Máxima Acuña Atalaya (1970) es una agricultora y defensora ambiental peruana. Conocida por su lucha contra el megaproyecto minero Conga de propiedad de Newmont Mining Corporation y Compañia de Minas Buenaventura, por lo que recibió en abril de 2016 el Premio Medioambiental Goldman.
La escasez de agua
recae sobre las mujeres
en América Latina
Cuando el agua
falta, las principales perjudicadas son las mujeres, que se han erguido como
defensoras de los territorios y los ríos en algunas regiones de América Latina.
Son también las que más se benefician de los programas de potabilización o de
suministro de cisternas.
América Latina es la región con más fuentes de agua en el
mundo; sin embargo, existen 36 millones de personas que todavía carecen de
acceso a agua potable, según datos del
Banco Mundial. El
terrible impacto que esto supone para las comunidades, sobre todo en las áreas
rurales y empobrecidas, recae, fundamentalmente, sobre las mujeres.
Son las mujeres las que deben afrontar el reto diario de
llevar agua a las casas. Una de ellas, que prefiere guardar el anonimato,
explica que antes un pozo cercano suministraba agua para todos; ahora, el pozo
“se secó de la tristeza”, dice melancólica; la palma requiere mucha agua: entre
siete y diez litros por día y palma. Así que muchas mujeres deben caminar
varios kilómetros hasta la represa, para recoger el agua, que transportan sobre
sus cabezas en pesados baldes de veinte litros.
En algunos barrios, ni siquiera llega el agua sucia de la
represa, porque las precarias tuberías se rompieron hace más de un año y el
Estado se olvidó de arreglarlas. La combinación de sol y falta de agua ha
provocado un aumento de enfermedades renales y digestivas, además de las
enfermedades en la piel y las infecciones vaginales que sufren.
En Brasil, el programa Un Millón de Cisternas cambió sus
vidas cuando obtuvieron una cisterna con capacidad para almacenar 16.000 litros
de agua de lluvia.
El diagnóstico es unánime: el acceso a agua potable
mejora la vida de las mujeres, disminuye las enfermedades y facilita la mejora
de ingresos de las familias. Sin embargo, los Estados latinoamericanos siguen
sin mover ficha, y dejan las necesarias inversiones en manos del sector privado
o de la cooperación internacional.
Las mujeres también se han consolidado como las
principales defensoras de los ríos y las fuentes de agua frente a los
megaproyectos extractivos que, como sucede con la minería a cielo abierto y las
grandes represas, amenazan con contaminar el agua o cercar los río.
honduras
El mortal costo de defender
el medio ambiente
en la Honduras de Berta Cáceres
Matan a Berta Cáceres,
la activista que le torció la mano
al Banco Mundial y a China
10 marzo 2016
Al
menos 109 activistas del ambiente y la tierra
hondureños fueron asesinados entre 2010 y 2015, según Global
Witness la ONG con base en Londres y Washington, que investiga abusos contra
los derechos humanos.
Infierno.
Esta es la palabra que describe la situación que están pasando los activistas
ambientales de América Latina. Las crecientes cifras de asesinatos de
defensoras y defensores ambientales en América Latina son alarmantes.
En Honduras, solo
pasaron cuatro meses de la muerte de
Berta Cáceres para que una nueva lideresa ambiental apareciera
asesinada.
Esta vez fue Lesbia Urquía, de 49 años y
madre de tres menores, quien
también formaba parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras y que enfrentó a la construcción de la represa
hidroeléctrica Aurora en el municipio de La Paz.
Ana Mirian Romero:
rostro y voz de lucha
↑VIDEO: clic en la imagen de arriba↑
“Me tomaron por el
cuello. No entendía qué pasaba, por qué 30 policías llegaban a la casa gritando
y golpeado a mis hijos y a mí. ¿Qué hicimos para que destruyeran todo?”.
Revivir esa escena del 24 de octubre de 2015, le duele a Ana Mirian Romero,
ella, una mujer indígena Lenca no entiende cuál fue su delito, qué hizo para
merecer tanta violencia.
Ana
Mirian con tan sólo 29 de años, es parte del Movimiento Indígena Lenca
Independiente de La Paz, Honduras (Milpah). Su comunidad “El Volcán” está entre
las frondosas montañas del municipio de San Elena, en el departamento de La
Paz, una región rica en bosque y agua, muy cotizada para la instalación de
proyectos extractivos.
Por
más de una década, Ana Miriam junto a su esposo Rosario Vásquez Pineda, se han
opuesto activamente a la instalación de los proyectos hidroeléctricos Los
Encinos, Aurora I y Aurora II, propiedad de la actual vice presidenta del
Congreso Nacional (2014-2018), Gladis Aurora López.
Ana Mirian lleva
7 años protegiendo su territorio y, sobre
todo, las aguas del río Chinacla del cual depende la población Lenca. “Nos
acusaron de que teníamos guardadas armas, dinero y droga, lo que no es cierto”,
cuenta Romero a Mongabay desde Dublín (Irlanda), ciudad a la que viajó
para recibir el “Premio Anual 2016 de Front Line Defenders para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo”.
“Por milagro de Dios he quedado viva, yo he sentido que me
iba a morir”, confiesa Romero, mientras nos recuerda que desde el golpe de
Estado que asoló Honduras en 2009, el gobierno de turno se ha concentrado en
beneficiar a las mineras y empresas hidroeléctricas.
Sin embargo, Romero no se siente sola. Advierte que
son 8 mil indígenas los que luchan día a día por sus derechos al territorio en
cada rincón de Honduras. “Luego de la muerte de Berta Cáceres ha cesado la
presión, porque los países de fuera han protestado por los derechos humanos y
han presionado”.
brasil
república
dominicana
bolivia
“…se aprobaron todos
los informes de comisiones hasta cuando comenzaron los enfrentamientos desde
grupos apostados en los cerros contra los campesinos y originarios indígenas
que llegaron a resguardar nuestra sesión también en las laderas.
Ahí, las organizaciones
campesinas nos protegían. Se quiso suspender la sesión pero la mayoría
determinó que frente al sabotaje, se continúe hasta las 20 pm. …se terminó
aprobando todo el texto, la estructura de todo lo que se leyó y se tomó esta
decisión por seguridad aprobándose en grande todo el contenido de fondo…
A las 21 pm ya
sabíamos que había un muerto. Sabíamos también que no sólo eran petardos sino
bombas verdaderas Molotov Dinamitas y armas entre los grupos que trataban de
impedir a toda costa la reunión.
Cuidados por los policías, nos sacaron a las 3 de la madrugada cuando se
calmaron las agresiones y la violencia. Fuimos evacuados. La Policía llegó a
resguardarnos y nos protegió todo el día alrededor del edificio donde
sesionábamos.
Salimos por senderos,
evacuados hasta Yotala donde había un bloqueo de caminos y gasificación.
Mientras se dispersaban escapamos hacia Potosí….”
testimonio :
dra. delgado / constituyente
especial para www.katari.org
guatemala
agua y trabajo explotador a cambio de sexo
Hace apenas quince años,
la región del Petén, al norte de Guatemala, era pura selva. Llegó entonces el
Grupo HAME, propiedad del terrateniente Hugo Alberto Molina, y el Petén se
convirtió en la punta de lanza de la expansión del monocultivo de palma de aceite
en el país maya. La empresa se hizo tristemente famosa cuando, en el 2015, se
supo que era la responsable directa del ecocidio en el río La Pasión, en el
municipio de Sayaxché.
Unos
150 kilómetros del río La Pasión resultaron contaminados por el malatión, un
plaguicida utilizado para eliminar moscas en la fruta de la palma, y provocaron
una enorme mortandad de peces. Pese a las probadas irregularidades, la compañía
sigue funcionando sin monitoramiento alguno.
En
la comunidad de San Juan de Acul, la mayoría de la gente se baña, cocina e incluso bebe de esa
agua, aunque bien saben que está contaminada. No les hacen
falta estudios: se lo dice el cuerpo con vómitos, fiebre, picazón y
enfermedades en el estómago y la piel. Pero no hay ninguna otra fuente de agua, y el
Estado les negó incluso los tanques que pidieron para recoger el agua de lluvia.
Unas lluvias cada vez más escasas, también por causa del cambio climático que
acelera el modelo del monocultivo.
Despojados
de sus tierras y de la posibilidad de pescar, en San Juan de Acul se ven
obligados a aceptar en las plantaciones condiciones que recuerdan a los tiempos
de la esclavitud.
La peor parte se la llevan las mujeres. Trabajan en las plantaciones, pero en las tareas peor
pagadas. Muchas veces, los encargados de las plantaciones las chantajean
ofreciéndoles trabajo a cambio de sexo: si no aceptan acostarse
con ellos, no las emplean. “Nos insultan y amenazan constantemente”,
resume una trabajadora.
colombia
1 / En las zonas rurales de Maríalabaja, a apenas
60 kilómetros de la turística Cartagena de Indias, Colombia, las comunidades
afrodescendientes, indígenas y campesinas guardan en su memoria la historia del
terror paramilitar que, entre 1998 y 2002, desplazó a un tercio de los 50 mil
habitantes del municipio. Los paramilitares perpetraron en los Montes de María
masacres como la de El Salado, donde, en febrero de 2000, fueron asesinadas al
menos 60 personas. Aterrorizada, la gente huyó masivamente, dejando atrás sus
tierras y sus casas;
“Esta
tierra era de abundancia. Todos los días salían camiones llenos de ñame, de
yuca, de fríjol y frutas a Cartagena, incluso a Medellín. Ahora ya no queda
nada, porque la tierra la plantaron con palma, y salen plagas, y porque el
clima ha cambiado y ya no llueve cuando tiene que llover”, lamenta Catalina
(nombre ficticio).
“El
agua está contaminada por los agroquímicos que le ponen a la palma: por eso
todas las mujeres tienen infecciones vaginales, hay muchas enfermedades de la
piel sobre todo en los niños, y también enfermedades renales”.
Basta bañarse para sentir la picazón.
Y la tarea, cada vez más difícil de cumplir, de conseguir
agua para beber, recae, literalmente, sobre las cabezas de las mujeres, que
deben cargar pesados baldes de agua que recogen de las zonas de la represa
donde el agua está menos turbia.
“Nosotros
teníamos bienestar, en el sentido de que vivíamos bien. No teníamos tecnología,
pero vivíamos tranquilos”. Ella defiende la dignidad de trabajar la tierra para
producir alimentos tradicionales de la región, y no para exportar palma. Y se
pregunta: “¿Qué
pasaría si los campesinos dejamos de producir alimentos?”
2 / Son 102 los pueblos indígenas en Colombia,
según la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC). “Nuestra
historia de sufrimiento comenzó con las caucherías hace más de un siglo, nos
esclavizaron. Luego vinieron los traficantes de pieles de animales y la Iglesia
Católica con sus evangelizadores a ‘socorrernos’. Todos nos hicieron daño intentado
imponer su voluntad. Mi pueblo, que vive en las riberas de los ríos Amazonas,
Putumayo y Caquetá, lo sabe bien.
Solo entre los
años de 1998 y 2008, la ONIC reportó el asesinato de 1980 indígenas. Sin
embargo, se revelan otros problemas, entre ellos el conflicto con industrias
extractivas de recursos naturales, por ejemplo las petroleras.
3 /
Cadena de Oración de los mineros del Chocó
Por Manuela Torres. El debate sobre la
minería en Colombia está encendido. La intención de suprimir los pequeños y
medianos entables mineros, que se da paralela al arribo de las multinacionales
al país para la explotación de los recursos naturales, ha provocado diferentes reacciones.
Los ecologistas alertan sobre las prácticas
irresponsables de la minería con el medio ambiente, los pequeños empresarios
defienden su derecho a la soberanía territorial, al tiempo que el Estado los
califica de ilegales y dificulta su proceso de formalización, mientras que
funcionarios del Gobierno y los medios de comunicación abren puertas a las
grandes empresas extranjeras para que exploten el territorio nacional.
En ese
contexto el Chocó, departamento minero por tradición (el 90% de los empleos en
esta región se derivan de las prácticas mineras), se encuentra entre la espada
y la pared. Su derecho a explotar y beneficiarse de las riquezas de su subsuelo
pende de un hilo, del cual sus habitantes están dispuestos aferrarse para decir
“aquí estamos, este oro es nuestro”.
No quieren ser
los peones de las grandes multinacionales, no quieren retroceder al esclavismo.
áfrica
bangladesh
asia central
Alberta Cariño Trujillo, mejor conocida como ‘Bety’, se
trasladaba por el paraje de Los Pinos, en el camino de la Agencia Municipal de
la Sabana a San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, a bordo de una camioneta tipo
Suburban, acompañada del finlandés Jyri Antero Jaakkola, integrante de la
organización Unión Uusi Tunli ry (Nuevo viento).
La tarde del martes 27 de abril de 2010, la carretera fue
bloqueada con piedras. Al descender del vehículo, ambos activistas fueron
baleados, ocasionándoles la muerte.
“Ella representaba muchas luchas y estaba en varias campañas
sociales por todo el país, había viajado hasta la ONU en defensa de las mujeres
indígenas entre tantas cosas”, dice quien la recuerda con orgullo.
Sus orígenes mixtecos llevaron a Bety Cariño a marcar una tajante
línea siempre a favor de la ecología, la resistencia a la construcción de
grandes presas y proyectos mineros, la autodeterminación de los pueblos, la
promoción de radios comunitarias y el apoyo al municipio autónomo de San Juan
Copala.
Inició su lucha combatiendo a la granjas avícolas y fábricas de
mezclilla en las comunidades del valle de Tehuacán, Puebla, que contaminaban el
agua.
Y es recordada en la comunidad por haber organizado a las mujeres
vendedoras de tortillas, haber desarrollado proyectos de economía solidaria,
así como la fundación de diversos centros de apoyo a migrantes.
Bety Cariño, acompañada de su esposo Omar Esparza, fundó el Centro
de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), asociación civil dedicada a
desarrollar proyectos de educación popular alternativos, derechos indígenas y
derechos de la mujer.
Beatriz Cariño formó parte de una generación de activistas de
izquierda alejada de la clase política.
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