El EZLN reiteró su rechazo a las políticas gubernamentales que implican proyectos extractivistas y advirtió que defenderán el territorio. Llamó a fortalecer modelos basados en la autogestión y los saberes de pueblos originarios
Un año bastó para que bases de apoyo, colectivos y organizaciones que en su momento apoyaron al proyecto político y de gobierno de Andrés Manuel López Obrador regresaran al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Del discursos desolador del “estamos solos” de diciembre de 2018, pasaron este diciembre de 2019 a la celebración de cinco eventos masivos con sectores sociales diversos; y al reto: defenderán la tierra contra los proyectos económicos gubernamentales, “hasta morir si es preciso”.
Miles de personas de diferentes regiones de México y del mundo se congregaron el último mes del año con zapatistas. Acudieron a eventos con temáticas agraria, defensa del territorio, mujeres, cine y arte. El tema del proyecto económico del presidente de México, basado en lo que se conoce como “megaproyectos”, atravesó todas las discusiones.
Se trata de proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico; y la alianza que ha hecho con empresarios como Ricardo Salinas Pliego, Alberto Bailléres y Carlos Slim, vinculados a proyectos de extracción minera, energética, hidráulica e inmobiliaria.
Uno de los encuentros más significativos fue el “Foro en defensa el territorio y la Madre Tierra”, que se celebró en San Cristóbal de las Casas el 21 y 22 de diciembre. A la convocatoria en alianza con el Congreso Nacional Indígena (CNI) respondieron organizaciones del campo y de la ciudad, de 24 estados del país.
Ahí se reencontraron grupos que en el marco del proceso electoral de 2018 decidieron apostarle al gobierno de López Obrador, y que hoy, decepcionados por el modelo económico, regresaron a reencontrarse con sus aliados.
En esa reunión acusaron al gobierno federal de suplantar su voluntad a través de “consultas engañosas”, para “imponer por la fuerza el mal llamado Tren Maya, que entrega los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico”. Acordaron articularse para defender su territorio, ser autosustentables y fortalecer un sistema de vida en un modelo económico distinto al capitalista.
En la reunión “Mujeres que Luchan”, que se celebró entre el 26 y 29 de este mes, casi 4 mil asistentes de 49 países cuestionaron el impacto que en este sector de la sociedad tiene el modelo económico y los proyectos basados en la extracción de recursos naturales.
En la celebración de los 26 años de que el EZLN salió a la luz, la dirigencia del grupo insurgente reivindicó el sentido de su lucha para crear mejores condiciones de vida.
En voz del Subcomandante Moisés, el grupo insurgente rechazó el sistema económico capitalista y llamó a la construcción de nuevos modelos de desarrollo, con base en la autogestión y autonomías que recuperan saberes de los pueblos originarios.
Ante una audiencia conformada principalmente por milicianos zapatistas -quienes tienen una formación militar- Moisés admitió fallas pero destacó los avances de la organización.
“Nos hemos mantenido firmes en construir algo nuevo. Hemos tenido fallas y errores, es cierto. Seguramente haremos más en nuestro largo camino, pero nunca nos hemos rendido, nunca nos hemos vendido, nunca hemos claudicado (…) y cada vez somos más. Tenemos un proyecto de vida, en nuestras comunidades florecen escuelas y clínicas de salud, y se trabaja la tierra en colectivo. Y en colectivo nos apoyamos. Somos pues comunidad, comunidad de comunidades. Y seguimos firmes en el cumplimiento de nuestro deber como pueblos guardianes de la madre tierra”.
“Los pueblos zapatistas lo tomamos como que está retando, como que está diciendo que él tiene la fuerza y el dinero y a ver quién se opone a su mandato. Está diciendo que se va a hacer lo que él diga, no lo que digan los pueblos y que no le importan las razones. Entonces nosotros los pueblos zapatistas tomamos la parte que nos toca de ese reto”.
Moisés cuestionó ante las personas reunidas qué estaban dispuestos a perder para defender la tierra y reiteró el posicionamiento de la organización.
“Estamos dispuestos a morir como alternativa de sociedad, como organización, como pueblos originarios de raíz maya, como guardianes y guardianas de la madre tierra, como individuos e individuas zapatistas. Entonces nosotros los pueblos zapatistas seguimos nuestro modo y nuestro calendario, la hicimos la ofrenda sólo para avisarle a la madre tierra que la defenderemos, la defenderemos hasta morir si es preciso.
“Buscamos a una persona que sea zapatista y esté dispuesta a todo, a todo. Y encontramos no una, ni dos, ni cien, ni mil, ni diez mil, ni cien mil. Encontramos a todo lo que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dispuesto a todo para defender la tierra”.
A finales de diciembre pasado los zapatistas refrendaron su decisión de oponerse a los megaproyectos del gobierno de López Obrador, en particular el polémico Tren Maya, que las autoridades federales se empeñan en impulsar, violando incluso el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Carlos González García, integrante de la Comisión Nacional del Congreso Nacional Indígena comenta a Proceso que el plan de resistencia combina tres estrategias: la organización social de las comunidades; la denuncia en medios y en instancias de derechos humanos nacionales e internacionales, y el despliegue de una estrategia legal por medio de amparos.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).– En diciembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG) expresaron que se resistirán a los megaproyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya sea el Tren Maya, el Corredor Interoceánico –o Transístmico– o el Proyecto Integral Morelos.
Si bien el EZLN anunció que defenderá los territorios indígenas “hasta morir”, también se dibujan otras vías para frenar esos megaproyectos.
En Yucatán, por ejemplo, organizaciones cercanas al CNI evalúan interponer amparos contra la consulta que el gobierno federal organizó sobre el Tren Maya, confirman a Proceso dos representantes.
El abogado Carlos González García, integrante de la Comisión Nacional del CNI, sostiene que este organismo no interpondrá amparos en nombre propio –porque en su seno no hay consenso sobre el reconocimiento a las instancias del Estado mexicano–, pero apoyará a las organizaciones que se opongan por la vía legal a los megaproyectos.
Según González, esposo de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, el plan de resistencia contra los megaproyectos combina tres estrategias: “La organización social de las comunidades; la denuncia en medios y en instancias de derechos humanos nacionales e internacionales
“Una sola vía no basta”, sostiene González. Dice que en casos como el del Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos se presentará una “ofensiva legal con amparos para frenar el otorgamiento de licencias de construcción, se revisarán las Manifestaciones de Impacto Ambiental y los temas de consulta o los cambios de uso de suelo forestal.
Puntualiza: “El CNI no participa en estrategias jurídicas porque es un espacio, no una organización; sí impulsamos, sí apoyamos, pero a las organizaciones integrantes, no como CNI”.
Aclara también que el EZLN “no comparte la estrategia legal. (Los zapatistas) no están de acuerdo en utilizar las vías legales porque tienen 20 años de ruptura con el Estado mexicano, después de que en 2001 éste rompió los acuerdos de San Andrés”.
El historiador Felipe Ignacio Echenique March, otrora secretario general del sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), adelanta a Proceso que ya se alistan amparos contra los posibles daños arqueológicos que provocará el Tren Maya en la selva, especialmente en la reserva de Calakmul, que “está llena de vestigios arqueológicos”:
“Un grupo de historiadores y arqueólogos estamos preparando amparos y demandas contra quien o quienes resulten responsables por la destrucción del patrimonio nacional denominado monumento arqueológicos que existe o se presume su existencia en lo que será el tendido de la vía férrea denominada Tren Maya o en los espacios que detonará esa vía de destrucción”, indica Echenique March.
Y abunda: “Los presentaremos en cuanto las especificaciones sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación”.
Los pueblos mayas que hace más de tres décadas decidieron otro destino y que justo este primero de enero cumplieron 26 años de construirlo, mostraron este fin de año músculo, base organizativa, apertura y fortaleza para desafiar, con todo en contra, los megaproyectos neoliberales impulsados por el actual gobierno federal
Al emblemático desafío presidencial de "les guste o no les guste" se pondrá en marcha, el proyecto estratégico del Tren Maya, los zapatistas asumieron "la parte que nos toca de ese reto" y respondieron que defenderán a la Madre Tierra con su vida.
No dijo el EZLN que emprenderá acciones armadas, como se apresuraron a vaticinar quienes no se juegan la vida todos los días, pero los zapatistas dejaron claro que (nuevamente) están dispuestos a poner el cuerpo y organización para defender la tierra que guardan.
Llevan 26 años apelando a la sociedad a construir junto a ellos una alternativa anticapitalista. Y prueba de que no se han cansado son los cinco eventos que en un solo mes organizaron en sus territorios: un encuentro de cine, otro de danza, uno de mujeres, uno de pueblos indígenas y la celebración del aniversario de su levantamiento. Encuentros en los que, como ninguna otra organización, abren sus puertas y dejan ver a quien quiera sus avances y tropiezos.
No dijo el EZLN que emprenderá acciones armadas, como se apresuraron a vaticinar quienes no se juegan la vida todos los días, pero los zapatistas dejaron claro que (nuevamente) están dispuestos a poner el cuerpo y organización para defender la tierra que guardan.
Llevan 26 años apelando a la sociedad a construir junto a ellos una alternativa anticapitalista. Y prueba de que no se han cansado son los cinco eventos que en un solo mes organizaron en sus territorios: un encuentro de cine, otro de danza, uno de mujeres, uno de pueblos indígenas y la celebración del aniversario de su levantamiento. Encuentros en los que, como ninguna otra organización, abren sus puertas y dejan ver a quien quiera sus avances y tropiezos.
Sólo una organización fuerte puede darse ese lujo.
Justo la experiencia de su autonomía, única en el mundo, es la que podría ponerse en riesgo en la defensa de su territorio. Es su carta más alta, el ofrecimiento más grande hacia adentro y hacia fuera el que, saben, podría lastimarse y el que, afirman, están dispuestos a que desaparezca si es el precio de su lucha por la tierra. El mensaje es profundo y no sólo simbólico. Lo están poniendo todo.Hacia abajo los zapatistas interpelaron a su iguales: "¿A qué están dispuestos para detener la guerra que hay contra la humanidad?". Y, hacia arriba, preguntaron: "¿Están dispuestos los malos gobiernos a tratar de destruirnos al costo que sea, a golpearnos, encarcelarnos, desaparecernos y asesinarnos?".
Justo la experiencia de su autonomía, única en el mundo, es la que podría ponerse en riesgo en la defensa de su territorio. Es su carta más alta, el ofrecimiento más grande hacia adentro y hacia fuera el que, saben, podría lastimarse y el que, afirman, están dispuestos a que desaparezca si es el precio de su lucha por la tierra. El mensaje es profundo y no sólo simbólico. Lo están poniendo todo.Hacia abajo los zapatistas interpelaron a su iguales: "¿A qué están dispuestos para detener la guerra que hay contra la humanidad?". Y, hacia arriba, preguntaron: "¿Están dispuestos los malos gobiernos a tratar de destruirnos al costo que sea, a golpearnos, encarcelarnos, desaparecernos y asesinarnos?".
El Presidente respondió que él no es Salinas, que los zapatistas no están bien informados y que no le quitará la tierra a nadie. Falta.
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
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Un año después de la ceremonia indígena efectuada en Palenque, donde se ubica el rancho La Chingada, del presidente Andrés Manuel López Obrador, las animadversiones zapatistas contra el proyecto del Tren Maya suben de tono.
El pasado 31 de diciembre por la noche, el subcomandante Moisés, que hace seis años y medio sustituyó al subcomandante Marcos como vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), insistió en que ese proyecto atenta contra las tierras de las comunidades indígenas y advirtió que las defenderán hasta con su vida.
El doctor Gerardo González, quien formó parte del equipo médico del subcomandante Marcos en los primeros meses de la insurrección de 1994, sostiene que, pese al descontento generalizado, los zapatistas –el EZLN tiene 43 municipios con gobierno autónomo– ya no portan las armas desde hace años ni han mostrado intenciones de enfrentarse de nuevo al gobierno.
–Pero con las declaraciones del subcomandante Moisés de que darían la vida para defender la tierra, los zapatistas dan la impresión de que regresan a las armas –pregunta el reportero al doctor González.
–Creo que no va a suceder… Nadie puede prever una radicalización en términos militares; es claro que las declaraciones son políticas, autogestivas. Su radicalidad está en la construcción de una ruta de autogobierno con proyectos agrícolas autogestivos y los trabajos colectivos que están construyendo.
–¿Se descarta entonces una confrontación armada a pesar de que Moisés dijo que darían la vida por defender su tierra?
–Así es, en un sentido metafórico es claro que la van a defender, van a dar la lucha por la tierra como otros que lo están haciendo.
No obstante, el excolaborador de los zapatistas admite que la propuesta del Tren Maya complica más la situación en Chiapas, donde se vive una crisis de migración, violencia, asaltos en las carreteras y el fortalecimiento del narcotráfico en la zona norte colindante con Tabasco.
La “Cuarta Aniquilación”
De acuerdo con el proyecto del Tren Maya, sólo una mínima parte de 50 kilómetros pasará por zona de influencia zapatista en el municipio de Palenque, Chiapas, y en Escárcega, Campeche, pues el resto de los mil 500 kilómetros de las vías irán por los estados de Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.
Se prevé que el costo será de más de 7 mil millones de dólares, con la participación de iniciativa privada nacional y extranjera. Según el director del proyecto, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), estará listo en 2023.
En el Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, celebrado el 21 y 22 de diciembre en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, un representante del EZLN manifestó: “La Cuarta Aniquilación nos va a destruir a todos, va a haber mucha tristeza… da coraje y rabia ver cómo siguen engañando a nuestros hermanos. La situación que viene con el nuevo gobierno es de despojo. Por eso, ante esto, sólo nos queda resistir y enfrentar la guerra de la Cuarta Aniquilación”.
El pasado 15 de diciembre el gobierno federal realizó una consulta en las zonas indígenas por donde pasará el Tren Maya y según sus resultados más de 92% apoyaron la construcción. Al día siguiente en la conferencia de prensa matutina, López Obrador presentó esos resultados y el plan de construcción de la obra que estará a cargo del Fonatur, con un presupuesto de 120 mil millones de pesos.
“Hubo consenso generalizado, unánime, por la implementación del proyecto de desarrollo del Tren Maya”, afirmó Regino Montes.
Días después, en un comunicado, el EZLN, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno acusaron que fue una “simulación” y aseguraron que el gobierno “entrega los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico” encargado de reconfigurar el país para dejarlo a merced del capital multinacional.
Los desencuentros empezaron en 2006, cuando el EZLN llamó a votar contra López Obrador, ratificando su posición de rechazar a todos los partidos y la clase política en general, recuerda González.
–En estos desencuentros, ¿cuáles han sido las diferencias entre Marcos y Andrés Manuel?
–Para el subcomandante Marcos o Galeano, Andrés Manuel representa una opción política dictatorial, caudillista y mesiánica; no la ven como una opción de izquierda y democrática, sino como alguien que está muy lejano de su apuesta de autogobierno y autonomía de las comunidades indígenas.
“Cuando mencionan que es como un capataz, lo que dicen es que no ven un cambio o una apuesta de rompimiento con el régimen en que hemos vivido, sino una continuidad de un gobierno de corte neoliberal. Ahí es donde los zapatistas ven que el gobierno de Andrés Manuel es un peligro para sus territorios con sus megaproyectos.”
Finalmente, al margen de los programas y proyectos gubernamentales, González asegura que en Chiapas hay confrontaciones, problemas de migración, altos índices de violencia vinculada con el narcotráfico y la presencia activa de paramilitares en la selva y la montaña.
Y sentencia: “Creo que es un error concentrar todo en la contradicción que existe entre en zapatismo y el Estado; hay una situación grave que no se ha resuelto”.
El gobierno mexicano celebró contratos por más de 677 millones 511 mil pesos para diseño, asesoría, promoción y construcción del Tren Maya, antes de las consultas con los indígenas que viven en la región.
Entre las grandes contrataciones de asesoría está la filial mexicana de Grupo Typsa, constructora española que no hace más de dos años fue acusada en Colombia de presuntos sobornos a cambio de obras públicas.
A diferencia de las consultas sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el Tren Maya primero se establecieron 40 contratos durante un año, previamente a la opinión de la comunidades que serán afectadas por el megaproyecto.
Entre las transacciones firmes se cuenta la que ganó en agosto pasado el consorcio encabezado por Key Capital. El contrato, por 298 millones 987 mil pesos –el más alto hasta ahora que ha sido otorgado bajo licitación–, es para la definición de la ingeniería básica del tren y se falló cuatro meses antes de procurar un análisis sobre la conformación social indígena de la zona.
Luego de éste los contratos más costosos han sido por adjudicación directa. Encabeza ByA Barrientos y Asociados, empresa a la que se comprometieron 62 millones 408 mil pesos por trabajos técnico-jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía del proyecto denominado Tren Maya.
A Mextypsa, filial de la española Typsa, se otorgaron 59 millones 552 mil pesos por asesoría en la estructuración general del proyecto; al despacho Woodhouse Lorente Ludlow, 44 millones por asesoría jurídica; a PwC, 32 millones por asesoría económico-financiera, y a Steer Davies & Gleave México, por el programa maestro, preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya, 23 millones 870 mil pesos.
Así, a contrataciones vía concurso se han destinado 336 millones 377 mil pesos y a transferencias entre entes públicos 91 millones 447 mil. Por adjudicación directa suman 249 millones 686 mil pesos, entre los que se incluye la creación de los fundamentos financieros y legales de la obra que, según lo referido por el gobierno federal, será al menos 60 por ciento otorgada a la iniciativa privada.
De acuerdo con información pública reportada en Compranet, no sólo el gobierno federal adelantó recursos para la planeación de la obra. En octubre de 2018, aún sin el presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder, la administración priísta de Campeche concursó cinco estudios de previabilidad del Tren Maya por 15 millones 229 mil pesos.
ByA Barrientos y Asociados también fue contratado por el gobierno de Campeche, cuando estaba a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas. Tuvo un pago de 6 millones 234 mil pesos por una consultoría para el estudio de liberación de derecho de vía. Meses después se le otorgaron en adjudicación directa 62 millones 408 mil para trabajos técnico-jurídicos de derecho de vía en toda la zona.
El director general de la consultora es Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, cuyo nombre aparece en el dictamen de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, al consignarse como coordinador de Oportunidades en el estado de México, bajo la gestión de la ex secretaria de Desarrollo Social y dos años antes como funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Laura Castellanos es periodista independiente y autora del libro "Crónica de un país embozado 1994-2018″.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cumplió 26 años desde su levantamiento, el 1 de enero de 1994, en medio de un proceso expansivo y de radicalización contra la construcción de los megaproyectos que ha anunciado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y contra el aumento de la violencia hacia los luchadores indígenas y las mujeres.
Las cosas han cambiado drásticamente para la organización: hace un año, en el arranque del gobierno de AMLO, el EZLN manifestó estar aislado, pero ahora ha logrado extender su dominio territorial en el estado de Chiapas, ha surgido como la voz más potente contra los megaproyectos del Estado, y también como inspiración de la nueva generación feminista que enfrenta la espiral de feminicidios y crímenes contra las mujeres en el país.
Francisco López Bárcenas, autor de 14 libros de derechos indígenas y luchas campesinas, me dijo que el zapatismo es hoy la oposición mexicana más consolidada, distinguida por su postura anticapitalista, y con una apuesta de cambio profundo a largo plazo.
El resurgimiento zapatista se debe, en parte, a su férrea oposición a los megaproyectos de AMLO, como el Tren Maya en la Península de Yucatán, o el Corredor Transístmico que conectaría industrialmente a los océanos Pacífico y Atlántico, pues considera que devastarán el territorio indígena en beneficio de los grandes capitales.
En su reciente evento de aniversario, el 1 de enero de 2020, el EZLN retó a AMLO al señalar que sus filas están dispuestas a dar la vida en la lucha en contra de sus megaproyectos, a lo que el presidente respondió que la organización estaba mal informada y que él no afectará a las comunidades indígenas.
AMLO parece desconocer —o desdeñar— que los pueblos originarios en México no son los mismos que cuando fue director del Instituto Nacional Indigenista en el estado de Tabasco, a fines de los años setenta: cambiaron con la insurrección zapatista y ahora sus luchas trascienden a la propia organización.
Es significativo que, el mismo día del aniversario del EZLN, la robusta red de resistencia pacífica llamada “El Istmo es nuestro”, creada a fines de los años noventa en el estado de Oaxaca contra un proyecto similar al del Corredor Transístmico, se reactivara pero ahora contra el gobierno de AMLO.
Entre las organizaciones aliadas a esta red está el Congreso Nacional Indígena (CNI) —un frente de resistencias contra megaproyectos del que el EZLN forma parte—, el cual acaba de denunciar que, el año pasado, 11 de sus integrantes fueron asesinados en cuatro estados del país por defender su territorio.
Esta violencia llevó a la dirigencia del EZLN, en voz del comandante Tacho, a advertir a AMLO que “nuestra autonomía la defenderemos sin importar la muerte, el encarcelamiento o la desaparición”. Agregó que recurrirán a “todas las formas posibles de lucha”, aunque sin precisar cuáles.
En 26 años, el zapatismo ha luchado de todas las formas por los derechos indígenas y también ha mostrado una asombrosa capacidad para reinventarse ante retos, fracasos y traiciones, como lo documenté en mi libro Crónica de un país embozado 1994-2018.
En 1994, el EZLN se dio a conocer ante el mundo a través de la vía armada, apoyada por una movilización civil que le exigió al gobierno crear una mesa de diálogo, por lo que el Ejército Zapatista debió conformarse como un movimiento social.
El EZLN apostó después por la vía legislativa para que se reconociera el derecho a la autonomía indígena, y firmó los Acuerdos de San Andrés, que fueron también suscritos por el gobierno y los partidos políticos, quienes al final aprobaron una ley alterna en 2001. La autonomía indígena que exigía implica no solo la defensa del territorio y sus ecosistemas, sino también la de sus lugares sagrados, su conocimiento ancestral y sus sistemas de autogobierno.
Después de la aprobación de esa ley, que el EZLN consideró una traición política, rompió toda relación con el gobierno y erigió sus propios sistemas de gobierno, justicia, educación y salud, fuera de las instituciones oficiales. Construyó escuelas, clínicas y proyectos productivos, de forma autogestiva, donde no los había.
En su última apuesta, en 2017, el EZLN pasó de una posición antielectoral a apoyar a la indígena nahua y vocera del CNI, María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, para su postulación a una posible candidatura presidencial de carácter independiente en las pasadas elecciones.
Optar por la vía electoral le costó al EZLN el distanciamiento de algunos de sus seguidores y, al final, Marichuy no logró reunir las firmas requeridas para su registro electoral. Mientras que AMLO y su partido, Morena, lograron un récord histórico del voto indígena en su triunfo.
Pero el EZLN revirtió rápidamente su fracaso y en agosto de 2019 anunció que sus centros administrativos de gobierno autónomo, llamados Caracoles, pasarían de cinco a 12. Amplió a su vez su dominio territorial, de forma inédita, a comunidades de Motozintla, Chicomuselo y Amatitlán.
El movimiento también está siendo descubierto por una nueva generación: en diciembre de 2019 realizó su Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan y reunió a 3 259 de ellas, provenientes de 49 países.
El EZLN tiene ahora el reto de fortalecer su resurgimiento ante una geografía política nacional que luce deshilachada, en la que Morena, el partido gobernante que arrasó electoralmente, no se asume de izquierda, según su presidenta Yeidckol Polevnsky.
El futuro del movimiento depende de cómo AMLO —y los gobiernos estatales y municipales en donde se construyen o planea construir los megaproyectos— encaren la desafiante pregunta que el subcomandante Moisés hizo durante el aniversario del EZLN: “¿Están dispuestos los malos gobiernos a tratar de destruirnos al costo que sea, a golpearnos, encarcelarnos, desaparecernos y asesinarnos?”.
La respuesta aún está en suspenso.
8 de enero de 2020
A pesar de las críticas en torno a la construcción del Tren Maya, que es uno de los proyectos insignia de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Pedro Sánchez Nava, Coordinador Nacional de Arqueología, mencionó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene contemplado la apertura de “tres o cuatro” zonas arqueológicas en la ruta por donde correrá el tren.
Si bien se espera que se inauguren esta cantidad de sitios históricos, Sánchez Nava también aceptó que no se podrán abrir “tantas zonas como se pretendería”. No obstante, los posibles lugares arqueológicos serían Nadzcaan, en Campeche; Xkabal, en Quintana Roo; Kulubá, en Yucatán, así como “alguna otra que esté también avanzada”, informó el funcionario durante un evento organizado por la Secretaría de Cultura.
En la misma oportunidad, Sánchez Nava habló al respecto de Kulubá, el cual es un sitio que se ubica en el municipio de Tizimín, y del cual el INAH confirmó en diciembre la existencia de un palacio dentro de la cuarta temporada de campo, cuya estructura es de 55 metros de largo.
Acerca del número de visitantes a las zonas actuales, el coordinador previó que habrá un importante incremento en cuanto el Tren Maya comience a operar y por tal motivo se deberán realizar adecuaciones en los sitios, los cuales estén basados en estudios sobre la capacidad de carga y de impacto de las obras de infraestructura colaterales al ferrocarril.
“Si en Chichén Itzá recibimos tres millones de visitantes al año, lo más seguro es que recibamos el doble (...). Tenemos que hacer estudios para ir normando los horarios de visita, la afluencia de personas y estar muy preparados incluso con la parte de la señalética, cédulas, áreas de servicio y descanso”, comentó.
En este sentido, cabe mencionar que en el primer trazado del tren -que aún no es definitivo- existen 30 zonas arquelógicas abiertas al público, por lo que establecer la apertura de nuevos lugares también es una opción para desahogar el turismo de los sitios más concurridos.
Por otra parte, Sánchez estimó que en menos de un mes se ingresará el proyecto ejecutivo de la primera etapa, la cual va de Palenque a Mérida, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). A partir de esta medida se le permitirá al INAH diseñar el trabajo arqueológico con el que se acompañará la obra.
“De ahí se tiene que derivar un proyecto de investigación, de salvamento, de prospección y eso estará listo en dos meses cuando mucho. Yo creo que en tres meses ya estamos caminando en la ruta del Tren Maya para visitar sitios y verificar lo que el vuelo LIDAR (Light Detection and Ranging) nos esté arrojando”, mencionó.
Cabe recordar que los vuelos LIDAR consisten en drones equipados con tecnología de vista láser, mismos que se encargan de dibujar con gran precisión los trazos de la vía que seguirá el Tren Maya sin importar la densa vegetación de la selva.
El funcionamiento de este tipo de tecnología se basa en sistemas láser para obtener con suma precisión un mapeo de zonas con el fin de contribuir a la planeación y desarrollo de infraestructuras a partir de dispositivos que generan pulsos de luz cortos y de alto poder los cuales atraviesan, en este caso, árboles, planta y hojas.
Dicho de otra manera, los dispositivos emiten rayos que rebotan sobre el objetivo y vuelven al sensor, el cual determina a qué distancia se encuentra un objeto. Este proceso se repite hasta conseguir un plano tridimensional de la zona.
En todo este panorama del Tren Maya, uno de los grupos que ha dejado en claro su postura en contra de la construcción del Tren Maya es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), porque “desprecia a los pueblos originarios, como lo hace con la misma Madre Tierra, la que defenderemos hasta morir si es preciso”.
A inicios de año, durante la conmemoración del levantamiento zapatista, el subcomandante Moisés, criticó las decisiones de Lopéz Obrador, a quien calificó como un “capataz" que ha retado a “todos los pueblos originarios” al decir que “no le importa lo que pensamos y sentimos, que les guste o no les guste a los indígenas”, hará lo que le ordenó su patrón, “o sea, el gran capital”.
Construirán hoteles, villas y área comercial
Angélica Enciso L.
La Jornada
Viernes 10 de enero de 2020
Viernes 10 de enero de 2020
Por un error en la delimitación que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo en la zona federal marítima terrestre en la isla grande Holbox, parte del área de protección de flora y fauna Yum Balam (al norte de Quintana Roo), deberá devolver 53 hectáreas a la empresa Península Maya, aunque el mayor riesgo son los 20 amparos pendientes que existen en contra del programa de manejo y del área natural protegida, advierten organizaciones.
Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la dependencia la restitución de esas tierras a la empresa, tras resolver los amparos que ésta interpuso. Aun así, ambientalistas advierten que los amparos aún no se resuelven y que pueden hacer que Yum Balam pierda su estatus de área protegida.
El año pasado la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presentó ante el juzgado séptimo de distrito de Quintana Roo un recurso para proteger el área, ya que en 2018, cuando se publicó el programa de manejo del sitio, propietarios privados y ejidales presentaron diversas demandas de amparo en con-tra del mismo y del decreto de creación del área protegida.
El argumento fue que habría afectaciones a sus derechos de participación, propiedad y legalidad. El decreto de creación del área protegida es de 1994 y el programa de manejo está orientado a regular la conservación y uso sostenible de Yum Balam, además el sitio es considerado Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, indicó la organización.
Yum Balam tiene alrededor de 152 mil hectáreas de superficie, posee también arrecifes y dunas costeras. Es hábitat de más de 90 por ciento de las aves endémicas de la península de Yucatán, de tortugas marinas en estado de protección especial como la carey y la caguama, de tiburones ballena y delfines, así como de especies terrestres en peligro de extinción como el jaguar.
La empresa Península Maya Developments preveía desarrollar el proyecto La Ensenada para construir 875 villas y condominios –en 980 hectáreas–, tres hoteles, un área comercial, canales y un puerto, entre otras obras, para recibir a 6 mil turistas y trabajadores. Todo esto en áreas de lagunas, manglares y vegetación de predios que hasta hace unos años fueron huertos cocoteros.
En 2014 la empresa retiró la Manifestación de Impacto Ambiental que estaba en evaluación en la Semarnat.
Con el acuerdo que la institución publicó en el Diario Oficial de la Federación para restituir las 53 hectáreas a la empresa, quedó sin efecto la declaratoria que tenía la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del acuerdo de destino –que es el poder de una dependencia para determinar el uso y aprovechamiento de una superficie–. Las coordenadas estaban mal y entraba en el predio de algunos particulares, quienes se ampararon y ganaron.
Mientras la necesidad de conservar Holbox como el bellísimo paraíso natural (que siempre ha sido) se hace cada vez más urgente, las autoridades mexicanas nos recibieron con un balde de agua fría. Este miércoles llegaron sorpresivas y preocupantes noticias desde las playas turquesa de Quintana Roo.
La isla acaba de perder 53 hectáreas de zona natural protegida y ahora serán de una empresa privada dedicada a los desarrollos turísticos.
El Tren Maya es un proyecto rentable y requerirá un monto total de inversión superior a 139 mil millones de pesos, indicó el análisis del costo-beneficio del plan ferroviario que circularía por cinco estados del sur-sureste del país.
Los indicadores de rentabilidad mostraron que el Tren Maya es socialmente rentable porque el valor presente de los beneficios derivados del proyecto superan los costos de inversión, operación y mantenimiento, indicó el documento difundido ayer en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los beneficios ascenderían, a valor presente, a 206 mil millones de pesos y una tasa interna de retorno social de 21.2 por ciento.
Los costos de operación y mantenimiento en 30 años ascenderán a 33.8 mil millones de pesos a valores actuales, señaló el reporte elaborado por las consultoras PWC y Steer Davies para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, encargado de construir el Tren Maya.
Concebido como un proyecto para el transporte de carga y pasajeros, el crecimiento de la demanda anual de estos últimos será de 62 millones de turistas nacionales y extranjeros hacia 2033 y de 145.6 millones de pasajeros locales. La proyección de esta demanda se basa en un crecimiento del producto interno bruto de 3 por ciento en un análisis a 30 años.
Es decir, 70 por ciento de los pasajeros serán habitantes de los cinco estados por donde cruzará el Tren Maya y el resto serán turistas.
El tren permitirá a los pasajeros ahorrar 46 por ciento del tiempo de viaje y, en el caso de la carga, el transporte de mercancías correrá a una velocidad 72 por ciento superior que las vías actuales y 12 por ciento superior que el autotransporte. La velocidad máxima del transporte de pasajeros será de 160 kilómetros por hora y la del de carga de 120 kilómetros por hora.
Según el documento, el Tren Maya incentivará a los turistas a extender sus estancias y a visitar otros destinos, lo cual permitirá un aumento de la demanda de servicios y el aprovechamiento de recursos con potencial turístico que no ha sido desarrollado plenamente.
La economía se beneficiará por la baja en los costos de operación vehicular por los pasajeros que migren al Tren Maya y ahorros en los costos para el transporte de carga
Las cabañuelas son predicciones que se realizan en los pueblos basados en la observación del clima durante los primeros 12 días de cada mes de enero.
Con base en su conocimiento sobre el comportamiento del tiempo en esos días saben si los días en el resto del año serán lluviosos o secos, si hará frío o calor, si correrán vientos buenos o malos; con las conclusiones de sus observaciones preparan sus rituales para comunicarse con sus deidades, hablan con los que tienen el don de la palabra para que se comuniquen con ellos y les pidan que manden lluvias buenas y alejen las malas, que los fríos no traigan nevadas tan fuertes o que los vientos no sean de tal naturaleza que perjudiquen sus siembras.
Y con todo eso como trasfondo preparan sus actividades en el campo, saben cuándo y cómo sembrar, qué tipo de semillas usar, preparan los canales de riego si los tienen y también saben qué medidas tomar para hacer frente a eventuales desastres naturales.
Eso sucede a escala familiar y comunal, pero nada impide que las usemos para imaginar cómo será el comportamiento del gobierno con relación a los pueblos indígenas, sobre todo aquellos que se oponen a la continuación de los megaproyectos planeados en gobiernos anteriores y continuados por este, porque si se llegaran a realizar afectarían profundamente sus vidas, según sus propios patrones culturales.
Para hacerlo vale la pena recordar que desde el año pasado y por distintas latitudes muchos pueblos indígenas vienen interpelando al gobierno para que en verdad y no sólo en el discurso cancele las políticas neoliberales, y una manera de hacerlo es revisar la viabilidad de los megaproyectos.
En el norte se lo exigieron los comcac, macurawe, yoreme y los yoeme; en el centro, los wixaritari, nahuas, purépechas ñäñho y tutunakú, y en el sur los binizaá, ayuuk e ikoots, chatinos y ñuú savi, entre otros.
En los primeros días del año que comienza las voces que se oponen a los megaproyectos sonaron con más fuerza. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dijo que defenderá la tierra hasta con la vida si fuera necesario y el Congreso Nacional Indígena (CNI) lo secundó en su declaración y, según ha anunciado, ya prepara la resistencia, que comenzará en el próximo mes.
Algunas personas han interpretado esto como si los rebeldes fueran a volver a las armas y el CNI los fuera a acompañar en esa decisión; la verdad es que, viendo la cantidad de personas que han perdido la vida en defensa de la tierra, parece más una ratificación de que la represión no va a detener la lucha.
Si uno se atiene a lo que las cabañuelas nos marcan en este sentido, lo que se puede prever es que los movimientos indígenas en defensa del territorio, los recursos naturales y las expresiones culturales cobrarán fuerza y tensarán más las relaciones entre los pueblos indígenas y el gobierno.
El gobierno federal parece tener claro que los vientos no soplan a su favor, pero no encuentra la manera de conjurarlos.
Frente a los reclamos de que se cancele el Tren Maya o el Corredor Transístmico, el Presidente de la República ha declarado que a nadie se le despojará de su tierra y ante el reclamo del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa de Territorio de Puebla e Hidalgo de que se cancele el gasoducto Tuxpan-Tula, lo que ha atinado a decir es que su trazo se desviará para que no afecte su cerro sagrado.
No se quiere entender que cuando los pueblos indígenas defienden sus territorios, sus recursos sagrados o su patrimonio cultural, lo que están defendiendo es su propia forma de vida, como ellos la entienden, con sus tiempos, sus formas de organización, su relación holística con la naturaleza.
La lucha de los pueblos indígenas no es, como se pretende hacer creer, porque quieran seguir en el atraso, sino porque el tipo de desarrollo que les proponen afecta profundamente su existencia y su futuro.
Si los signos que pueden leerse en el ambiente son correctos, lo que nos espera para el futuro inmediato son grandes confrontaciones donde estará en juego el futuro de los pueblos indígenas y de pasada el del país, porque si a algún sector de mexicanos le interesa su futuro es a los pueblos indígenas.
Son ellos los que defienden la soberanía –recuerden que los tohono Odham demandaron al gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump cuando éste amenazó colocar un muro en la frontera–, son ellos los que defienden el patrimonio nacional –al menos constitucionalmente, los recursos naturales del suelo y el subsuelo lo siguen siendo–.
Por eso ahora que las cabañuelas anuncian ventarrones, mal haría un gobierno en no escucharlos cuando advierten el peligro.
No se lo merecen.
Y menos de un gobierno que prometió cambiar el país por el bien de todos.
Hace meses, en mayo de 2019, los gobiernos federal y estatal inauguraron en el Istmo de Tehuantepec el parque Energía Eólica del Sur y las subestaciones eléctricas Arquitecto Ignacio Chávez y José Eduardo Ramírez Briseño.
Entre protestas de los pobladores, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ofreció que la administración federal respetará la voz de los pueblos originarios y que ningún proyecto se realizará sin su aprobación.
En el Istmo se han establecido 28 parques eólicos. Sin embargo, según los istmeños, allí se paga la tarifa más alta de energía eléctrica. Magalí Sánchez Santiago denunció: Llevamos años en resistencia.
Aquí pagamos de 5 mil hasta 20 mil pesos, pese a que con los sismos de septiembre de 2017 muchas familias perdieron su hogar. Eso no es desarrollo.
La inauguración de Energía Eólica del Sur (filial de la japonesa Mitsubishi) no ha generado beneficios para los pueblos de la región, sino sólo para los inversionistas.
Apenas el pasado fin de semana juchitecos que arriendan sus terrenos a la eólica ocuparon la subestación Chávez López. Su vocero, Ramón Martínez Ruiz, denunció: “Nada de lo que nos prometieron se ha cumplido. Nosotros entregamos nuestras tierras pensando que la empresa era responsable, pero ya vemos que no.
A nuestros hijos los siguen teniendo como peones, sin basificación y sin prestaciones. A nosotros se nos adeudan pagos desde 2018 a la fecha, dijo (bit.ly/36P4zVd). El proyecto estuvo suspendido cuatro años por un amparo interpuesto contra la consulta organizada por la compañía.
Lo sucedido dista de ser un hecho aislado. Para los grandes inversionistas la resistencia de los pueblos originarios a los megaproyectos es un verdadero dolor de cabeza. Comunidades indígenas se han amparado contra grandes obras o impiden, en los hechos, su terminación. Y, donde ya están en funcionamiento (como en el parque Energía Eólica del Sur), hay protestas continuas.
La tribu yaqui en Loma de Bácum (Sonora), el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla e Hidalgo y las comunidades náhuatl, en Puebla y Morelos que rechazan al Proyecto Integral Morelos (PIM) resisten a los gasoductos que atraviesan sus territorios. Desde hace años se ampararon legalmente contra las obras. En varios momentos han puesto el cuerpo por delante para suspenderlas.
Hasta el momento lo han logrado (bit.ly/2QLDOLy).). Según la Sener, cinco gasoductos están suspendidos: Tuxpan-Tula, Tula-Villa de Reyes, Villa de Reyes-Guadalajara, Samalayuca-Sásabe y La Laguna-Aguascalientes.
De la mano de estos megaproyectos, justificados en nombre del progreso (y ahora de la soberanía energética), caminan el despojo, la contaminación y la pérdida de identidad, territorio y de la vida misma.
De acuerdo con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, hasta enero de 2018 se suscitaron 77 los casos en los que la falta de consulta a los pueblos indígenas generaron conflictos sociales y 33 juicios de amparo relacionados contra grandes obras: 25 proyectos mineros, 13 eólicos, igual número de hidráulicos o hidroeléctricos, nueve gasoductos, cuatro agroindustriales, tres petroleros, tres termoeléctricas, dos ferroviarios, dos de infraestructura privada, un conjunto turístico y otro inmobiliario. También el del aeropuerto internacional en Creel, finalmente cancelado (bit.ly/2sn0mJo).
Lejos de solucionarse o amainar esta problemática ha escalado con los megaproyectos anunciados por la 4T.
La decisión del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de resistir al Tren Maya, al Corredor Interoceánico y al Proyecto Integral Morelos anticipan nuevos conflictos.
La 4T no tiene todas consigo. En su afán por echar a caminar esas grandes obras a cualquier costo ha cometido graves errores.
Según el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas existen serios vacíos en las consultas que el gobierno mexicano realiza a pueblos indígenas sobre proyectos de infraestructura.
En la mayoría de las casos –señaló–, los procesos en comunidades indígenas no se realizan de manera previa, no toman en cuenta los usos y costumbres, y tampoco se proporciona información clara, precisa y culturalmente adecuada.
demás, con frecuencia son llevados a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre.
La reciente consulta sobre el Tren Maya en la que participó menos de 3 por ciento del padrón y se auscultó a las autoridades ejidales (y no a las comunidades indígenas) fue severamente criticada por la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), pues no cumplió con los estándares internacionales en la materia.
El rechazo indígena a las grandes obras de infraestructura de la 4T, que tiene tras de sí una larga historia, anticipa un inevitable choque de trenes en el sureste mexicano. Los inversionistas privados saben lo que implica esta colisión.
Algunos de sus proyectos llevan años entrampados legalmente porque subestimaron la resistencia de los pueblos originarios.
El país tiene ante sí una larga lista de retos ambientales que atender para este 2020. Entre los más urgentes están el detener la deforestación y conservar zonas prioritarias para la biodiversidad.
Thelma Gómez Durán / Mongabay Latam
15 de enero, 2020
Detener la deforestación que avanza en varias regiones del país, garantizar la conservación de hábitats y especies amenazadas, atender las emergencias ambientales, impulsar el manejo forestal comunitario, cumplir con los compromisos globales para hacer frente al cambio climático y atender las causas que han llevado a que México sea uno de los países más peligrosos para los defensores de ambiente y territorio son algunos de los desafíos ambientales que el país tiene para este 2020.
El principal obstáculo que tendrá para enfrentar estos retos es el escaso presupuesto que se destinó para el sector ambiental para el 2020: 29 mil millones de pesos (alrededor de 1 500 millones de dólares), suma que representa 56 % menos del dinero que se otorgó en 2015.
Además de los pocos recursos económicos con los que contará el sector ambiental para este año, el país tendrá que hacer frente a proyectos impulsados por el mismo gobierno, como la construcción del Tren Maya y una política energética basada en combustibles fósiles.
El 2020, coinciden especialistas consultados por Mongabay Latam, será un año clave para que México tome acciones que reviertan el deterioro ambiental que vive el país.
1. Avanzar en deforestación cero
México perdió 262 000 hectáreas de bosque natural en 2018, de acuerdo con los datos más actualizados del Global Forest Watch. Una de las principales causas de la pérdida de selvas y bosques es el cambio de uso de suelo que se realiza, sobre todo, para la expansión de la ganadería y la agricultura. En algunas zonas del país, la deforestación se asocia con el auge que han tenido cultivos como la soya, la palma africana o el aguacate.
Lucía Madrid, maestra en política ambiental por la Universidad de Cambridge y asesora de comunidades forestales en México, destaca que alrededor del 90 % de los cambios de uso de suelo que se registran en el país se hacen en forma ilegal. Por ello, dice, es fundamental reforzar los sistemas de inspección y vigilancia.
En ello coincide Adrián Fernández Bremauntz, doctor en ciencias y director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México: “Si se quiere lograr el objetivo de tener deforestación cero para 2030, se tiene que fortalecer las instituciones ambientales, otorgar más presupuesto al sector para contar con un mayor número de inspectores”.
El doctor José Sarukhán Kermez, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), subraya que “el desafío más importante para el país es detener la deforestación” para conservar la biodiversidad biológica y reducir los gases de efecto invernadero.
El 2020 también será un año de cambios para la Conabio, comisión intersecretarial creada en 1992, que funciona a través de un fideicomiso privado y que tiene entre sus funciones realizar investigación sobre la biodiversidad del país.
La Conabio dejará de ser una comisión intersecretarial para transformarse en un organismo público descentralizado; además, se cancelará el fideicomiso privado con el cual funciona. Lo que aún no se define es cuánto presupuesto se le destinará.
2. Impulso al manejo forestal comunitario
Entre el 60 y 70 % de los bosques y selvas del país son de propiedad comunal —recuerda el doctor Sarukhán Kermez—, por lo que para su conservación es necesario diseñar políticas ambientales que tomen en cuenta a las comunidades.
Al igual que otros investigadores, Sarukhán Kermez señala que es necesario que se destine más recursos y atención al manejo forestal comunitario, ya que ha demostrado ser una estrategia de conservación adecuada.
Lucía Madrid señala que el país tendría que revisar la efectividad de los pagos por servicios ambientales, porque no siempre cumplen con sus objetivos, entre ellos evitar la deforestación. Para la especialista, parte de estos subsidios tendrían que reorientarse a promover el manejo forestal comunitario.
Además, en 2020 se deberá contar ya con el reglamento a la Ley General de Desarrollo Forestal Sostenible, cuya publicación fue una de las deudas ambientales que dejó el 2019.
Entre los planes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) está el incorporar a más comunidades al manejo sustentable de sus bosques, para aumentar el número de hectáreas que actualmente cuentan con alguna certificación nacional o internacional, lo cual garantiza que se realiza un aprovechamiento adecuado de los recursos forestales.
Sin embargo, al igual que otras dependencias del sector ambiental, para 2020 la Conafor tendrá un presupuesto mínimo para esta tarea: alrededor de 2 586 millones de pesos (137 millones de dólares); una cantidad que es menos de los 2 756 millones de pesos (146 millones de dólares) que tuvo en 2019 y de los 3 991 millones de pesos (212 millones de dólares) que se le otorgaron en 2018.
3. Cambiar el rumbo energético
El 2020 será un año en el que, en teoría, México tendrá que dar pasos importantes si desea cumplir con los compromisos internacionales que asumió para disminuir los efectos del cambio climático.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que presentar el Tercer Programa Especial sobre Cambio Climático, documento que se espera desde 2019 y que debe incluir los objetivos de mitigación y adaptación, así como las acciones concretas y los presupuestos que se destinarán a estas tareas.
Al no tener aún este documento, “México no tiene un plan de acción para el cambio climático en el corto plazo”, resalta el informe sobre la Brecha de Emisiones 2019, publicado en noviembre por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El informe destaca que el gobierno mexicano está dando pasos atrás en la lucha contra el cambio climático, al favorecer los combustibles fósiles con la construcción de la nueva refinería “Dos Bocas” y al asignar una partida presupuestaria para la modernización de las centrales de generación de electricidad utilizando carbón, diésel, gas y petróleo.
En el informe sobre la Brecha de Emisiones 2019 se resalta que las decisiones del gobierno mexicano en el área energética, “ponen en tela de juicio si logrará sus objetivos de energía limpia y de mitigación señalados como parte de sus compromisos del Acuerdo de París”.
Entre los compromisos que México adoptó, y que estableció en la Ley General de Cambio Climático, están el reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % de los niveles del 2000 para 2050. Además, de tener deforestación cero para 2030.
Si México no cambia el rumbo de su política energética, no tendrá tiempo para cumplir con las metas y llegar al 2030 con los compromisos que se asumieron, advierte Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México.
4. Tren maya: la lucha que viene
Uno de los megaproyectos que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es lo que se ha bautizado como el Tren Maya. Además de ser un transporte ferroviario que pasará por cinco estados de la Península de Yucatán, el proyecto incluye el desarrollo de nuevos centros urbanos e infraestructura turística.
Es por ello que para investigadores y organizaciones como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, se trata de un megaproyecto turístico e inmobiliario “que busca despojar a las comunidades de su territorio, generando una serie de afectaciones a los sistemas ambientales y sociales”.
El investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, Rodrigo Medellín, reconocido por su trabajo para el conocimiento y la conservación de murciélagos y otras especies como los jaguares, resalta que, hasta el momento, en la información que el gobierno mexicano ha presentado sobre el Tren Maya “no hay ninguna evidencia para decir que se va a respetar el medio ambiente”. Al contrario, dice, todos los elementos apuntan a que puede causar grandes daños a una zona que es muy vulnerable en términos ecológicos.
El gobierno mexicano planea comenzar la construcción de la infraestructura del Tren Maya en 2020. Sus intenciones podrían enfrentarse con varios obstáculos, entre ellos amparos presentados por comunidades y organizaciones que rechazan el proyecto.
La puerta para que se presenten los amparos u otras medidas legales en contra del Tren Maya se abrió a finales de año, cuando diversas voces nacionales e internacionales denunciaron que el proceso de consulta, que se realizó en noviembre y diciembre de 2019, no cumplió con los estándares que marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió, en diciembre pasado, que durante esta fase de la consulta no se presentó información sobre los impactos negativos que el proyecto pudiera ocasionar y solo se convocó a las reuniones a las autoridades municipales y ejidales, dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades. Y, sobre todo, el proyecto se presentó como si ya se hubiera decidido que se hará, independientemente de los resultados de la consulta.
“La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada”, resaltó en un comunicado la ONU-DH.
Además, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena y su Consejo Indígena de Gobierno calificó como un “vulgar engaño” la consulta para el Tren Maya. El gobierno federal —señalaron en un comunicado— “simula consultar a los pueblos, suplanta nuestra voluntad colectiva, ignorando y ofendiendo nuestras formas de organización”, señalaron en un comunicado.
Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, señala que México tiene como desafío el revisar la forma en que se realizan las consultas en las comunidades, sobre todo cuando el propio gobierno es el que impulsa grandes proyectos de infraestructura.
“Además de cumplir con las normas internacionales para las consultas, se tiene que definir la logística para realizarlas y tiene que darse una discusión sobre la importancia de escuchar a quienes defienden el ambiente y el territorio. Se tiene que reconocer su labor como defensores de derechos humanos”, destaca Reneaum.
Otro reto para este año —apunta Reneaum— es terminar con la impunidad que pesa sobre la mayoría de los casos de defensores de ambiente y territorio que han sido asesinados.
Pero sobre todo, dice, se deben atender las causas que provocan las violencias en contra de quienes defienden ambiente y territorio.
5. Península bajo asedio
El Tren Maya no es el único megaproyecto que tiene en vilo a la Península de Yucatán, región que se distingue por su riqueza ambiental, ya que alberga a uno de los bosques tropicales más importantes del continente y donde se encuentra la población más importante del jaguar en México.
En años recientes, ese territorio ha sido afectado por la expansión de cultivos como la palma africana y la soya, las granjas avícolas y porcícolas, así como los desarrollos turísticos.
Además, existen varios proyectos que se han intentado instalar. Uno de ellos es el de la compañía Suman SAPI de CV que busca tener un parque solar de 150 MW y dos líneas de transmisión en el municipio de Umán, en Yucatán. Por el momento, este plan se detuvo después de que, a finales de noviembre, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó a la empresa los permisos.
Un parque solar podría sonar como un proyecto favorable para el medio ambiente, sin embargo, el lugar en donde se pretende instalar es un área ocupada por selva baja caducifolia, considerada de gran importancia por los servicios ambientales que presta, además de ser hábitat de especies protegidas.
En la Península de Yucatán, específicamente en el estado de Campeche, se encuentra la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Uno de los retos del 2020, señala el investigador Rodrigo Medellín, será garantizar la protección de esta reserva, pero también lograr su ampliación territorial para conectarla con otras áreas protegidas de Yucatán y Quintana Roo e integrar un corredor ecológico que otorgue mejores condiciones para conservar la zona y especies como el jaguar.
6. Proteger a la Selva Lacandona
Desde finales de la década de los años setenta, la Selva Lacandona —ubicada en el estado de Chiapas— es escenario de una serie de conflictos de tierras que han provocado el avance de la deforestación en la zona. Si hace cuarenta años esta selva ocupaba 1.8 millones de hectáreas, hoy solo quedan alrededor de 570 mil.
El 2020 será vital para conservar lo que queda de la Lacandona y evitar que continúe el desmonte ocasionado por la invasión de terrenos y la expansión de la ganadería y agricultura. Y es que este año se renovará el consejo de bienes comunales, en donde participan representantes de lacandones, tzeltales y choles, las tres comunidades indígenas que habitan en la región.
En los últimos años, los conflictos entre las tres comunidades se han incrementado y con ello las invasiones en la Selva Lacandona, una zona que cuenta con siete áreas naturales protegidas, entre ellas la Reserva de la Biósfera de Montes Azules.
Imágenes satelitales muestran cómo se ha ido transformando la cubierta forestal, a partir de invasiones que se han presentado en la reserva, señala Luis Fueyo, excomisionado de Áreas Naturales Protegidas.
Fueyo explica que en la elección del consejo de bienes comunales se deben respetar los acuerdos que datan de 1976, cuando a las tres comunidades se les dotaron de tierras y se establecieron compromisos para la conservación de la zona y evitar el cambio de uso de suelo, algo que no se ha cumplido.
A la par de la elección del nuevo consejo, Fueyo resalta que los gobiernos federales y estatales deben tomar decisiones con un conocimiento profundo de la situación agraria y de la cosmovisión de las comunidades, pero sobre todo deben evitar que continúe la invasión de las áreas naturales protegidas.
“En la zona existe un problema social, hay personas que demandan que se les entregue tierra y hay un conflicto fuerte entre las comunidades. Este problema se tiene que solucionar respetando los acuerdos entre los pueblos, sin dañar el ambiente y sin fragmentar lo que queda de selva”, señala Fueyo.
7. Minería y fracking
En agosto de 2014, la mina Buenavista del cobre —subsidiaria de Grupo México— derramó 40 millones de litros de sulfato de Cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, en el estado de Sonora, al norte de México. Lo que se consideró como el peor desastre ambiental ocasionado por la minería en México afectó a cerca de 22 000 personas que viven a lo largo de 250 kilómetros de la cuenca del río Sonora.
Cinco años después del derrame, la zona aún se encuentra contaminada y los pobladores reclaman el incumplimiento de los compromisos realizados por la empresa y el gobierno.
En julio de 2019, otra subsidiaria de Grupo México derramó 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. La empresa minimizó las afectaciones de este derrame y, hasta principios de diciembre de 2019, las autoridades ambientales del país aún no hacían público un informe sobre este evento.
Para Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de Poder, organización que ha acompañado en su búsqueda de justicia a las comunidades afectadas por el derrame de 2014, resalta que los derrames ocasionados por Grupo México, así como la minimización de los daños y la falta de atención a las personas y ecosistemas afectados no son un hecho aislado, forman parte de un “patrón de negligencia” y ejemplifican el actuar de las empresas en México y otros países de Latinoamérica, en donde no existen regulaciones estrictas para la minería.
“Es una industria altamente riesgosa para la población y el medio ambiente”, resalta Hopenhaym. Por ello, dice, un desafío para el 2020 será no solo atender las afectaciones a la población y al ambiente que ha ocasionado la minería en el país, también será el cerrar la puerta a la forma en que se han otorgado las concesiones a las mineras, sin que existan procesos de consulta libre e informada para las comunidades.
“Existen vacíos en la legislación, sobre todo en la minera, la cual no contempla que se realicen consultas antes de que se otorgue una concesión minera”, destaca la especialista de Poder, organización que unió fuerzas con otras asociaciones civiles y académicos para impulsar una nueva Ley Minera, así como integrar recomendaciones para mejorar las normas ambientales.
En 2020, además del empuje para una nueva legislación sobre minería, se tendrá que definir si el gobierno mexicano permite el funcionamiento de una presa de jales que construye Grupo México para expandir su actividad minera justo en la zona en donde se presentó el derrame de 2014.
En 2013 —explica Hopenhaym— se otorgaron los permisos para la construcción de la nueva presa; a las comunidades nunca se les consultó. “Lo que ahora se está exigiendo es que se retiren esos permisos”.
En 2020, además de una nueva Ley Minera, en el país también se discutirán varias iniciativas de ley que ya están en el congreso para prohibir el fracking. En sus discursos el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que esta actividad no se realizará en su gobierno, sin embargo, dependencias como la Secretaría de Energía y Pemex aún la contemplan.
8. Conciencia ambiental
El doctor Rodrigo Medellín, quien es uno de los expertos que forman parte del comité de fauna de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), resalta que de todos los desafíos ambientales que México tiene por delante hay uno que es vital para impulsar todos los demás: disminuir la apatía de los ciudadanos respecto a la crítica situación del medio ambiente, en especial de aquellos que viven en las ciudades.
Para proteger a las selvas, bosques, océanos y la biodiversidad, en general, dice, “tenemos que pensar en qué cambios vamos a hacer en nuestra vida para reducir nuestro impacto en el medio ambiente.
Todos podemos hacer algo. Y ese es un desafío: incrementar nuestra conciencia ambiental”.
La Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) exigió a la Fiscalía General de la República terminar con el “trato diferenciado” para atraer crímenes de líderes sociales y alertó que “en Chiapas grupos paramilitares y de choque promovidos por el gobierno federal operan para imponer el Tren Maya”
En conferencia de prensa, el vocero de la CNPA MN, Jesús Gutiérrez Valencia, sostuvo que el Tren Maya es “inviable”, por lo que el proyecto debe ser revertido pues este se topará con diversas luchas de resistencia legal y social.
Indico que el uso de “grupos paramilitares y de choque” para imponer ese proyecto, puede derivar en circunstancias como las sucedidas en Morelos, donde como resultado de la oposición de megaproyectos “murió el líder social Samir Flores”.
Consideró que el gobierno “busca romper el tejido social vía conflictos sociales sin importar que puedan morir líderes locales, daños ambientales o arqueológicos como sucederá en toda la ruta que contempla el Tren Maya”
Por otro lado insistido en que “a un año del ataque policiaco-paramilitar contra integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, Chiapas que sostenían un plantón pacífico frente a la presidencia municipal y en las entradas a la cabecera municipal que devino en la desaparición, tortura y asesinato de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, prevalece la impunidad para los autores materiales e intelectuales” de esos hechos”.
Por ello urgió al gobierno, y en especial la Fiscalía General de la República atraiga el caso, tal y como lo ha hecho con el de la familia Lebaron.
La CNPA-MN condenó la omisión de las autoridades estatales y federales, las que fueron advertidas del conflicto social en Amatán el 17 de enero de 2019.
Denunció que “persisten amenazas de muerte a miembros del MOCRI-CNPA-MN que a su vez forman parte del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán (MPJBCA), como es el caso de Adán López Calvo y su familia y aun así se niegan las autoridades a generar medidas de protección.
Lo mismo sucede con la falta de protección Humberto Huerta Verdín y comisariados ejidales de Acaponeta, Ruiz, Rosa Morada y Santiago Ixcuintla, Nayarit.
Además pidió castigo a los autores materiales e intelectuales de la “desaparición, tortura y asesinato” de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.
Consideró que es necesaria una reunión con el gobernador Rutilio Escandón para atender y resolver la agenda política y social así como con la secretaria de Gobernacion, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas sin dejar de lado la atracción de la investigación por parte de la FGR.
Recordó que Noé Jiménez Pablo y 30 compañeros más, estaban incorporados al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación notificó en diciembre de 2018 al gobierno de Chiapas, y por lo tanto, ambos niveles de gobierno tenían el deber de generar condiciones de protección para preservar su integridad física y su vida, pero no lo hicieron.
Silvia Ribeiro *
Así eligió la organización Global Witness llamar su informe anual 2019 sobre la persecución y asesinato de defensores ambientales y de la tierra. Cada vez más gobiernos, corporaciones trasnacionales y crimen organizado colaboran, intencionalmente o de facto, para despojar territorios, invadir tierras indígenas y campesinas, desplazar pueblos y comunidades, criminalizar, penalizar y/o asesinar a los defensores de la tierra, en su mayoría de comunidades. En esa trágica lista México está, desde hace años, en los primeros lugares y nada ha cambiado. (https://tinyurl.com/rncf9bd).
Al contrario, aumentan las amenazas y asesinatos –además impunes– de defensores y activistas. En las actividades convocadas por el EZLN en diciembre de 2019 (Combo por la Vida), con participación de 6 mil personas de México y otros 50 países, se sucedieron denuncias sobre violencia, desapariciones forzadas, asesinatos de compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena y otros espacios de lucha ambientales en defensa de territorios, contra el patriarcado.
En su 26 aniversario, el primero de enero, el EZLN recordó al gobierno y al mundo que vienen de las peores situaciones de violencia y despojo y que están dispuestos a dar la vida por defender su libertad, dignidad, territorio, la Madre Tierra, como lo vienen haciendo por décadas. Una historia que no es sólo resistencia, sino también es construcción comunitaria permanente que se ha traducido en que sus condiciones de trabajo, salud, alimentación, educación, autonomía, seguridad, justicia y equidad son mucho mejores que en otras comunidades en México y muchas otras partes del mundo.
El mensaje retomó también a Jacinto Canek, quien fue asesinado en la defensa de la tierra y del pueblo maya. Una mención especialmente relevante ante la nueva ola de promoción de proyectos que afectarán gravemente esos territorios, especialmente el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos (https://tinyurl.com/qvob4ew).
No son proyectos nuevos ni del actual gobierno. Éste sólo le dio su formato actual. Son proyectos de larga data, estratégicos para los intereses de Estados Unidos y de las peores trasnacionales extractivas, energéticas y de agronegocios. Los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto los apoyaron, pero no lograron avanzar más por la resistencia continua de pueblos, comunidades y organizaciones.
Ahora, envueltos en paquete nuevo y con sello de desarrollo 4T, acompañados de simulaciones de consulta que han sido cuestionadas por muchas comunidades directamente afectadas y también por Naciones Unidas, el gobierno de López Obrador no oye razones –como tampoco los anteriores–, pero acusa y expone a comunidades que han resistido por años y décadas de ser conservadoras, ultras y radicales.
Además de múltiples fallas en las consultas sobre estos proyectos –y que en el caso del Tren Maya, por ejemplo, sólo participó 2.86 por ciento de la población de los municipios afectados–, el tema de fondo son las preguntas que planteó Samir Flores, opositor asesinado al Proyecto Integral Morelos, y que retomó el EZLN el pasado primero de enero: ¿Qué progreso? ¿Para quién? ¿A quién beneficia? Hay una presunción oficial de que los indígenas no quieren estar donde están y deben ser convertidos al progreso. Un progreso que ya ha significado en otras partes del territorio maya pasar a ser mano de obra disponible, barata y explotada de grandes empresas turísticas, o en el Istmo, víctimas de la violencia, tráficos y contaminación de puertos y carreteras.
Esto no se pone a discusión en ninguna consulta. Los impactos directos, ambientales, de salud y otros, que tampoco se han discutido, son sólo una parte de los efectos en las comunidades y sus culturas. Como resume Heber Uc, del Consejo Indígena de Bacalar, “el Tren Maya es el inicio de una conexión de diferentes proyectos que se llevan a cabo desde hace algunos años en la península, como las celdas fotovoltaicas, los parques eólicos, la agroindustria, las megagranjas porcícolas y el llamado turismo verde (…) La especulación de la tierra ya empezó y desde el anuncio del proyecto mucha gente está llegando a la zona para apropiarse de la tierra, y en las orillas de la carretera del tramo de Bacalar a Cancún se está dando una serie de despojos mediante violencia”. (Desinformémonos, Derecho de réplica. Hablan los pueblos. https://tinyurl.com/sha4ups)
En lugar de escuchar qué quieren realmente los pueblos indígenas, el gobierno busca la imposición de los megaproyectos sobre sus territorios por múltiples vías, blandas o duras, con información parcial o falseada, que junto con la propaganda oficial sobre los proyectos que se disemina en todo el país (ahí no parece haber austeridad) va construyendo al mismo tiempo una imagen de enemigos del Estado sobre los pueblos afectados y opositores, que abre cotos de caza y justifica dejar a los que son amenazados o asesinados a su suerte.
Por ello, el CNI, el EZLN, la Asamblea en Resistencia de Amilcingo (Morelos) y muchas organizaciones llaman ahora a las jornadas nacionales e internacionales Samir somos todas y todos, en defensa del territorio y la Madre Tierra, del 20 al 22 de febrero (https://tinyurl.com/qn74o8z). Crece también la oposición en el Istmo: https://elistmoesnuestro.org/.
La resistencia colectiva crece y seguirá.
* Investigadora del Grupo ETC
Concentrado como está el gobierno de la llamada 4T en fortalecer la narrativa de lo que considera sus logros, simplemente ignora los muy dramáticos acontecimientos que integrantes de pueblos indígenas en la sierra Tarahumara y en la Montaña de Guerrero sufrieron los pasados 16 y 17 de enero.
Estas dos regiones no son las únicas en el país donde se ha normalizado la impunidad, y poco importa a estas alturas para las víctimas señalar que se trata de violencia sistémica heredada.
El pasado 16 de enero, un grupo de hombres armados, al menos 150 sicarios a bordo de aproximadamente 50 camionetas, incendió cerca de 22 viviendas y siete vehículos en el poblado de Las Pomas, municipio de Madera, Chihuahua. Hay personas secuestradas. Pobladores señalaron que al menos cinco hombres, fueron atados y están desaparecidos. Autoridades de la fiscalía estatal presumen que se trata de la disputa de dos cárteles. No es la primera vez que se produce un enfrentamiento en esa comunidad ni es la única que en la sierra Tarahumara provoca desplazamientos e incluso crímenes.
Por otra parte, el 17 de enero se cometió un asesinato contra una decena de músicos indígenas pobladores de Alcozacán, en el municipio de Chilapa, Guerrero, ligados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que ha intentado impedir el accionar del grupo conocido como Los Ardillos. Fueron emboscados en el camino Mexcalzingo-Tlayelpa; venían en dos camionetas, en una de las cuales cinco de ellos fueron calcinados, mientras la otra fue aventada a un barranco con los otros cinco integrantes del grupo musical.
El absurdo es que, pese a estar plenamente identificadas las víctimas, familiares y comuneros tuvieron que recurrir a un bloqueo de la carretera estatal Chilapa-Hueycantenango, para exigir la entrega de los cuerpos de los 10 músicos asesinados y la detención de los responsables.
También en esta región es larga la cadena de violencia y de impunidad con que actúan grupos de la delincuencia organizada. Poco esperan sus habitantes de las investigaciones. En ese contexto, la policía comunitaria, que años atrás logró contener a la delincuencia, hoy está rebasada y fragmentada. Estos dos casos son sólo una muestra de afectación a la sociedad en general; en particular los pueblos indígenas se encuentran amenazados cuando sus integrantes se organizan para la defensa de sus territorios; los saldos de la criminalización también permanecen impunes.
Como denuncia el Congreso Nacional Indígena, nada dice el Estado a casi un año del crimen de Samir Flores Soberanes, del pueblo nahua de Amilcingo, Morelos; ni de Julián Cortés Flores, del pueblo mephaa de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero; Ignacio Pérez Girón, del pueblo tzotzil del municipio de Aldama, Chiapas; José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, del pueblo nahua organizado con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ); Juan Monroy y José Luis Rosales, del pueblo nahua de Ayotitlán, Jalisco; Feliciano Corona Cirino, del pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán, ni de Josué Bernardo Marcial Campo, también conocido como Tío Bad, del pueblo popoluca de Veracruz.
¿Quién se está haciendo cargo de abatir la impunidad? ¿Quién de prevenir la criminalización?
Para muestra, colocamos dos ejemplos de violencia cotidiana. En días recientes se han denunciado otras agresiones como la que sufrió el pasado 10 de enero la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, con un nuevo ataque contra el ex comisariado de bienes comunales Jesús Manuel Aguilar Hernández, quien ha sido delegado del Congreso Nacional Indígena y defensor de los terrenos comunales, a manos de una persona al servicio del cacique llamado Favio Ernesto Flores Sánchez, alias La Polla, del cual recibió a quemarropa ocho disparos de arma calibre 38 automática, sin que resultara herido al cubrirse tras un tronco grueso.
Por su parte el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) fue agredido por fuerzas policiales el pasado 14 de enero, cuando las comunidades de Sevina, Comachuén y Nahuatzen se manifestaban en instalaciones del ayuntamiento de Nahuatzen para exigir su derecho a la autonomía, el presupuesto directo y el reconocimiento de los consejos de gobierno comunal.
Los casos de la sierra Tarahumara y la Montaña de Guerrero involucran a expresiones aparentemente regionales del crimen organizado; en Azqueltán y CSIM se trata de luchas por la autonomía. Ni unos ni otros son considerados con prioridad y atención por la 4T. Se opta por ignorarlos aun si logran espacio en los medios de comunicación, demandarían colocar la mirada crítica en los alcances de la política en materia de seguridad y la relativa a pueblos indígenas, más allá de becas a sus integrantes y megaproyectos en curso.
La masacre de 10 indígenas del municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de Guerrero, y la incineración de sus cuerpos por los agresores el 18 de enero pasado, es parte de la pedagogía del terror que se ha profundizado en los últimos meses en territorios indígenas del estado de Guerrero.
Estas formas de violencia extrema están siendo utilizadas contra poblaciones indígenas que se han caracterizado por sus procesos organizativos contra la violencia y las economías ilegales del narcotráfico.
Quemar los cuerpos es una estrategia necropolítica que busca ir más allá de acabar con la vida de los asesinados, busca afectar a sus familias, a las comunidades, sembrar el miedo y usar los cuerpos para mandar un mensaje a quienes se oponen al control territorial de los cárteles de las drogas.
Los indígenas asesinados, aparte de pertenecer a un grupo musical, eran integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), sistema de seguridad y justicia que por más 25 años había logrado mantener al crimen organizado fuera de los territorios bajo su jurisdicción.
La llamada policía comunitaria de Guerrero fue por muchos años ejemplo de la capacidad de los pueblos indígenas para reconstituir sus sistemas de justicia y fortalecer el tejido comunitario, ante la incapacidad de las instituciones del Estado para cumplir con sus funciones de seguridad y justicia.
Los múltiples estudios antropológicos y sociológicos que se han hecho sobre este sistema de justicia –creado hace 25 años por comunidades me’phaa, nahuas, na savi, afrodescendientes y mestizas– lo habían mostrado como ejemplo de formas de justicia restaurativa, mucho más efectivas que la justicia punitiva del Estado. La CRAC había sido también un caso etnográfico para mostrar las posibilidades de la gubernamentalidad indígena para contener la violencia del crimen organizado.
Si bien en administraciones pasadas hubo varios intentos de debilitar el sistema criminalizando y encarcelando a varios de sus integrantes, y utilizando la cooptación para causar fracturas internas, nunca habían vivido el nivel de violencia y terror que se ha desatado contra ellos en los últimos meses.
El 10 de diciembre el comandante y consejero regional del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro Gutiérrez, fue asesinado en la puerta de su casa, sin que hasta la fecha se haya consignado a nadie por el homicidio.
Las autoridades de la CRAC denunciaron en esa ocasión que desde la creación de ese Comité de Enlace, cinco policías comunitarios habían sido asesinados, en el marco de lo que denominaron proceso de limpieza del crimen organizado contra las policías comunitarias.
Entre los coordinadores ejecutados, se encuentra Julián Cortés Flores, uno de los titulares de la CRAC en San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero, asesinado en abril pasado.
Estos homicidios y la impunidad en torno a ellos han sembrado un clima de terror en los territorios indígenas bajo jurisdicción de la CRAC, debilitando el sistema y abonando al desplazamiento forzado de la población.
Guerrero, ocupa hoy el primer lugar nacional con población desplazada: más de 5 mil casos, según cifras oficiales, que aumentan diariamente.
La violencia del narco provoca nuevas formas de desposesión de los pueblos indígenas de Guerrero, que al desplazarse dejan sus territorios libres para la entrada del gran capital.
Urge documentar y analizar el nexo entre las violencias extremas del narcotráfico en territorios indígenas y los procesos de desposesión y apropiación de sus recursos naturales.
Según informes gubernamentales, en Guerrero se encuentran 42 yacimientos mineros listos para ser explotados, algunos de los cuales coinciden con 200 mil hectáreas de los territorios en los que habitan miembros de las comunidades indígenas nahua, me’phaa y na savi.
Estos pueblos de la Montaña y la Costa Chica no han sido consultados para el otorgamiento de esas concesiones y en lugares como San Miguel el Progreso han dado una lucha contra la explotación minera en sus suelos.
La embestida de violencia contra la CRAC debe entenderse en el marco de procesos más amplios de desposesión y ocupación de territorios indígenas por redes de macrocriminalidad, cuyas complejidades aún no alcanzamos a entender, pero cuyos impactos están afectando de manera profunda el tejido social de sus comunidades.
* Investigadora de Ciesas
Las licitaciones para la primera fase de construcción del Tren Maya, que comprende de Palenque a Cancún y que se divide en cinco tramos, se darán a conocer a partir del 17 de abril, mientras que las obras de construcción iniciarán desde el 30 de abril con los dos primeros tramos.
Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, aseguró que en el calendario sobre esta primera fase a partir del 7 de febrero se lanzarán las licitaciones con las bases de construcción de los cinco tramos para que el 17 de marzo se reciban las propuestas económicas de empresas y finalmente en abril se conozca a las ganadoras.
De acuerdo con Fonatur, los tramos se dividen de la siguiente manera: el primero corre de Palenque a Escárcega, con 226 kilómetros; el segundo va de Escárcega a Calkiní, con 254 kilómetros; el tercero de Calkiní a Izamal, con 140 kilómetros; el cuarto va de Izamal a Tulum, con 196 kilómetros; y el quinto de Cancún a Tulum, con 135 kilómetros
El funcionario comentó que se han llevado a cabo reuniones con alrededor de 85 empresas interesadas en la construcción, con el propósito de conocer propuestas y lanzar finalmente en febrero las bases de licitación completas.
"A partir de aquí se iniciarán una serie de consultas a los posibles licitantes para ir solventando una serie de aspectos técnicos, económicos y administrativos. Se van entregando las propuestas y conforme avancen los talleres se van conformando las bases", dijo.
Jiménez Pons concluyó que la segunda fase, que incluye los tramos de Tulum a Chetumal y de Chetumal a Escárcega requiere todavía de la realización de estudios de impacto ambiental que ya se están realizando para posteriormente lanzar las convocatorias.
Un par de semanas atrás, Fonatur dio a conocer los estudios de análisis costo beneficio del proyecto. Aquí se determinó que generará beneficios por 352,600 millones de pesos (mdp); mientras que su costo de construcción alcanzará los 112,200 mdp, y los de operación y mantenimiento por 30 años llegarán a los 33,800 mdp, un total de 146,100 mdp
Este inicio de año ha estado marcado por una intensificación –en redes sociales y medios de comunicación– de la campaña de infundios contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se ha hecho extensiva al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CGI), y a quienes, en otros ámbitos de la vida pública, manifiestan su apoyo a las luchas anticapitalistas, antipatriarcales y antirracistas de los mayas zapatistas, en oposición a las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación.
Una buena parte de esta campaña revela el racismo de las élites políticas y de algunos intelectuales orgánicos cuarto transformistas, incluso de altos funcionarios, que insisten en negar todo protagonismo a los pueblos indígenas, y personificar al subcomandante Marcos – Galeano como el único autor y sujeto de las iniciativas políticas del EZLN.
Prueba de ello son los recientes artículos de opinión, videos, declaraciones, foros, caricaturas y mensajes en Facebook y Twitter, que demonizan a quien fuera el vocero de esta organización, ignorando o negando que, desde hace años, el papel de la vocería del EZLN recae en el subcomandante insurgente Moisés, de origen tzeltal.
Precisamente, correspondió al subcomandante Moisés, leer el comunicado del 26 aniversario de la guerra contra el olvido, el 31 de diciembre de 2019, en el que refrenda el compromiso de su organización de resistir y defender la Madre Tierra, aún a costa de la vida.
En esta histórica alocución, se hace un recuento sucinto de estos 26 años del EZLN, desde el momento en que optaron entre morir como animales o morir como seres humanos que luchan por la vida. A pesar de desprecios, engaños, traiciones y políticas contrainsurgentes de los mandones en turno para destruirlos, los mayas zapatistas han logrado mantener en alto la bandera de su rebeldía, sin rendirse, sin venderse y sin claudicar, respondiendo, sin duda, a quienes, desde el desconocimiento, la incondicionalidad o la soberbia, cuestionan: ¿dónde estaban los zapatistas cuando tal o cual suceso de la vida nacional ocurría?
A diferencia de la izquierda institucional mexicana y de los gobiernos con esta orientación ideológica, las y los zapatistas, durante estos 26 años han estado construyendo lo que califican como un proyecto de vida, como podrá mirar cualquier persona que tenga un corazón honesto, señala el sub Moisés, en el que en sus comunidades florecen escuelas y clínicas de salud y se trabaja la tierra en colectivo y en colectivo nos apoyamos.
Para los nuevos heraldos del progreso y la modernidad, es imposible entender una característica de los zapatistas y de los pueblos agrupados en el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, y que el sub Moisés describe diáfanamente: Somos pues comunidad. Comunidad de comunidades.
Las mujeres zapatistas tienen su propia voz, su propio camino. Y su destino no es el de la muerte violenta, la desaparición, la humillación.
La niñez y la juventud zapatista tienen salud, educación y diferentes opciones de aprendizaje y diversión. Mantenemos y defendemos nuestra lengua, nuestra cultura, nuestro modo.
Y seguimos firmes en el cumplimiento de nuestro deber como pueblos guardianes de la Madre Tierra. Todo esto ha sido gracias al esfuerzo, sacrificio y dedicación de los pueblos organizados. Y todo esto también ha sido gracias al apoyo de individuos, grupos, colectivos y organizaciones de todo el mundo.
Asimismo, para quienes defienden los proyectos del desarrollismo clientelar 4T, resulta difícil entender lo que significa el sistema capitalista acorde a las perspectivas y el pensamiento crítico zapatista, que el sub Moisés describe como: esa bestia que todo lo quiere comer y destruir, al que: “no le importa destruir la naturaleza, pueblos enteros, culturas milenarias, civilizaciones completas. Incluso el planeta entero se destruye por los ataques de la bestia. La hidra capitalista, la bestia destructora, busca otros nombres para esconderse y atacar y vencer a la humanidad, –afirma el sub Moisés–.
Y uno de esos nombres detrás de los que se esconde la muerte es ‘megaproyecto’.
‘Megaproyecto’ quiere decir destruir todo un territorio. Todo. El aire, el agua, la tierra, las personas (…) Y la bestia que se esconde detrás de los megaproyectos tiene su maña, su mentira, su trampa para convencer. Dice la bestia que es por el progreso.
Dice que, gracias a esos megaproyectos los pueblos van a tener paga y muchas ventajas de la modernidad. Y con esto del progreso y la modernidad queremos recordar aquí a un compañero del CNI que fue asesinado este año (2019).
El hermano y compañero Samir Flores Soberanes. Y lo recordamos porque él se preguntaba y preguntaba para quien es ese progreso del que tanto hablan”.
El EZLN nos interpela a detener la guerra contra la humanidad, cada quien en su geografía, su calendario y con sus modos.
La construcción de los primeros dos tramos (Palenque-Escárcega y Escárcega-Calkiní) iniciará el próximo 30 de abril, y antes de que se publiquen las bases de convocatoria ya han levantado la mano para participar en su desarrollo 85 empresas de México, Canadá, España, Brasil, Portugal y China, afirmó el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.
ICA Infraestructura, Prodemex, La Peninsular, Omega, Caltia, Mota-Engil, Pinfra, Ferromex, BlackRock, Camargo Correa Infra, Carso Infraestructura y China Communications Construcción Company son algunas de las firmas interesadas en participar en la obra que tendrá un costo que ronda 139,000 millones de pesos.
Como parte de la fase 1 del proyecto (que incluye cinco tramos), se han publicado ya cuatro prebases de concursos que incluyen la elaboración de los proyectos ejecutivos, las primeras el 10 de enero.
Las relacionadas con los tramos tres y cuatro (Calkiní-Izamal e Izamal-Tulum) se difundieron el fin de semana, y luego de que se publiquen las versiones finales con los comentarios hechos por los interesados se estima comenzar las tareas constructivas el 18 y el 25 de mayo, respectivamente.
En caso del atractivo tramo cinco (Tulum-Cancún), que será el único que tenga doble vía por la gran demanda de pasajeros, carga y turismo prevista, se harán públicas las prebases el próximo viernes.
Conforme al plan de trabajo de Fonatur y con la certeza de la complejidad que enfrentarán los procesos de licitación, que prácticamente serán simultáneos para cumplir con el objetivo de inaugurar el tren en el segundo semestre del 2022, el funcionario explicó que se optó por desfasar los concursos algunos días. “El cúmulo de información será evidente.
Las propuestas que se presenten son volúmenes muy importantes: son cajas y cajas que se tienen que ir analizando y será un ejército de técnicos el que tendrá que estar revisando. Entonces, los inicios se van difiriendo. No podemos iniciar todo por la resolución de tanta información”.
Los desafíos técnicos
Entre las diversas estrategias que ha implementado el Fonatur para agilizar los tiempos de licitaciones se encuentran los talleres informativos previos a la etapa de juntas de aclaraciones, donde los interesados hacen saber sus preguntas sobre el proyecto.
En los primeros comentarios entre pasillos, representantes de empresas constructoras consideraron que habrá una gran cantidad de preguntas técnicas por lo que es evidente que los tiempos establecidos por el fondo difícilmente se cumplirán.
Tres temas llaman su atención: liberación de derecho de vía restantes, origen del financiamiento para las obras y el anticipo (prevén como mínimo se otorgue 30 por ciento).
Por lo pronto, las empresas deberán iniciar los estudios de la información técnica de los tramos tres y cuatro, que implican longitudes de 161.1 y 174.9 km, respectivamente.
En el caso del tramo cuatro, se incluye un ramal para conectar el tren a la estación de Chichén Itzá con una longitud de 7.2 km, que es el principal atractivo arqueológico del proyecto.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) lanzó las prebases de licitación para la construcción de los tramos 3 y 4 del Tren Maya, que en conjunto suman 356 kilómetros y se ubican en los estados de Yucatán y Quintana Roo.
De acuerdo con la licitación, el primero de los tramos va desde el final de la estación Calkiní, en Campeche, hasta Izamal, Yucatán, y tiene una extensión de 170 kilómetros.
En ambos casos, esta convocatoria es de carácter nacional, donde las empresas interesadas deberán presentar de forma presencial y en escrito sus propuestas.
La organización Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) informó ayer que comunidades indígenas pertenecientes al pueblo maya peninsular y chol, asentadas en Xpujil, municipio de Calakmul, Campeche, obtuvieron una suspensión provisional de la ejecución del proyecto de Tren Maya, que implicaría detener las licitaciones de tramos iniciadas en la primera semana de enero, hasta resolver la suspensión definitiva.
En su fallo, el juzgado primero de distrito en Campeche acordó conceder la suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, con el fin de que las autoridades responsables, con independencia del resultado de la consulta realizada en relación con el denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto, hasta resolverse la suspensión definitiva.
En rueda de prensa celebrada ayer en Mérida, Yucatán, representantes del Cripx explicaron que la demanda señala como autoridades responsables al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes.
La resolución
En el expediente 12/2020 VI B, el mismo juzgado primero de distrito informa a las autoridades aludidas que en cuanto a la consulta indígena y jornada de ejercicio participativo ciudadano, ordenada por el Ejecutivo federal, y la aprobación del proyecto de desarrollo denominado Tren Maya, se niega la suspensión provisional del acto reclamado, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En su solicitud de amparo, presentada el 6 de enero de 2020, el Cripx había argumentado que reclama la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, así como la “ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que se garantice una consulta previa libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
En el amparo denunciamos que el proceso de consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh).
Respuesta oficial
Sin embargo, el Fonatur, encargado de la construcción del Tren Maya, negó la existencia de una orden judicial federal para detener, temporalmente, los procesos de licitación y de construcción del proyecto ferroviario.
Luego del anuncio del Cripx, Fonatur explicó que existe una solicitud de amparo promovida por Ernesto Martínez Jiménez en el juzgado primero de distrito de Campeche bajo el número 12/2020, en la cual señala como acto reclamado a la consulta indígena de diciembre pasado. Martínez Jiménez es integrante del Cripx y del Frente Peninsular por la Vida y la Selva.
En el expediente se niega la suspensión provisional solicitada por Martínez Jiménez y Fonatur no ha sido notificado de suspensión alguna, expuso Fonatur.
El 10 de enero Fonatur emitió las prebases para licitar dos tramos de la ruta del tren que incluyen proyectos ejecutivos, suministro de materiales y construcción de plataformas y vías. La semana pasada convocó a un taller dirigido a empresas interesadas en la licitación y lanzó dos nuevas prebases para sendos tramos del proyecto. El taller convocó a casi 90 empresas constructoras.
Juchitán, Oax., Integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) presentaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja por violación de los derechos de los pueblos indígenas a la consulta y la información sobre el Corredor Transístmico que pretende construir el gobierno federal en el Istmo de Tehuantepec.
Explicaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Procuraduría Agraria violaron las garantías de las comunidades en la consulta que se realizó en marzo y agosto de 2019 por incumplir con los estándares mínimos estipulados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los integrantes de la Ucizoni precisaron que su presidente, Dagoberto Toribio, entregó la queja a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y al cuarto visitador, Joaquín Aguilar, de quienes esperan una respuesta independiente e imparcial.
Agregaron que, con asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, los municipios de San Juan Guichicovi, Matías Romero, Barrio de la Soledad, Salina Cruz y Santa María Petapa solicitaron a la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales (Semarnat) una consulta pública sobre el impacto ecológico de la modernización del ferrocarril, obra central del megaproyecto.
Manifestaron que la información de esta obra ha sido sesgada, y la delegación de la Semarnat incluso se negó a recibir la petición fundada en derecho. Demandaron la presencia del representante jurídico de la delegación, quien “a regañadientes instruyó al personal que recibiera los documentos. Ahora estamos en espera de respuesta.
Condicionan subsidios
La información presentada ante las asambleas comunitarias fue insuficiente y sesgada. La consulta no fue previa ni libre, pues se indujo la aceptación a cambio de programas sociales.
Añadieron que demandan una nueva consulta sobre el megaproyecto que, aseguran, impactará en los ámbitos ecológico y social a muchos pueblos del sur de Oaxaca.
Con el Corredor Transístmico, la Federación pretende unir por ferrocarril los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz. La pueblos originarios afirman que la modernización de puertos y del tren no beneficia a las comunidades, que necesitan escuelas, hospitales y agua potable.
En la víspera de la licitación de dos tramos de la ruta del Tren Maya, Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, y Miguel Torruco, secretario de Turismo, inauguraron hace una semana en Madrid el pabellón del Caribe Mexicano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Promovieron los destinos de Bacalar, Chetumal y Mahahual, lugares de reciente incorporación a la industria turística de Quintana Roo. Para la actual administración federal, el desarrollo del sureste mexicano está definitivamente ligado a la economía del turismo, en función de la cual se concibe el megaproyecto Tren Maya.
Sin embargo, frente a las decantadas bondades de la economía turística como panacea para una vida mejor, testimonios de quienes viven en la costa quintanarroense, incluso en las localidades aún marginales para el turismo de masas, coinciden en una preocupación común: el incremento de la violencia por la presencia de grupos criminales.
Observando la trayectoria de Cancún y la región turística denominada Riviera Maya, se proyecta una tendencia en la cual el crecimiento de la industria turística se acompaña del incremento de la incidencia delictiva, entre otras variables.
Aquí la industria turística ha impulsado el desarrollo complementario de la economía legal –marcada por sistemáticas violaciones a los derechos humanos, culturales, laborales, ambientales– y la economía ilegal estrictamente imbricada a la primera.
La economía criminal se articula en diferentes giros: el tráfico, principalmente de cocaína, hacia Estados Unidos; la venta directa en el próspero mercado local, que incluye también la red de prostitución en los clubs nocturnos; y la reinversión blanqueada en los desarrollos inmobiliarios de las ganancias obtenidas, favorecida por las administraciones de Villanueva (1993-1999) y Borge (2011-2016).
Entre los indicadores que muestran el incremento de la violencia ligada a la criminalidad organizada, los homicidios dolosos son tal vez el dato más contundente.
Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2019 el número de homicidios intencionales en Quintana Roo alcanzó una tasa de 39 por cada 100 mil habitantes, rebasando la media nacional de 28.3.
Los otros estados de la península, con un desarrollo turístico menor, presentaron tasas de incidencia delictiva mucho menores (Campeche con 7.2 y Yucatán 1.3 homicidios dolosos por 100 mil habitantes).
La ciudad de Playa del Carmen –o Playa del Crimen, como es conocida por los lugareños– denota una emergencia insoslayable: la tasa de homicidios dolosos por 100 mil habitantes llega a 83.1 en 2019, casi tres veces la media nacional.
Si la situación en los afamados paraísos del ocio del Caribe es alarmante, el contexto en los nuevos destinos que Joaquín y Torruco promovieron en la Fitur muestra una idéntica tendencia.
El enfrentamiento acontecido el 27 de enero entre el Ejército y el grupo armado que defendía una avioneta cargada con alrededor de 800 kilos de coca colombiana, es el más reciente de una larga serie de hechos violentos que posicionan el sur de Quintana Roo como zona estratégica para el trasiego del codiciado polvo blanco. El narco-triángulo, entre Bacalar y Othón P. Blanco y que se extiende hacia la frontera con Belice y Campeche, se ha vuelto en años recientes un destino para la recepción de velívolos procedentes de Centro y Sudamérica. En 2017 se encontró un jet abandonado; en 2018 fueron tres las narcoavionetas que se hallaron calcinadas en la región; mientras en 2019 se desplomaron un jet y dos avionetas con cargamentos de cocaína.
Bacalar dista pocos kilómetros de la costa donde las embarcaciones de los narcotraficantes sueltan el tiburón blanco, paquetes de cocaína que son recogidos y direccionados en la ruta terrestre hacia el norte del estado, o embarcados clandestinamente en cruceros internacionales que atracan en el puerto de Majahual.
Cuando tienen suerte, los pescadores de Xcalak, comunidad fronteriza, en su playear pescan algún paquete perdido entre el sargazo.
El estudio de las cifras del SNSP devela la elevada incidencia en homicidios dolosos (38 por 100 mil hab. en 2018) en Bacalar, escasamente poblado y prevalentemente rural.
Su atractivo es la laguna De los Siete Colores, muy codiciada por un incipiente desarrollo turístico desde su declaración de Pueblo Mágico y que aumentaría exponencialmente con la instalación de la estación del Tren Maya.
Actualmente Bacalar reúne en menor escala todos los problemas que acompañan el turismo como máquina de despojo: cercamiento de la ribera de la laguna y de los cenotes, privatización del acceso al agua; despojo violento de tierras ejidales y privadas; colusión de las autoridades municipales, especulación de tierra y para la construcción, ausencia de ordenamiento territorial y ecológico, contaminación ambiental, etcétera.
En conclusión, considerando el objetivo declarado del proyecto Tren Maya de impulsar la economía del turismo y la creación o ampliación de núcleos urbanos con vocación exclusivamente turística, en el contexto social y político que actualmente caracteriza a la península, es evidente la tendencia que multiplicará en los nuevos polos de desarrollo las problemáticas ya presentes, particularmente en relación con el incremento exponencial de la violencia criminal.
¿Quiénes serían, en tal contexto los beneficiarios del desarrollo económico? ¿Qué dimensiones de la economía y cuáles negocios prosperarían?
*Investigadora del DEAS-INAH
El proyecto del Tren Maya no será eximido de presentar la manifestación de impacto ambiental (MIA) a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que tendrá que hacerlo en cada una de sus fases.
Los mayores problemas, en términos ambientales, son en la ruta que va de Tulum a Calakmul y los polos de desarrollo previstos en la región, señaló Víctor Toledo, titular de la dependencia.
La MIA es el documento del proyecto que contiene el detalle del plan, en cuanto a posibles daños al medio ambiente y las medidas para mitigarlos, cuya aprobación de la Semarnat es necesaria para comenzar las obras.
Al ser entrevistado, el funcionario dijo que para la primera fase se presentará en unas semanas y será la del circuito que corre de Palenque a Valladolid, a más de 150 kilómetros de Mérida, para lo cual se utilizará la vía que existe, no habrá problema porque el tema es el derecho de vía y Fonatur negocia con las comunidades.
Agregó que el segundo tramo es Valladolid-Tulum y Cancún, que se presentará en un año. Reconoció que el más difícil es el último, de Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque, ya que se trata de la zona más conservada. El problema son los polos de desarrollo, aunque es una problemática distinta y esta fase viene después. Para eso está el ordenamiento ecológico, los territorios urbanos y el régimen agrario.
El proyecto del tren prevé la construcción de una línea férrea de mil 500 kilómetros en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el establecimiento de 18 polos de desarrollo. Los mayores riesgos son las amenazas que hay sobre las tierras ejidales, donde se construirán esos puntos con 12 de paso y 30 estaciones, lo que se hará sobre zonas ejidales. Ante eso, Fonatur ha dicho que incorporará como socios a los ejidatarios, aunque no han dicho que serían minoritarios, indican expertos.
En el reporte multidisciplinario Impactos sociales y territoriales del Tren Maya, realizado por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se menciona que el impacto ecológico y ambiental adquiere mayor relevancia una vez que hay múltiples y graves afectaciones ya existentes en la península y la zona norte de Chiapas, que en su conjunto muestran distintas facetas de la intervención territorial para el aprovechamiento industrial y capitalista de los bienes comunes.
Menciona, por ejemplo, el despojo de tierras de cultivo para la construcción de plantas fotovoltaicas y eólicas que produzcan energía verde destinada al enorme consumo de las zonas hoteleras de Cancún y la Riviera Maya, lo cual se acompaña del despojo para la implantación de megagranjas de cerdos a las orillas de cenotes y a las plantaciones agroindustriales de soya transgénica.
Violeta Núñez, una de las autoras del reporte, indica que en el documento de costo-beneficio del Tren Maya, el Fonatur reconoció problemas como la falta de liberación de vía, errores en diseño, la insolvencia de los licitantes, riesgos geológicos, errores en la ejecución y en el rubro arqueológico.
No mencionan lo que implica pasar de 17 millones de turistas a 50 millones, lo cual tendrá efectos sobre el agua potable y la generación de desechos.
Nació en una familia zapatista y creció en el Caracol de Jolja en la zona de Palenque, donde trabaja en una radio comunitaria difundiendo el pensamiento anticapitalista y antipatriarcal en la lengua chol.
Desde el pasado 26 de diciembre realiza transmisiones para las mujeres y hombres de su comunidad sobre el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en el semillero “Huellas del Caminar de la Comandanta Ramona” del Caracol de Morelia en Altamirano, organizado por sus compañeras zapatistas para las mujeres del mundo.
Con el rostro cubierto con un pasamontañas y un paliacate rojo amarrado a su cuello, Florinda cuenta que en los territorios zapatistas no hay mujeres asesinadas por motivos de género, pero que todavía existen diversas formas de machismo que buscan eliminar.
“En los Caracoles no hay mujeres maltratadas por sus esposos, ni asesinadas, porque entre todas nos apoyamos”, dice la niña en español.
“Está prohibido tomar en nuestra organización. En caso de que haya mujeres violentadas zapatistas, a los compas se les castiga, porque nosotras no podemos ser violadas, violentadas, ni nada”, cuenta a esta reportera.
Florinda es de una generación de zapatistas que fueron educados bajo principios de horizontalidad e igualdad entre hombres y mujeres. Su experiencia y la de sus compañeras es la excepción en este encuentro de más de 4 mil mujeres de 49 países, tan diversos como Chile, Alemania, India o Kurdistán.
La mayoría de los testimonios son relatos desgarradores de abusos, violaciones, desapariciones y violencia feminicida, como los de Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, asesinada en Ciudad Universitaria e Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, también víctima de feminicidio.
El objetivo de este campamento zapatista, en el que está prohibido el acceso a los hombres, es que las mujeres del mundo, activistas, familiares de víctimas, colectivos feministas, organizaciones y movimientos sociales, se escuchen, compartan testimonios y estrategias de organización para combatir al sistema patriarcal.
Las mujeres zapatistas pusieron la casa y vigilan el campamento para que no ingrese ningún hombre. Ellas escuchan atentas. Solo tomaron la palabra en la inauguración, cuando la Comandanta Amada dijo que nunca en la historia de la humanidad se había registrado una época tan mortal para las mujeres y que lo más peligroso en el mundo es ser mujer. Por eso convocaron a este encuentro.
Elizabeth, coordinadora zapatatista del segundo encuentro, coincide en que aunque las mujeres pertenecientes al EZLN no sufren la violencia feminicida. Organizan estos encuentros de manera solidaria, porque son mujeres y saben que las mujeres están siendo asesinadas en el mundo por el siempre hecho de ser mujeres.
“Después del primer encuentro nos preguntamos: ¿Será que siguen ahí lascompañeras con su lucecita? Para eso convocamos a este encuentro, para ver si ahí sigue o no, porque nos enteramos que sigue la matazón, sigue la violencia en contra de las mujeres. Por eso decimos, volvamos a encontrarnos y definir algo o sacar propuestas”, explica en la entrada del semillero donde un letrero anuncia: “Aquí no se aceptan hombres”.
“Ayer se dijo de que no nos distingamos, de qué no importa de qué uno sabe más, otra sabe más, lo importante es coordinarnos y organizarnos. Por parte de las mujeres zapatistas, como decimos, no estamos al 100, pero no es porque no están participando las mujeres, no, sí están participando y ya estamos acá, ya están en diferentes cargos. ¿Cómo lo logramos? A través de pláticas, de reuniones, de asambleas, hablando y explicando que como mujeres tenemos los mismos derechos de salir a participar, a organizar, a proponer cómo queremos cambiar este mundo, ese otro mundo posible”, añade.
Sobre si en el movimiento zapatista cabe el feminismo, Elizabeth, quien lleva una palestina morada debajo de los ojos para tapar la mitad de su rostro, dice que ella y sus compañeras han escuchado del movimiento feminista, pero que no puede responder todavía porque están aprendiendo de las otras formas de lucha y que estos encuentros también son para que ellas aprendan de las asistentes.
“Pero aquí estamos en este encuentro porque queremos escucharlas también. Pero dentro de la organización, desde el inicio de este movimiento armado, hubo mujeres que lucharon. De por si el sistema capitalista, patriarcal nos estuvo sometiendo como mujeres y hombres indígenas, por eso nos levantamos. Claro qué hay machismo, pero ¿quién lo trajo? Pues el capitalismo, el que nos quiso imponer. Por eso estamos tratando de que también los hombres entiendan que no haiga ese machismo, que hay que caminar entre las dos partes porque nos seguimos necesitando”, asegura.
“Estamos aquí, la mayoría estamos aquí. Algunas casadas, otras que no, pero aquí estamos y los hombres se quedaron en la casa cuidando a los niños”, dice Elizabeth.
Patricia, base de apoyo zapatista, explica que de cierta forma este encuentro es una réplica de las asambleas en las que las mujeres del movimiento se preguntan cómo están y si están sufriendo algún tipo de violencia para apoyarse entre ellas y denunciar al agresor.
Para esta joven de 21 años la clave es que en el zapatismo no hay impunidad y si alguien daña a una mujer recibirá un castigo como, por ejemplo, trabajo comunitario.
Mientras tanto las asistentes se abrazan, conviven, cantan y bailan, comparten clases de defensa personal, talleres de bordado y de yoga. Lloran juntas con cada testimonio de los abusos que han sufrido y se aplauden cuando mencionan que rompieron el silencio y que nunca más van a callar.
En las noches caminan libremente por el campamento, se bañan al aire libre y duermen en casas de campaña sin miedo. Las zapatistas siguen vigilando.
Silvia Ribeiro *
1 de febrero 2020
Justo antes de que los super-ricos del planeta se reunieran en el Foro Económico Mundial en Davos el mes pasado, la trasnacional Microsoft anunció sus planes de volverse una empresa negativa en emisiones de carbono para 2030.
Poco antes, BlackRock, la billonaria y mayor gestora de inversiones especulativas del globo, aseguró que cambiaría parte de sus inversiones para atender el cambio climático.
La emergencia climática fue uno de los temas centrales en las sesiones del Foro de Davos este año. Otras grandes empresas, muchas culpables del caos climático, como las de agronegocios, energía, automotoras, plataformas digitales, han hecho recientemente declaraciones similares.
¿Significa esto que las trasnacionales, principales causantes del cambio climático, finalmente asumirán la gravedad de la situación y cambiarán sus causas?
Claro que no.
Lo que están haciendo es asentar una nueva ola de oportunidades de negocio. Por ejemplo, nuevas formas de apropiarse de la tierra y los ecosistemas –con graves impactos sobre las comunidades y el ambiente– y el desarrollo de tecnologías de geoingeniería.
Engloban estas propuestas con expresiones engañosas, como soluciones basadas en la naturaleza, reducción neta de emisiones, carbono neutral, cero emisiones netas o el aún más absurdo emisiones negativas. Absurdo porque no existe ningún gas que una vez emitido sea menos que cero.
Todas son trampas de lenguaje, ya que no reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que alegan compensar esas emisiones para justificar el seguir contaminando.
No son reducciones, sino malabarismos contables para que la suma termine en cero o incluso en negativo, caso en el cual la humanidad quedará debiéndoles el favor a las empresas que causaron el desastre.
Microsoft, justamente, afirma que para 2030 tendrá emisiones de carbono negativas y para 2050 habrá removido toda la huella histórica de carbono de la empresa, incluso la de los usuarios de sus productos.
Para ello, por una parte, continuará con compensaciones de carbono (por ejemplo, invertir en monocultivos de árboles u otras actividades que compensen sus emisiones supuestamente absorbiendo carbono).
Además, anunció nuevas acciones, como el cambio en sus instalaciones a transportes eléctricos o basados en agrocombustibles. Medidas similares anunciaron también Amazon, Apple y Alphabet (dueña de Google), ya que las plataformas digitales consumen una enorme cantidad de energía.
Es poco conocido, pero todas están entre los principales consumidores de energía en Estados Unidos. Este cambio podría parecer positivo, pero debe ser analizado a la luz de a qué fuente de energía se refieren y cómo se obtiene.
Por ejemplo, la bioenergía y los biocombustibles, si se analiza su ciclo de vida completo, usan más petróleo y emiten más gases de lo que dicen sustituir.
Microsoft explica que no sólo compensará emisiones, sino también removerá carbono de la atmósfera, usando una mezcla de soluciones basadas en la naturaleza y soluciones tecnológicas.
Lo primero debe traducirse como la intención de apropiarse de territorios que considere fuentes significativas de absorción y retención de carbono, de bosques a humedales, turberas y mares. Además, promoción y cabildeo para que los suelos agrícolas sean aceptados como sumideros de carbono, algo que actualmente no sucede, porque la absorción en suelos no es permanente.
No sólo Microsoft, sino todas las empresas que ahora hablan de soluciones climáticas basadas en la naturaleza se proponen abrir nuevos frentes de disputa por el control de campos agrícolas y territorios, que esperan les sirvan para obtener nuevos créditos comerciables en los mercados de carbono, pese a que está demostrado que esos mercados no han funcionado para combatir el cambio climático.
En cuanto a soluciones tecnológicas, Microsoft anunció el aumento exponencial de apoyo a tecnologías de geoingeniería. Bill Gates, fundador de esta empresa, es actualmente el principal financiador privado de investigación en estas tecnologías de manipulación del clima.
Ahora Microsoft anunció la creación de un fondo por mil millones dólares para desarrollo de tecnologías de geoingeniería. Comenzarán con bioenergía, con captura y almacenamiento de carbono (Beccs, por sus siglas en inglés), y captura directa de aire, que son megainstalaciones que filtran aire y separan el dióxido de carbono con sustancias químicas.
No está claro dónde lo almacenarían para que no retorne a la atmósfera. Como todas las tecnologías de geoingeniería, requieren grandes cantidades de energía, son de alto costo y no está técnica ni ambientalmente probado que puedan funcionar a la escala necesaria para afectar el cambio climático.
El fondo estará abierto a financiar también otras técnicas de geoingeniería, incluso la modificación de radiación solar, con lo cual se convertirá en el mayor fondo de promoción de la geoingeniería hasta ahora.
Por sus altos riesgos e incertidumbres, el despliegue de geoingeniería está bajo moratoria en Naciones Unidas, algo que será necesario afirmar ante estos nuevos ataques corporativos
* Investigadora del Grupo ETC
El Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) solicitará al ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) no autorizar nuevas construcciones, que sólo complican el abasto de servicios públicos, anunció su titular, Rogelio Jiménez Pons.
El funcionario federal dijo que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, revisará en breve la densidad de construcciones en la zona turística donde se pretende edificar los complejos hoteleros Grand Island y Riviera Cancún.
El gobierno estatal ya se ha pronunciado sobre esta postura de Fonatur; en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo, el gobernador Carlos Joaquín González señaló que buscará un acercamiento con la dependencia federal.
Lo que es un hecho, señaló, es que proyectos como RIU Riviera Cancún y Grand Island, que se construyen actualmente en la zona hotelera de Cancún, pasaron por procesos de autorización federal e incluso litigios judiciales, por lo que están apegados a la ley.
Solicitar que no se construyan estos complejos atenta con la certidumbre jurídica, “que es esencial para la atracción de nuevas inversiones”.
El funcionario federal dijo que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, revisará en breve la densidad de construcciones en la zona turística donde se pretende edificar los complejos hoteleros Grand Island y Riviera Cancún.
El gobierno estatal ya se ha pronunciado sobre esta postura de Fonatur; en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo, el gobernador Carlos Joaquín González señaló que buscará un acercamiento con la dependencia federal.
Lo que es un hecho, señaló, es que proyectos como RIU Riviera Cancún y Grand Island, que se construyen actualmente en la zona hotelera de Cancún, pasaron por procesos de autorización federal e incluso litigios judiciales, por lo que están apegados a la ley.
Solicitar que no se construyan estos complejos atenta con la certidumbre jurídica, “que es esencial para la atracción de nuevas inversiones”.
Cancún, QR., Ambientalistas integrantes de la organización internacional Climate Save Movement, se manifestaron este sábado en contra de Cargill, industria catalogada como la peor del planeta por el organismo de investigación Mighty Earth.
Verónica Ibarra, integrante de la agrupación dijo que encabezó movilizaciones simultáneas en nueve ciudades del país, incluida Cancún.
Señaló que Cargill es una empresa privada que se dedica a la explotación de recursos naturales para la producción en la industria alimentaria, ya sea como productor agrícola y ganadero o como distribuidor de materia prima.
En entrevista efectuada en la avenida Xcaret, frente a las tiendas de autoservicio Sam’s y Walmart, Ibarra dijo que en México, donde atiende empresas y marcas como las antes citadas, Costco, Purina, Herdez, Parma, Sabori, Campestre, Bafar, entre otras, Cargill es responsable de fraudes laborales, esclavitud, pérdida de la soberanía alimentaria, asesinato de animales dentro y fuera de sus granjas, contaminación grave de ríos que han provocado cáncer y muerte a comunidades humanas, así como de demandas al gobierno que le han redituado por más de 500 millones de pesos.
Dijo que la protesta tiene la intención de visibilizar a Cargill, empresa que tiene presencia en 70 países; sin embargo, la mayor parte de sus ganancias, 36 por ciento del total, lo obtiene de América del Norte, incluido México, donde tiene 26 oficinas y centros de producción en 13 estados. Verónica Ibarra aseguró que la organización internacional Climate Save Movement, quetambién tiene oficinas en 70 naciones y tres ramas: Animal Save Movement, Climate Save Movement y Health Save Movement, decidió implementar una campaña informativa, disruptiva y de demandas de justicia animal, ambiental, alimentaria y de soberanía nacional.
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