Tal y como hoy lo revela una investigación de 12 meses —desarrollada en alianza por CONNECTAS, Aristegui Noticias Proceso, Ruido en la Red, Vice México y el apoyo del ICFJ— Romo fundó en 2007 la empresa Enerall, que se asentó sobre la mayor reserva de agua dulce del país, la cual explotó mientras acaparaba miles de hectáreas de territorio y se convertía en el mayor acuateniente agrícola de la Península de Yucatán y el tercero a nivel nacional.
Al arrase de vida silvestre y forestal, el megaproyecto suma la destrucción de al menos un cenote en Tizimín, que solo mereció una ridícula multa de 700 mil pesos impuesta (y después conmutada) por la PROFEPA en 2018, cuando Romo coordinaba la campaña presidencial de López Obrador.
Enerall convirtió suelos improductivos en fértiles para la producción de maíz, sorgo, higuerilla, ajonjolí, frijol y soya, lo cual logró con maquinaria pesada, biotecnología y cientos de trabajadores, en su mayoría indígenas mayas, a quienes sometía a jornadas de trabajo de hasta 16 horas. Y por supuesto, con agua, millones de litros cúbicos de agua.
Días antes de convertirse en Jefe de Oficina de la Presidencia, Romo se separó de su megaproyecto, dejando a cargo a su hermano, pero llevó a Palacio Nacional un historial de conflictos de interés y contradicciones a los principios de la transformación que el actual gobierno asegura representar. Desde la elaboración del Proyecto de Nación que López Obrador le encargó coordinar en 2017, el empresario del norte cimentó las bases para proteger sus intereses en el sur y encumbrar ahí un nuevo lobby empresarial. A lo largo de sus 461 páginas, el Proyecto de Nación contiene diagnósticos y acciones alineados a los intereses de Enerall, como el fomento a la biotecnología, las plantaciones de alta productividad y rápido crecimiento en el sureste, el aprovechamiento de los recursos hídricos en la zona, además de, por supuesto, la construcción del Tren Maya: la estación Valladolid quedará a menos de una hora de Enerall.
Mientras el Proyecto de Nación se escribía, Romo forjaba una alianza entre Enerall y Cargill (el imperio agroindustrial estadounidense acusado de malas prácticas como desplazamiento de indígenas y deforestación en la Amazonia) que culminó con el anuncio de una inversión de ambas compañías por 140 millones de pesos, anunciada 6 días antes de la presentación del Proyecto de Nación 2018-2024, del 20 de noviembre de 2017. El poder económico de Enerall creció en sintonía con el poder político de quien hoy despacha a centímetros del presidente.
Hoy que Romo ha perdido influencia y poder en el Grupo Monterrey, desde Palacio Nacional favorece al nuevo lobby del sur con proyectos y planes que el gobierno obradorista tiene para el desarrollo en la región. Explotación de recursos y comunidades disfrazada de aprovechamiento y oportunidades. Neoliberalismo disfrazado de transformación. Alfonso Romo es la mano derecha —en toda la extensión de la palabra— de quien prometió un cambio que está a prueba.
La responsabilidad de Romo por los daños y excesos de su megaproyecto debe ser investigada por funcionarios subordinados a su oficina. La SFP, por sus conflictos de interés al diseñar proyectos del gobierno que benefician su negocio; la SEMARNAT, por el daño ambiental, la destrucción de uno o más cenotes y las concesiones de agua; el INAH, porque también hay indicios de daños arqueológicos; la STPS por los abusos laborales; y todas las dependencias que integran la CIOBIOGEM (encargada de las políticas relativas a las biotecnologías). Es impensable que Romo pueda seguir siendo el Jefe de la Oficina de López Obrador, mientras es investigado. Si el presidente lo protege, “primero los pobres”, “separar al poder económico del político” y “castigar a quien dañe el medio ambiente” serán solo frases del prefacio en la historia de un gobierno que cambió la trama muy temprano.
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