como una bomba

Admild, un inmigrante haitiano indocumentado en Estados Unidos, se sentía mal cuando se acercó al avión de deportación que lo llevaría de regreso a su país de origen, del cual había huido con terror. Dos semanas antes de ese día de mayo, mientras estaba detenido en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de Luisiana, había dado positivo al coronavirus. Todavía mostraba síntomas.

En el aeropuerto, le comunicó que estaba enfermo a un funcionario del ICE, quien lo envió con una enfermera.

“Solo me dio Tylenol”, contó Admild, quien temía sufrir represalias si se publicaba su apellido. No mucho tiempo después, estaba de regreso en el avión que aterrizaría en Puerto Príncipe. Era uno de los más de 40.000 migrantes deportados de Estados Unidos desde marzo, de acuerdo con los registros de ICE.

Pese a que en todo el mundo se han tomado medidas como las cuarentenas y otras más para evitar la propagación del coronavirus, ICE ha seguido deteniendo gente, trasladando a las personas de un estado a otro y deportándolas.

Una investigación de The New York Times en colaboración con The Marshall Project revela cómo las condiciones inseguras y una realización dispersa de pruebas convirtieron al ICE en un propagador del virus a nivel nacional y global, y cómo la presión del gobierno de Trump orilló a los países a recibir personas deportadas enfermas.

Hablamos con más de 30 inmigrantes detenidos que describieron centros de detención abarrotados e insalubres donde el distanciamiento social era casi imposible y el equipo de protección casi inexistente. “Era una bomba de tiempo”, dijo Yudanys, un inmigrante cubano detenido en Luisiana.

Al menos cuatro deportados entrevistados por el Times, de India, Haití, Guatemala y El Salvador, dieron positivo por el virus poco después de haber regresado de Estados Unidos.

Hasta ahora, ICE ha confirmado tener al menos 3000 detenidos con coronavirus en sus centros de detención, a pesar de que las pruebas han sido limitadas.

Rastreamos más de 750 vuelos nacionales de ICE desde marzo que transportaron a diversos centros a miles de detenidos, incluidos algunos que declararon estar enfermos. Kanate, un refugiado de Kirguistán, fue trasladado de un centro penitenciario del condado de Pike en Pensilvania al centro de detención de Prairieland en Texas a pesar de haber presentado síntomas de la COVID-19. Unos días después, confirmaron que portaba el virus.

 “Estaba muerto de miedo”, dijo. “Pensé que me moriría en esta prisión”.

También rastreamos más de 200 vuelos de deportación que, de marzo a junio, llevaron migrantes, algunos de ellos enfermos de la COVID-19, hacia otros países. Bajo presión del gobierno de Trump y con la promesa de ayuda humanitaria, algunos países han cooperado totalmente con las deportaciones.

El Salvador y Honduras han aceptado a más de 6000 deportados desde marzo. En abril, Donald Trump elogió a los presidentes de ambos países por su cooperación y dijo que les enviaría respiradores para ayudar con el tratamiento de sus pacientes más enfermos de la COVID-19.

Hasta ahora, los gobiernos de 11 países han confirmado que los deportados regresaron con COVID-19.

Cuando le preguntaron acerca de su participación en la propagación del virus por trasladar y deportar a personas enfermas, ICE dijo haber tomado precauciones y seguido las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. ICE señaló que, hasta la semana pasada, aún tenía la capacidad de realizar pruebas solo a una muestra de los inmigrantes antes de enviarlos a su país. Sin embargo, los vuelos de deportación siguen operando.

Barbara Marcolini es productora de video en el equipo de Investigaciones Visuales, una nueva forma de periodismo investigativo y explicativo que combina reportería tradicional con análisis forense digital