19 Marzo 2019
Los legisladores Gabriela Pinedo y Héctór Menchaca pidieron la intervención de los gobiernos federal y estatal.
La diputada Gabriela Evangelina
Pinedo Morales y el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, exhortaron a la
Secretaría de Economía del gobierno federal, para que realice una visita de
verificación a las obras y trabajos que realiza la minera Tayahua en la
comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, para que de creer conveniente,
proceda a suspender las actividades por considerar que ponen en peligro la vida
o la integridad física de los habitantes, además del posible daño a los bienes
de propiedad privada.
De igual forma plantean que si es
el caso, se proceda a revocar la concesión de explotación de esa mina.
Por otra parte, exhortaron
también al gobernador Alejandro Tello Cristerna para que en la medida de sus
atribuciones legales, garantice la seguridad de las personas de Salaverna, y
promueva el respeto, protección y garantía de sus derechos humanos, y mantenga
la paz, la tranquilidad y el orden público en ese municipio.
Además para que considere que con
los ingresos que obtenga la hacienda pública de la entidad por el cobro del
denominado “impuesto ecológico”, genere una partida específica para que se
destine a la construcción de viviendas para los habitantes de las comunidades
del Estado que se encuentran en zonas de alto riesgo, o han sufrido
afectaciones ambientales por la actividad minera.
Ambas peticiones fueron aprobadas en la sesión ordinaria de la 63
Legislatura local.
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AGO 22, 2016
La explotación minera se ha asociado con una serie de afectaciones ambientales y
sociales; principalmente con una serie de extracciones de recursos naturales,
violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y sus garantías
laborales, daños irreversibles a la biodiversidad que afectan a todo el país,
etcétera.
De
hecho, y de acuerdo con una investigación realizada en 2015 y publicada
en SinEmbargo, existen
al menos 36 conflictos mineros en México. Esta cifra fue
brindada por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, y la cual
se relaciona con numerosos accidentes como la explosión en 2006 de la mina
Pasta de Conchos, en Coahuila, el derrame de ácido sulfúrico por una mina de
Grupo México en Sonora, el caso de La Sierrita en Durango por la empresa
canadiense Excellon Resources.
Ahora, en un lugar donde el mar y el desierto
se unen, en San Felipe, en Baja California, comienzan a surgir los impactos
negativos de la explotación minera por el grupo de Carlos Slim. Pese a
ser una área natural protegida, gracias a que mamíferos marinos llegan al Golfo
de California para reproducirse y numerosas especies endémicas que proliferan
en tierra y agua, hay nubarrones de polvo que emanan de entre montañas,
oficinas móviles, cintas transportadoras de materiales y camiones.
En palabras de Jeanneht Armendáriz,
doctora en ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y
autora de esta investigación, se trata de “uno de los más importantes proyectos
megamineros en México, cuyo propietario es el hombre más rico del país.”
Arméndariz realizó su investigación: desde
1994 la Compañía San Felipe S.A. de C.V., subsidiaria de Minera
Frisco –cuyo presidente es Carlos Slim–, comenzó sus operaciones en Baja
California. El objetivo era extraer minerales de oro y plata en la región
Sierra Pinta –actualmente considerada como uno de los principales
desarrollos mineros en el país–. Y probablemente su proyecto minero pudo haber
continuado siendo exitoso, “sino fuera porque la mina se encuentra
peligrosamente cerca del Área Nacional Protegida (ANP) Alto Golfo de California
y Delta del Río Colorado.”
De hecho, Arméndariz agrega: “en un inicio
este proyecto no llamó la atención, a pesar de encontrarse a un lado de una
zona natural protegida, porque se presentó por partes. Lo que hicieron fue una
trampa para bajar el perfil”.
Es decir que, cuando inició el proyecto, entre
1993 y 1995, la Compañía San Felipe no sólo recibió las autorizaciones
correspondientes por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat–,
también usaba tanto el minado subterráneo como la técnica de minería a cielo
abierto. En 2001, la empresa suspendió sus actividades sin hacer públicas sus
razones, aunque en el reporte anual de 2000, Frisco puntualizó que las
condiciones del mercado minero eran poco favorables debido al estancamiento del
precio de los metales. En 2009, otra empresa subsidiaria de Frisco, Minera Real
de Ángeles, rentó y ocupó las instalaciones de la mina, cambiando “radicalmente
las operaciones”: se trataba de una mina a cielo abierto.
Este tipo de minería, a cielo
abierto, está prohibido en EE.UU., y otros lugares como Grecia, Turquía,
República Checa, Australia, Alemania y Costa Rica. ¿Las razones de su
prohibición? Sus efectos tóxicos tanto para el medio ambiente como para la
salud de las sociedades.
La doctora e investigadora agrega:
El nuevo desarrollo fue
presentado ante Semarnat por partes. Primero, en marzo de 2010, como
un proyecto de alrededor de 60 hectáreas que incluyó la incorporación de un
tajo (explotación de la montaña mediante minado); un circuito de trituración de
minerales; patios de lixiviación (depósitos para separar el oro y la plata);
tanques de almacenamiento de reactivos (cianuro); tepetatera (pila de material
estéril); áreas de servicio (talleres y almacenes de diesel y explosivos); tres
subestaciones, un canal de desvío de agua pluviales y dos caminos.
[…] Seis meses después, en
septiembre de 2010, Semarnat autorizó una segunda parte. Esta nueva
autorización de 360 hectáreas incluyó la planta de Merril-Crowe y fundición (en
donde se precipitan los metales y funden en lingotes). Y en agosto de 2011, se
autorizó una planta desalinizadora que ocupó otras 60 hectáreas.
[…] Al final, Minera Real de Ángeles absorbió a Compañía San Felipe y se
convirtió en la empresa encargada del proyecto minero. La mina San
Felipe procesó en 2013 –de acuerdo con el reporte anual de Frisco– 37 mil
toneladas diarias de material. Cinco veces más que el año anterior.
En otras palabras, Frisco adquirió concesiones
mineras en el área de Sierra Las Pintas desde 1994, a través de tres
subsidiarias: Compañía San Felipe, Minera María y Minera Real de Ángeles. Esto,
para Arméndariz, es la prueba de que “el proyecto minero San Felipe
nunca se detuvo, incluso durante la suspensión de trabajos de 2001 y 2009,
está en la adquisición de las concesiones.”
En 2010, cuando la mina reinicio sus trabajos
comprando terrenos de alrededor, un grupo de ejidatarios reclamó un paso más
justo –hasta esa fecha, Frisco había extraído del lugar unos 36 millones de
dólares en oro–. Cada ejidatario debía recibir un millón de dólares, después de
que el lugar permanecería contaminado durante décadas y sin ninguna
actividad económica. Frente a esto, se rompieron las negociaciones un
año más tarde, y algunos ejidatarios iniciaron juicios contra de la empresa en
el Tribunal Agrario, en la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano
–Sedatu– y la Comisión Nacional del Agua –Conagua–, bajo la defensa de que
Frisco ocupó sus terrenos de forma irregular, adueñándose del agua y
contaminando los mantos acuíferos. Las demandas, sin embargo, no han
logrado que el proyecto minero, del tamaño de la ciudad de México, se detenga.
Mientras tanto, las afectaciones continúan:
Durante el proceso se
libera mercurio, metal que acompaña al oro y la plata y que aún en
pequeñas cantidades es tóxico (la Organización Mundial de la Salud lo considera
uno de los 10 productos químicos que plantean “especiales problemas de salud
pública”). […] Los pescadores de la Cooperativa de Producción Pesquera Ribereña
del Puerto de San Felipe hicieron público un estudio de la calidad del agua del
Golfo de Baja California en el cual, dos análisis distintos (uno del Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo y la empresa Asesoría Integral
Ambiental), detectaron una alta concentración de mercurio en el agua.
[…] Desde hace varias décadas,
organizaciones ecologistas han realizado campañas para proteger a la vaquita
marina, una especie de mamífero marino endémica de Golfo californiano, en
peligro de extinción. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente
(Profepa) dice que las muertes de la vaquita son causadas principalmente por la
redes de pesca, por lo que en 2015 se decretó una veda pesquera en el golfo.
[…] Más de un año después, Sunshine Rodríguez, presidente de la
cooperativa de pescadores, se queja de que la vaquita sigue apareciendo
muerta, a pesar de la veda, y ni las autoridades responsables ni las
organizaciones ambientales indagan la relación con la mina.
[…] Otros opositores
de la mina hablan también sobre la afectación al borrego cimarrón, una
especie protegida en la sierra Las Pintas, e incluso a los pobladores de la
zona que sufren de malformaciones, asma y alergias.
Pese a esto, la Fundación Carlos Slim
invirtió 2 200 millones de pesos en 2010 en el convenio con el Fondo Mundial
para la Naturaleza –WWF– y la Secretaría de Medio Ambiente para la
conservación de la biodiversidad en seis regiones de México, incluyendo el Alto
Golfo de Baja California. Y las autoridades ambientales concluyen
que: “el complejo minero que diariamente extrae 37 mil toneladas de materiales
tiene solo un impacto local y no hay evidencias de impacto en la
Reserva”.
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