Si las agresiones al personal de salud en el contexto de la pandemia deben ser condenables y debidamente sancionadas, qué tendría que proceder contra los policías que dispararon contra población indígena en cuya comunidad se han detectado casos positivos de Covid-19, como ocurrió esta semana en la zona norte de Chiapas.
Cercados, sin alimentos y con contagios de coronovirus, indígenas de la comunidad Hidalgo Joshil, del municipio de Tumbalá, realizaron un plantón en el punto conocido como Pulpitillo, para protestar contra el cerco sanitario que se implementó en el municipio de Yajalón por un brote de Covid-19, que les impide movilizar a personas que requieren, paradójicamente, atención médica, denunció el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) el pasado 27 de abril.
La respuesta de las autoridades a la movilización, señala el organismo de derechos humanos, fue enviar a la policía municipal y a civiles armados de Yajalón a dispararles con armas de alto calibre, sin ningún intento por dialogar, ni aviso alguno. El saldo de la embestida fue de cuatro heridos, uno de gravedad de nombre Romario Guzmán Montejo, que fue trasladado a la cabecera municipal de Tumbalá.
Una cosa son las medidas sanitarias organizadas al interior de cada comunidad, y otras las que los condenan a permanecer encerrados sin posibilidad de buscar servicios médicos y alimentos, entre otras necesidades básicas. No hay sustento legal para ello, advierte el Comité Digna Ochoa.
La versión de la policía de Yajalón es que los indígenas intentaron cruzar el filtro sanitario por el Covid-19 y por eso fueron detenidos. El video tomado por los pobladores de Tumbalá muestra lo contrario, pero aunque hubiera sido cierto, no hay ninguna justificación para dispararle a una población que sólo quiere acceso a la salud.
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