los fondos del programa
Petrocaribe.
De acuerdo
a detalles conocidos por la prensa, la investigación arrojó que una compañía del presidente haitiano recibió millones de dólares
para la ejecución de varios proyectos, pero no los ha realizado.
Asimismo,
que existe una red de funcionarios dentro del gobierno haitiano que gestiona la
obtención de contratos para amigos del expresidente del país Michel Martelly
así como para el exministro Laurent Lamothe.
Sexta semana consecutiva en las calles
Tras unos meses de tensa
calma, el 16 de septiembre las calles de Haití volvieron a colmarse de
furiosos manifestantes, a raíz de la delicada situación económica y de
la crisis política que ha hecho imposible formar un Gobierno desde el pasado
marzo.
Desde
entonces, el país es escenario de movilizaciones diarias contra Moïse. Ayer
comenzó la sexta semana consecutiva de protestas y
parálisis total de las actividades con una jornada de manifestaciones
convocada por los principales sindicatos de maestros, mientras que hoy se
sumaron los líderes religiosos.
En las
últimas semanas, varios grupos sociales y asociaciones profesionales, incluidos
movimientos integrados por artistas y estudiantes, han tomado su turno en las
calles para protestar contra el presidente.
Corrupción, economía
maltrecha y emergencia social motivaron las multitudinarias marchas que se apoderaron
del país durante las últimas semanas. La nación más pobre de Latinoamérica
acumula sus crisis y depende de la ayuda exterior para no colapsar.
Fue la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dio la alarma sobre la gravedad
de la situación actual. El pasado 27 de febrero, en un comunicado, la entidad expresó su
"preocupación" sobre el "desabastecimiento" de productos
básicos que golpea a Haití a raíz de la crisis en curso, pero también informó
que las protestas dejaron al menos 26 personas muertas y 77 heridos.
Un saldo
trágico que marca un episodio más en las actuales tensiones sociopolíticas y en
la historia convulsa de ese país de apenas 27.000 km2. Primer territorio
latinoamericano en ser liberado del yugo colonial y primera nación negra, la trayectoria de Haití se caracteriza por la inestabilidad institucional
y las falencias económicas que se arrastraron hasta hoy. En el
blanco de los manifestantes : Jovenel Moïse, un presidente impopular que ha
concentrado todas las críticas a causa de una coyuntura que se volvió
insostenible para millones de sus administrados.
Esta
última oleada de protestas, que estallan esporádicamente, se desató a raíz del
intento del Gobierno de alzar el precio de los combustibles, en julio
pasado, por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI). Una
medida difícilmente aceptable en un país con una inflación galopante, donde
además aproximadamente el 60% de la población vive con menos de 2 dólares
estadounidenses por día y donde el Producto Interno Bruto, la riqueza del país,
por habitante se evaluaba, en 2014, a 830 $, siete veces menos que la vecina República Dominicana.
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"Vivimos
en un país con desigualdades muy notorias, tenemos por un lado un pequeño grupo
que se enriquece y, por otro lado, la mayoría que se empobrece día a día",
explicó a France 24 Valéry Daudier, periodista de la redacción del diario 'Le
Nouvelliste'.
"Entonces
tan solo un empujoncito basta para que se levante
la población
contra el poder, que además no es popular".
Petrocaribe: una posible "maquinaria de
corrupción" sin precedentes
El
empujoncito de las más recientes protestas fue un informe muy critico acerca de
la gestión de los fondos de Petrocaribe; un programa de cooperación lanzado por
la Venezuela de Chávez con varios países de la región, en 2005, cuyo objetivo
era financiar proyectos de infraestructuras a través de la bonanza petrolera de
Caracas.
Se
cuestiona el actuar de 15 responsables políticos y altos funcionarios, entre
2008 y 2016, por este posible desfalco. Ni los primeros ministros ni los
presidentes se libran de este escándalo, y el actual mandatario, Jovenel Moïse,
aunque no tenía funciones políticas en ese período, aparece en el informe por
su papel como empresario.
En
el actual movimiento social, "Petrocaribe es lo que hizo inclinar la
balanza y que casi le costó el poder al presidente, ya que su nombre es citado
en este caso", comentó Valéry Daudier.
"Lo
que impacta es que no hemos notado grandes proyectos llevándose a cabo",
explicó Daudier. De hecho, de los 409 proyectos documentados por la auditoría,
se evidencia que muchos fueron inflados o que quedaron abandonados. "Se
construyeron tramos de carreteras, una pequeña escuela, un viaducto, y ya, no
hay nada más concreto", agregó el periodista. "La gente pide cuentas
sobre Petrocaribe, hay sospechas de sobrefacturación" y que el programa
haya servido como "maquinaria de corrupción" para las élites
haitianas.
Los jóvenes haitianos no quieren llegar "ni la
Presidencia, ni al Parlamento, no quieren nada, quieren empezar de cero"
Una
franja de la población con aspiraciones bien distintas a la clase política.
"Reclaman la salida del jefe del Estado, pero no solo esto, quieren un
otro sistema, hacer ‘tabula rasa’", afirmó el periodista. No quieren
llegar "ni la Presidencia, ni al Parlamento, no quieren nada, quieren
empezar de cero", agregó.
En
este movimiento que tomó un inédito tono "se reclama un cambio de poder,
pero los que se encuentran en emboscada tampoco son creíbles", aseguró
Daudier.
Una clase
política que además de no tener una fiabilidad para lidiar con temas claves
como la corrupción, no ha generado liderazgo que pudiera proponer una
alternativa.
"Si
el Sr Moïse se fuera hoy, sería el mismo problema: ¿quién lo remplazaría? Nadie
sabe, nadie puede pretender remplazarlo", enfatizó el comunicador.
En
cuanto a la calma momentánea que se presencia en las calles haitianas, no fue
porque el descontento se apaciguó, según Daudier. "Si el poder ha podido
tomar un respiro fue solamente porque la población estaba cansada de permanecer
tanto tiempo, 10 días, en sus casas, y a la gente le hacia falta retomar su
trabajo para ganarse la vida". Y como los anuncios gubernamentales no
conllevaron a "nada en concreto" ,es muy probable que el movimiento
se reanude dentro de pocas semanas.
La
fragilidad institucional no es asunto nuevo en esta pequeña nación caribeña.
"Entre 1986 y 2018, Haití tuvo a 19 presidentes y solamente en 3 ocasiones
sus mandatos llegaron a sus términos", explicó a France 24 Claude Joseph,
politólogo haitiano que enseña en la universidad estadounidense Connecticut.
Una
debilidad estatal que puede en parte explicarse por las recurrentes
dificultades económicas, y viceversa. "Haití no produce casi nada",
comentó Joseph. "En 2017, el balance comercial se encontraba en déficit por
más de un 35% del PIB", en una situación en la cual las exportaciones
quedan muy por debajo de las importaciones. Primera consecuencia para la
población, uno de los fundamentos del descontento actual, "los precios de
los productos importados aumentan constantemente", explicó el profesor.
Fragilidad institucional y catástrofes naturales
Primer
efecto perverso de este desamparo económico: el endeudamiento. En permanente
aprieto para financiarse, el Estado tiene que buscar préstamos con
organizaciones internacionales u otras entidades. En el presupuesto de la nación 2017 - 2018, los pagos
relativos a la deuda pública representaban casi el 17% del gasto total, unos
230 millones de dólares sobre un total de 1.400 millones. "Con este dinero
podríamos construir hospitales, centros de salud, escuelas o
universidades", enfatizó Claude Joseph.
Por otra
parte, Haití es vulnerable por su propia ubicación, propicia a repetidas
catástrofes naturales. Los potentes y cada vez más frecuentes huracanes del
Caribe suelen golpear al país, como Matthew en 2016 que dejó a centenares de muertos. Los
terremotos también desatan a menudo su furia, y aquel día de 2010, uno provocó
un verdadero cataclismo.
Esa tarde
de enero, con un epicentro ubicado a apenas 25 kilómetros de la capital, Puerto
Principe, la tierra tembló con una magnitud de 7,3 en la escala de Richter y
arrasó con el pais entero. En esta tragedia, más de 220.000 personas perdieron
la vida y todo quedó por reconstruir, incluso el Palacio presidencial.
Un helicóptero de la US Navy despega del patio del destruido
Palacio Presidencial de Haití para trasladar a heridos a un hospital militar en
el centro de Puerto Príncipe, luego del devastador terremoto, el 21 de enero de
2010. Thomas Coex / AFP
Un
evento que movilizó a la comunidad internacional, que desplegó rápidamente
recursos humanos y financieros para atender a la emergencia y facilitar un pronto
levantamiento de Haití.
Sin
embargo, el esperado impulso al desarrollo para esta nación dolida a raíz de
esta ola de solidaridad, nunca se dio. Los estudios publicados posteriormente demostraron cómo este flujo de
dinero circuló en un circuito cerrado, que permitió atender lo más
urgente, pero no más.
"La
gestión de los fondos movilizados luego del terremoto es una prueba flagrante
de que la responsabilidad de los problemas de Haití no es solamente atribuible
a los haitianos", según Claude Joseph. "De los 6.000 millones de
dólares desembolsados entre 2010 y 2012, menos del 10% pasó por el sistema
haitiano", agregó.
"Haití es el país con mayor número de ONG por
habitante"
Mantenidas
bajo perfusión financiera, las autoridades locales vieron su margen de acción
aún más reducida, lo cual fomentó una mayor inestabilidad política.
Además, la
imagen de la presencia extranjera entre los haitianos sufrió un grave
declive luego de que los cascos azules de las Naciones Unidas provocaran una
grave epidemia de cólera y que se revelaran los excesos de ciertas organizaciones no gubernamentales.
No
se puede tampoco afirmar que el efecto de la cooperación ha sido solamente
nefasto, pero cabe resaltar que acentuó las debilidades de un país que
necesitaba fortalecerse. "Haití es el país con mayor número de ONG por
habitante", comentó Joseph, "el Estado tiene que poder coordinar sus
actividades".
Jalado
por marcos de acción decididos en el exterior, el Gobierno puede tener
dificultades a desarrollar su propia agenda. "Una mejor política de
desarrollo con un apoyo internacional debe dejar cancha libre al Estado para
definir sus propias prioridades", resumió el politólogo.
Este
jueves 7 de marzo fue el FMI que acudió una vez más en socorro de un Ejecutivo
enredado en una crisis socioeconómica. Con 229 millones de dólares prestados
sin intereses sobre 3 años es un posible respiro. El portavoz de la institución
aseguró que este acuerdo busca "lidiar con el Estado frágil" y que
los haitianos "más pobres se encontrarán entre los primeros
beneficiarios".
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