EL PROYECTO INTEGRAL MORELOS Y LA NUEVA CONSULTA CIUDADANA
La consulta sobre la operación de la termoeléctrica de Huexca, ubicada en el municipio de Yecapixtla, Morelos, se desarrolló en un clima de inconformidad por parte de los pobladores cercanos a la construcción del proyecto, pues como mencionan varios de ellos, nunca se les tomó en cuenta para esta decisión: “Con un voto quieren decidir si nosotros vamos a morir o vamos a vivir, creo que la vida no se consulta. Hay gente que ni sabe que existe Huexca y no saben votar, están haciendo cosas ilegales. ¡No aceptamos la consulta!”, comentó Teresa Castellanos Ruiz días antes de la votación.
La generadora de electricidad forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye un acueducto de 12 kilómetros que sale de la termoeléctrica hacia el río Cuautla, del que se pretende obtener el agua para el sistema de enfriamiento de las turbinas. Un gasoducto de unos 170 kilómetros que pasa por las faldas del volcán Popocatépetl y recorre 24 municipios, nueve de Tlaxcala, diez de Puebla y cinco de Morelos. El megaproyecto fue impulsado en 2012 por el gobierno de Peña Nieto y lo promueve y gestiona la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que concedió el permiso de la erección de la termoeléctrica a la empresa española Abengoa y el de construir el gasoducto a las empresas de la misma nacionalidad, Elecnor y Enagas.
Los resultados de la consulta fueron a favor de la termoeléctrica. A la pregunta: “¿Está usted de acuerdo que inicie la operación de la termoeléctrica en Huexca de la CFE?”, de un total de 55 mil 715 participantes, 59.5 por ciento respondió sí y 40.1 por ciento no, como lo anunció el presidente en su conferencia matutina del lunes 25 de febrero.
Según datos de la Secretaría de Gobernación (Plataforma de Participación Ciudadana), la consulta se hizo en 36 municipios de Morelos, 15 de Puebla y 9 de Tlaxcala. Es decir que, basándonos en los datos de las zonas afectadas y las encuestadas, el 63 por ciento de los consultados no pertenecían a regiones directamente afectados por el PIM, mientras que el 37 por ciento sí.
Además, en las localidades perjudicadas la mayoría votó en contra del proyecto, como lo afirma Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Esa rotunda negación de los poblados se dio a pesar de la campaña a favor de la termoeléctrica, no sólo previo al proceso, sino también durante éste: prueba de ello es la publicidad impresa detrás de las boletas que brindaba información favorecedora para el PIM.
Una de las estrategias previas, comenta Teresa Castellanos, integrante del mismo Frente, fue que en Morelos, la CFE y Hugo Erick Cervantes —el dirigente evangélico del Partido Encuentro Social (PES), designado por el propio AMLO como súper delegado de programas federales para Morelos— organizó, con recursos del pueblo, foros, campañas y volanteo donde promovían que la termoeléctrica no contaminaría el agua.
El firme rechazo a la termoeléctrica y a la consulta por parte de los pobladores está sustentado en la devastación y el conflicto que causará el proyecto en la región. Según Francisco García Campos —miembro del ejido Cuautla y de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos— la cantidad de agua que se requiere para el enfriamiento será de 580 litros por segundo, 50 millones de litros diarios. El gobierno sigue sin dar información oficial precisa, y ha bajado estas cifras en varias ocasiones. “Como campesino me siento agraviado y triste”, afirma, pues Morelos “es una región con vocación agrícola, tanto por el suelo como por el legado histórico”. En la zona hay una gran producción de alimentos. Explica que diario salen camiones cargados para la Central de Abastos de la Ciudad de México y por ende lamenta que se priorice el uso del agua para la industria más que para producir alimentos.
Además de la gran cantidad de agua canalizada para la termoeléctrica, este proyecto trae un gran peligro pues afectará “desde los mantos acuíferos hasta nuestras vidas, ya que vivimos en una zona volcánica”, comenta Teresa Castellanos. Poner ahí una termoeléctrica que incluye un gasoducto tan largo convierte a la región en una bomba de tiempo.
Contra el PIM y la consulta también luchaba Samir Flores Soberanes, asesinado el 20 de febrero, dos días antes de la votación.
El campesino náhuatl de Amilcingo, municipio de Temoac —por donde pasará el gasoducto— fundó en 2012 la Radio Amiltzinko. Motivado por difundir las consecuencias del PIM en la región, animó a su comunidad para que construyeran el proyecto radiofónico. Su actividad no se concretaba a la comunicación; hacía años luchaba contra los pesticidas en la siembra, promoviendo la agricultura orgánica. En 2014, Samir participó en la fundación de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, una red de comunidades que defienden el territorio. Samir estuvo muy activo en la lucha contra la consulta. Desde su micrófono todas las mañanas informaba sobre la termoeléctrica y el PIM.
En su sepelio, entre consignas, aplausos y llantos, sus amigos y familiares le dedicaron palabras de despedida. “Ya nunca vamos a escuchar tu voz, Samir, tú fuiste hermano con todos los que estamos aquí. Tu voz en la radio, ya nunca vamos a escucharte, Samir, pero sí que todos nosotros te llevamos en el corazón”, declaró uno de los asistentes al sepelio.
El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, anunció el mismo día del asesinato que la principal línea de investigación del homicidio se relacionaba con el crimen organizado y descartaba su vínculo con la termoeléctrica.
El asesinato de Samir, las declaraciones gubernamentales y el enojo por una consulta que no respetaba el derecho de los pueblos a la vida y a decidir, fueron el detonante para impedir la instalación de las casillas de votación el 23 y 24 de febrero en varias partes del municipio de Temoac. Diversos grupos de personas rompieron y quemaron boletas y casillas de varias localidades. En Puebla también hubo localidades que no permitieron la instalación de las mesas de consulta. A pesar de estas condiciones, de la escasa diferencia entre el sí y el no a la termoeléctrica y de las técnicas amañadas que favorecían el sí, el presidente lo consideró “un buen ejercicio democrático”.
En esta consulta, como las pasadas, el gobierno de AMLO volvió a violar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que pregona el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios. Los indígenas están diciendo que no se puede preguntar a una región entera sobre el destino y la vida de una comunidad, pero el gobierno no está escuchando.
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Analía Herrera Govea, de Voces y Cantos de la Tierra Viva, programa de Radio Educación que se transmite todos los viernes de 6 a 7 de la mañana.
El artículo 6 de la Ley Minera, impone que la minería está por encima de los derechos de la naturaleza, el patrimonio cultural o los derechos comunitarios; al declarar que “la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias del subsuelo son de utilidad pública, y serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. En este marco “legal”, seis grupos mineros del país concentran una superficie de 8.4 millones de hectáreas, superficie similar a la de Sonora y Jalisco juntos.
Las concesiones mineras de los últimos 15 años, se asemejan a las otorgadas durante la dictadura de Porfirio Díaz, solo que, ahora, al despojo se suma la devastación de territorios con el uso de explosivos, lixiviados de cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo y otros metales pesados contaminantes del agua, el aire, los bosques y toda forma de vida por siempre.
Los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, otorgaron 17 mil 785 concesiones mineras, por más de 51 millones de hectáreas que han pasado a manos de empresarios, prestanombres y especuladores, quienes revenden las licencias a empresas extranjeras y nacionales. La concesión, la resguardan en espera de tiempos más propicios a fin de acumular mayores dividendos especulando con un bien de la nación, lo que ha permitido a las grandes empresas disponer de más de 30 por ciento del territorio nacional.
El costo del trámite por concesión minera va de los 443 pesos (entre una y 30 hectáreas), hasta 137 mil 790 pesos (más de 50 mil hectáreas), con vigencia de 50 años y prorroga a otros 50, más un pago por hectárea de 7 a 15 pesos por año, sin aplicar una contribución adicional al volumen o peso extraído de oro, plata, cobre u otros minerales. La amañada Ley y sus lagunas, es un traje a la medida para los dueños del poder económico en tanto propicia un modus operandi en el terreno de las concesiones mineras.
El artículo 19 de la mencionada ley, establece que las concesiones mineras confieren derecho a transmitir su titularidad a personas legalmente capacitadas para obtenerlas, es decir, traspasar, ceder o vender lo permite la ley, aunque no lo señale explícitamente; sin embargo, el artículo 27 Constitucional, prohíbe “lucrar con los bienes de la nación” y un título de concesión minera es justamente eso.
La voracidad del capital ubicado en el extractivismo y el saqueo minero, ha propiciado la continua violación a los derechos humanos y comunitarios, la destrucción de grandes extensiones de tierra agrícola y de la biodiversidad, bellos paisajes productores de oxígeno y agua. Esas violaciones se han traducido en despojo, asesinatos y desapariciones de ambientalistas, activistas sociales, campesinos, indígenas y líderes comunitarios.
La Cámara de Diputados debe revisar urgentemente la normatividad y los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras, a fin de que éstas se autoricen a partir de premisas y beneficios a la nación; mientras tanto, sólo la resistencia social y el derecho a la vida puede detener semejante barbarie.
II
La minería en México es el megaproyecto transexenal que inicia con la modificación a la Ley Minera, con Carlos Salinas, actividad causante de las mayores atrocidades irreversibles en los ecosistemas y la de mayor consumo de agua, contaminación y devastación, directamente relacionada con el cambio climático. Hoy, existen 987 mineras transnacionales, 80 por ciento de Canadá, 12 por ciento estadounidenses y 8 por ciento chinas, japonesas e italianas.
El gobierno mexicano ha entregado 57 mil hectáreas para proyectos mineros en áreas naturales; la irresponsable senadora del Partido Verde Ecologista, Ninfa Salinas Sada, hija de Ricardo Salinas Pliego, presidenta de la Comisión de Energía en el Senado y promotora de la Ley de Biodiversidad que es un regalo para la minería y el fracking, así como un atentado más al patrimonio natural de México al autorizar la minería en Áreas Naturales Protegidas:
La ley fue aprobada al vapor por el PRI–PVEM el 15 de diciembre de 2017 y la senadora Salinas ha sido señalada por los conflictos de interés asociados a los proyectos de minería metalúrgica a cielo abierto a cargo del Grupo Salinas.
El uso del agua en la minería es criminal, tan solo en Zacatecas la minería consume 3 millones de litros de agua cada hora. La minera canadiense San Xavier, ubicada en San Luis Potosí, que desapareció completamente al Cerro de San Pedro, símbolo emblemático del escudo de San Luis Potosí, consume 32 millones de litros de agua diarios mezclados con 16 toneladas de cianuro, los brotes de enfermedades se asocian a este fenómeno en la capital del estado. Una sola minera llega a usar hasta 18 mil toneladas de explosivos anuales pulverizando montañas, alterando el nivel freático, desplazando las aguas subterráneas y provocando la desertificación.
Se avecina un golpe fatal que pretende dar el PRI en el Congreso con la Ley General de Aguas, que ya promueve el Diputado priista José Ignacio Pichardo, que sustituye a la llamada Ley Korenfeld por su entonces promotor David Korenfeld, exdirector de la Conagua hasta abril de 2015.
La iniciativa de Ley contempla la autorización a compañías mineras y petroleras del uso de aguas nacionales para explotar hidrocarburos mediante el fracking, la privatización del agua, la entrega a perpetuidad de pozos y manantiales, y el aumento de tarifas para uso doméstico; situación que viola el derecho a la vida.
El periodista Jesús Lemus, denuncia una relación estrecha entre el crimen organizado y los dueños de las mineras, los señala como socios y encargados de las ejecuciones, desapariciones, persecuciones o desplazados. La ruta de los minerales es la misma del trasiego de drogas y armas, su perversidad supera al narcotráfico.
La Secretaría de Economía se afana de decir que México es el 8º productor de oro y primer productor de plata, lo cierto es que el Banco de México, para aumentar sus reservas, compra oro mexicano a la canadiense Goldcorp Inc, extraído en subsuelo mexicano con obreros mexicanos; así las cosas, pulcros en sus países y perversos en suelo ajeno.
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