Javier Buenrostro
nuso
agosto 2016
El geógrafo británico David Harvey acuñó una de las categorías más trascendentes de la literatura marxista actual. La «acumulación por desposesión» refiere, directamente, a la estrategia del capital fundamentada en el saqueo de bienes comunales y en el control de los recursos de la naturaleza.
Según Harvey, la «acumulación por desposesión» es una de las novedosas formas que adquiere el capitalismo en la etapa de transnacionalización económica, reforzando así sus características intrínsecas.
El proceso conlleva, lógicamente, a la pérdida por parte de comunidades locales de sus derechos y al atentado permanente a ellos. Aguas, bosques, otros recursos naturales, e incluso saberes y conocimientos que socializan gratuitamente las comunidades, se privatizan.
Las grandes mineras, farmacéuticas, empresas agroalimentarias cuentan, por supuesto, con la venia de los gobiernos locales en la instalación de los denominados «megaproyectos», destinados a producir la «acumulación por desposesión».
Los casos se reproducen por doquier.
Uno de los más recientes tuvo como protagonista a la activista hondureña Berta Cáceres, que organizó a los lencas, comunidad indígena de Honduras y El Salvador, en contra de la construcción de un proyecto hidroeléctrico de la compañía china Sinohydro. Dicho proyecto atentaba contra la supervivencia de los lencas, al intentar concesionar por 20 años las aguas del Río Gualcarque, sagrado para la comunidad indígena. El caso permitió poner nuevamente sobre el tapete la política de desposesión y saqueo.
Entre las diversas discusiones y debates, se ha puesto de relieve la violación del derecho de consulta libre, previa e informada, garantizada en el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.
En México, la situación es similar. Durante los últimos años el desarrollo de los megaproyectos ha configurado parte de las políticas públicas de los diversos gobiernos.
A continuación detallamos los principales:
La Parota. Este proyecto hidroeléctrico está integrado al Plan Puebla Panamá y es uno de las 300 presas proyectadas que a través del Sistema de Interconexión Energética de América Central (Siepac) cuyo fin es comercializar la energía hacia los países industrializados y sus compañías, dejando en los países periféricos los conflictos sociales y el desastre ambiental.
En el caso concreto de La Parota involucra el despojo de tierras comunales por parte del gobierno mexicano así como la inundación de 17,000 hectáreas (170 millones de m2) de selva y tierras de cultivo, el desalojo de 25.000 personas de sus tierras y la afectación de otros 75.000 campesinos, entre otras cosas.
Wirikuta. Para los wirrárikas o huicholes, el territorio de Wirikuta en municipios de San Luis Potosí es sagrado y su extensión de 140.000 hectáreas constituyen una Reserva Ecológica Natural y Cultural según el Estado mexicano.
Además, el territorio es parte de la Red Mundial de Sitios Sagrados de la Unesco. En diciembre de 2011 se anunció el «Proyecto Universo», otorgado a mineras canadienses que pretenden explotar recursos minerales en 60.000 hectáreas dentro del Área Natural Protegida de Wirikuta. Por el tipo de yacimientos, el método más adecuado para su explotación sería el de minado de tajo a cielo abierto y la lixiviación mediante cianuración.
Una minería promedio usa 80-100 millones de litros de agua al día, equivalentes al consumo de 150.000 familias. No hay que ser genio para saber lo que eso significa en una zona semi-desértica. Además, hay que considerar la contaminación de suelos por los más de 10.000 kilos de químicos tóxicos al día, a lo que se añade el aumento de cáncer en las poblaciones cercanas. Por el momento, no se han concretado los proyectos mineros planeados durante el mandato de Felipe Calderón, pero tampoco se han cancelado las concesiones otorgadas a las mineras.
Minería. Aunque el proyecto en Wirikuta permanece en suspenso, hay otros que si se han llevado a cabo como el de la Minera San Xavier, empresa subsidiaria de la canadiense Metallica Resources Inc. en el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí que dejó importantes impactos ambientales.
Los casos de las concesiones mineras, se hace a través del párrafo sexto del artículo 27 que permite al gobierno concesionar las tierras y sus recursos que son propiedad de la Nación pero que en realidad no cumplen con los lineamientos de dicho artículo, como son el beneficio social y la protección del medio ambiente, entre otras cosas. Las empresas concesionarias (principalmente canadienses) contaban hasta el año 2010 con 50 millones de hectáreas para su explotación, la mayoría en tierras de propiedad social o comunal, con el consiguiente daño ambiental.
Agua. Un caso similar es el que tiene como centro la explotación de los recursos acuíferos que se han concesionado principalmente a empresas embotelladoras entre las que destacan Coca-Cola, Nestlé, Pepsi-Cola y Danone.
Se trata de la privatización de un recurso de carácter público y que debería ser estratégico para la seguridad nacional de cualquier país. México es en la actualidad el país que consume más agua embotellada después de Estados Unidos con 25 mil millones de litros al año y es el primer consumidor mundial per cápita.
La ganancia entre lo invertido y el precio de venta varía: puede ir de 300 a 4.200 veces por litro, dependiendo de la región. Los costos de obtención del agua representan para las embotelladoras menos de 1% del total de ventas. 40% de los recursos hídricos del país se encuentran en Chiapas, donde la empresa Coca-Cola tiene acceso a una gran parte de ellos por costos mínimos.
La empresa Danone obtiene importantes recursos del acuífero de Texcoco a pesar de ser uno de los más sobreexplotados, generando escasez en esa zona del Estado de México.
Carreteras. Para facilitar el acceso a distintas zonas y abaratar los costos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes programó para el periodo 2013-2018 la licitación de 150 proyectos carreteros (Programa de Inversiones de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes).
Muchos de estos proyectos exterminan comunidades rurales y urbanas, sus métodos de subsistencia y los obligan a migrar, y crean mayor desarraigo, impactan negativamente los ecosistemas locales, provocan el cambio de uso de suelo de áreas naturales protegidas, acaban con el agua, traen como consecuencia la criminalización de la protesta social, etc. Muchos de estos proyectos se han hecho y se planean seguir haciendo en zonas de alta densidad poblacional como la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Morelos y Michoacán, lo que aumenta el impacto social y ecológico. Varias licitaciones han sido otorgadas a empresas que tienen relación directa con el gobierno como Grupo Higa y la empresa española OHL.
Los ejemplos aquí presentados constituyen solo la punta del iceberg del desastre a nivel local de la explotación y comercialización de los recursos naturales a nivel global, con una clara colusión entre empresas y gobiernos. A partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) y el Plan Puebla Panamá, los megaproyectos han aumentado considerablemente.
Es de esperar que las problemáticas aumenten mientras persista la voluntad de aplicación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por las siglas en inglés) y que la desposesión de los derechos sobre los recursos naturales no cese durante los próximos años.
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