Foro Ciudadano Iglesias y religiones a favor de los derechos humanos y el Estado laico,

Auditorio Benito Juárez, Congreso de la Ciudad de México, 26 de octubre, 2018

Mientras que la gente, la sociedad se consideraba sin derechos humanos, no admitía los derechos de los demás. Sólo la apropiación de ese significante, de esa realidad simbólica, conceptual, jurídica, la de derechos humanos, le dio al Estado laico la posibilidad real de existir como una atmósfera cotidiana de la sociedad, no simplemente como el conjunto de leyes que ahí están y que sirven extraordinariamente en el proceso educativo, sino en el proceso de la vida cotidiana.[1]

Carlos Monsiváis

Lo acepten o no los sectores sociales más retardatarios, la práctica formal y legal de la laicidad es un proceso irreversible en México.

Y se menciona esto así debido a que, incluso algunas formaciones políticas (sin exceptuar al partido que ganó las elecciones presidenciales el 1 de julio pasado), siguen utilizando elementos religiosos o haciendo alusiones a ese tema en sus plataformas o campañas. También fue el caso del abanderado priísta en las mismas elecciones, quien ofreció todo un panorama litúrgico y familiar acerca de las fiestas de fin de año.

Sin negar la omnipresencia de los elementos cristianos, así como su relevancia para millones de ciudadanos/as, el Estado mexicano y los regímenes que lo encarnen tienen delante de sí un enorme desafío: cumplir y hacer cumplir las leyes que han establecido la laicidad como norma basada en la igualdad plena de todas las creencias religiosas (o de la increencia misma) y en la libertad para practicarlas, pero sin poner en entredicho la neutralidad total de quienes representan los estamentos públicos en las áreas correspondientes.

Ese tipo de veleidades coyunturales únicamente se explica por la ansiedad de los candidatos por obtener el voto de los creyentes como una especie de conversión intempestiva a una afición religiosa que, bien vista, no tiene suficiente atractivo para ellos en tiempos “normales”.

La impostura de los políticos abiertamente religiosos, como Hugo Éric Flores, presidente del PES, llegó hasta el extremo de anunciar, con bombo y platillo que, con su ingreso a la Cámara de Diputados, “Dios regresó a la esfera política mexicana”. No cabe duda de que el “síndrome Prigione” sigue aún muy vivo entre nosotros.

Uno de los mayores especialistas mexicanos en la laicidad del Estado es Roberto Blancarte, profesor de El Colegio de México, quien no ha cejado en su empeño por promoverla y defenderla, así como por fustigar a los políticos que olvidan su papel de garantes y practicantes de la misma (además de traducir un volumen fundamental sobre el tema: Nuestra laicidad pública, de su maestro Émile Poulat, FCE, 2012). Así lo ha resumido en uno de sus múltiples abordajes :

¿Para qué queremos un Estado laico? A veces su necesidad se hace tan obvia, que se nos olvida la razón de su existencia. Y sin embargo, pocas creaciones del mundo moderno se han vuelto tan indispensables para que las sociedades plurales y diversas se desarrollen en un marco de libertades y pacífica convivencia. […] En México, el Estado laico se ha constituido en el garante de muchas libertades que antes no existían. Pero a pesar de este hecho, en la actualidad más de alguno cuestiona su importancia como modelo político y, como consecuencia, en ocasiones se pone en entredicho su validez social.[2]

Y, cita a Poulat directamente, en su prólogo a la obra mencionada:

Hoy, la laicidad de derecho [es decir la que acabamos de fortalecer, introduciendo dicho principio en nuestra Constitución], es el régimen que nos permite regular una laicidad de hecho, la cual es cada vez más nuestra situación común y, por lo mismo, desarmar una laicidad de combate en una sociedad que no ha rehecho su unidad espiritual (p.134). […]

El ideal de una sociedad laica no es por lo tanto una neutralidad perfecta bajo el signo de la abstinencia ante los asuntos importantes y los sujetos en riesgo; no está para conciliar los principios sino las reivindicaciones, cada una de las cuales, en el extremo, amenaza el principio mismo de su existencia. Debe establecer y mantener la ley de las partes entre sí, frente a cualquier grupo, de cualquier individuo que no quiere sino su interés propio, a nombre de la verdad que profesa o que cultiva (p. 129).[3]

Los diversos alegatos y bravuconadas de ciertos prelados católico-romanos y de algunos dirigentes de iglesias evangélicas no pueden ni deben implicar la posibilidad de modificar los preceptos constitucionales en la materia, tal como se hallan expresados en los artículos 3º, 5º, 24, 40 y 130.

Los cambios recientes, realizados como parte de una negociación impulsada por las cúpulas episcopales católicas y el régimen priísta, más el beneplácito soterrado e irresponsable (además de bastante desinformado) de los sectores evangélicos, han mostrado la debilidad gubernamental (especialmente en el último sexenio, pues el anterior fue peor en su concepción de las relaciones Estado-iglesias) en su afán por granjearse una legitimidad que debería depender cada vez menos del componente religioso.

La actuación complaciente (y sujeta a la rendición de cuentas que por obligación debe llevar a cabo), de Humberto Roque Villanueva, subsecretario saliente de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, ante las reiteradas provocaciones de algunos obispos de la iglesia Católica fue prácticamente nula.

Los cambios a los artículos 24 y 40, en 2012, fueron objeto de una oscura negociación entre las jerarquías episcopales católicas y los sectores gubernamentales, que equiparó el concepto de “libertad religiosa” (añeja exigencia de aquellas sobre la libertad) con hacer explícito el carácter laico del Estado mexicano, algo verdaderamente inaceptable.

Ahora, el texto del artículo 40 constitucional reza así: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.[4]En la discusión previa, el senador René Arce (PVEM) observó: “Los debates tienen que ser basados en evidencias. La historia hay que revisarla, pero no revivir cuestiones que pasaron en este país; de jacobinos que pensaban que el asunto era desafiar a la religión. Hoy la discusión es otra”.[5]

Por su parte, la aprobación de cambios al artículo 24 estableció la libertad de “convicciones éticas, de conciencia y de religión”, pues aun cuando en las comisiones se eliminó el párrafo referente a la enseñanza religiosa, actividad electoral de los sacerdotes o la utilización de las iglesias de medios de comunicación para propagar sus creencias, la oposición consideró que la frase “libertad de convicciones éticas” que se agregó al texto constitucional “abre una rendija” para cambiar la ley secundaria que regula a las asociaciones religiosas.[6]

En ese caso, el texto quedó como sigue: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.[7]

Una publicación de la UNAM, obra de Eugenio Enrique Velasco Argüelles, enuncia desde su título las dimensiones del problema que afronta el país sobre este asunto: El Estado laico mexicano: un ideal deslucido en busca de sentido. Incluye una cita de Roberto Blancarte y luego afirma:

…la actual laicidad mexicana se define por una búsqueda de separación de esferas, netamente marcada en el campo educativo, un “no intervencionismo”, exclusivamente en el terreno del mercado religioso… y un “jurisdiccionalismo” (herencia del Patronato) sobre los efectos sociales de las manifestaciones religiosas. (R. Blancarte, Para entender la laicidad,p. 43)

El alcance limitado de esta propuesta respondió plenamente a las necesidades de la época en que fue formulada. El paso del tiempo, sin embargo, nos anuncia su parvedad para atender las exigencias del presente. La continuidad de este programa hacia el futuro la convertirá en un recuerdo marchito de hazañas lejanas.

Por ello, la ampliación del campo de acción de la laicidad resulta impostergable. La revaluación de las normas, instituciones y políticas públicas requeridas para sustentarla debe contribuir a la creación de un nuevo modelo de concordia social.[8]

Porque se trata, precisamente, en nuestra opinión, de que en cada esfera se formalice y fortalezca la presencia y actuación del Estado laico a fin de prevenir y, en su caso, impedir el avance de iniciativas o prácticas que intenten demeritarlo y, eventualmente, dar marcha atrás. Tales esferas son:

a) la social (mediante la explicitación y diferenciación de la libertad de culto y la libertad religiosa);

b) la política (incluyendo los procesos electorales);

c) la educativa (ante los reiterados embates por establecer la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, “sueño dorado” de la jerarquía católico-romana); y

d) la comunicativa (el acceso indiscriminado a los medios para difundir sus creencias).

Un caso notable en ese sentido fue el proceso que arrancó el 17 de mayo de 2016, Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, cuando la Presidencia de la República anunció la intención de homologar los matrimonios entre personas del mismo sexo.[9]Así fue, y así le fue: un episodio más de intolerancia católica, cristiana y evangélica que mucho nos debe avergonzar, pues a leyes ya establecidas mediante los procesos formales correspondientes, se les dio la espalda en vez de reconocerlo como un claro avance democrático que establece libertades impostergables para las personas.[10]

El Estado laico debe pasar de ser letra aceptada a regañadientes a una realidad eficaz y benéfica para todos los ciudadanos/as de este país.

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[1]Cit. por Ángel Vargas, “Los derechos humanos llevaron al Estado laico a existir como ‘atmósfera cotidiana’”, en La Jornada, 13 de junio de 2008, www.jornada.com.mx/2008/06/13/index.php?section=cultura&article=a05n2cul.

[2]R. Blancarte, “El porqué de un Estado laico”, en https://laicismo.org/data/docs/archivo_1479.pdf, p. 1.

[3]R. Blancarte, “Prólogo a la edición en español”, https://laicismo.org/wp-content/uploads/2015/01/Prologo-de-Roberto-Blancarte-a-Nuestra-laicidad-publica-de-Emile-Poulat.pdf.

[4]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, p. 45, www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf.

[5]“Senado reafirma el carácter laico del Estado”, en El Diario de Coahuila, 28 de marzo de 2012, www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2012/3/28/senado-reafirma-caracter-laico-estado-285184.html.

[6]L. Cervantes-O., “Senado ratifica Estado laico y establece libertad religiosa”, en ALC Noticias, 30 de marzo de 2012, recogido en Actualidad Evangélica, 2 de abril de 2012, www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3804:mexico-senado-ratifica-estado-laico-y-establece-libertad-religiosa&catid=8:norteamerica.

[7]Constitución Política…, p. 24, op. cit.

[8]E.E. Velasco Argüelles, El Estado laico mexicano: un ideal deslucido en busca de sentido. México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015 (Cultura laica), p. 53, http://catedra-laicidad.unam.mx/wp-content/uploads/2015/06/elestadolaico.pdf.

[9]“Peña Nieto anuncia reforma que reconocerá matrimonio gay en todo el país”, en Excelsior, 17 de mayo de 2016, www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/17/1093190.

[10]Cf. L. Cervantes-O., “Iglesias evangélicas y reconocimiento legal de los matrimonios igualitarios: un recuento cronológico”, en Ariel Corpus et al., coords., Familias, iglesias y Estado laico: enfoques antropológicos. México, Universidad Autónoma Metropolitana/Iztapalapa-Lirio Editores, 2018.